Sentencia 2017-00098 de mayo 10 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Stella Conto Díaz del Castillo

Bogotá, D.C., diez (10) de mayo dos mil dieciocho (2018).

Rad.: 110010326000201700098 00 -59627-

Actor: María Eugenia Barón D’Croz – Germán Barón Blanco y otros

Demandado: Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP

Naturaleza: Recurso de anulación

EXTRACTOS: «III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia.

Esta Sala es competente para conocer del recurso extraordinario de anulación interpuesto por la parte convocante, señores MARÍA EUGENIA BARÓN D'CROZ y GERMÁN BLANCO BARÓN, en nombre propio y en representación de MARÍA REBECA BLANCO DE BARÓN; MARTHA LILIANA, CARLOS FERNANDO, URIEL ALBERTO Y JORGE ENRIQUE BARÓN BLANCO, contra el laudo, proferido el 30 de marzo de 2017 por el tribunal de arbitramento conformado para dirimir las controversias originadas con ocasión del contrato de arrendamiento suscrito con CELULAR MÓVIL DE COLOMBIA S.A., CELUMÓVIL S.A. y CELUMÓVIL DE LA COSTA S.A., hoy en día COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.

En efecto, conforme lo preceptúan los artículos 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 13 del Acuerdo Nº 58 de 1999, modificado por el Acuerdo Nº 55 de 2003 de esta corporación, corresponde a la Sección Tercera conocer en única instancia del recurso de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública. Para el caso concreto, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, sociedad por acciones de carácter público, tenedora del inmueble arrendado por REBECA BLANCO DE BARÓN a CELULAR MÓVIL DE COLOMBIA S.A., CELUMÓVIL.

2. LA CONTROVERSIA ARBITRAL

2.1. Antecedentes.

El 1º de marzo de 1995, la Unión Temporal CELULAR MÓVIL DE COLOMBIA S.A., CELUMÓVIL S.A., y CELUMÓVIL DE LA COSTA S.A., hoy en día COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP y REBECA BARÓN DE BLANCO suscribieron un contrato de arrendamiento, mediante el cual, esta última entregó un inmueble que la arrendataria destinaría a la instalación de una estación base de telefonía móvil celular, en un área aproximada de trescientos metros cuadrados (300 mts2) ubicado en la Mesa de Jeridas, jurisdicción del Municipio de Piedecuesta —fl. 35 del cdno. ppal.—, cuya descripción y linderos se dieron en el anexo Nº 1, el que si bien no fue aportado, no se echa de menos, dado que lo relativo a la identificación del inmueble no se encuentra en discusión.

Las cláusulas de interés para la resolución del recurso tienen que ver con:

“SEGUNDA: TÉRMINO: El término del presente contrato es de cinco (5) años contados desde el primero (1) de marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995). Ante el silencio de las partes al expirar el término principal estipulado, las prórrogas serán por periodo iguales al inicial en término indefinido. Con treinta (30) días de antelación al vencimiento del término principal o de cualquiera de sus prórrogas tácitas, ARRENDADORAS o ARRENDATARIAS podrán comunicarse, por telegrama o carta certificada, su intención de suscribir un nuevo contrato. Expirado dicho término sin que las partes hayan llegado a un acuerdo sobre las nuevas condiciones del contrato, cualquiera de ellas podrá recurrir al procedimiento verbal previsto en el artículo 519 del Código de Comercio. Ejecutoriada la sentencia que determine las nuevas condiciones del contrato, éstas tendrán vigencia desde la fecha del vencimiento del preaviso contemplado en esta cláusula. Si las ARRENDATARIAS no se allanaren a suscribir el nuevo contrato en la forma previsto en el fallo, la ARRENDADORA podrá pedir la restitución judicial de los inmuebles. 

TERCERA: PRECIO: El canon mensual del arrendamiento corresponde a la suma de QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 500.000,00 m/c). Esta suma de dinero deberá ser cancelada por parte de las ARRENDATARIAS y a favor de la ARRENDADORA; en las oficinas de aquellas (...). La mera tolerancia de la ARRENDADORA en aceptar el pago del precio con posterioridad a los cinco (5) días citados no, se entenderá como ánimo de modificar esta cláusula. 

DÉCIMA PRIMERA: REAJUSTE: Se ha convenido entre las partes que el canon de arrendamiento se reajustará anualmente en un porcentaje equivalente al que sea el incremento del índice de aumento de precios al consumidor certificado por el D.A.N.E. para el año inmediatamente anterior al del reajuste. Este porcentaje se liquidará sobre el último precio pagado en el año inmediatamente anterior. 

DÉCIMA SÉPTIMA: CESIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato y los derechos y obligaciones que de él emanen, no podrán cederse por la ARRENDADORA, sin la autorización expresa y escrita de las ARRENDATARIAS. 

DÉCIMA OCTAVA: MODIFICACIONES ESCRITAS: Cualquier modificación que acuerden las partes deberá hacerse constar por 'escrito, sin dicha formalidad se reputará inexistente. 

(...). 

Ahora, aunque COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, TELÉFONICA, no suscribió el contrato de arrendamiento, no se puede pasar por alto el hecho de que su interés para concurrir al proceso se desprende del certificado de existencia y representación visible a folio 128 del cuaderno principal, mediante el cual se da cuenta de la fusión entre esta y la Sociedad Telefónica Móviles Colombia S.A., absorbida por la primera y de la transferencia total del patrimonio a su favor, por lo que entró a desplazar la calidad de arrendatario de CELUMÓVIL.

Mediante escritura pública Nº 195 del 31 de enero de 2009, REBECA BLANCO DE BARÓN transfirió a título de donación a CARLOS FERNANDO, GERMÁN, JORGE ENRIQUE y URIEL ALBERTO BARÓN BLANCO la nuda propiedad del inmueble, cuyos linderos aparecen identificados en el mismo certificado, de donde la propietaria conservó el derecho de usufructo, el que, según la anotación Nº 7, transfirió parcialmente a favor de las señoras MARTHA LILIANA BARÓN BLANCO y MARÍA EUGENIA BARÓN D’CROZ, en los términos de la escritura pública Nº 298 de 2011. Además, en los términos del certificado de tradición y libertad Nº 314-3480 —fl. 42 del cdno. ppal.—, el inmueble hacía parte de otro de mayor extensión ubicado en la vereda M de Jeridas del Municipio de Piedecuesta, Santander.

LA CLÁUSULA COMPROMISORIA

Conforme al texto del documento, las partes convinieron, acorde con la cláusula vigésima segunda del acuerdo, en que las diferencias surgidas con ocasión del contrato se someterían a la decisión de un tribunal de arbitramento, integrado por tres miembros designados de común acuerdo, así:

“VIGÉSIMA SEGUNDA: CLÁUSULA COMPROMISORIA: Toda diferencia que surja entre las partes en la interpretación del presente contrato, su ejecución, su cumplimiento y su terminación, no pudiendo arreglarse amigablemente entre las partes, será sometida a la decisión de un tribunal de arbitramento que decidirá en derecho, de conformidad con las leyes colombianas. El tribunal funcionará en la ciudad de Bucaramanga, Santander, estará integrado por tres (3) árbitros abogados en ejercicio en Colombia, que se designarán de común acuerdo entre las partes siguiendo las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Los gastos que ocasione el juicio arbitral serán por cuenta de la parte vencida”. 

Quiere decir que los extremos del contrato, en ejercicio de la facultad conferida en el inciso 4º del artículo 116 de la Constitución Política, acordaron que particulares investidos transitoriamente de la función de administrar justicia resolverían en derecho, las diferencias surgidas en razón del contrato, esto es, las partes renunciaron a hacer valer sus pretensiones ante los jueces(1), en el ejercicio del derecho a disponer, de lo suyo, atendiendo al caso de que se trate y a la facultad legal o convencional para proceder en consecuencia acorde con la naturaleza dispositiva de los derechos en controversia.

Cabe advertir que la cláusula compromisoria, invocada como fundamento de la competencia arbitral, en cuanto comprende todas las diferencias originadas en la relación contractual con ocasión de su ejecución, su cumplimiento y su terminación, es de espectro amplio. Siendo así bien puede afirmarse que los extremos sujetaron todas las controversias que podían surgir en torno de la celebración, ejecución y terminación del contrato; entre estas el incremento del canon de arrendamiento, a la decisión de particulares. Esto es el universo comprendió todas las materias de naturaleza netamente patrimonial y económica, susceptibles de transacción y disposición, generadas en el ámbito de la vinculación negocial.

2.2. Cuestión previa alcance de la decisión.

Corresponde a la Sala resolver sobre la procedencia de las causales previstas en los numerales 7º y 9º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, invocadas por la parte recurrente.

De conformidad con el ordenamiento, contra los laudos arbitrales procede el recurso de anulación que deberá interponerse debidamente sustentado ante el tribunal, dentro de los treinta (30) días siguientes a su notificación o de la providencia que resuelva sobre su aclaración, corrección o adición, por las causales expresamente definidas en la ley.

Para el caso, la Ley 1563 de 2012, derogatoria de los artículos 70 a 72 de la Ley 80 de 1993, regula íntegramente la materia de arbitraje —art. 119— y dispone que la anulación del laudo procede en los siguientes casos:

ART. 41.Causales del recurso de anulación. Son causales del recurso de anulación: 

1. La inexistencia, invalidez o inoponibilidad del pacto arbitral. 

2. La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia. 

3. No haberse constituido el tribunal en forma legal. 

4. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación, o falta de notificación o emplazamiento, siempre que no se hubiere saneado la nulidad. 

5. Haberse negado el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse dejado de practicar una prueba decretada, sin fundamento legal, siempre y cuando se hubiere alegado la omisión oportunamente mediante el recurso de reposición y aquella pudiera tener incidencia en la decisión. 

6. Haberse proferido el laudo o la decisión sobre su aclaración, adición o corrección después del vencimiento del término fijado para el proceso arbitral. 

7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. 

8. Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral. 

9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento. 

Las causales 1, 2 y 3 sólo podrán invocarse si el recurrente hizo valer los motivos constitutivos de ellas mediante recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia. 

La causal 6 no podrá ser alegada en anulación por la parte que no la hizo valer oportunamente ante el tribunal de arbitramento, una vez expirado el término. 

Y, conforme a las disposiciones del artículo 43 ibidem, “...cuando prospere cualquiera de las causales señaladas en los numerales 1º a 7º del artículo 41, se declarará la nulidad del laudo”; en los demás casos se corregirá o adicionará.

Asimismo, al tenor de las disposiciones del artículo 42 ejusdem, “[l]a autoridad judicial competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo”.

Se tiene, entonces, que el recurso de anulación fue concebido para proteger los derechos constitucionales del debido proceso, defensa y acceso a la justicia; sin perjuicio de la preservación de mandatos imperativos, como la declaratoria de caducidad y la preservación de la jurisdicción y competencia. Se aprecia entonces que el recurso de anulación corrige irregularidades en el trámite arbitral que constituyan vicios procesales, violación del principio de la congruencia, errores aritméticos o decisiones contradictorias. A diferencia de la apelación, el recurso de anulación no da lugar a revisar el aspecto sustancial del laudo, ni permite reabrir el debate probatorio.

La Sala en este punto en particular ha sostenido:

“a) El recurso de anulación de laudos ataca la decisión arbitral por errores in procedendo en que haya podido incurrir el tribunal de arbitramento, y excluye de su órbita los errores in judicando, lo cual implica que no puede impugnarse el laudo en cuanto a cuestiones de mérito. Por ello carecen de técnica los cargos formulados contra un laudo, que tiendan a establecer si el tribunal arbitral obró o no conforme al derecho sustancial al resolver sobre las pretensiones propuestas(2).

Conforme con la jurisprudencia reiterada de la Sala(3), el recurso extraordinario de anulación no puede utilizarse como si se tratara de una segunda instancia, razón por la cual no es admisible replantear el debate sobre el fondo del proceso, ni podrán revocarse determinaciones del tribunal de arbitramento fundadas en la aplicación de la ley sustancial o por la existencia de errores de hecho o de derecho, relacionados con la valoración probatoria.

A lo anterior se agrega que la competencia del juez del recurso de anulación se rige por el principio dispositivo, esto es el recurrente delimita mediante la formulación y sustentación del recurso y con sujeción a las causales previstas en el ordenamiento la competencia del juez del recurso. Sin perjuicio de los asuntos confiados a la potestad del juzgador, los que no pueden quedar al arbitrio las partes en cuanto fueron establecidas para asegurar la prevalencia del orden público; para el efecto la caducidad, la competencia y la nulidad absoluta. Lo último, siempre que no hubieren sido objeto de pronunciamiento en el laudo arbitral.

3. PRIMER CARGO LOS ÁRBITROS FALLARON EN CONCIENCIA DEBIENDO HACERLO EN DERECHO

Para la parte recurrente los árbitros resolvieron conforme su sentido común, profiriendo un fallo en conciencia cuando tenía que haber sido en derecho, en cuanto i) fundaron la decisión en aspectos meramente subjetivos, si se considera que ignoraron los dictámenes periciales incorporados al proceso y ii) se apartaron del criterio del Ministerio Público que pidió acoger las pretensiones de la demanda. Lo que, además de generar vía de hecho, demuestra que resolvieron conforme a su sentido común, de donde se estaría ante un fallo en conciencia cuando debía haber sido en derecho.

La causal invocada no tiene vocación de prosperidad porque, contrario a lo afirmado, los árbitros fallaron en derecho en cuanto que, inicialmente se ocuparon de su propia competencia, fundada en los artículos 3º, inciso 4º del Acto Legislativo Nº 3 de 2002 que sustituyó el artículo 116 de la Constitución Política y el artículo 1º de la Ley 1563 de 2012, y consideraron el contenido de la cláusula compromisoria-cláusula vigésima segunda, para luego considerar las pruebas recaudadas en el proceso y resolver las excepciones propuestas por la parte convocada. Capítulo este en el que consideró y resolvió sobre la falta de legitimación por activa, para el efecto se tuvo presente que durante la vigencia del contrato de arrendamiento suscrito entre REBECA BLANCO DE BARÓN y CELULAR MÓVIL DE COLOMBIA S.A., CELUMÓVIL Y CELUMÓVIL DE LA COSTA S.A., la arrendadora transfirió la nuda propiedad a los señores CARLOS FERNANDO BARÓN BLANCO, URIEL ALBERTO BARÓN BLANCO, JORGE ENRIQUE BARÓN BLANCO Y GERMÁN BARÓN BLANCO y en el año 2011, parcialmente el derecho de usufructo a favor de las señoras MARÍA EUGENIA BARÓN D'CROZ y MARTHA LILIANA BARÓN BLANCO.

A juicio del tribunal, la cesión de la posición contractual exige el concurso de voluntades, de modo que no es acertado afirmar que la posición del arrendador fue cedida por la sola transferencia del inmueble. Pusieron de presente los árbitros que además de que la aludida cesión no se conoce, de haberse realizado exigía el conocimiento y aceptación de la arrendataria. Es de anotar, además, que las partes convinieron que la arrendadora no cedería sus derechos y obligaciones, salvo autorización expresa del arrendatario. Es más, igualmente se consideró que no se contaba con elementos para dar cuenta de una cesión tácita, en cuanto la excepción consistente en la falta de legitimación puso al descubierto la oposición a la cesión, de haber ocurrido.

Es de advertir que si bien el Código de Comercio exige la entrega real y material del inmueble para efectos de la tradición, el título que la comprende no le resulta oponible a terceros, para el caso a la arrendataria ajena a la transferencia, razón para que el tribunal declarara la falta de legitimación por activa, respecto de la mayoría de los convocantes a excepción de la señora REBECA BLANCO DE BLANDÓN, esta sí legitimada en la causa. En este orden, respecto de ésta última entró a considerar las pretensiones, esto es fallo de fondo. Esto es así, porque, después de encontrar acreditado el interés jurídico de la arrendadora de concurrir al proceso, concluyó que la misma no expuso oportunamente a la arrendataria su deseo de modificar las condiciones económicas del contrato, de modo que negó las pretensiones, dado que las comunicaciones de 8 de julio de 2014, 27 y 30 de enero y 7 de abril de 2015, que así lo planteaban, no fueron suscritas por la arrendadora. En suma, la decisión adoptada se profirió luego de valorar los elementos de juicio incorporados al trámite arbitral.

En ese orden, la Sala encuentra que la recurrente no pretende el restablecimiento de su derecho al debido proceso, puesto que su inconformidad tiene que ver con la decisión en sí, en tanto no comulga con la valoración de las pruebas y en consecuencia controvierte la decisión de fondo tomada por el juez arbitral, especialmente en lo que toca con el incremento del canon de arrendamiento. En rigor, no busca el restablecimiento de garantías procesales, sino una solución diferente, a la que se llegaría, previa valoración probatoria, esta vez acorde con las pretensiones de la recurrente.

Vale reiterar que el fallo en conciencia se presenta cuando la sentencia proferida hace caso omiso del ordenamiento, dejando a un lado incluso lo pactado por las partes. Lo que no ocurre en el caso que ocupa la atención de la Sala, por cuanto el tribunal de arbitramento profirió la decisión impugnada conforme las disposiciones legales, con sustento en las cláusulas, en la interpretación y alcance de las pruebas solicitadas y debidamente decretadas. Es de advertir que una interpretación equivocada o contraria a los intereses de la convocante, no significa violentar el debido proceso. En suma sobre el fallo en conciencia, se ha sostenido:(4)

“En relación con esta causal, para que se pueda predicar que un laudo fue proferido en conciencia, se requiere la comprobación de que los árbitros al resolver, lo hicieron dejando de lado las normas legales que debían aplicar, así como las estipulaciones contractuales de las que derivan las obligaciones para las partes y el acervo probatorio obrante en el plenario, basando su decisión exclusivamente en su sentido de justicia, en su leal saber y entender, aplicando el sentido común y el principio de la verdad sabida y buena fe guardada, siguiendo únicamente los dictados de su propia conciencia, sin acudir a razonamientos jurídicos, basados en el ordenamiento legal regulador de la controversia sujeta a su decisión. 

Se advierte eso sí que la aplicación de principios y valores, imperativo en todas las decisiones judiciales, en cuanto se trata de realizar el ordenamiento jurídico que los consagra sin restricciones, no tendrían que considerarse, per se violatorio del debido proceso, en particular el derecho de defensa, en cuanto se trata de examinar los hechos, acorde con las pruebas interpretadas conforme a las reglas de la lógica y la experiencia, e orden a aplicar el ordenamiento al caso concreto, de modo que la equidad deberá estar presente siempre que se trate de conciliar pretensiones opuestas, cuya resolución puramente normativa no la satisfaga.(5)

De suerte que el cargo fundado en que los árbitros fallaron en conciencia habrá de negarse y así se declarara, pues dicha pretensión no se acompasa con la realidad procesal y probatoria.

4. SEGUNDO CARGO. EL LAUDO RECAYÓ SOBRE PUNTOS NO SUJETOS A LA DECISIÓN ÁRBITRAL

Para la recurrente el tribunal adoptó una decisión para la cual no tenía competencia, decidió por fuera de los aspectos sujetos al litigio y al tiempo dejó de resolver sobre cuestiones sujetas al arbitramento. Esto porque la falta de legitimación por activa no era un asunto sometido a la revisión de los árbitros, aunado a que la jurisprudencia citada no tenía nada que ver con este asunto, y en su lugar dejó de resolver la controversia como correspondía.

Al respectó, la Sala debe precisar que la causal invocada en principio se configura cuando los árbitros se pronuncian sobre cuestiones no sujetas a su juzgamiento, es decir, por fuera de lo pedido en la demanda, bien porque lo decidido no comprende lo pretendido —extrapetita—, excede lo pretendido —suprapetita— o se ubica por fuera de la competencia asignada. El principio de congruencia cuya aplicación se echa de menos, no se circunscribe a las pretensiones de la demanda y a su contestación, en cuanto primeramente debe considerarse si se cumplen los presupuestos que permitan fallar de fondo, aunado a que deben resolverse todas las excepciones, incluso las no formuladas siempre que la resolución esté permitida. Siendo así y dado que la legitimación formal comporta un presupuestó material para resolver la controversia, al margen de que la parte demandada la alegara, le correspondía al tribunal pronunciarse, como ocurrió.

En ese orden, en la primera audiencia de trámite celebrada el 19 de octubre de 2016, además de reafirmar su propia competencia, el tribunal encontró a ambas partes legitimadas en la causa para acudir al arbitraje, como mecanismo judicial de solución del conflicto y allí mismo destacó que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, TELÉFONICA, también acreditó su interés para concurrir al proceso en los términos del certificado de existencia y representación visible a folio 128 del cuaderno principal, mediante el cual se dio cuenta de la fusión con la Sociedad Telefónica Móviles Colombia S.A., absorbida por la primera y de la transferencia del respectivo patrimonio.

En consecuencia, la Sala encuentra que, con independencia del análisis de fondo sobre el que la Sala no puede pronunciarse por falta de competencia, lo cierto es que el juez arbitral, al tiempo que declaró la falta de legitimación por activa de varios integrantes de la parte convocante, dejó a salvo la participación de la señora REBECA BLANCO DE BARÓN, en cuanto encontró acreditado su interés como arrendadora del inmueble entregado para la instalación de torres y antenas o una base de TMC, lo que le ha permitido resolver negativamente las pretensiones de la convocante después de valorar las pruebas allegadas al proceso.

Ahora, tampoco puede perderse de vista que, so pretexto del mismo cargo, se alega que los árbitros no decidieron sobre todas las cuestiones sujetas al arbitramento, pues, en criterio de la convocante, con fundamento en la cláusula segunda del contrato, habría dado a conocer oportunamente a la convocada su intención de modificar las condiciones económicas de la relación. Lo anterior en cuanto le informó, con más de treinta días de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo su interés en el incremento del canon, de modo que esta podía acudir al procedimiento verbal previsto en el artículo 519 del Código de Comercio: Puso de presente que fueron varias las comunicaciones dirigidas a la convocada sobre su intención de modificar o firmar un nuevo contrato, cambiando las condiciones de reajuste del canon de arrendamiento. Se refiere a las comunicaciones de 8 de julio de 2014, 27 y 30 de enero y 7 de abril de 2015.

Revisado detenidamente el asunto, la Sala observa que el juez arbitral interpretó el contenido obligacional y también huelga reconocer que se pronunció sobre los hechos y pretensiones aducidos en la demanda, al igual que resolvió sobre las excepciones propuestas, lo que de suyo descarta el cargo endilgado. Es de agregar que para decidir consideró las pruebas y que se pronunció sobre la controversia. No sobra reiterar que el estrecho margen conferido al juez del recurso de anulación, le impide a la Sala considerar como se resolvieron los pedimentos de ambos extremos, en tanto ello comportaría discurrir sobre aspectos sustanciales de la decisión.

En consecuencia, el cargo fundado en la causal 9ª del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, tampoco tiene vocación de prosperidad.

5. COSTAS

Al tenor de las disposiciones de los artículos 42 y 43 de la Ley 1563 de 2012, cuando se declare infundado el recurso de anulación se condenará al recurrente al pago de las costas, que serán liquidadas en la misma sentencia.

En los términos de los artículos 5º y 6º del Acuerdo Nº 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan en diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes las agencias en derecho que la parte recurrente deberá pagar a Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP. Suma que se fija como valor de las costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de anulación interpuesto por la parte convocante contra el laudo proferido por el tribunal de arbitramento, conformado a instancias de MARÍA EUGENIA BARÓN D' CROZ, GERMÁN BARÓN BLANCO Y OTROS y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, el 30 de marzo de 2017.

2. CONDENAR a la parte recurrente a pagar las costas a favor de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, que se fijan en diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de arbitramento a través de su Secretaría.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Stella Conto Díaz del Castillo, Presidente—Ramiro Pazos Guerrero».

1 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento Civil, parte especial, octava edición.

2 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de octubre 24 de 1996, Rad. 11632.

3 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 8 de junio de 2006, Exp. 29.476, Actor: Bellco Comunicaciones Limitada – Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, en Liquidación y Sentencia de 8 junio de 2006, Exp. 32.298, Actor: Sociedad Concesionaria Obras y Proyectos del Caribe S.A. Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección “B”, sentencia de 5 de diciembre de 2016, Exp. 56084, C.P. Dando Rojas Betancourth.

5 Corte Constitucional, Sentencia SU-173/2015, del 16 de abril de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.