Sentencia 2017-00076 de diciembre 7 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Oswaldo Giraldo López

Exp. rad.: 47001-23-33-000-2017-00076-01

Actor: Lorenzo Rafael Romero Blanco

Demandado: Jorge Luís Montenegro Aponte

Ref.: Medio de control de pérdida de investidura- apelación

Tesis: No incurre en causal de pérdida de investidura el concejal que participó en la elección de un contralor distrital, cuya elección posteriormente fue declarada nula por parte del Consejo de Estado. Las causales de inhabilidad son taxativas, sin que haya lugar a la aplicación analógica de la ley.

Fuentes: Artículos 48 Ley 617 de 2000 y 55 Ley 136 de 1994.

Bogotá, D.C., siete de diciembre de dos mil diecisiete.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto de manera oportuna por la parte demandante en contra de la sentencia del 3 de mayo de 2017, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Magdalena denegó la pérdida de investidura del señor Jorge Luís Montenegro Aponte, concejal del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, para el período constitucional 2016-2019.

I. Síntesis del caso

1.1. La causal de pérdida de investidura invocada(1). 

El ciudadano Lorenzo Rafael Romero Blanco, obrando en nombre propio, solicitó que se decretara la pérdida de la investidura del demandado, por considerar que al participar en la elección del señor Wilmer Enrique Gutiérrez Ospino como Contralor municipal de Santa Marta, sin que éste reuniera los requisitos constitucionales y legales para su designación, incurrió en la causal prevista en el numeral 6 del artículo 48 de la Ley 617 del 6 de octubre de 2000(2), en concordancia con el numeral 18 del artículo 35 y numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 del 5 de febrero de 2002.(3)

1.2. Los hechos que dan sustento a la causal alegada.

El 25 de octubre de 2015 se celebraron las elecciones de autoridades locales en el territorio colombiano, entre ellas las del Concejo en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta.

Acorde con el formulario E-26 CON expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, delegación Magdalena el 9 de noviembre del mismo año, fue declarado electo, entre otros concejales, el señor Jorge Luís Montenegro Aponte, por el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, periodo constitucional 2016-2019, quien tomó posesión del cargo el 2 de enero de 2016.

El 10 de enero de 2016 se llevó a cabo la elección del Contralor Distrital de Santa Marta y según Acta 7 de la misma fecha, el Concejo eligió en dicho cargo al señor Wilfrido Enrique Gutiérrez Ospino, para el periodo constitucional 2016-2019.

En virtud de demanda presentada por el Ministerio Público contra el anterior acto de elección, mediante sentencia del 22 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo de Santa Marta negó las súplicas de la demanda; sin embargo dicha decisión fue apelada y revocada por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta, en fallo de segunda instancia proferido el 7 de diciembre de 2016, que declaró la nulidad de su elección.

Afirmó el actor que el concejal demandado, en su calidad de servidor público, apoyó con su voto la elección del Contralor del Distrito de Santa Marta y por ende de una persona que estaba inhabilitada para ser elegida, por lo que incurrió en la prohibición prevista en el numeral 6 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, en concordancia con el numeral 18 del artículo 35 y el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, puesto que estudió las hojas de vida de los aspirantes a la Contraloría y tuvo la oportunidad de verificar las normas y la jurisprudencia aplicable y sabía a lo que se exponía al elegir para un cargo público a una persona que estaba inhabilitada.

2. Contestación de la demanda por parte del Concejal Jorge Luis Montenegro Aponte:

En la oportunidad procesal correspondiente y mediante apoderada judicial, el concejal contestó la demanda y se opuso a las pretensiones, exponiendo como razones de defensa:(4)

Afirmó que las causales de pérdida de investidura de los concejales son taxativas y están previstas en el artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de que trata la Ley 177 de 1994 artículo 30, derogado por la Ley 617 de 2000 artículos 40 y 41, hacen relación a hechos diferentes.

Indicó que el demandante plantea un conflicto de intereses, por cuanto de un lado solicita la pérdida de investidura y por la otra acusa la comisión de una falta disciplinaria establecida en la Ley 734 de 2002, de que no conoce la jurisdicción contenciosa, y que la Procuraduría General de la Nación ya tramitó la investigación disciplinaria.

Por último, que para la elección de Contralor del Distrito de Santa Marta se hizo un concurso de méritos iniciado en el año 2015 y, por lo tanto, fueron los concejales que actuaron ese año quienes realizaron todo el proceso y entregaron al concejo que se posesionó el 1 de enero de 2016 una lista con los puntajes más altos, además de que su poderdante no ostentaba la calidad de concejal el año en que se hizo la convocatoria, entrevistas, etc., por lo que las afirmaciones del actor son de mala fe.

Propuso como excepciones: la ineptitud de la demanda, por falta de los requisitos formales; no comprender la demanda todos los litisconsortes necesarios, ya que el voto del demandado por sí solo no elegía contralor y se necesitaba la mayoría de votos, e inexistencia de causa para pedir, por cuanto la causal de pérdida carece de fundamentos fácticos y jurídicos.

3. La sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena(5) 

La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante providencia del 3 de mayo de 2017, denegó la pérdida de la investidura del señor Jorge Luís Montenegro Aponte, como concejal del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, para el período constitucional 2016-2019.

El problema jurídico a resolver en este proceso, quedó planteado así:(6)

“(...) ¿ es procedente declarar la pérdida de investidura del señor Jorge Luís Montenegro Aponte, como Concejal del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta en el periodo constitucional 2016-2019, por haber votado en la elección del señor Wilmer Enrique Gutierrez Ospino como Contralor municipal de Santa Marta, sin verificar los requisitos constitucionales y legales, y si al estar el Contralor inhabilitado se configura la causal del numeral 6 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, en concordancia con el numeral 18 del artículo 35 y numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002?

(...)”.

El Tribunal de instancia resolvió el anterior problema, manifestando que las pretensiones no tenían vocación de prosperidad, toda vez que las causales de pérdida de investidura son taxativas y restrictivas, sin que se pueda realizar una interpretación analógica para su configuración y que la causal que invocaba el demandante constituía una falta disciplinaria consagrada en el Código Único Disciplinario.

Analizó que las prohibiciones señaladas en el artículo 35 y las faltas gravísimas previstas en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, no comportan una causal de pérdida de investidura, pues en relación con éstas no es posible hacer interpretaciones extensivas ni analógicas y el actor haciendo una interpretación analógica, con base en el numeral 6 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, remite a las faltas disciplinarias establecidas en el numeral 18 del artículo 35 y en el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, lo que no era de recibo.

4. El recurso de apelación presentado por el señor Lorenzo Romero Blanco:(7) 

Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el demandante presentó recurso de apelación para que se revocara dicha providencia y, en su lugar, se decretara la pérdida de investidura del concejal.

Fundamentó su reclamo considerando que es la misma Ley 617 de 2000, en el artículo 48 numeral 6, la que admite una interpretación extensiva que el legislador quiso expresar únicamente para los concejales, diputados y miembros de las juntas administradoras locales, no para los congresistas, puesto que para ellos las causales sólo están establecidas en la Constitución y son de aplicación restrictiva.

Adujo que no es cierto, como lo manifestó el a quo, que se trate de una interpretación analógica la que pretende hacer, sino que “si hacemos una interpretación armónica y sistemática de la norma, de la Ley 734 de 2002 y con la Ley 200 de 1995 es posible su configuración precisándola a los artículos 29 y 32 en concordancia con el artículo 421 ibídem”.

Sostuvo que en este caso, es posible sin hesitación alguna, aplicar también el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, por cuanto la conducta ejecutada por el concejal demandado, es un comportamiento descrito como falta gravísima y constituye una sanción de pérdida de investidura.

Por último, afirmó que el Tribunal no hizo el análisis del grado de culpabilidad o juicio de responsabilidad subjetiva con ocasión de la elección irregular para el desempeño de un cargo público, en este caso del Contralor Distrital, pese a que el Consejo de Estado declaró la nulidad de su elección, además de que “como es de conocimiento público realizaron un nuevo concurso para ocupar el cargo de Contralor Distrital, sin darle cumplimiento a lo ordenado por el Consejo de Estado”.

5. Alegatos de conclusión en segunda instancia.

Mediante auto del 22 de septiembre del año en curso, se admitió el recurso de apelación y se ordenó correr traslado a las partes para que presentaran sus alegatos, así como al señor agente del Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto.(8)

Las partes hicieron uso en oportunidad del término concedido, manifestando lo siguiente:

La apoderada del demandado(9) solicitó fuera confirmada la sentencia de primera instancia, afirmando que las causales de pérdida de investidura de concejales están enumeradas en forma taxativa en el artículo 55 de la Ley 136 de 1994, de tal suerte que son las únicas que pueden tenerse en cuenta para demandar esta clase de procesos.

Agregó que la labor de los concejales fue escoger de la lista que habían dejado los concejales del periodo anterior, a la persona que tuvo mayor puntaje para ocupar el cargo de Contralor, por lo que lo eligieron de buena fe y que tal como lo ha dicho el Consejo de Estado —sin identificar la sentencia— la revocatoria o anulación del acto administrativo irregular no constituye causal de pérdida de investidura, pues de estar demostrada alguna irregularidad de naturaleza disciplinaria, debe darse traslado a la Procuraduría General de la Nación, sin que la presunta comisión de una falta disciplinaria constituya una causal de pérdida de investidura.

A su vez el demandante insistió en que se decretara la pérdida de investidura del concejal demandado y fuera revocado el fallo de primera instancia, con fundamento en lo siguiente:(10)

Reiteró que fue en la misma Ley 617 de 2000 en el artículo 48 numeral 6, que el legislador estableció que era posible la interpretación extensiva de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para los diputados, concejales y ediles, no para congresistas, y por ende no estaban limitadas a las previstas en los numerales 1 a 5 del citado artículo 48 y que dado que las normas no pueden analizarse de manera aislada, le eran aplicables las faltas señaladas en la Ley 200 de 1995 y en la Ley 734 de 2002.

Cuestionó nuevamente que el Tribunal de instancia no hiciera un análisis respecto del grado de culpabilidad o juicio de responsabilidad subjetiva con ocasión de la elección irregular del Contralor Distrital de Santa Marta en la que participó el demandado e insistió en que se decretara la pérdida de investidura del concejal.

6. Concepto del señor agente del Ministerio Público.

El señor Agente del Ministerio Público intervino mediante escrito radicado el 13 de octubre de 2017, en donde manifestó:(11)

Que el problema jurídico en este caso, “radica en establecer si la presunta comisión de una falta disciplinaria gravísima por parte del acusado, configura la causal de pérdida de investidura invocada, cuando el concejal demandado eligió como Contralor Distrital de Santa Marta a un candidato cuya elección fue declarada nula por el Consejo de Estado”.

Para lo anterior consideró que se debían precisar tres aspectos: los elementos y componentes del régimen de inhabilidades e incompatibilidades; analizar el grado de culpabilidad o juicio de la responsabilidad subjetiva, y precisar el alcance de las investigaciones y sanciones disciplinarias.

En cuanto al primer elemento, recordó que el régimen de inhabilidades para los concejales es taxativa y de interpretación restrictiva, como lo predica la normatividad constitucional, legal, reglamentaria y el desarrollo jurisprudencial.

Respecto del segundo elemento y la aplicación de la sentencia SU-424 de 2016, afirmó que el Tribunal de instancia no valoró el elemento de culpabilidad y que el hecho de que el concejal votara por el aspirante a contralor distrital no constituye una causal de violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, por no estar prevista en la ley ni puede servir de fundamento de pérdida de investidura; situación distinta es que no lo exima de que se le adelante una investigación disciplinaria.

En cuanto al alcance de las investigaciones disciplinarias, manifestó que se debe delimitar el régimen disciplinario sancionador del régimen de inhabilidades aplicable a un servidor público que ha sido elegido por elección popular y como en este caso se presentó la anulación de la elección del Contralor Distrital del Santa Marta, dicha decisión no significa la existencia de pérdida de investidura de los concejales per se, “teniendo en cuenta que se trata de una sanción diferente a la presuntamente cometida por el concejal accionado” y dado que al concejal no se le ha impuesto una sanción disciplinaria por la Procuraduría General de la Nación, será ésta la encargada de concluir la situación en el marco del debido proceso.

Por último, indicó que daría traslado del concepto rendido a las instancias disciplinarias, para el seguimiento de este caso en la órbita disciplinaria, solicitando fuera confirmada la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia de la Sección.

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, en virtud de lo previsto por el artículo 48 parágrafo 2º de la Ley 617 de 2000, y, con base en la decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de enero 25 de 1995, que estableció que las impugnaciones contra las sentencias de pérdida de investidura, proferidas por los tribunales administrativos, son de conocimiento de la Sección Primera del Consejo de Estado.

2. Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura.

Está acreditado con la copia del formulario E-26 CON,(12) del 25 de octubre de 2015, que contiene el resultado del escrutinio municipal para elecciones de concejo, que el señor Jorge Luis Montenegro Aponte, identificado con la cédula de ciudadanía número 84452473, fue elegido concejal del Municipio de Santa Marta, en representación del movimiento “Pensando en Grande por Santa Marta”, para el periodo 2016-2019.

En consecuencia, el demandado es sujeto pasivo de la presente acción de pérdida de investidura.

3. Análisis de la Sala:

La Sala tendrá en cuenta que lo acreditado en el proceso es lo siguiente:

3.1. Mediante Acta 7 del 10 de enero de 2016 del Concejo del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, fue elegido el señor Wilfrido Enrique Gutiérrez Ospino para el cargo de Contralor Distrital de Santa Marta para el periodo constitucional del 1º de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2019, sesión en la que participaron 18 concejales, entre los cuales estaba el señor Jorge Luis Montenegro Aponte.(13)

3.2. Demandado en el medio de control de nulidad electoral el acto de elección del señor Wilfrido Enrique Gutiérrez Ospino como Contralor Distrital de Santa Marta, el Tribunal Administrativo del Magdalena, en sentencia proferida el 22 de agosto de 2016, negó las súplicas de la demanda y conocida en sede de apelación por el Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Quinta, en proveído del 7 de diciembre de 2016 revocó la referida decisión y en su lugar declaró la nulidad del acto contenida en el Acta 7 del 10 de enero de 2016, declaratoria que implicó que el Concejo Distrital de Santa Marta eligiera un nuevo contralor de la lista de elegibles.(14)

La anterior decisión se sustentó en que el elegido incurrió en una causal de inhabilidad, por haber ocupado un cargo del nivel directivo(15) en una entidad del orden departamental —Jefe de la Oficina de Control Interno de la Universidad del Magdalena— y ocupó el empleo incluso después de ser elegido como Contralor de Santa Marta, habida cuenta de que su renuncia al cargo fue aceptada el 12 de enero de 2016, dos días después de la designación hecha por el concejo distrital.

3.3. El 5 de enero de 2017, la Procuraduría Regional del Magdalena abrió investigación disciplinaria y ordenó el archivo definitivo del proceso, adelantado, entre otros, en contra de los ex concejales y concejales de Santa Marta, incluido el señor Jorge Luís Montenegro Aponte.(16)

Acorde con lo que es motivo de impugnación, la Sala deberá resolver:

¿Incurre en causal de pérdida de investidura el concejal que participó en la elección de un contralor distrital, cuya elección posteriormente fue declarada nula por el Consejo de Estado por haberse configurado una causal de inhabilidad?

Descendiendo al estudio del caso concreto se encuentra lo siguiente:

Se le atribuyó al demandado la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 6 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, que dispuso:

“(...) ART. 48.—Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:

(…).

6. Por las demás causales expresamente previstas en la ley.

(...)”.

Considera el actor que, con base en la citada norma, es posible aplicar al demandado el Código Disciplinario Único, en los artículos 35 numeral 18 y 48 numeral 17 de la Ley 734 de 2002, que prevén:

“(...) ART. 35.—Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:

(…) 18. Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que no reúnan los requisitos constitucionales, legales o reglamentarios, o darles posesión a sabiendas de tal situación. (...)”.

A su vez, el artículo 48 ibídem establece:

“(...) ART. 48.—Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:

(…) 17. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales.

(...)”.

Sin embargo, acorde con lo analizado por el Tribunal de instancia y por el señor Agente del Ministerio Público, delegado ante esta Sección, tal pretensión no puede tener despacho favorable, puesto que, si bien es cierto es claro que el régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura de concejales está vigente,(17) también lo es que dichas causales, por ser de orden público, son de interpretación restrictiva, lo que impide la aplicación analógica o extensiva como lo pretende el actor.

En efecto, esta Sección se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre la materia y entre otras providencias, ha dicho lo siguiente:(18)

“(...) Esta interpretación de las normas que consagran las causales de pérdida de investidura que se le atribuyen a la demandada, se ajusta al carácter especial de la pérdida de investidura que implica que las causales establecidas en dicha materia sondederechoestricto,deordenpúblicoydeinterpretaciónrestrictiva,porloquenocabesuaplicaciónanalógicaoextensiva. Así́ lo indicó la Corte Constitucional, en Sentencia SU-501 de 2015, resaltando:

“(...) 49. Como se señaló inicialmente, la jurisprudencia constitucional ha destacado que el proceso de pérdida de la investidura tiene un carácter disciplinario, de muy especiales características.(19) Sobre el particular ha reconocido que la pérdida de investidura constituye una sanción equiparable, por sus efectos y gravedad, a la destitución de los altos funcionarios públicos.(20) Ha expresado, igualmente, que es una institución autónoma en relación con otros regímenes de responsabilidad de los servidores públicos, sin que el adelantamiento de dos o más procesos por la misma conducta comporte indefectiblemente la violación del principio universal del non bis in ídem. Por tal motivo, la ha distinguido del proceso penal,(21) del disciplinario(22) y del proceso de nulidad electoral.(23)

50. Aúnmás,lajurisprudenciaconstitucionalhallegadoaafirmarqueelcarácterespecialdelapérdidadeinvestiduraimplicaquelascausalesestablecidasendichamateria“sondederechoestricto,deordenpúblicoydeinterpretaciónrestrictiva”,razónporlaquenocabesuaplicaciónpor“analogíaniporextensión”,yaquetienenporconsecuenciaunasanción“queimpidealafectadoelejercicioplenodesusderechospolíticosenelfuturo yaperpetuidad.(24) (...)”.

La misma posición, como se indicó́, ha expresado esta Sala al señalar que “Portratarsedeunarestricciónalderechoaelegiryserelegido,tantolasinhabilidadescomolasincompatibilidadesylascausalesdepérdidadeinvestiduradebensertaxativasynoadmiteninterpretacionesextensivasoanalógicasporplausiblesqueestassean(25) (...)”. (subrayas y destacado en la providencia)

Así las cosas, aunque el proceso de pérdida de investidura tiene un carácter disciplinario de especiales características, se trata de una sanción jurisdiccional y un mecanismo de control político de los ciudadanos,(26) lo que implica que en cumplimiento de las reglas del debido proceso, deba tener unas causales taxativamente señaladas en la ley y por ende, el hecho de que la Ley 617 de 2000, artículo 48 numeral 6, disponga que los concejales también perderán su investidura, además de las causales allí previstas, por otras establecidas de manera expresa en la ley, no equivale a que puedan hacerse interpretaciones extensivas o por fuera de lo reglado en el ordenamiento jurídico.

Si bien entonces, la participación en la elección de un contralor que fue retirado del cargo por encontrarse en causal de inhabilidad puede dar lugar a adelantar un proceso disciplinario, de conformidad con lo establecido en la Ley 734 de 2002, ello no configura causal de pérdida de investidura, pues no hay disposición legal que le atribuya tal alcance.

Sobre el particular “esta Sección ha precisado que la comisión de una falta disciplinaria gravísima (prevista en la Ley 734) por los miembros de una Corporación Pública no tiene como consecuencia per se la pérdida de su investidura”.(27)

4. Conclusiones.

Corolario de lo explicado y conforme con lo establecido por el Tribunal de instancia, no se probó que el demandado estuviera incurso en la causal de pérdida de investidura prevista en el artículo 48 de la Ley 617 de 2000, y por ello, se confirmará la decisión recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 3 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, según las razones explicadas en la parte motiva de esta decisión judicial.

2. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Consejeros: Roberto Augusto Serrato Valdés, presidente—María Elizabeth García González—Oswaldo Giraldo López—Hernando Sánchez Sánchez.

1 Folios 1 a 10 cuaderno principal.

2 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.

3 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.

4 Folios 100 a 105 cuaderno principal.

5 Folios 227 a 236 cuaderno principal.

6 Folio 231 reverso cuaderno principal.

7 Folios 238 a 241 cuaderno principal.

8 Folio 10 cuaderno de apelación.

9 Folios 15 a 19 cuaderno apelación.

10 Folios 24 a 27 cuaderno apelación.

11 Folios 30 a 35 cuaderno apelación.

12 Folios 23 y 27 cuaderno principal.

13 Folios 43 a 51 cuaderno principal.

14 Folios 52 a 87 cuaderno principal.

15 Conducta proscrita por el artículo 272 de la Carta Política.

16 Folios 111 a 128 cuaderno principal.

17 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera. Sentencia del 6 de abril de 2017. Expediente radicación: 05-001-23-33-000-2016-00444-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Referencia: pérdida de investidura de concejal.

18 Así lo ha dicho en varias sentencias esta Sección, ver entre otras, Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera. Sentencia del 15 de diciembre de 2016. Expediente radicación: Radicación 05001-23-33-000-2016-00738-01(PI). C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
19 Ver, Sentencias C-319 de 1994 (M.P. Hernando Herrera Vergara), C-280 de 1996, C-473 de 1997, C-207 de 2003, T- 935 de 2009 y T-147 de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo). En la sentencia C-280 de 1996 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) la Corte declaró inexequible el inciso segundo del numeral 2 del artículo 66 del anterior Código Disciplinario Único –Ley 200/95, por medio del cual el legislador otorgaba competencia al Procurador General de la Nación para adelantar investigaciones que culminaran con la sanción de pérdida de la investidura, de competencia del Consejo de Estado. Para la Corte, ese inciso violaba la Carta, pues, “en relación con los congresistas, la pérdida de investidura es un proceso jurisdiccional disciplinario autónomo de competencia exclusiva del Consejo de Estado, por lo cual no es supeditable a ningún tipo de pronunciamiento, tal y como la Corte lo ha señalado –Sent. C-037/96. La investigación no puede entonces ser atribuida al Procurador, pues se estaría afectando la competencia investigativa y decisoria autónoma del supremo tribunal de lo contencioso administrativo. En estos casos, la labor del Procurador es la de emitir los correspondientes conceptos (C.P. art. 278 ord. 2), pues en relación con la pérdida de investidura, los congresistas gozan de fuero especial”.

20 Sentencias C-319 de 1994 (M.P. Hernando Herrera Vergara) y T-938 de 2007 (M.P. Jaime Araujo Rentería).

21 Ver, Corte Constitucional. Sentencias C-319/94 M.P. Hernando Herrera Vergara y C-247/95 M.P. José Gregorio Hernández.

22 Sentencias T-544 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y SU-712 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio).

23 Ver Sentencias C-507 de 1994 (M.P. Jorge Arango Mejía), T-162 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y SU-399 de 2012 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).

24 Cfr. Sentencia T-1232 de 2003 (M. P. Jaime Araujo Rentería).

25 Consejo de Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Bogotá, D.C., Trece (13) de febrero de Dos Mil Catorce (2014), Radicación 05001-23-31-000-2012-00280-01(Pi), Actor: Haicer Racero Bay, Demandado: José Ángel Agudelo Franco, Albeiro de Jesús Rivera Montoya, Martha Oliva Calderon, Gustavo Esteban Aguilar Hernandez Y Jesús Osvilio Zuluaga Rios, referencia: Apelación Sentencia - Perdida de investidura.

26 Corte Constitucional. Sentencia C-254 A del 29 de marzo de 2012. M.P. Jorge Ignacio Pretelt.

27 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 14 de septiembre de 2017. Ref. Expediente 47001-23-33-000-2017-00078-01. C.P. María Elizabeth García González.