Sentencia 2017-00050 de diciembre 15 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 17001233300020170005001

Consejero Ponente:

Dr. Hernando Sánchez Sánchez

Pérdida de investidura de Concejal - Riosucio (Caldas)

Actor: José Edilfonso Romero Loaiza

Demandado: Guillermo Gutierrez Salazar

Tema: No se encontró acreditada la violación del régimen de inhabilidades establecido en el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000(1), que modificó el artículo 43 de Ley 136 de 2 de junio de 1994(2), por celebrar contratos con entidad pública, dentro del año anterior a su elección como concejal de Riosucio —Caldas—, y haberlo ejecutado dentro del respectivo municipio.

Bogotá, D.C., quince de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia y procedibilidad de la acción pérdida de investidura.

Esta Sección es competente para conocer de la apelación de las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales: por una parte, en virtud del artículo 48, parágrafo 2º, de la Ley 617, que establece la segunda instancia para tales procesos y, por la otra, atendiendo el pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 25 de enero de 1995(7), según el cual las impugnaciones contra las sentencias de pérdida de investidura, proferidas por los Tribunales Administrativos, son de conocimiento de la Sección Primera del Consejo de Estado.

En el expediente(8), se encuentra copia del formato E-27 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante el cual se declaró electo al señor Guillermo Gutiérrez Salazar como concejal del municipio de Riosucio —Caldas—, para el período 2016-2019, de acuerdo con los resultados de las elecciones que se llevaron a cabo el 25 de octubre de 2015, lo cual lo hace sujeto pasivo de la acción de pérdida de investidura.

2.2. Problema jurídico.

Corresponde establecer a la Sala si: i) la sentencia en primera instancia vulneró el debido proceso, por cuanto a juicio de la parte recurrente, las pruebas que obran a folios 179 y 180 del cuaderno principal fueron obtenidas con trasgresión de la oportunidad procesal para decretarlas y ii) si el concejal demandado, Guillermo Gutiérrez Salazar, incurrió en la inhabilidad prevista en el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617, esto es, por haber celebrado contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito, lo cual constituye causal de pérdida de la investidura para los concejales municipales, por virtud del numeral 6º del artículo 48 de la Ley 617 y el numeral 2º del artículo 55 de la Ley 136.

2.3. La violación al debido proceso por transgredir la oportunidad procesal para decretarlas.

El Procurador 29 Judicial II de Manizales, al presentar el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas el 19 de abril de 2017, consideró que la providencia vulneró el debido proceso al tener en cuenta en su decisión las pruebas que obran a folios 179 y 180 del cuaderno principal, las cuales fueron obtenidas transgrediendo la oportunidad procesal para decretarlas.

En ese sentido, la Sala considera necesario analizar el trámite adelantado en el proceso sub lite en primera instancia.

Mediante auto de 14 de febrero de 2017(9), el Tribunal Administrativo de Caldas decretó de oficio las copias de los contratos de prestación de servicio Nº PS-112-12-2014 de 24 de enero de 2014, IIPS-362-2014 de 6 de diciembre de 2014 y IPPS-047-2015 de 13 de abril de 2015 y fijó como fecha de audiencia de pruebas el 23 de febrero del 2017.

El 16 de febrero de 2017(10), la alcaldía municipal de Riosucio, remitió copia auténtica de los contratos Nº PS-112-12-2014 de 24 de enero de 2014, IIPS-362-2014 de 6 de diciembre de 2014 y IPPS-047-2015 de 13 de abril de 2015, con el fin de dar respuesta a la solicitud del Tribunal Administrativo de Caldas.

El 20 de febrero de 2017, la Procuraduría 29 Judicial II Administrativa de Manizales —Caldas—, solicitó que se decretaran dos pruebas de oficio, la primera dirigida al alcalde del municipio de Riosucio y la segunda al Gerente del Hospital Departamental San Juan de Dios ESE, con el fin de que certificaran “[…] si entre el 27 de octubre de 2014 y el 27 de octubre de 2015, el señor Guillermo Gutiérrez Salazar, celebró algún tipo de contrato con esas entidades y, advirtió que en caso afirmativo, se allegara copia de los mismos […]”(11).

En ese sentido, el 22 y 24 de febrero de 2017(12), el alcalde municipal de Riosucio y el Gerente del Hospital Departamental de San Juan de Dios ESE, respectivamente, certificaron que ninguna de las dos entidades tuvo relación contractual con el señor Guillermo Gutiérrez Salazar en el período comprendido entre el 27 de octubre de 2014 y el 27 de octubre de 2015.

El 20 de febrero de 2017(13), el Procurador 29 Judicial II Administrativa de Manizales solicitó al Tribunal Administrativo de Caldas, que se revocara el auto de pruebas del 14 de febrero de 2017 y solicitó no convocar a audiencias adicionales diferentes a la establecida en el artículo 10 de la Ley 144 de 13 de julio de 1994(14), por considerar que en salvaguarda del debido proceso, solo se debía llevar a cabo una audiencia.

El 21 de febrero de 2017(15), el Tribunal Administrativo de Caldas, resolvió la solicitud del Procurador 29 Judicial II Administrativa de Manizales y consideró lo siguiente:

“[…] En el presente estadio procesal, no comparte en forma alguna el despacho, las consideraciones expuestas por la Agencia del Ministerio Público, en que no es admisible una audiencia diferente a la pública establecida en el artículo 10 de la Ley 144 de 1994. En razón a ello, tampoco prospera el argumento dirigido a que sea revocada la providencia del 14 de febrero de 2017, mediante la cual se decretaron pruebas y se fijó fecha para la realización de su práctica.

Por otra parte, frente a las pruebas solicitadas por el Ministerio Público, primera facie, se advertiría que las mismas son extemporáneas, conforme a lo establecido en el artículo 8º, concordante con el 9º de la Ley 144 de 1994,(16) pues la oportunidad procesal, para a partir de la notificación del auto que admite la demanda, término que para el caso de marras se encuentra más que vencido.

No obstante, evidencia el despacho, que la petitoria de piezas procesales suplicadas, se encuentran alineadas dentro de lo preceptuado en el artículo 213 de la Ley 1437 de 2011. […].

Si bien es cierto esta nueva oportunidad para solicitar pruebas, originada en el decreto de pruebas de oficio, establece como condición que las que se pidan sean necesarias para “contraprobar” las mencionadas pruebas oficiosas, el despacho considera que, en aplicación del principio equilibrio de las partes, esa nueva oportunidad probatoria se debe ampliar a las que igualmente busque la coadyuvancia de las oficiosas […]”.

El 28 de febrero de 2017(17), el Tribunal Administrativo de Caldas llevó a cabo la audiencia de pruebas y, en el momento de dar traslado de las pruebas allegadas al plenario, el Procurador 29 Judicial II de Manizales manifestó que: “[…] la prueba no fue legalmente allegada al proceso y por tanto viola el debido proceso […]”; y con este fundamento, apeló la decisión consistente en tenerlas en cuenta en el proceso.

El magistrado sustanciador, en la misma audiencia, declaró la improcedencia del recurso de apelación interpuesto por el Procurador 29 Judicial II de Manizales, por considerar que de acuerdo con el artículo 243 de la Ley 1437, el recurso solo es procedente contra el auto que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente y, en este caso, no se encuentra dentro de las causales establecidas en el artículo en mención(18).

El 2 de marzo de 2017(19), el Tribunal Administrativo de Caldas llevó a cabo la diligencia de audiencia pública prevista en el artículo 11 de la Ley 144, dentro de la cual, el Procurador 29 Judicial II de Manizales solicitó al magistrado sustanciador no emitir decisión de fondo, hasta que no se corrigieran los defectos que se han presentado en el sub judice, relacionados con las pruebas allegadas al plenario dado que se evidencia una posible nulidad procesal y, por ello, manifestó dar trámite de incidente para que sea resuelto por el Tribunal Administrativo de Caldas.

El 27 de marzo de 2017(20), el Tribunal Administrativo de Caldas negó la nulidad propuesta por el Procurador 29 Judicial II Administrativo de Manizales, dado que, la inconformidad del Ministerio Público en el caso sub examine consistente en la oportunidad procesal para incorporar las pruebas solicitadas, no constituye causal de nulidad alguna. Además, indicó que las pruebas fueron decretadas y practicadas cumpliendo con los principios de contradicción, defensa y publicidad de la prueba, propios del derecho al debido proceso.

Adicionalmente, el a quo precisó que la presunta irregularidad procesal alegada por el Ministerio Público fue saneada en virtud del numeral 1º del artículo 136 del CGP, dado que la parte que podía alegarla no la hizo oportunamente o actuó sin proponerla, pues en efecto, las partes no lo hicieron ni en la audiencia de pruebas ni al tiempo de iniciación de la audiencia de alegatos.

Al respecto, la Sala recuerda que el artículo 213 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, regula lo atinente al decreto de pruebas de oficio de la siguiente forma:

“[…] ART. 213.—Pruebas de oficio. En cualquiera de las instancias el juez o magistrado ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes.

Además, oídas las alegaciones el juez o la Sala, sección o subsección antes de dictar sentencia también podrá disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta diez (10) días.

En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar o solicitar, por una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio. Tales pruebas, según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al auto que las decrete […]”.

Como se observa, el ordenamiento jurídico procesal faculta al juez para que en cualquier instancia decrete las pruebas que considere necesarios para el esclarecimiento de los hechos objeto de análisis.

Cabe resaltar que la naturaleza del poder otorgado por el legislador al juez se justifica en la idea de la búsqueda de la verdad, entendida esta como el imperativo que se tiene para la obtención de decisiones justas(21). Así, más que una decisión fundamentada en la liberalidad del juez se trata de un deber legal, que en nada riñe con el principio de la carga de la prueba que tienen las partes.

Ahora bien, tal deber se acentúa aún más cuando se trata de procesos que se tramitan en ejercicio de la acción de pérdida de investidura, la cual, dada su naturaleza, como se sabe, tiene las características propias del derecho sancionador, circunstancia que obliga al juez a asumir una conducta activa en el curso de la actuación.

Por ende, en esta clase de procesos el juez debe proveerse de los medios de prueba necesarios para determinar, de acuerdo con las reglas de la sana crítica(22), si los hechos alegados en la demanda se adecúan o no a la causal o causales invocadas por el actor.

En este contexto, la Sala considera que las pruebas documentales solicitadas, decretadas y practicadas en primera instancia, consistentes en los certificados de la alcaldía de Riosucio y el Gerente del Hospital Departamental San Juan de Dios ESE tuvieron como fundamento el artículo 213 del CPACA y, en aras de garantizar los principios de transparencia, contradicción y plena autenticidad de la prueba, el a quo dispuso correr traslado de las pruebas allegadas a las partes en la audiencia pública que se llevó a cabo el 28 de febrero de 2017, sin manifestación alguna de las partes, sin que la Sala encuentre vulneración alguna al debido proceso y que haya lugar a modificar la sentencia recurrida para no tenerlas en cuenta en la parte motiva de la sentencia respectiva.

Por las razones expuestas, este cargo no prospera.

La causal de pérdida de investidura por violación al régimen de inhabilidades

Se imputa al concejal demandado la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 6º del artículo 48 de la Ley 617, por haber infringido el régimen de inhabilidades establecido en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617, que modificó el artículo 43 de la Ley 136, cuyo tenor es el siguiente:

“[…] ART. 40.—De las inhabilidades de los concejales. El artículo 43 de la Ley 136 de 1994 quedará así:

“ART. 43.—Inhabilidades: No podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal o distrital:

(…).

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito […]”.

Conforme lo ha precisado en múltiples oportunidades esta Sección(23), los concejales municipales pierden su investidura por violar el régimen de inhabilidades, en la medida en que el numeral 6 del artículo 48 de la Ley 617(24) permite inferir que las causales de pérdida de investidura no se limitan a las consignadas en sus numerales 1 a 5, sino que deben tenerse en cuenta las demás establecidas en otras leyes.

Es por ello que pueden ser invocadas las causales de pérdida de investidura previstas en el artículo 55 de la Ley 136, norma que no ha sido derogada expresamente ni tácita ni orgánicamente(25) y en la que se establece que “[…] Los concejales perderán su investidura por: (…) 2. Porviolacióndelrégimendeinhabilidades, […]”.

La causal de inhabilidad que se le endilga al concejal demandado es la prevista en el numeral 3 del artículo 40 de la Ley 617 alegada por la invocada como vulnerada Ubicándonos en el análisis de la inhabilidad que se le endilga al demandado, esto es, “(…) 3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido (…) en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito (…)”, esta Sección(26) en repetidas oportunidades ha indicado que para su configuración, se requiere la presencia de los siguientes supuestos:

“[…] a. Que el demandado haya intervenido en la celebración de un contrato con una entidad pública de cualquier nivel,

b. Haberlo celebrado durante el año anterior a la elección como concejal,

c. Tener interés propio o de terceros, y

d. Ejecutarlo o cumplirlo en el municipio respectivo […]”.

2.4. Análisis de los elementos de la causal alegada y el caso concreto.

2.4.1. Que el demandado haya intervenido en la celebración de un contrato con una entidad pública de cualquier nivel.

Para acreditar este supuesto, la parte demandante aportó copia del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Manizales de la entidad sin ánimo de lucro, Asociación Comunitaria Parabólica Ingruma, en el que consta que el señor Guillermo Gutiérrez Salazar es miembro de la Junta Directiva según Acta de 4 de abril de 2014, inscrita el 15 de mayo del mismo año(27).

Copia del certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Manizales de la entidad sin ánimo de lucro, Asociación Comunitaria Parabólica Ingruma, en el que consta que el señor Guillermo Gutiérrez Salazar es miembro de la Junta Directiva según Acta de 1º de abril de 2016, inscrita el 7 de junio del mismo año(28).

Asimismo consta en dicho certificado, que el Presidente de la Junta Directiva es nombrado por esta y es el representante legal de la Asociación Comunitaria Parabólica Ingruma, quien dentro de sus funciones tiene la de “[…] celebrar toda clase de actos y contratos necesarios y/o convenientes para el logro del objeto social, de los objetivos específicos y de los fines de la asociación de acuerdo a los presentes estatutos […]”.

Son funciones de la Junta Directiva de la Asociación Comunitaria Parabólica Ingruma: “[…] —Elaborar el presupuesto de rentas y gastos de la Asociación y autorizar los gastos e inversiones hasta por las cantidades autorizadas. —Elaborar, revisar, reformar y adicionar los presentes estatutos de la asociación y someterlos a aprobación de la asamblea general. —Entablar las demandas y denuncias que por daños y perjuicios se hiciere a los sistemas y equipos instalados para la emisión de televisión. —Elegir de su seno a los dignatarios de la Junta Directiva. —Ordenar gastos e inversiones cuya cuantía exceda los cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. —Las demás que le señalen las disposiciones, estos estatutos y la asamblea general de asociados […]”.

Obra copia del contrato de prestación de servicios Nº PS-112-12-2014 de 24 de enero de 2014 y de las aceptaciones de propuestas dentro de las invitaciones públicas Nº 362-2014 de 6 de diciembre de 2014 e IPPS-047-2015 de 13 de abril de 2015.

El contrato prestación de servicios Nº PS-112-12-2014 se celebró el día 24 de enero de 2014(29), entre el alcalde municipal de Riosucio y el representante legal de la Asociación Comunitaria Parabólica Ingruma, señor Héctor Fabio Herrera Ortega, el cual tuvo por objeto: “[…] CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RIOSUCIO CALDAS […]”.

La aceptación de propuesta dentro de la invitación pública Nº 362-2014 de 6 de diciembre de 2014(30), suscrita por el alcalde municipal de Riosucio, está dirigida a la Asociación Comunitaria Parabólica Ingruma, bajo las siguientes condiciones: “[…] PRIMERA: OBJETO: EL PRESTATARIO se obliga para con EL MUNICIPIO a PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRESENTACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN TELEVISISVOS Y RADIALES ESTRATÉGIAS DE INFORMACIÓN EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA (sic) PLAN TERRITORIAL DE SALUD, EQUIDAD DE GÉNERO, VICTIMAS Y ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS […]”.

La Aceptación de Propuesta dentro de la invitación pública Nº 047-2015 de 13 de abril de 2015(31), suscrita por el alcalde municipal de Riosucio, está dirigida a la Asociación Comunitaria Parabólica Ingruma, bajo las siguientes condiciones: “[…] PRIMERA: OBJETO: EL PRESTATARIO se obliga para con EL MUNICIPIO A DESARROLLO DE ACCIONES DE EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADAS CON DESARROLLO COMUNITARIO, EQUIDAD DE GÉNERO, VÍCTIMAS, PRIMERA INFANCIA, LGTBI, JUVENTUDES Y ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS […]”.

También obra la certificación expedida el 2 de febrero de 2017(32), suscrita por el representante legal de la Asociación Comunitaria Parabólica Ingruma, señor Gerardo Augusto Giraldo Arcila, en la que hace constar que: “[…] Que la única persona autorizada para suscribir contratos con personas naturales o jurídicas, es únicamente el Representante Legal, quien a su vez es el Presidente de la Junta Directiva. […] Que el señor GUILLERMO GUTIERREZ SALAZAR, […] fue miembro de la Junta Directiva de esta Asociación, desde el 6 de abril de 2016, hasta el 28 de octubre del mismo año. Que durante la estadía del señor Gutiérrez como miembro de la Junta Directiva, esta asociación no tuvo contrato alguno con la administración municipal, ni con entes públicos del mismo […]”.

Certificación expedida por el Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos del municipio de Riosucio —Caldas— de 24 de febrero de 2017(33), en la que hace constar que: “[…] Revisado el archivo de la entidad NO se encuentra contrato alguno a nombre del señor Guillermo Gutierrez Salazar […] en el período comprendido entre el 27 de octubre de 2014 y el 27 de octubre de 2017 […]”.

La Sala, en sentencia de 2 de marzo de 2017(34), puso de presente que para que se configure la inhabilidad invocada por el demandante en el presente proceso, se debe probar que el concejal demandado fue quien efectivamente intervino en la celebración del contrato. En esa oportunidad se señaló lo siguiente:

“[…] Ahora, como ya se indicó, en el caso bajo estudio se le endilga a la demandada la referida inhabilidad, la cual no encontró configurada el a quo al no estar acreditado en el proceso que la señora Aura Elena Meza Fuertes hubiera intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros en el municipio de Pueblo Nuevo, ni que la Concejal tenga el poder de control sobre el contrato o el contratista, ni de simulación, o haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de seguridad social en el régimen subsidiado del mismo, y al considerar que el hecho de que el cónyuge de la demandada haya contratado con el municipio de Pueblo Nuevo no hace que ella incurra en la inhabilidad alegada, pues “se necesita que se configure lo exegéticamente establecido en la norma.”.

Al efecto, la Sala reitera lo ya expresado en la sentencia de 15 de diciembre de 2016 (Expediente núm. 23001-23-33-0002-2016-00052-01, Actor: Daniel Benjamín Paternina Alvarez, Consejera ponente María Elizabeth García González), mediante la cual se analizó la misma causal de pérdida de investidura, objeto de este proceso, y en la cual la demandada es la misma.

En dicho pronunciamiento se señaló: […].

Delalecturadelanormaqueseconsideraviolada,setieneque,paraqueseconfigurelacausal,sedebeprobarqueelconcejalCarlosSegundoDuránBecerrafuequiencelebróelcontrato,enestecaso,porinterpuestapersona,estoes,porintermediodesuesposa. 

Del material probatorio que obra en el expediente no se puede inferir, bien sea por los testimonios o por otros medios de prueba que lo demuestren, que quien estuvo detrás de los contratos que suscribió la señora Ingrid Ochoa fuera su esposo, el demandado.

[…].

En el caso presente es claro que la inhabilidad invocada por el demandante no se configuró, por no haberse probado que la Concejal demandada fue quien celebró los contratos de obras núms. 48 de 15 de mayo de 2015 y 116 de 14 de agosto de 2015, o que ella estuvo detrás, o hizo gestiones para la celebración de los referidos negocios jurídicos […]”.

En ese sentido, la Sala reitera que para que se configure la causal de inhabilidad alegada en el presente asunto, debe probarse que el concejal demandado fue quien efectivamente celebró el contrato, en este caso, por intermedio de la Asociación Comunitaria Parabólica Ingruma.

Así las cosas, la Sala no observa que el primer elemento de la causal alegada se encuentra configurada, dado que según los estatutos de la Asociación Comunitaria Parabólica Ingruma, el Presidente de la Junta Directiva como Representante Legal de la asociación era el único que estaba facultado para celebrar contratos sin requerir autorización de dicha junta; de ahí a que el contrato Nº PS-112-2014 no haya sido celebrado por el concejal demandado, sino por el señor Héctor Fabio Herrera Ortega, Representante Legal de la Asociación Comunitaria Parabólica Ingruma.

De igual manera, las aceptaciones de las ofertas IPPS-362-2014 y IPPS-047-2015 no fueron dirigidas ni suscritas por el concejal demandado. Estas aceptaciones evidencian como su nombre lo dice, una aprobación de unas propuestas que hizo la Asociación Comunitaria Parabólica Ingruma a la alcaldía de Riosucio.

De las pruebas allegadas al proceso no se puede inferir que quien estuvo detrás de los contratos que suscribió el señor Héctor Fabio Herrera Ortega como Representante Legal de la asociación fuera el demandado, como miembro de la Junta Directiva de la asociación, toda vez que el representante legal de misma era quien tenía a cargo dicha función sin requerir autorización de la Junta Directiva.

Cabe advertir que la Sección, en sentencias de 7 de febrero de 2013(35) y 14 de julio de 2016(36), precisó que la circunstancia de que un concejal aparezca en el certificado de cámara y comercio como miembro del Consejo de Administración de una entidad, corresponde más a una situación meramente formal, pues se reitera que para la ocurrencia de la causal alegada debe probarse que, efectivamente el concejal intervino en la celebración del contrato. Dijo la Sala en esa oportunidad lo siguiente:

“[…] A diferencia de las conclusiones a las que llegó la Sección Quinta del Consejo de Estado, encuentra la Sala que en el proceso que ocupa ahora su atención, no obra ninguna prueba que demuestre que la señora Ortiz Calao de manera cierta y positiva haya ejercido las funciones de miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa o desarrollado alguna conducta que permita afirmar que ella intervino en la celebración del contrato tantas veces aludido.

A juicio de la Sala, la parte actora ha debido allegar al proceso los medios de prueba que demuestren la participación de la demandada en la celebración de ese contrato o al menos solicitar el traslado de las pruebas que fueron allegadas o practicadas en el proceso electoral.

Visto lo anterior, no cabe duda para la Sala que la circunstancia de que la señora Ortiz Calao siguiera apareciendo como miembro del Consejo de Administración, corresponde más a una situación meramente formal, ajena por completo a la voluntad de la demandada, más no a la realidad, la cual debe primar sobre aquella. Al no obrar en el proceso una prueba que desvirtúe la veracidad de la renuncia presentada, no hay razones para predicar que la señora Ortiz Calao haya ejercido tales funciones con posterioridad a la fecha en la cual le fue aceptada la renuncia y tampoco hay evidencia de que se haya aprovechado indebidamente de su condición de concejal del municipio de Barrancabermeja, para obtener un beneficio indebido a favor suyo o de terceros […]”.

En esta oportunidad, la Sala prohíja las sentencias anteriormente referenciada toda vez que pese a que en el caso presente el concejal demandado figura como miembro de la Junta Directiva de Asociación Comunitaria Parabólica Ingruma, no obra ninguna prueba que demuestre que el señor Guillermo Gutiérrez Salazar de manera cierta y positiva haya desarrollado alguna conducta que permita afirmar que él intervino en la celebración de los contratos de prestación de servicios aludidos en la demanda.

En consonancia con lo explicado, esta Sala no encuentra que se hubiera configurado el primero de los elementos o requisitos de la causal de pérdida de investidura alegada, dado que de las pruebas allegadas al proceso no se puede probar que el concejal demandado hubiera intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros.

La Sala estima que como los supuestos fácticos del caso sub examine, no se subsumen en el primero de los elementos o requisitos configurativos de la causal de inhabilidad alegada, no hay lugar a analizar los demás elementos o supuestos de la misma, ni el elemento de la culpabilidad que debe ser analizada en este tipo de procesos.

Por lo anterior, la Sala confirmará el fallo impugnado, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada de 19 de abril de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y, en firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 15 de diciembre de 2017».

1 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.

2 Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios.

7 Auto de 25 de enero de 1995, Expediente AC-2220, M.P. Carlos Betancur Jaramillo.

8 Fl. 40, cdno. ppal.

9 Fl. 129, cdno. ppal.

10 Fls. 147 a 157, cdno. ppal.

11 Fl. 158, cdno. ppal.

12 Fls. 179-180, cdno. ppal.

13 Fl. 158, cdno. ppal.

14 “[…] ART. 10. Al día hábil siguiente, el magistrado ponente decretará las pruebas pertinentes y señalará un término hasta de tres (3) días hábiles para su práctica. En la misma providencia indicará fecha y hora para la audiencia pública, que se cumplirá dentro de los dos (2) días siguientes […]”.

15 Fl. 162, cdno. ppal.

16 “[…] ART. 9º. El Congresista dispondrá de los tres (3) días siguientes, contados a partir de la fecha de la notificación, para referirse por escrito a lo expuesto en la solicitud. Podrá aportar pruebas o pedir las que considere conducentes, en los términos del artículo siguiente […]”.

17 Fl. 181, cdno. ppal.

18 CD. Audio - minuto 4:00. Fl. 184, cdno. ppal.

19 CD. Audio. Fl. 188.

20 Fl. 189, cdno. ppal.

21 Corte Constitucional. Sentencia SU - 768 de 2014. Magistrado Ponente: doctor Jorge Iván Palacio Palacio.

22 Artículo 176 del Código General del Proceso - CGP.

23 Ver, entre otras, las siguientes decisiones: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala, Bogotá, D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil quince (2015), Radicación 19001-23-33-000-2015-00141-01(PI), Actor: Diego Fernando Dorado Espinosa, Demandado: Alejandro Constain Marín, Referencia: apelacion sentencia.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Bogotá, D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015), Radicación 08001-23-31-000-2013-00340-01(PI), Actor: Edwing Jabeth Arteaga Padilla, Demandado: Lao Herrera Iranzo - concejal de Barranquilla, Referencia: apelacion sentencia - perdida de investidura.

Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala, sentencia del cuatro (4) de septiembre de dos mil catorce (2014) Radicación 08001-23-33-000-2013-00249-02 (PI) Actor: Leonardo Fabio Reales Chacon Demandado: Aissar Alberto Castro Reyes.

24 ART. 48. Perdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: (…).
6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley.

25 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala, sentencia del cuatro (4) de septiembre de dos mil catorce (2014) Radicación 08001-23-33-000-2013-00249-02 (PI) Actor: Leonardo Fabio Reales Chacon Demandado: Aissar Alberto Castro Reyes.

26 Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala, sentencia del catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016), Radicación 76001-23-31-000-2012-00633-01(PI), Actor: Sergio David Becerra Benavides, Demandado: Jhon Jairo Hoyos Garcia, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015), Radicación 08001-23-31-000-2013-00340-01(PI), Actor: Edwing Jabeth Arteaga Padilla, Demandado: Lao Herrera Iranzo - concejal de Barranquilla, Referencia: apelacion sentencia - perdida de investidura.

27 Fl. 8, cdno. ppal.

28 Fl. 12, cdno. ppal.

29 Fls. 15-19, cdno. ppal.

30 Fl. 24, cdno. ppal.

31 Fl. 30, cdno. ppal.

32 Fl. 71, cdno. ppal.

33 Fl. 180, cdno. ppal.

34 Expediente: 23001233300420160014301, actor: Álvaro Bejarano Pimentel, M.P. María Elizabeth García González.

35 Radicación 68001-23-31-000-2012-00073-01 PI, C.P. Guillermo Vargas Ayala.

36 M.P. Maria Claudia Rojas Lasso, Radicación 76001-23-33-000-2012-00485-01(PI), Actor: Jairo Núñez Martínez, Demandado: Hernan Torres Saenz.