Sentencia 2017-00019 de diciembre 7 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 11001-03-28-000-2017-00019-00

Actora: Roberto Mauricio Rodríguez Saavedra

Demandado: Jorge Alexander Castaño Gutiérrez

Asunto: Nulidad electoral - fallo

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio

Bogotá, D.C., diciembre siete de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: II. Consideraciones

1. Competencia.

Según el numeral 5º del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 13-4 del Acuerdo 58 de 1999, la Sección es competente para conocer este proceso, en única instancia.

2. Análisis de los cargos.

La Sala, con fundamento en la fijación del litigio, resolverá los siguientes problemas jurídicos:

1. Si la prohibición consagrada en la letra b) del numeral 12 del artículo 337 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero es una inhabilidad o una incompatibilidad,

2. Establecer si el demandado incurrió en la prohibición antes mencionada y en caso de encontrarse acreditado, si dicho comportamiento da lugar a declarar la nulidad del nombramiento —Decreto 838 de 2017—, y si el demandado debió abstenerse de participar en la convocatoria por no cumplir con las condiciones y requisitos del cargo por ser el director y representante legal del Fogafín para ese momento, y

3. Si se vulneraron los criterios de selección objetiva al no haberse establecido en la convocatoria reglas y criterios de selección claras así como el control de inhabilidades e incompatibilidades.

Precisado lo anterior, se procederá a estudiar cada uno.

1. Diferencias entre inhabilidades e incompatibilidades y naturaleza de la prohibición establecida en la letra b) del numeral 12 del artículo 337 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Sobre las inhabilidades la Corte Constitucional ha dicho:

“(…) 5.2. Generalmente las inhabilidades son consideradas como aquellas circunstancias previstas en la Constitución o en la ley, que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, designada para un cargo público, como también en ciertos casos impiden que la persona que ya viene vinculada a la función pública continúe en ella; además, tales circunstancias pueden tener consecuencias respecto de las personas que van a celebrar o han celebrado contratos con el Estado(14); en general estas previsiones normativas tienen como objetivo lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a entablar relaciones jurídicas con el Estado. En cuanto a la naturaleza de los regímenes de inhabilidades, la Corte(15) ha señalado:

“La expedición de un régimen de inhabilidades se convierte en un mecanismo determinante para asegurar ciertas cualidades y condiciones en los aspirantes a ejercer un cargo o función pública en forma acorde con los intereses que se pretenden alcanzar con ese desempeño. Entre esas cualidades se encuentran la idoneidad, moralidad y probidad de las personas para cumplir con determinadas responsabilidades. Por lo tanto, el propósito moralizador del Estado que persigue alcanzar un régimen de inhabilidades y cuyo sustento radica en la misma Carta Política, según se ha analizado en numerosa jurisprudencia esta Corporación, logra hacerse efectivo, precisamente, a través del desempeño de las funciones públicas en esos términos de idoneidad, moralidad y probidad, pues de esta manera se asegura el cumplimiento del interés general para el cual dicho cargo o función fueron establecidos, por encima del interés particular que dicha persona pueda tener en ese ejercicio”.

5.3. Para decidir sobre el asunto sometido a examen de la Sala es pertinente reiterar(16) que en el ordenamiento jurídico existen dos tipos de inhabilidades para el ejercicio de funciones públicas(17). En el primer tipo están las inhabilidades que se fijan como consecuencia de la imposición de una condena o de una sanción disciplinaria. En este evento, las inhabilidades pueden ser de índole permanente o temporal y, en ambos casos, opera con carácter general frente al desempeño futuro de funciones públicas o, como en el presente caso, respecto de la posibilidad de celebrar contratos con el Estado.

En el segundo tipo están las inhabilidades que se desprenden de una posición funcional o del desempeño de ciertos empleos públicos. Éstas pueden también ser permanentes o transitorias pero, a diferencia del anterior grupo, no tienen carácter general y se aplican con carácter restringido sólo frente a los cargos o actuaciones expresamente señalados por la autoridad competente”(18).

De otra parte en cuanto al concepto de incompatibilidades esa Corporación sostuvo:

“(…) Es bien sabido que la incompatibilidad comporta una prohibición dirigida al titular de una función pública a quien, por ese hecho, se le impide ocuparse de ciertas actividades o ejercer, simultáneamente, las competencias propias de la función que desempeña y las correspondientes a otros cargos o empleos, en guarda del interés superior que puede verse afectado por una indebida acumulación de funciones o por la confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar las actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del Estado”(19).

En cuanto a la diferencia entre inhabilidades e incompatibilidades sostuvo:

“(…) Resulta oportuno, para la decisión del problema jurídico que plantea la demanda, tener en cuenta la diferencia conceptual entre las nociones de inhabilidad e incompatibilidad, y las consecuencias jurídicas que de esta distinción provienen:

La diferencia entre estos dos conceptos ha sido explicada por la Corte así:

De conformidad con la jurisprudencia constitucional, las inhabilidades son “aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, o designada para un cargo público y, en ciertos casos, impiden que la persona que ya viene vinculada al servicio público continúe en él; y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos”(20). Las inhabilidades también han sido definidas por la Corte como “inelegibilidades”, es decir, como “hechos o circunstancias antecedentes, predicables de quien aspira a un empleo que, si se configuran en su caso en los términos de la respectiva norma, lo excluyen previamente y le impiden ser elegido o nombrado”(21). En esa medida, las inhabilidades se distinguen de las incompatibilidades, por cuanto estas últimas implican “una prohibición dirigida al titular de una función pública a quien, por ese hecho, se le impide ocuparse de ciertas actividades o ejercer, simultáneamente, las competencias propias de la función que desempeña y las correspondientes a otros cargos o empleos, en guarda del interés superior que puede verse afectado por una indebida acumulación de funciones o por la confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar las actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del Estado”(22). Si bien las inhabilidades y las incompatibilidades son especies de un mismo género, es decir, son ambos tipos distintos de prohibiciones, se trata de dos categorías que no son equiparables. La diferencia entre una y otra, a pesar de compartir dicho propósito común, fue expuesta con claridad en la Sentencia C-564 de 1997(23): “…con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función pública, para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la comunidad, posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de dichos intereses con arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad que informan el buen servicio y antepongan los intereses personales a los generales de la comunidad. // Igualmente, como garantía del recto ejercicio de la función pública se prevén incompatibilidades para los servidores públicos, que buscan, por razones de eficiencia y moralidad administrativa que no se acumulen funciones, actividades, facultades o cargos”(24).

Visto el anterior recuento jurisprudencial, que sirve para guiar la decisión que haya de tomarse en el presente asunto, pasa la Corte a ocuparse de la prohibición contenida en la norma acusada, para establecer si ella consagra una inhabilidad o una incompatibilidad que respeten los parámetros constitucionales”(25).

Así mismo, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha dicho(26):

“(…) 4. Diferencias entre calidades, inhabilidades e incompatibilidades.

Para efectos de resolver los planteamientos del apelante como primera medida, la Sala considera necesario aclarar que en materia de acceso a los cargos de elección popular unas son las calidades que deben reunir los candidatos para ser elegidos válidamente y otras son las causales de inhabilidad que los hacen inelegibles. En efecto, la inhabilidad constituye un impedimento para obtener un empleo u oficio, en tanto que el concepto calidad se refiere al estado de una persona en particular, su naturaleza, su edad y demás circunstancias y condiciones que se requieren para ejercer un cargo o dignidad(27).

Por otra parte, la Sala ha definido la incompatibilidad como una limitación para desplegar una actividad por el hecho de ocupar un cargo, circunstancia que en criterio de la Sala, en principio, no genera la nulidad de un acto electoral(28), pues a diferencia de las inhabilidades, que constituyen impedimentos para el ejercicio de un empleo, las incompatibilidades son circunstancias que ocurren con posterioridad a la elección, el nombramiento o la posesión(29).

Dentro de ese contexto, la capacidad de ser elegido - elegibilidad, es entendida como la situación ideal de quienes reúnen las condiciones constitucionales y legales para acceder, mediante el proceso de elección, a determinadas funciones o cargos públicos. Tales condiciones positivas o negativas están consagradas en la Constitución y en ley y su interpretación debe hacerse de forma restrictiva y personal, más no extensiva o analógica(30)”.

De acuerdo con las transcripciones antes hechas se tiene que, tanto las inhabilidades como las incompatibilidades son prohibiciones, sin embargo tienen propósitos y finalidades diferentes:

— Las inhabilidades son aquellas circunstancias previstas en la Constitución o en la ley, que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, designada para un cargo público, como también en ciertos casos impiden que la persona que ya viene vinculada a la función pública continúe en ella. Su objetivo es lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos, esto es, que posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de dichos intereses con arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad que informan el buen servicio.

— Las incompatibilidades son una prohibición dirigida al titular de una función pública a quien, por ese hecho, se le impide ocuparse de ciertas actividades o ejercer simultáneamente las competencias propias de la función que desempeña y las correspondientes a otros cargos o empleos. Su objetivo es evitar una indebida acumulación de funciones o la confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en concreto buscan que no se afecte la imparcialidad y la independencia que deben guiar las actuaciones de quien ejerce la autoridad.

Precisado lo anterior se procederá a establecer si la prohibición establecida en la letra b) del numeral 12 del artículo 337 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero(31), se trata de una inhabilidad o de una incompatibilidad.

Al efecto, la norma dispone:

12. Del régimen de inhabilidades e incompatibilidades del Superintendente Bancario. No podrá ser Superintendente Bancario:

a) La persona en quien concurra alguna o algunas de las incompatibilidades o inhabilidades para desempeñar cargos públicos señaladas en la Constitución o en la ley;

b) Quien se desempeñe como director, administrador, representante legal o revisor fiscal de cualquier institución vigilada;

c) Quien por sí o por interpuesta persona tenga una participación superior al uno por ciento (1%) de las acciones suscritas de cualquier entidad sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria;

d) Quien por sí o por interpuesta persona se encuentre en situación litigiosa frente a la Superintendencia Bancaria pendiente de decisión judicial o sea apoderado en dicha causa;

e) Las personas que de conformidad con lo previsto en el inciso 3º del numeral 5º del artículo 53 de este Estatuto no puedan participar como accionistas de una entidad vigilada” (negrillas fuera del texto original).

Al leerse el encabezado de esta norma, se tiene que consagra ambos tipos de prohibiciones, esto es, inhabilidades e incompatibilidades del Superintendente Financiero.

En este punto es necesario precisar que si bien la norma inicia con la frase “no podrá ser Superintendente Financiero”, lo cierto es que no puede perderse de vista que en los literales que contiene, menciona tanto inhabilidades como incompatibilidades, tal como se desprende de la letra a), por lo que de tal frase no puede entenderse que todos los casos corresponden a inhabilidades o impedimentos para el acceso al cargo.

En este contexto, al leerse la letra b) se tiene que se trata de una incompatibilidad, al prohibir que se ejerzan simultáneamente los cargos de Superintendente Financiero y de director o representante legal de una institución vigilada.

Lo anterior, toda vez que la finalidad de esta prohibición es la propia de las incompatibilidades, que es evitar una indebida acumulación de funciones o la confluencia de intereses poco conciliables y capaces, puesto que iría en contra del ordenamiento jurídico ser Superintendente y al mismo tiempo representante de una de las entidades a las que vigila.

Entonces, la persona que desempeñe el cargo de Superintendente Financiero no podrá ser director o representante legal de alguna de las entidades vigiladas, por confluir intereses que no se pueden conciliar.

Precisado lo anterior, se procederá a resolver el segundo problema jurídico.

2. Establecer si el demandado incurrió en la prohibición antes mencionada y en caso de encontrarse acreditado, si dicho comportamiento da lugar a declarar la nulidad del nombramiento —Decreto 838 de 2017—, y si el demandado debió abstenerse de participar en la convocatoria por no cumplir con las condiciones y requisitos del cargo por ser el director y representante legal del Fogafín para ese momento.

Dentro de expediente obran las siguientes pruebas:

— A folio 17 del cuaderno principal, obra copia del Decreto 838 del 22 de mayo de 2017, por medio del cual el Ministro de Hacienda y Crédito Público nombró con carácter ordinario al señor Jorge Alexander Castaño en el cargo de Superintendente código 30 grado 25 de la Superintendencia Financiera de Colombia. En ese decreto se dispuso que regía a partir de la fecha de su expedición.

— A folio 429 del expediente obra copia del acta de posesión 2801 del 22 de mayo de 2017 del señor Jorge Alexander Castaño en el cargo de superintendente código 30 grado 25 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

— A folio 69 del expediente obra copia de la renuncia presentada el 19 de mayo de 2017, por el señor Jorge Castaño Gutiérrez al cargo de director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín. En este escrito se indicó que sería efectiva “a partir del 22 de mayo de 2017”.

— A folio 67 del expediente obra copia del decreto 834 del 22 de mayo de 2017, por medio del cual el Ministro de Hacienda y Crédito Público resolvió:

“ART. 1º—Acéptase a partir de la fecha, la renuncia presentada por el dr. Jorge Alexander Castaño Gutiérrez, identificado con la cédula de ciudadanía 79.691.795, del cargo de director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín.

“ART. 2º—Encárgase a partir de la fecha, al dr. Andrés Mauricio Velasco Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía 79.797.053, director técnico 0100-22 de la Dirección General de Política Macroeconómico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de las funciones del cargo de director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras —Fogafín— mientras se nombra titular del cargo, sin desprenderse de las funciones propias de su cargo.

“ART. 3º—El presente decreto rige a partir de la fecha de expedición” (negrillas fuera del texto original).

— A folio 68 del expediente obra una certificación proferida por la jefe de talento humano del Fogafín en la que certifica:

“Que el dr. Jorge Alexander Castaño Gutiérrez, identificado con la cédula de ciudadanía 79.691.795 expedida en Bogotá, se desempeñó como director del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín desde el 1º de junio de 2016 y hasta el 21 de mayo de 2017” (negrillas fuera del texto original).

— A folio 159 del expediente obra la liquidación final del contrato de trabajo del señor Jorge Alexander Castaño Gutiérrez del cargo de director del Fogafín, que desempeñó desde el 1º de junio de 2016 hasta el 21 de mayo de 2017.

De estos documentos se tiene que el demandado presentó su renuncia como director del Fogafín a partir del 22 de mayo de 2017; se aceptó la renuncia al cargo a partir del 22 de mayo de 2017; se encargaron las funciones del cargo a un empleado del Fogafín a partir del 22 de mayo de 2017; y se nombró y posesionó al demandado como Superintendente Financiero a partir del 22 de mayo de 2017.

Revisados esos documentos se encuentra que no hubo concomitancia en los cargos toda vez que la locución preposicional “a partir” quiere decir “desde” y por tanto en el conteo se incluye el punto de partida.

Entonces, al aceptarse la renuncia a partir del 22 de mayo de 2017, comprende ese día y por tanto el 22 de mayo de 2017 el demandado no era director del Fogafín. Como consecuencia, al quedar vacante el cargo ese mismo día, el Ministro de Hacienda encargó las funciones de director a partir de ese mismo día.

Con base en lo anterior, el demandado no incurrió en la incompatibilidad establecida en la letra b) del numeral 12 del artículo 337 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, puesto que no ejerció de manera concomitante los cargos de Superintendente Financiero y de director del Fogafín, ya que la renuncia a este último cargo se aceptó a partir del 22 de mayo de 2017.

De otra parte, al tratarse la prohibición de una incompatibilidad, no había razones para que el demandado se abstuviera de participar en la convocatoria, puesto que lo que se prohíbe es la simultaneidad en el ejercicio de los dos cargos —Superintendente y representante legal de una entidad vigilada—; como en este caso el demando renunció antes de su nombramiento y su posesión, no incurrió en la incompatibilidad deprecada.

Precisado lo anterior, se resolverá el último problema jurídico,

3. Si se vulneraron los criterios de selección objetiva al no haberse establecido en la convocatoria reglas y criterios de selección claras así como el control de inhabilidades e incompatibilidades.

Para resolver este cargo debe tenerse en cuenta que en el artículo 5º de la Ley 909 de 2004 se establece:

“Los empleos de los organismos y entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de:

1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política y la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su legislación.

2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes criterios:

a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices así:

En la administración central del nivel nacional:

Ministro; director de departamento administrativo; viceministro; subdirector de departamento administrativo; consejero comercial; contador general de la nación; subcontador general de la nación; superintendente, superintendente delegado e intendente; director y subdirector de unidad administrativa especial; secretario general y subsecretario general; director de superintendencia; director de academia diplomática; director de protocolo; agregado comercial; director administrativo, financiero, administrativo y financiero, técnico u operativo; subdirector administrativo, financiero, administrativo y financiero, técnico u operativo, director de gestión; jefes de control interno y de control interno disciplinario o quien haga sus veces; jefe de oficina, jefes de oficinas asesoras de jurídica, planeación, prensa o de comunicaciones; negociador internacional; interventor de petróleos, y capitán de puerto” (negrillas fuera del texto original).

Como se observa de esta norma, el cargo de Superintendente es un cargo de libre nombramiento y remoción, razón por la cual para proveerlo no se debe adelantar un concurso de méritos.

Según el artículo 2.2.13.2.1 del Decreto 1083 de 2015 en la provisión de los empleos de libre nombramiento y remoción de la Rama Ejecutiva del orden nacional y de los niveles diferentes al técnico y al asistencial, sin perjuicio de la discrecionalidad propia de la naturaleza del empleo, se tendrán en cuenta la transparencia en los procesos de vinculación de servidores, las competencias laborales, el mérito, la capacidad y experiencia, las calidades personales y su capacidad en relación con las funciones y responsabilidades del empleo.

De otra parte por medio del Decreto 1817 de 2015, se adicionó el Decreto 1083 de 2015 en lo relacionado con el nombramiento y remoción del Superintendente de Industria y Comercio, del Superintendente Financiero y del Superintendente de Sociedades, y se dispuso:

“ART. 2.2.34.1.2.—Calidades. Para ocupar los empleos de Superintendente de Industria y Comercio, Superintendente Financiero y Superintendente de Sociedades, se deberán acreditar las siguientes calidades:

1. Título profesional y título de posgrado en la modalidad de maestría o doctorado en áreas afines a las funciones del empleo a desempeñar.

2. Diez (10) años de experiencia profesional relacionada con las funciones del cargo a desempeñar, adquirida en el sector público o privado, o experiencia docente en el ejercicio de la cátedra universitaria en disciplinas relacionadas con las funciones del empleo.

“ART. 2.2.34.1.3.—Invitación pública. El Presidente de la República nombrará a los superintendentes a que hace referencia este título, previa invitación pública efectuada a través del portal de internet de la Presidencia de la República, a quienes cumplan con los requisitos y condiciones para ocupar el respectivo cargo.

Previo al nombramiento, el Presidente de la República podrá solicitar la opinión de organizaciones ciudadanas, sociales, universitarias o académicas, sobre el buen crédito de los aspirantes que estime necesarios. Asimismo, podrá realizar entrevistas a algunos de los candidatos” (negrillas fuera del texto original).

En este caso dicha convocatoria se realizó por parte de la Presidencia de la República, en donde se indicó que los requisitos para ocupar el cargo serían los establecidos en el artículo 2.2.34.1.2 del Decreto 1083 de 2015, se estableció el proceso de inscripción y se señalaron los documentos que se debían aportar al momento de la inscripción(32).

En este contexto, toda vez que la convocatoria era una invitación a participar, no había lugar a establecer criterios objetivos de selección, puesto que se reitera, no se trata de un concurso de méritos, ya que el cargo de Superintendente no es de carrera sino de libre nombramiento y remoción.

Por lo anterior, es claro que la convocatoria no debía identificar criterios de selección adicionales a los requisitos establecidos en la ley para acceder al cargo, ni inhabilidades o incompatibilidades adicionales a las establecidas en al Constitución y la ley.

Por lo anterior no le asiste razón al actor cuando afirma que no se cumplieron los criterios de selección objetiva en la convocatoria, y por tanto este cargo no está llamado a prosperar.

Así las cosas, la presunción de legalidad de que goza el acto demandado no fue desvirtuada, por lo que la totalidad de las pretensiones de la demanda habrán de ser denegadas.

De otra parte, en los alegatos de conclusión, la parte actora solicitó que se envíen copias a la Fiscalía por una presunta falsedad ideológica en el documento de liquidación de nómina del Fogafín, por no ajustarse a las normas de imperativo cumplimiento, así como tentativa de fraude procesal. Al respecto, no se remitirán copias, toda vez que de las pruebas que obran en el expediente no se encontró demostrada la alegada falsedad ideológica.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Deniéganse las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Notifíquese la presente decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3. En firme esta providencia, archívese el expediente.

Notifíquese y cúmplase».

(14) Acerca de la naturaleza jurídica de las inhabilidades para contratar con el Estado pueden ser consultadas, entre otras, las sentencias C-558 de 1994, C-221 de 1996, C-429 de 1997, C-532 de 2000 y C-188 de 2008.

(15) Sentencia C-952 de 2001.

(16) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-798 de 2003.

(17) En principio las inhabilidades impiden el acceso a la función pública, pero la naturaleza jurídica de las mismas permite hacer extensivas sus características a algunas situaciones en la cuales los particulares traban relaciones jurídicas con el Estado, como ocurre en el caso de la celebración de contratos regulada mediante la Ley 80 de 1993.

(18) C-353 de 2009.

(19) Sentencia C-181 de 1997.

(20) Sentencia C-558 de 1994.

(21) Sentencia 483 de 1998.

(22) Sentencia C-181 de 1997.

(23) M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(24) Sentencia C-015 de 2004.

(25) C-179 de 2005.

(26) Sección Quinta del Consejo de Estado, sentencia del 1º de diciembre de 2016, exp. 63001-23-33-000-2015-00336-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

(27) Sección Quinta, sentencia de 10 de septiembre de 2015, exp. 11001-03-28-000-2014-00028-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, y Sección Quinta, sentencia de 11 de marzo de 1999, exp. 1847, M.P. Mario Alario Méndez.

(28) Pero en algunos casos, tal como lo ha señalado esta Sección, cuando se trata de la incompatibilidad contenida en el artículo 38, numeral 7º y el artículo 39 de la Ley 617 de 2000, ésta se torna en inhabilidad, por ende si es causal de nulidad electoral.

(29) Sección Quinta, sentencia de 4 de diciembre de 2014, exp. 11001-03-28-000-2014-00006-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

(30) Sección Quinta, sentencia de 10 de septiembre de 1999, exp. 11001-03-28-000-2014-00028-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, y Sección Quinta, sentencia de 17 de julio de 1989, exp. 0202-0213, M.P. Amado Gutiérrez Velásquez.

(31) Esta norma está en concordancia con el artículo 128 de la Constitución Política, que dispone: “Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas”.

(32) Folio 20.