Sentencia 2017-00075/14164-32 de junio 7 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 440011102000201700075 01 (14164-32)

Magistrado Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Aprobado según Acta de Sala Nº 46

Asunto

Bogotá, D. C., siete de junio de dos mil diecisiete.

Procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a desatar la impugnación interpuesta contra el fallo de primera instancia proferido el 5 de mayo de 2017, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira(1), mediante la cual resolvió AMPARAR los derechos fundamentales a la educación y la igualdad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas (wayuu, wiwas, koguis, arhuakos, kankuamos) y afrodescendientes, matriculados para el año lectivo 2017 en los diferentes centros educativos y etno-educativos ubicados en jurisdicción del departamento de La Guajira (entiéndanse comprendidos el Distrito Especial y Turístico de Riohacha y los demás municipios que lo conforman), especialmente en las zonas rurales del departamento, acción de amparo presentada por el ciudadano Luis Eduardo De La Hoz López, en su condición de director nacional para la Defensa de los Derechos Fundamentales de los Niños y Adolescentes de Colombia contra el Ministerio de Educación Nacional y otros.

Antecedentes y actuación procesal

1. El ciudadano Luis Eduardo De La Hoz López en su condición de director nacional para la Defensa de los Derechos Fundamentales de los Niños y Adolescentes de Colombia, presentó acción de tutela contra el Ministerio de Educación Nacional, con el fin que se amparen los derechos fundamentales a la educación y la igualdad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas (wayuu, wiwas, koguis, arhuakos, kankuamos) y afrodescendientes, matriculados para el año lectivo 2017 en los diferentes centros educativos y etno-educativos ubicados en jurisdicción del departamento de La Guajira (entiéndanse comprendidos el Distrito Especial y Turístico de Riohacha y los demás municipios que lo conforman), especialmente en las zonas rurales del Departamento, por hechos que se resumen como sigue:

— Afirmó que en los territorios rurales y étnicos de los municipios de Manaure, Albania, Dibulla, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan Del Cesar, El Molino, Villanueva, Urumita y La Jagua Del Pilar, la educación básica, media y secundaria se encuentra a cargo del departamento de La Guajira, con excepción de Uribia, Riohacha y Maicao, que son municipios certificados en educación.

— Manifestó que en La Guajira el calendario académico del sector público inició el 1º de febrero de 2017, menos en las comunidades indígenas rurales del departamento.

— Indicó que acorde con el Registro Único de Establecimientos Educativos –DUE– del Ministerio de Educación, en los quince (15) municipios del departamento de La Guajira hay ciento setenta y ocho (178) centros educativos, los cuales tienen anexos 1.435 sedes satélites, la mayoría ubicadas en territorios rurales y étnicos.

— Señaló cuál fue el porcentaje de matrículas en los doce municipios no certificados durante el año 2016, y afirmó desconocer el correspondiente a los tres municipios certificados (Maicao, Riohacha y Uribia); agrega que en el año 2017 en el municipio de Manaure se matricularon 25.000 niños y aseguró tener conocimiento que a la fecha de presentación de esta acción de tutela la mayor parte de los niños en cuyo favor la presenta, especialmente los correspondientes a áreas rurales y étnicas, no habían iniciado clases.

— Adujo que pese a que el departamento de La Guajira y los municipios certificados, conforme a lo dispuesto por el Decreto 2500 de 2010 iniciaron en el mes de diciembre de 2016 el proceso de contratación de los programas etno-educativos rurales, los mismos no los culminaron por demoras y falta de toma de decisiones oportunas por parte de la Secretaría de Educación Departamental y las secretarías de educación municipales certificadas.

— Narró que el sector educativo del departamento de La Guajira fue intervenido por el Gobierno Nacional mediante Resolución 0459 del 21 de Febrero de 2017, cuando ya habían avanzado 21 días del calendario escolar, lo que ha incrementado la demora en la iniciación de clases en todos los centros etno-educativos que atienden la población rural e indígena del departamento de La Guajira.

— Afirmó que la señora Ministra de Educación Nacional con el acompañamiento del administrador temporal para el sector educativo, agilizó y perfeccionó el proceso de contratación para la administración de la educación con el operador Diócesis de Riohacha, y ello permitió la iniciación de clases de 4.500 estudiantes de la zona urbana del municipio de Riohacha y del Internado San Antonio de Aremasain, en jurisdicción del municipio de Manaure, lo que tuvo ocurrencia la última semana del mes de febrero, pero no se hizo lo mismo para los demás centros etno-educativos, lo que implica que el resto de esa población estudiantil se haya quedado sin clases.

— Aduce que el administrador temporal para el sector de la educación en el departamento de La Guajira, no se ha pronunciado acerca de la situación de extemporaneidad del inicio de clases a la que han sido sometidos los niños, niñas y adolescentes y jóvenes wayuu, wiwas, arhuacos, koguis, kankuamos, afrodescendientes y demás, especialmente los que pertenecen a zonas rurales del departamento, lo que ha producido inquietud e incertidumbre permanente en esa población, además se han congelado todas las acciones para garantizarles el derecho a la educación primaria y secundaria, limitándose a resolver situaciones salariales de los docentes, población que tiene derechos pero éstos no deben prevalecer sobre los de los niños.

Por todo lo anterior el accionante considera que desde antes de la intervención del sector educativo por el Gobierno Nacional –21 de febrero de 2017– las acciones del departamento y de los municipios certificados de La Guajira, y después de esa fecha, las realizadas por el administrador temporal de dicho sector, han violentados los derechos fundamentales a la educación, a la igualdad, al libre desarrollo y a la protección, de los niños en cuyo favor interpuso la acción de tutela.

Concluye señalando, que si no se han iniciado las clases, menos se han iniciado los programas de alimentación escolar –PAE– y de transporte escolar, necesarios en las zonas rurales, toda vez que se trata de una población altamente dispersa y en situación de pobreza. Tampoco se evidencia la existencia por parte del Ministerio de Educación Nacional o de las secretarías departamental y municipales de educación, de programas, planes o proyectos que busquen mejorar las condiciones locativas (infraestructura educativa), ya que muchos niños estudian bajo los árboles o bajo precarias enramadas; tampoco se observa mejoramiento de las cocinas y espacios para almacenar y preparar alimentos recibidos del PAE, ni acceso a agua potable, ni saneamiento básico, y menos cuentan con espacios para la recreación y el deporte, ni acceso a bibliotecas y tecnologías de la información.

Por lo anteriormente expuesto pretende:

— Se protejan los derechos fundamentales de dichos menores y en consecuencia se realicen las acciones necesarias para desarrollar la contratación de la administración del sector educativo a población urbana, indígena rural como medio de garantía de los derechos vulnerados aquí invocados.

— Garantizar la educación de la niñez y de sus componentes de aseguramiento de cobertura y de prevención de la deserción escolar (garantizando el acceso universal de la alimentación y el transporte escolar).

— Presentar en un plazo no superior a tres (3) meses, un inventario detallado, geolocalizado, con registros fotográficos donde se evidencie el estado actual de la infraestructura educativa rural especialmente indígena y afrodescendiente.

— Presentar en un plazo de seis (6) meses, un programa integral acompañado con planes o proyectos que busquen mejorar las condiciones locativas (infraestructura educativa) de todas las escuelas y centros educativos de la zona rural indígena y afrodescendiente del departamento de La Guajira, donde se garantice infraestructura adecuada y suficiente, donde los niños puedan tomar clases, infraestructura para manejar el programa PAE, acceso al agua y al saneamiento básico, e infraestructura para la recreación y práctica del deporte, acceso a bibliotecas y tecnologías de la información. (Fls. 1 a 123 y cd).

2. El magistrado de instancia, mediante auto del 23 de marzo de 2017, previo avocar conocimiento, ordenó algunas pruebas. (Fls. 126 a 127 c.o. 1ra instancia).

3. Luego de que el seccional de instancia realizara las correspondientes verificaciones referentes a que no se hubiera instaurado una acción de amparo frente a los mismos hechos, mediante auto de fecha 20 de abril de 2017, admitió la acción de tutela. (Fls. 180 a 181 c.o.).

4. El Ministerio Público coadyuvó la acción de tutela como garante de los derechos de la sociedad y en especial la de los niños quienes tienen como derecho fundamental la educación. (Fls. 230 a 234 c.o.).

5. El Alcalde del municipio de Urumita señor Giovanny Javier Ramos Barros, mediante memorial adiado 24 de abril de 2017, estimó que las pretensiones invocadas por el accionante no están llamadas a prosperar por cuanto no existe violación a los derechos fundamentales esgrimidos ni existe prueba o amenaza de ello, en lo que respecta al municipio que regenta; dijo que en su municipio sólo existe un centro educativo en la zona rural denominado La Esperanza, con once sedes de las cuales sólo funcionan ocho, y desde el inicio de las clases se están atendiendo a 120 estudiantes; en cuanto a los demás hechos contenidos en el líbelo de tutela, señaló que éstos debían ser probados por el accionante. Finalmente, reconoció que el sector educativo en el departamento de La Guajira fue intervenido por el Gobierno Nacional, pero que el municipio de Urumita sólo fue intervenido en lo que respecta a la alimentación escolar.

6. El doctor Carlos Mario Guerra Camargo, en calidad de jefe de la oficina asesora de jurídica del Distrito de Riohacha, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, con respecto al Distrito de Riohacha. Ello, en virtud de la medida cautelar de intervención de los recursos del Sistema General de Participaciones, adoptada mediante la asunción de competencia del sector educativo por parte del Gobierno Nacional.

Como fundamento de su defensa, se refirió al objeto del documento Conpes 3883 de 2017, a la Resolución 0449 del 21 de febrero de 2017 sobre la asunción temporal de competencia de prestación del servicio de educación en el Distrito de Riohacha y a la Resolución 02456 del 22 de febrero de 2017 que designó al administrador temporal para el sector educación en el Distrito de Riohacha. También transcribió apartes de los artículos 314 y 315 de la Constitución Política, de la Ley 715 de 2001, del Decreto Nacional 1068 de 2015, del Decreto-Ley 028 de 2008, todo ello, para indicar que el municipio de Riohacha se encuentra certificado por el Ministerio de Educación Nacional, mediante la Resolución Nacional 4109 del 25 de junio de 2009, y que el departamento de La Guajira venía administrando el sector educativo del Distrito de Riohacha hasta que realizó entrega formal del sector mediante acta del 3 de noviembre de 2009. Señaló que como consecuencia de lo anterior, el municipio de Riohacha inició la administración del servicio educativo a partir del mes de noviembre de 2009 hasta el día 23 de febrero de 2017, fecha en que el Ministerio de Educación Nacional designó al Administrador Temporal para el sector educación en el Distrito de Riohacha y otras entidades.

7. La señora alcaldesa del municipio de El Molino, doctora María Isabel Zabaleta Quintero, se opuso a las pretensiones deprecadas por el accionante. En primer lugar, indicó que el municipio El Molino no está certificado en educación; manifestó que dicho municipio no debe estar vinculado a la presente acción de tutela por cuanto la intervención del sector educativo en el departamento de La Guajira por el Gobierno Nacional es un hecho notorio, por lo que cualquier acción y omisión que genere violación de derechos, no es inherente al municipio El Molino, entidad territorial que no incurrido en amenaza, violación ni vulneración de los derechos que le asisten a las comunidades indígenas presentadas en la tutela. Por otro lado, hizo reparos respecto a la legitimación que le asiste al accionante para actuar a nombre de esas comunidades especiales, por cuanto éstas tienen sus propias autoridades y veedurías indígenas.

8. El Secretario de Educación Municipal de Manaure doctor EDUIN Ramírez Reyes, en memorial adiado 2 de mayo de 2017 indicó que la administración municipal que representa conoce como está reglamentado el proceso de la educación propia, así como el derecho a la educación que le asiste a los niños, niñas y jóvenes. Indicó que el municipio de Manaure no está certificado en educación, por lo que su manejo está en manos del ente certificado –el departamento de La Guajira por intermedio de la Secretaría de Educación Departamental–, sin embargo, esa dependencia no ha realizado la debida contratación de la canasta educativa con los operadores en educación que fueron avalados por las autoridades tradicionales del municipio.

Destacó que el municipio cuenta con 8 centros educativos etno-educativos, 8 instituciones educativas, 4 sedes en la zona urbana y 267 sedes en la zona rural e identificó cada una de ellas en una tabla; en cuanto a la planta docente, señaló que sólo el 13% de los docentes están nombrados en propiedad y en provisionalidad, y el 87% restante son contratados. Igualmente hizo una comparación entre el número de estudiantes matriculados en los años 2016 y 2017, indicando que en el año anterior fueron 26.273 y en la presente anualidad hay 27.119.

Aseguró que desde su dependencia, y dentro de sus competencias y capacidades financieras, han realizado acompañamiento a los procesos, y coadyuvado para que se les garantice el derecho a la educación a los niños, niñas y jóvenes del municipio. En ese sentido, dijo que el 16 de marzo del año en curso, se llevó a cabo una reunión con la señora Ministra de Educación a quien se le solicitó que garantizara el derecho a la educación en el municipio, haciendo la contratación oportuna de la canasta educativa, y en respuesta a dicha petición la aludida ministra se comprometió a resolver la situación a más tardar en el mes de abril del cursante año.

De otra parte, dijo que se han radicado oficios ante la Secretaría de Educación Departamental, manifestando la preocupación por la demora para la atención de los educandos; también se han realizado reuniones y mesas de trabajo entre los rectores y directores de los establecimientos educativos, de manera que se tenga organizado el proceso de matrícula para el momento de la contratación de la canasta educativa. Negó que el Internado Indígena San Antonio de Manaure haya dado inicio a sus clases, y aseguró que aún no se ha dado la contratación de la canasta educativa con la Diócesis de Riohacha, quien es la administradora de este establecimiento educativo y de las 15 sedes rurales que tiene a su cargo en el municipio de Manaure.

En cuanto a los programas, planes y proyectos para el mejoramiento de la infraestructura educativa, afirmó que se están adelantando los procesos contractuales para la construcción de aulas en la zona rural, a través de un convenio celebrado con la Fundación Ankar; y presentó gráficamente las actividades a realizar y el rubro destinado para cada una de ellas.

9. A su turno, la señora Secretaria de Desarrollo Social del municipio de Fonseca, doctora Ethel García Solano, manifestó que Fonseca no es un municipio certificado en educación y carece de competencias directas para realizar las acciones para la contratación de la administración del servicio educativo de población urbana, indígena y rural; ello le compete a la Secretaría de Educación Departamental de La Guajira como ente certificado. En cuanto al PAE y al Programa de Transporte Escolar, señaló que la administración municipal se encuentra a la espera de directrices para iniciar la ejecución de los programas, por cuanto carecen de los recursos necesarios, y debido a la intervención en el sector educación la administración temporal fue asignada por el Gobierno Nacional procediendo con la asunción de los recursos municipales.

10. Por su parte, la doctora Jenny Paola Forgionny Noguera en su condición de Secretaria de Educación del municipio de Distracción, indicó que dicho municipio no se encuentra certificado en educación, por lo que no le asiste autonomía administrativa y presupuestal en la materia, debiendo someterse a las directrices del departamento y/o de su agente interventor al respecto. Pese a lo anterior, certifica que el calendario académico para la presente anualidad se ha cumplido ordinariamente desde el 1º de febrero de 2017, y extraordinariamente para el alumnado indígena y especial desde el día 23 de enero de 2017; señaló que el PAE y el transporte escolar, como es de conocimiento público, actualmente no se están ejecutando.

11. La señora Asesora Jurídica externa del municipio de Albania, doctora María Ellzabeth Abuchaibe Reguillo reconoció que el calendario académico inició el 1º de febrero de 2017; de otra parte indicó, que en la tutela no hay hechos puntuales de vulneración que se relacionen específicamente con los municipios no certificados en educación, como es el caso de Albania, sin embargo puso en conocimiento del despacho sustanciador de la tutela que se han viabilizado proyectos en educación con recursos de regalías y aprobados en la OCAD, que en estos momentos se encuentra en trámite de contratación, como se registra en la página del SECOP www.colombiacompra.qov.co, concretamente se trata de los procesos licitatorios Nº 002 y 003 de 2017, ello, a pesar de las limitaciones que tienen respecto de las acciones que autónomamente pueden ejecutar en materia educativa. Por lo anterior, consideró que no existe por parte de su prohijada ninguna acción u omisión constitutiva de vulneración de derechos fundamentales y por esa razón, solicitó que se niegue el amparo de tutela en lo que a ese ente territorial concierne.

12. El doctor Carlos Antonio Mendoza Daza, en su calidad de Asesor Jurídico de la Secretaría General de Educación del municipio de San Juan del Cesar, se opuso a todas las pretensiones de la acción de tutela en lo que respecta al municipio por él representado, e indicó que dicho municipio no está certificado en educación. Se refirió a dos de sus centros etno-educativos (La Laguna y el Internado Rural Wiwa) y al número de matriculados reportados a la fecha de 18 de febrero de 2017, corroborando que no han iniciado clases porque la Secretaría de Educación Departamental no ha hecho la contratación que corresponde; manifestó que el 22 de febrero de 2017 dirigieron un oficio a la Secretaría de Educación Departamental poniéndoles de presente que el inicio de clases estaba previsto para el 23 de enero de 2017, pero a la fecha de la presentación de la misiva no se habían iniciado las clases, ni le habían dado respuesta al oficio.

13. El señor alcalde del municipio de la Jagua del Pilar, informó que en su municipio no existen comunidades o asentamientos indígenas, más sí comunidades afrodescendientes, pero aduce que a las últimas se les ha protegido el derecho fundamental de la educación y el derecho de igualdad de los niños y niñas. Agrega que siempre ha existido el servicio educativo rural y se venía garantizando la cobertura del mismo, así como la prevención de la deserción escolar al garantizarse el acceso a la alimentación y el transporte escolar, tal lo demuestra mediante los contratos de alimentación y transporte escolar celebrados para la vigencia 2016, así como los convenios interadministrativos celebrados en el año 2016 entre el departamento de La Guajira y dicho municipio, para la ejecución del PAE y para la prestación del servicio de transporte escolar en favor de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes vulnerables y de escasos recursos de zonas dispersas. Sin embargo, señala que en el presente año todos los municipios del departamento de La Guajira perdieron la competencia para manejar los referidos programas y la asumió temporalmente el Ministerio de Educación Nacional.

Por lo anterior, al considerar que en ese municipio no se están afectando los derechos fundamentales invocados, pide que se le excluya de los efectos jurídicos que pudiera generar esta acción de tutela, por carencia de objeto material.

14. El doctor Mario Alvárez Carrillo, obrando en su condición de jefe de la oficina asesora jurídica del municipio de Dibulla, señaló que se abstenía de dar respuesta a los hechos de la tutela porque consideraba que éstos no eran claros, no se encontraban narrados en forma precisa, clara y ordenada, como lo establece el ordenamiento jurídico, amén que consideraba que la tutela es improcedente respecto al municipio que representa.

Señaló que como municipio no certificado Dibulla carece de competencia para desarrollar o dar cumplimiento a las pretensiones del accionante, ya que no puede adelantar las acciones necesarias para desarrollar la contratación del servicio educativo en la población indígena y rural. Agrega que para el año 2017 dicho municipio tiene matriculados en sus diferentes instituciones educativas y centros oficiales 7254 estudiantes; dijo así mismo, que la Institución Educativa Rural Agropecuaria del Corregimiento de Mingueo, tiene una sede indígena denominada WEIPIAPA, donde sus 98 estudiantes vienen recibiendo el servicio educativo desde el inicio del período lectivo del año 2017.

Respecto a la garantía de prestación de alimentación y transporte escolar, manifiesta que en el mes de diciembre de 2016 se solicitaron facultades al concejo municipal para proceder a realizar la contratación oportuna de los servicios de transporte escolar y la ejecución del programa de alimentación escolar en los centros educativos e instituciones oficiales del municipio, sin embargo, en medio de los trámites administrativos, financieros y precontractuales que se surten en ese tipo de procesos, el gobierno departamental como coadyuvante de los recursos necesarios para dar cumplimiento a esos dos programas, ha venido sufriendo una crisis institucional de ingobernabilidad lo que ha impedido que la Secretaría Departamental de Educación proceda con los trámites para transferir los recursos que garanticen la prestación de tales servicios; señala que pese a lo anterior, el municipio de Dibulla llevó a cabo el proceso de selección del contratista para la prestación del servicio de transporte escolar y surtidos los trámites de legalización el 20 de Febrero de 2017, se presta con normalidad.

Respecto al PAE expresa que los recursos del Sistema General de Participaciones pasaron a ser administrados temporalmente por la administración temporal para el sector educativo conforme a la intervención hecha por el Gobierno Nacional lo que despoja a dicho municipio, al igual que a los demás del departamento de tornar acciones encaminadas a dar solución a la problemática de alimentación escolar. Indica así mismo, que el Decreto 2500 de 2010 reglamenta de manera transitoria la contratación de la administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso de construcción e implementación del sistema educativo indígena propio –SEIP–, en consecuencia, el municipio de Dibulla no tiene competencia para adelantar procesos de contratación del sector educativo en los planteles educativos indígenas.

En cuanto a la infraestructura educativa rural, especialmente indígena y afrodescendiente, dijo el representante del municipio en mención, que dentro de su plan de desarrollo 2016-2019 ha incluido el mejoramiento de dicha infraestructura, sin embargo, en estos momentos debe primar la articulación con el Gobierno Nacional y departamental y especialmente con la Administración Temporal del sector educación.

Por todo lo anterior aduce, que el municipio de Dibulla se encuentra impedido para atender las pretensiones de la tutela, por un lado, por ser un municipio no certificado, y por otro, por la intervención Nacional en varios sectores, entre ellos el educativo. (Fls. 428 a 432 c.o.).

Providencia impugnada

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira, a través de decisión proferida el 5 de mayo de 2017, resolvió AMPARAR los derechos fundamentales a la educación y la igualdad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas (wayuu, wiwas, koguis, arhuakos, kankuamos) y afrodescendientes, matriculados para el año lectivo 2017 en los diferentes centros educativos y etno-educativos ubicados en jurisdicción del departamento de La Guajira (entiéndanse comprendidos el Distrito Especial y Turístico de Riohacha y los demás municipios que lo conforman), especialmente en las zonas rurales del departamento, acción de amparo presentada por el ciudadano Luis Eduardo De La Hoz López, en su condición de director nacional para la Defensa de los Derechos Fundamentales de los Niños y Adolescentes de Colombia contra el Ministerio de Educación Nacional y otros.

Por lo anterior, ordenó al Ministerio de Educación Nacional a través del administrador temporal para el Sector de la Educación en el departamento de La Guajira, que dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la notificación de este fallo continué y finalice las gestiones administrativas a que haya lugar, para culminar la contratación de los docentes de los diferentes centros educativos y etno-educativos ubicados en jurisdicción del departamento de La Guajira (entiéndanse comprendidos el Distrito Especial y Turístico de Riohacha y los demás municipios que lo conforman), especialmente en las zonas rurales del departamento, a los que deben acudir a estudiar los niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas y afrodescendientes del departamento, así mismo, ello deberá suceder en forma coetánea, con la contratación del PAE y el transporte escolar de esa población estudiantil. Dentro de los ocho (8) días siguientes deberán reportar el cumplimiento de lo ordenado, anexando los soportes documentales correspondientes.

Exhortó a la gobernación del departamento de La Guajira y a las distintas alcaldías municipales del departamento de La Guajira, para que dentro de sus competencias, coadyuven con las actividades del administrador temporal del sector educativo de La Guajira, para que se hagan efectivas las contrataciones antes mencionadas y se logre hacer efectiva en un plazo no superior a quince (15) días hábiles, contado a partir de la notificación de este fallo, la iniciación del año escolar en todo el departamento de La Guajira. Deberán reportar a esta Sala el cumplimiento de lo anterior.

Ordenó a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, a través de sus regionales en este departamento, apoyar, acompañar y vigilar el pleno cumplimiento del presente fallo, con el fin de garantizar de manera efectiva los derechos aquí protegidos, ello, en ejercicio de sus competencias constitucionales, de lo cual deberán rendir informe a este Juez constitucional.

Finalmente indicó que la decisión tendría efectos inter comunis, por ello, se hace extensiva la protección a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los municipios del departamento de La Guajira, que en la actualidad no han iniciado el presente año escolar por las situaciones planteadas en la acción de tutela que se define.

Manifestó el seccional de instancia que en los municipios de La Guajira no se realizaron actividades tendientes a adelantar previa y oportunamente las contrataciones o las actividades encaminadas a proveer docentes que atendieran la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las instituciones educativas oficiales, especialmente en zonas de población indígena y afrodescendientes, y más, especial aún, en aquellas zonas rurales o de difícil acceso, mucho menos adelantaron gestiones para la contratación de las personas naturales o jurídicas que se encargaran de la implementación de los programas de alimentación y transporte escolar en beneficio de dicha población de especial protección del Estado, de ahí, que al asumir la administración temporal la competencia de la educación de todos los municipios, certificados y no certificados del departamento de La Guajira, no halló el recurso humano ni logístico que permitiera que en la misma fecha en que se iniciaron clases en otros establecimientos educativos del departamento, especialmente los privados, la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas y afrodescendientes, también tuvieran acceso a dicho caro derecho fundamental a la educación, como tampoco a aquellas prerrogativas que les permitan permanecer en el sistema educativo y evitar su deserción por situaciones anexas a problemas de alimentación y desplazamiento desde zonas apartadas o de difícil acceso a los centros educativos. De tal suerte que cuando la ya varias veces mencionada Administradora Temporal del sector educativo en La Guajira, afirma que sus esfuerzos han ido encaminados a que se iniciaran las clases de la referida población estudiantil a partir del mes de mayo del año que transcurre, reconoce que ya han transcurrido más de tres meses desde que el resto de la población estudiantil del departamento y de otras zonas del país iniciaran su año escolar en el calendario A, y dichos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, aún se encuentran ante la incertidumbre de no saber cuándo podrán hacerlo ellos, a lo que se suman otras necesidades no satisfechas, como la de la alimentación escolar, que en cierta medida mitiga sus deficiencias. (Fls. 439 a 459 c.o.).

Argumentos de la impugnación

El Ministerio de Educación impugnó la anterior decisión manifestando que es de público conocimiento que en este momento se ha diseñado un plan estratégico de intervención para la contratación de la operación del PAE en todo el departamento de La Guajira, en procura de fortalecer el programa y entregar una solución definitiva a los múltiples inconvenientes que a diario presenta el PAE en esa región.

Frente a la minuta de emergencia indicó que solo podrá ser implementada una vez la administración temporal culmine el proceso contractual correspondiente para la operación del PAE, razón por la cual solicita de declare la carencia actual de objeto frente al punto tercero de la providencia, es decir la exhortación a la gobernación y alcaldías.

Solicitó desvincular al ministerio debido a que es una administración temporal para el sector educativo la que tiene la obligación de actuar como jefe del organismo intervenido en la administración del servicio público educativo.

De otra parte la Unión Temporal de la competencia de la prestación del servicio de educación en el departamento de La Guajira, el Distrito de Riohacha y los municipios de Maicao y Uribía, impugnó la anterior decisión indicando que no se ha dejado de trabajar por la consecución de los fines propuestos en materia educativa, realizándose las acciones requeridas para garantiza una educación de calidad, así como el adecuado cubrimiento del servicio asegurándole a niños, niñas y adolescentes las condiciones necesarias.

Razón por la cual solicitó se revoque el fallo por cuanto la administración temporal ha cumplido durante su vigencia con las actividades, planes y gestiones para la cual fue encomendada, desde luego dentro de un marco de trasparencia, objetividad y diferenciación en lo que toca a las comunidades indígenas, tras los eventos de riesgo evidenciados en la Resolución 0459 del 21 de febrero de 2017 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De otra parte solicitó en su defecto una prórroga al término concedido en la acción de amparo.

Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra los fallos de tutela proferidos por las salas jurisdiccionales disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

Acorde con ello, la Sala centrará su análisis con sujeción a los límites de competencia que establece el artículo 32, inciso segundo, del Decreto 2591 de 1991, conforme al cual:

“El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo [...] si a su juicio el fallo carece de fundamento procederá a revocarlo de inmediato. Si se encuentra el fallo ajustado a derecho lo confirmará (...)”.

Test de procedibilidad 

Efectivamente, tal y como lo ha sugerido la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades, antes de efectuar una valoración de fondo de la solicitud de amparo impetrada, es necesario “(…) verificar si los hechos que se alegan en la presente causa, se enmarcan en el test de procedibilidad de la tutela, y justifica que se adopten medidas de protección del derecho fundamental invocado”(2).

La acción de tutela es el mecanismo pertinente para reclamar la protección de los derechos constitucionales fundamentales(3), cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos taxativamente señalados por la norma, siempre y cuando no se disponga de otros recursos o medios de defensa judicial para hacer valer sus derechos.

Tal afectación o amenaza, se exige que sea vigente y permita la intervención de la jurisdicción constitucional a fin de restablecer o proteger de manera efectiva el derecho, y si esto no es posible, resulta inoportuno acudir a este mecanismo de protección y defensa de los derechos fundamentales.

Es por ello, que el juez de tutela analiza ponderadamente si la acción constitucional impetrada cumple con los requisitos genéricos de procedibilidad, y está obligado, en primer lugar, a evaluar la procedencia, pertinencia, oportunidad e inmediatez de la acción, exigencias sustanciales que de no ser satisfechas impiden una valoración de fondo por parte del funcionario judicial.

De esta manera, luego de efectuar el análisis correspondiente en la presente acción, dada la vigencia, actualidad y necesidad, de los niños, niñas y adolecentes indígenas (wayuu, wiwas, koguis, arhuakos, kankuamos) y afrodescendientes, matriculados para el año lectivo 2017 en los diferentes centros educativos y etno-educativos ubicados en jurisdicción del departamento de La Guajira (entiéndanse comprendidos el Distrito Especial y Turístico de Riohacha y los demás municipios que lo conforman), especialmente en las zonas rurales del departamento, invocados por el ciudadano Luis Eduardo De La Hoz López, en su condición de director nacional para la Defensa de los Derechos Fundamentales de los Niños y Adolescentes de Colombia, quienes actualmente no han iniciado a estudiar pese a que el inicio de clases estaba previsto para el mes de febrero de 2017, por tanto resulta claro que sí concurren en la presente acción los requisitos de procedibilidad a saber, inmediatez, legitimidad, subsidiariedad y el perjuicio irremediable fijados por la Corte Constitucional; de allí que se impone en el asunto, entrar al análisis de fondo del amparo solicitado, con miras a determinar si se evidencian los parámetros conceptuales y jurisprudenciales que definen el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.

Antes de entrar a la solución del presente caso esta superioridad se permite traer de presente la jurisprudencia sobre el derecho a la educación de los menores indígenas, como bien lo ha señalado la honorable Corte Constitucional en su extensa jurisprudencia, al definir:

Tercera. El derecho a la etnoeducación de las comunidades indígenas como deber del Estado. Reiteración de jurisprudencia(4) 

Gozan de un rango constitucional especial las comunidades indígenas, definidas como conjuntos de familias de ascendencia amerindia, que comparten sentimientos de identificación con su pasado aborigen y mantienen rasgos y valores propios de su cultura tradicional, formas de gobierno y control social internos, que las diferencian de otras comunidades rurales (D. 2001 de 1988, art. 2º).

La diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (art. 7º Const.) se encuentra reconocida en la Constitución Política, como principio fundamental proyectado desde el carácter democrático, participativo y pluralista de nuestra República.

El artículo 44 de la Carta consagra, de manera específica, entre los derechos fundamentales de los niños, el de la educación, que por corresponder a ellos tiene carácter preeminente, aún con mayor relevancia en los primeros años de vida, por ser etapa de formación y de acercamiento a la sociedad, a la cultura, a la ciencia y a la tecnología(5).

El artículo 67 ibídem también consagra una obligación especial del Estado en materia de educación, por ser un servicio público obligatorio con función social y por tratarse de un derecho de aplicación inmediata. Así, el deber estatal de otorgarlo es impostergable, no sólo por el valor esencial inmanente en el mismo, sino por constituir un instrumento idóneo para el ejercicio de los demás derechos y en la formación cívica de la persona, según los ideales democráticos y participativos resaltados en nuestra Constitución.

Como complemento de lo anterior, los artículos 10, 68 y 70 de la Constitución consagran expresamente que los integrantes de los grupos étnicos tienen derecho a recibir una formación y enseñanza que respete y desarrolle su identidad cultural.

Caso concreto 

Con esta acción de tutela pretende el actor, que se amparen los derechos a la igualdad y a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas (wayuu, wiwas, koguis, arhuakos, kankuamos) y afrodescendientes, matriculados para el año lectivo 2017 en los diferentes centros educativos y etno-educativos ubicados en jurisdicción del departamento de La Guajira (entiéndanse comprendidos el Distrito Especial y Turístico de Riohacha y los 15 municipios que lo conforman), especialmente en las zonas rurales del departamento, los cuales estima vulnerados debido a la mora en dar inicio al calendario escolar, como consecuencia a su vez, de la mora en las gestiones de contratación de la planta de personal docente, así como por la omisión en la implementación del programa de alimentación y transporte escolar, y la falta de una infraestructura educativa adecuada.

Solución del caso 

Descendiendo al tema de debate propuesto, la Sala encuentra que se trata de garantizarle el derecho fundamental a la educación a unos niños y jóvenes indígenas que no han podido iniciar su año escolar el cual debió haber empezado desde el mes de febrero de 2017.

Al respecto, es importante indicar que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado ampliamente el contenido y alcance normativo del derecho fundamental a la educación, indicando que atañe a la naturaleza del ser humano y es desarrollo de las características fundamentales del sujeto moral y jurídico, esto es, de los conceptos de dignidad, libertad e igualdad.

De tal forma el artículo 67 de la Constitución reconoce en la educación una doble condición de derecho y de servicio público que busca garantizar el acceso de los ciudadanos al conocimiento, a la ciencia y a los demás bienes y valores culturales. La relevancia de esa función social explica que la norma superior le haya asignado a la familia, a la sociedad y al Estado una corresponsabilidad en la materialización de esas aspiraciones y que haya comprometido a este último con tareas concretas que abarcan, desde la regulación y el ejercicio del control y vigilancia del servicio educativo, hasta la garantía de su calidad, de su adecuado cubrimiento y la formación moral, física e intelectual de los estudiantes. En cuanto a servicio público, la educación exige del Estado unas actuaciones concretas, relacionadas con la garantía de su prestación eficiente y continua a todos los habitantes del territorio nacional, en cumplimiento de los principios de universalidad, solidaridad y redistribución de los recursos en la población económicamente vulnerable. En su dimensión de derecho, la educación tiene el carácter de fundamental, en atención al papel que cumple en la promoción del desarrollo humano y la erradicación de la pobreza y debido a su incidencia en la concreción de otras garantías fundamentales, como la dignidad humana, la igualdad de oportunidades, el mínimo vital, la libertad de escoger profesión u oficio y la participación política.

Resulta importante para esta Sala manifestar que el 21 de febrero de 2017 a través de documento Conpes 3883 se adoptó la medida correctiva de asunción temporal de la competencia para la prestación de los servicios de salud, educación, alimentación escolar, agua potable y saneamiento en el departamento de La Guajira, de tal suerte, que se recomendó que el Gobierno Nacional asumiera temporalmente las competencias en materia de educación del departamento, su capital el Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, y los otros dos municipios certificados de Maicao y Uribia. Conforme a lo anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la Resolución 0459 del 21 de febrero de 2017 por medio de la cual se formularon cargos y se adoptó de manera cautelar, la medida correctiva de asunción temporal de la competencia de la prestación del servicio de educación en el departamento de La Guajira y en los municipios de Riohacha, Maicao y Uribia, acorde a lo previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el artículo 14 del Decreto 028 de 2008 y sus normas reglamentarias, pero a la fecha de la sentencia de primera instancia 5 de mayo de 2017, los niños no han podido ingresar a clases, violándosele así el derecho a la educación de los menores indígenas los cuales deben ser amparados y están protegidos por la Constitución y los acuerdos internacionales.

En tal sentido, en Sentencia T-871 de diciembre 2 de 2013, reiteró el ámbito de la normatividad internacional, respecto al derecho fundamental de las comunidades indígenas a recibir una educación especial, también reconocida por el Convenio 169 de la OIT, al señalar:

“… en los artículos 26, 27, 28 y 29, además de reivindicar la necesaria existencia del derecho a una identidad educativa para los grupos indígenas y tribales, se ocupa de definir su verdadero ámbito de aplicación disponiendo: (i) que debe garantizársele a los miembros de los pueblos indígenas interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional; (ii) que los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos autóctonos deben desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos, con el propósito de responder a sus necesidades particulares, debiendo abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas las demás aspiraciones sociales, económicas y culturales; (iii) que la autoridad competente está en la obligación de asegurar la formación de maestros miembros de los grupos étnicos y garantizar su participación en la formulación y ejecución de los programas de educación; (iv) que la educación debe ser bilingüe al menos en los primeros años, lo cual significa que debe enseñarse a los miembros de las comunidades indígenas a leer y escribir en su propia lengua y en la lengua nacional; y, finalmente, (v) que deberán adoptarse medidas que permitan preservar las lenguas indígenas de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas.

Tal y como puede observarse, en el campo de la implantación de un sistema de educación especial para los grupos étnicos, el Convenio 169 de la OIT prevé el mecanismo de la consulta previa, al consagrar expresamente en su artículo 27 que ‘Los programas y los servicios de educación destinados a los pueblos interesados deben desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos, a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas las demás aspiraciones sociales, económicas y culturales”.

De otra parte en el presente asunto la intervención del Ministerio de Educación, no exime al departamento de La Guajira, ni a los municipios, de las responsabilidades por no asumir eficiente y eficazmente las medidas necesarias para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de esta circunscripción territorial, especialmente los indígenas y afrodescendientes, y más especialmente los de las zonas rurales o difícil acceso a los centros educativos, iniciaran en su momento el presente año escolar, así como para que cuenten con los programas de alimentación y transporte escolar, y con infraestructura adecuada para adelantar sus estudios.

Ahora bien, en el escrito de impugnación tanto el Ministerio de Educación como la Unión Temporal de la competencia de la prestación del servicio de educación en el departamento de La Guajira, el Distrito de Riohacha y los Municipios de Maicao y Uribía, manifestaron la primera de ellas que la obligación había sido trasladada a la Unión temporal y esta se limitó a manifestar que no se ha dejado de trabajar por la consecución de los fines propuestos en materia educativa, realizándose las acciones requeridas para garantiza una educación de calidad, así como el adecuado cubrimiento del servicio asegurándole a niños, niñas y adolescentes las condiciones necesarias, pero lo cierto es que actualmente los menores no se encuentran estudiando cuando ya debían estar en sus colegios desde el mes de febrero de 2017, es decir continúa la vulneración.

Así las cosas, resulta imperativo para este Juez Constitucional, CONFIRMAR en su integridad el fallo recurrido de fecha 5 de mayo de 2017, emitido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira, mediante la cual resolvió AMPARAR los derechos fundamentales a la educación y la igualdad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas (wayuu, wiwas, koguis, arhuakos, kankuamos) y afrodescendientes, matriculados para el año lectivo 2017 en los diferentes centros educativos y etno-educativos ubicados en jurisdicción del departamento de La Guajira (entiéndanse comprendidos el Distrito Especial y Turístico de Riohacha y los demás municipios que lo conforman), especialmente en las zonas rurales del departamento, acción de amparo presentada por el ciudadano Luis Eduardo De La Hoz López, en su condición de director nacional para la Defensa de los Derechos Fundamentales de los Niños y Adolescentes de Colombia contra el Ministerio de Educación Nacional y otros.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR en su integridad el fallo recurrido de fecha 5 de mayo de 2017, emitido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira, mediante la cual resolvió AMPARAR los derechos fundamentales a la educación y la igualdad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas (wayuu, wiwas, koguis, arhuakos, kankuamos) y afrodescendientes, matriculados para el año lectivo 2017 en los diferentes centros educativos y etno-educativos ubicados en jurisdicción del departamento de La Guajira (entiéndanse comprendidos el Distrito Especial y Turístico de Riohacha y los demás municipios que lo conforman), especialmente en las zonas rurales del departamento, acción de amparo presentada por el ciudadano Luis Eduardo De La Hoz López, en su condición de director nacional para la Defensa de los Derechos Fundamentales de los Niños y Adolescentes de Colombia contra el Ministerio de Educación Nacional y otros, por las razones expuestas en la parte motiva.

2. POR SECRETARÍA NOTIFICAR la presente decisión como lo disponen los artículos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991 y 5º del Decreto 306 de 1992.

3. REMITIR en su oportunidad la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Presidente—Julia Emma Garzón de Gómez—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñan Carvajal—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Julio César Villamil Hernández.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

1 Magistrada Ponente doctora Ana Tulia Lamboglia Rodríguez en Sala Dual con el Hernán Reina Caicedo.

2 Corte Constitucional, Sentencia T-285/10, entre otras.

3 Artículo 1º. Objeto. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este decreto.

4 Sentencia T 355 de 2014.

5 Cfr. T-604 de agosto 3 de 2007 y T-805 de septiembre 28 de 2007, en ambas M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.