Sentencia 2017-00142 marzo 1º de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera Ponente:

Dra. Rocío Araújo Oñate

Rad.: 19001-23-33-000-2017-00142-02

Demandante: Pablo Andrés López Suárez

Demandados: Concejales del Municipio de Popayán, período 2016-2019.

Asunto: Nulidad Electoral – Sentencia de segunda instancia

Recurso de apelación contra sentencia que negó las pretensiones de la demanda.

Bogotá D.C., primero de marzo de dos mil dieciocho.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el señor Pablo Andrés López Suárez, en su condición de demandante, contra la sentencia del 24 de noviembre de 2017 mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cauca negó las pretensiones de la demanda.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado para conocer del recurso de apelación presentado por el señor Pablo Andrés López Suárez, contra el fallo del 24 de noviembre de 2017 proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca, está fijada en los artículos 150 y 152.8 de la Ley 1437 de 2011; al igual que por lo normado en el Acuerdo 55 de 2003 expedido por la Sala Plena de esta corporación.

2. Cuestión previa.

Dentro de las actuaciones procesales que obran en el expediente, se tiene que la apoderada judicial de la Dirección Ejecutiva Seccional de Popayán, los concejales demandados y la Registraduría Nacional del Estado Civil propusieron varias excepciones sin que de las mismas se observe traslado previo a los demás sujetos procesales por parte de la Secretaría del Tribunal a-quo, así como tampoco la resolución de la excepción previa de falta de legitimación invocada por los accionados.

Al respecto oportuno resulta señalar, que el título VIII de la Parte Segunda de la Ley 1437 de 2011 contempla las disposiciones especiales para el trámite y decisión de las pretensiones de contenido electoral(23). Dentro de esta regulación no se previó de manera expresa la resolución de excepciones, motivo por el cual son aplicables las disposiciones del proceso ordinario o común.

Ello es así, por cuanto el artículo 296 de la Ley 1437 de 2011 señala que pueden ser implementadas las disposiciones del proceso ordinario cuando éstas resulten compatibles con la naturaleza del proceso electoral. Además, de acuerdo con el artículo 180.6 ídem, en la audiencia inicial el Juez o Magistrado, según sea el caso, resolverá de oficio o a petición de parte las excepciones previas o mixtas que se hubieran propuesto, institución jurídica que se presenta en el proceso de nulidad electoral.

También se observa que de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, corresponde a la secretaría correr traslado de las excepciones que se presenten por el término de 3 días sin necesidad de auto que así lo ordene.

Quiere decir lo anterior, que debe decidirse en la audiencia inicial, previo traslado realizado por la secretaría correspondiente, las excepciones previas o mixtas, en razón de la compatibilidad del trámite de nulidad electoral con las normas que prevén esta institución para el proceso ordinario, toda vez que, la figura jurídica de las excepciones en nada se contrapone con el procedimiento especial de nulidad electoral ni con sus principios esenciales de eficiencia y agilidad, dado que buscan desde el inicio del mismo determinar si tienen o no la vocación de terminar anticipadamente el proceso.

En este caso se ha de resaltar que en el expediente no obra el traslado previo de las excepciones por parte de la secretaría del Tribunal Administrativo del Cauca, así como tampoco, la resolución de las mismas, en razón de esto se exhortará al a-quo para que en lo sucesivo de cabal cumplimiento a los preceptuado en el parágrafo 2º del artículo 175 y 180.6 de la Ley 1437 de 2011.

3. Problema jurídico.

El problema jurídico consiste en determinar, de conformidad con los recursos de apelación interpuestos, si existe mérito suficiente para revocar la decisión del Tribunal Administrativo del Cauca mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

Para resolver el recurso de apelación, se analizarán los siguientes ejes temáticos a saber: i) competencia del Tribunal para adelantar el escrutinio como consecuencia de la sentencia anulatoria dentro del radicado 2015-000602, ii) la adjudicación de curules y, ii) la exclusión del señor Pablo Andrés López Suárez del escrutinio adelantado el 22 de febrero de 2017 en cumplimiento de la Resolución 2434 de 2015 expedida por el Consejo Nacional Electoral.

4. Caso concreto.

4.1. Escrutinio en cumplimiento de sentencia judicial.

En el presente caso, el accionante cuestiona la potestad del Tribunal a-quo de hacer lo que denominó un escrutinio judicial, al considerar que dicha facultad está limitada por el artículo 288 de la Ley 1437 de 2011, por ende debió únicamente cancelar credenciales y entregar las que correspondían y no proceder a realizar nuevos escrutinios.

En lo que refiere a este argumento de impugnación, emana como necesario hacer un estudio del artículo 288 de la Ley 1437 de 2011, en lo que atañe al escrutinio como consecuencia de la sentencia anulatoria en el marco del medio de control de nulidad electoral. Dicho precepto normativo establece:

“(…).

Si como consecuencia de lo resuelto debiere practicarse por el juez, tribunal o por el Consejo de Estado un nuevo escrutinio, se señalará en la misma sentencia día y hora para ello. Este señalamiento no podrá hacerse para antes del segundo día hábil siguiente al de la ejecutoria del fallo ni para después del quinto, contado en la misma forma. Estos términos podrán ampliarse prudencialmente cuando para la práctica de la diligencia fuere necesario allegar documentos que se encuentren en otras dependencias. En tal caso se dispondrá solicitarlos a la autoridad, funcionario o corporación en cuyo poder se encuentren, a fin de que los envíen a la mayor brevedad posible, bajo pena de multa de quince (15) a cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes por toda demora injustificada, sin perjuicio de que se envíen copias de las piezas pertinentes del expediente a las autoridades competentes con el fin de que se investiguen las posibles infracciones a la legislación penal.

Corresponderá al Consejo de Estado ejecutar las sentencias que ordenen la práctica de un nuevo escrutinio, cuando hubieren sido dictadas en procesos de que conoce esta entidad en única instancia. En los demás casos la ejecución corresponderá al juez o tribunal que hubiere dictado el fallo de primera instancia. Estas reglas se aplicarán igualmente cuando se trate de la rectificación total o parcial de un escrutinio”.

De la lectura del artículo precedentemente trascrito, surgen los elementos para la procedencia del escrutinio como consecuencia de la sentencia anulatoria a saber: i) debe ser ordenado por el juez que resolvió declarar la nulidad electoral, ii) se celebrará audiencia en la que se practique el nuevo escrutinio y, iii) la rectificación del escrutinio puede ser total o parcial, dependiendo de la causal de nulidad deprecada y las pruebas aportadas en el proceso.

Siendo así las cosas, se debe tener en cuenta que el mismo artículo 288 de la Ley 1437 de 2011, en sus numerales 1 a 4, establece las consecuencias de la nulidad electoral, dependiendo de la causal comprobada, es así como si la nulidad se decreta por comprobarse la presencia de la violencia que se encuentra regulada en el artículo 275.1 ídem, el Juez no puede rectificar el escrutinio sino que debe ordenar se repita la elección cuando se cumpla la circunstancia allí prevista.

En numeral 3º del artículo 288 del CPACA, contempla que para las nulidades electorales de carácter subjetivo —artículo 275 numerales 5 y 8—, se procederá a la cancelación de la respectiva credencial. A este punto se debe tener en cuenta, que cuando la nulidad recae en el acto de elección de un miembro de corporación pública, procede el llamamiento del candidato que le sigue en la lista, es decir, no hay recomposición del escrutinio, de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 134 Superior.

Dentro de este mismo supuesto, si la nulidad recae en un mandatario electo popularmente para un cargo uninominal, la consecuencia estará sujeta al lapso que falte para terminar el período en que se declare la misma, pues de ello dependerá si se convoca a elecciones o si la agrupación política inscriptora remite la terna para la designación del sucesor por el resto del período, según las voces del parágrafo 3º del artículo 29 de la Ley 1475 de 2011.

En el caso que se declare la nulidad por ser los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras cónyuges, compañeros permanentes o parientes de los candidatos hasta en tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil(24), el artículo 288.4 estableció que se anularán los votos únicamente respecto de los candidatos en los que se materialice tal condición.

En este último evento, le corresponderá al juez dependiendo la incidencia en el resultado determinar si al excluir la votación del candidato, se deriva la recomposición del escrutinio por la magnitud de la exclusión de la votación, un ejemplo de ello es que en el caso de una JAL, un miembro de la comisión escrutadora zonal fuera pariente del candidato a edil, en ese caso, se deberá excluir completamente la votación de éste y, es altamente probable que al hacerlo, el juez encuentre la afectación de la cifra repartidora y por ende deba rectificar de manera total el escrutinio de dicha Junta Administradora Local.

Pero, ¿qué ocurre en los casos en que la norma no previó consecuencia? Al respecto, el operador judicial debe acudir a lo normado en el artículo 288.2 ibídem en el que se establece que en el caso en que se anule un acto de elección, la sentencia debe disponer: i) la cancelación de las credenciales, ii) declarar la elección de quienes finalmente resulten elegidos y, iii) de ser necesario practicar nuevos escrutinios.

Para determinar la necesidad de practicar un nuevo escrutinio, la Sala Electoral del Consejo de Estado ha señalado(25):

“A) La distinción formulada por esta Sala respecto de la existencia de causales subjetivas y objetivas de nulidad de las actas de las corporaciones electorales obedece a criterios bien fundados y no al mero capricho de sus integrantes. En efecto, surge tanto del fundamento de la causal como de las consecuencias de su declaración, pues en tanto las subjetivas se apoyan en la ausencia de requisitos o calidades para acceder a la función o de la concurrencia de causales de inelegibilidad, las objetivas encuentran su razón de ser en el empleo de procedimientos o maquinaciones fraudulentas, capaces de empañar la fuerza del sufragio y tergiversar la verdad electoral.

Igualmente, en tanto la declaración de nulidad con fundamento en las objetivas impone la práctica de nuevo escrutinio con exclusión de los votos obtenidos inválida o fraudulentamente o con exclusión de los factores de alteración sustancial de las actas y registros, la que se apoya en causal subjetiva culmina con la declaratoria de nulidad del acto de elección del inelegible, para que su vacante se llene como lo ordena la Constitución Política tratándose de miembros de corporaciones de elección política o con nueva elección como en el caso del artículo 129 del Código Electoral”(26)

Además, los efectos que frente a la votación produce cada una de las causales específicas de nulidad han sido igualmente tratados por la Doctrina Constitucional, cuyas reflexiones al respecto señalan:

“10. El legislador no ha brindado igual efecto jurídico a las distintas causales de nulidad. Según se desprende de la lectura de los artículos 223 y 226 del CCA, se pueden distinguir las siguientes situaciones:

a) La anulación de las actas de escrutinio por las causas previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 223 del CCA, acarrea la consecuencia jurídica prevista en el inciso primero del artículo 226 del CCA: exclusión del cómputo de los votos contenidos en el acta.

b) En el caso previsto en el numeral 6 del artículo 223 del CCA, no se eliminan todos los votos contenidos en el acta, sino aquellos que favorezcan al familiar del jurado de votación.

c) La anulación por la causal establecida en el numeral 5 del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, únicamente afecta al principal de la lista, según lo dispone el inciso segundo del artículo 226 del CCA”(27).

Hasta aquí es clara la posición asumida frente a las consecuencias de la declaratoria de nulidad dependiendo si fue por causales objetivas (art. 275 nums. 1, 2, 3, 4, 6 y 7) o subjetivas (art. 275 nums. 5 y 8), y de si se trata de corporaciones o cargos uninominales.

Se debe agregar teniendo en cuenta las particularidades del caso, que en el proceso con radicado 2015-00602 se decretó la nulidad parcial del E-26 CON, por medio del cual se declaró la elección de los Concejales del Municipio de Popayán para el período 2016-2019, al encontrar que la lista inscrita por el Partido de la “U” no cumplió lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, en cuanto al respeto de la cuota de género.

Si bien la causal de nulidad fue la consagrada en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, más concretamente por infracción de la norma en que debía fundarse- artículo 28 de la Ley 1475 de 2011-, esta declaratoria de nulidad conllevó a que el a quo determinara que de conformidad con el artículo 288.2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se impusiera la necesidad de rehacer el escrutinio del Concejo Municipal de Popayán dado que se debía excluir íntegramente la votación depositada por los ciudadanos respecto de la agrupación política Partido de la “U” que para el caso en concreto es de 12.130 votos (se constituyó en una causal objetiva de nulidad).

Teniendo en cuenta que la votación válida para dicho proceso eleccionario fue de 114.334 votos, se erige que 12.130 votos a ser descontados (más del 10% de la votación válida), conllevaba a la forzosa necesidad de volver a calcular el umbral y el cuociente electoral, con miras a establecer la nueva composición del Concejo Municipal de Popayán.

En conclusión, para este caso en concreto, no se encuentra irregularidad alguna en el trámite dado por el Tribunal a-quo en la audiencia llevada a cabo el 22 de febrero de 2017, en la cual realizó un nuevo escrutinio como consecuencia de la nulidad declarada en el marco del proceso con radicado 2015-000602.

4.2. Adjudicación de curules.

El accionante manifestó que el Tribunal Administrativo del Cauca al haber modificado el orden de asignación de curules, actuó de manera extra petita dado que la sentencia de nulidad solo ordenó la exclusión de los votos a favor del Partido de la “U” y no la exclusión del candidato Pablo Andrés López Suárez que fue inscrito por otra agrupación política.

Aunado a lo anterior, sostuvo que la Resolución 2434 de 2015 proferida por el Consejo Nacional Electoral no fue aportada en el proceso con radicado 2015-00602, por ende no tuvo la oportunidad de controvertirla, en razón de ello, no le era permitido al a-quo tenerla como prueba por no haber sido allegada en la oportunidad legal, esto es, en el trascurso del medio de control de nulidad electoral.

Frente a este cargo se debe señalar que en el acta del 22 de febrero de 2017(28), los magistrados del Tribunal Administrativo del Cauca señalaron en su parte motiva que: “le corresponde al partido Opción Ciudadana, en principio asignarla al señor Pablo Andrés López Suárez, quien consiguió 724 votos, siendo ésta la votación más alta de su lista, sin embargo, este Tribunal debe tener en cuenta que a fecha 15 de febrero de 2017, el demandante aportó copia de la Resolución 2434 del 21 de septiembre de 2015 emitida por el Consejo Nacional Electoral, “Por medio de la cual se modifica el artículo segundo de la Resolución 1851 de 15 de septiembre de 2015, para revocar la inscripción de seis (6) candidatos a cargos de elección popular” (obra a fls. 891 a 894), en donde se resolvió REVOCAR la inscripción del candidato al Concejo de Popayán, por el partido opción ciudadana, Pablo Andrés López Suárez,…, por configurarse la inhabilidad especial contenida en el artículo 40 de la Ley 617 de 2000; Resolución que quedó ejecutoriada el día 22 de septiembre de 2015, según constancia del Consejo Nacional Electoral que obra a folio 895 del expediente…

(…).

Así las cosas, la curul que le corresponde al partido opción ciudadana debe asignársele al señor Yon Jairo Guerrero Andrade, quien obtuvo la segunda votación más alta de la lista del partido con setecientos trece (713) votos.”

Para este caso en concreto se tiene como primera medida, que al momento del escrutinio llevado a cabo el 22 de febrero de 2017, los miembros del Tribunal Administrativo del Cauca recibieron la Resolución 2434 de 2015(29), en la cual consta la revocatoria de la inscripción del señor Pablo Andrés López Suárez.

Teniendo en cuenta que la Resolución 2434 de 2015, fue expedida en uso de una facultad constitucionalmente atribuida al Consejo Nacional Electoral de “Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley. En ningún caso podrá declarar la elección de dichos candidatos(30), correspondía entonces a quienes iban a declarar la elección hacer cumplir el acto administrativo por medio del cual, el órgano electoral, luego del adelantamiento de un proceso administrativo determinó que el demandante no podía ser candidato a concejal de Popayán al estar inmerso en una causal de inelegibilidad como lo es estar inhabilitado para ejercer el cargo al que aspira, al tenor de lo consagrado en el artículo 40.1 de la Ley 617 de 2000.

No debe olvidar la parte actora, que la decisión del Consejo Nacional Electoral, radicó en REVOCAR su acto de inscripción, por ende, una vez en firme -tal y como consta en la certificación del 23 de septiembre de 2015 que reposa a folio 193 del cuaderno 1 del expediente-, el ciudadano ya no hacía parte del formulario E-8(31) y por ende se entiende que no hizo parte del proceso electoral.

Ahora bien, en el caso de no alcanzarse a notificar dicha decisión a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que excluya de la tarjeta electoral al ciudadano objeto de revocatoria de inscripción o, en el caso que ocurra cualquier otra eventualidad que impida materializar la orden revocatoria, la norma superior, esto es, el numeral 12 del artículo 265 de la Constitución Política previó de manera contundente la prohibición de declarar la elección de dichos candidatos.

Por ende, los miembros del Tribunal Administrativo del Cauca no se extralimitaron en el cumplimiento de la orden impartida en el proceso de nulidad electoral con radicado 2015-00602, dado que su actuar fue conforme al mandato constitucional, razón más que suficiente para encontrar ajustada su decisión de abstenerse de declarar la elección como Concejal de Popayán del señor Pablo Andrés López Suárez por estar inmerso en inhabilidad comprobada.

Así las cosas, en nada incide que el demandante fuera el candidato con mayor votación dentro del Partido Opción Ciudadana, dado que su inscripción que es una acto previo a la elección no se encontraba vigente, lo que conlleva a que cualquier voto depositado a su favor no pueda ser tenido en cuenta para determinar su elegibilidad por cuanto no se puede tener como candidato legalmente inscrito(32).

De otra parte, el hecho que la Resolución 2434 de 2015 fuera allegada el mismo 22 de febrero de 2017, no afecta ni genera violación del debido proceso del demandante, dado que esta era la oportunidad para ser valorada, ello por cuanto, al no haber resultado electo el 29 de octubre de 2015(33), no podía ser sujeto procesal de la nulidad electoral estudiada con el radicado 2015-00602. No ocurre lo mismo al momento de materializarse el escrutinio del Tribunal a-quo, por cuanto era allí, como ya se mencionó, que se debía analizar las circunstancias decididas en la Resolución 2434 de 2015 del Consejo Nacional Electoral.

Así las cosas, para la Sala, la actuación que adelantó el Tribunal Administrativo del Cauca se encuentra ajustada a la normativa electoral vigente y por ello se mantendrá incólume la decisión adoptada.

4.3. Resolución 2434 del 21 de septiembre de 2015 expedida por el Consejo Nacional Electoral.

Para finalizar, frente al cargo del vulneración del debido proceso del Consejo Nacional Electoral, por falta de notificación de la Resolución 2434 de 2015, resulta oportuno señalar que el acto que revoca la inscripción de una candidatura es un acto definitivo dado que con éste se torna imposible para el ciudadano afectado participar en la contienda electoral y así continuar con el normal curso del procedimiento eleccionario que es la votación y consecuente declaratoria de elección.

Frente al mencionado acto administrativo, alegó el actor que el mismo era inoponible por su falta de notificación a la Registraduría Nacional del Estado Civil a través de sus delegadas. Al respecto se debe aclarar, que la Resolución 2434 de 2015 en su artículo segundo estableció(34): “La presente resolución se notificará en estrados y contra ella procede el recurso de reposición con relación a los candidatos cuya inscripción se revoca, el cual deberá interponerse en la audiencia de adopción y notificación de la decisión, de conformidad con los artículos 67, numerales 2, 74 numeral 1 y 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Teniendo en cuenta que la Resolución 2434 de 2015 es de carácter particular y concreto y fue adoptada en audiencia, la notificación debió surtirse a la persona afectada conforme la regla establecida en el artículo 67.2 de la Ley 1437 de 2011, situación que se encuentra plenamente probada.

Por otra parte, contra la misma no se propuso recurso alguno tal y como consta en la certificación que obra a folio 152 del expediente, por ende la Resolución 2434 de 2015, se encuentra en firme y surtiendo efectos, dado que según la documentación obrante en el proceso la misma fue notificada conforme la ley(35).

Por ende, el accionante no le puede restar la condición de oponible a la Resolución 2434 de 2015, por el hecho de no haberse notificado a la Registraduría Nacional de su contenido, toda vez que la misma se dirigía a decidir una situación particular y concreta del ahora actor, en la que no se afectaban los intereses del ente electoral, por el contrario, la comunicación a la Registraduría Nacional del Estado Civil, de dicha decisión debe obedecer al principio de coordinación que debe existir entre entidades del Estado para que actúen de manera coordinada y una vez en firme el acto de revocatoria proferido por el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría proceda a excluir de las tarjetas electorales al candidato.

En razón de lo anterior, la falta de notificación de la Resolución 2434 de 2015, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, en nada afecta su oponibilidad y, al gozar de presunción de legalidad se torna en un acto de obligatorio cumplimiento.

5. Otras decisiones.

En la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2017, el a-quo en su artículo segundo condenó en costas a la parte demandante, no obstante, la Sala revocará la sentencia en este aspecto dado que de conformidad con lo establecido en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 dicha condena solo procede en sentencias distintas en las que se ventile un interés público, siendo claro que la nulidad electoral resuelve, precisamente, cuestiones de interés general.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2017, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cauca negó las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

2. REVOCAR el numeral segundo de la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

3. EXHORTAR al Tribunal Administrativo del Cauca para que en lo sucesivo decida las excepciones previas y mixtas en la audiencia inicial, previo su traslado a los sujetos procesales, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 175 parágrafo 2º y 180.6 de la Ley 1437 de 2011 por expresa remisión del artículo 296 ídem.

4. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

5. ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.

21 Folios 334 a 335 del cuaderno 3.

22 Folios 344 a 350 del cuaderno 3.

23 Artículos 275 a 296 de la Ley 1437 de 2011.

24 Artículo 275.6 de la Ley 1437 de 2011.

25 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 2 de octubre de 2008, C.P. María Nohemí Hernández Pinzón, radicado 07001-23-31-000-2007-00086-02

26 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta. Sentencia del 31 de octubre de 1994. Expediente: 1108. Actor: Ricardo Agudelo Sedano. Demandado: Jorge Alfonso Rojas S. C.P. Amado Gutiérrez Velásquez.

27 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6 de abril de 2006. C.P. María Nohemí Hernández Pinzón. Expediente: 08001233000200500008-02 (3911).

28 Folios 1 a 9 del cuaderno 1.

29 Folios 145 a 148 del cuaderno 1.

30 Artículo 265.12 de la Constitución Política.

31 Lista definitiva de candidatos inscritos.

32 Artículo 28 de la Ley 1475 de 2011: Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad.

33 Fecha de expedición del formulario E-26 CON que declaró la elección de los Concejales de Popayán.

34 Folio 148 del cuaderno 1 de segunda instancia.

35 Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-646 del 31 de mayo de 2000, M.P: Fabio Morón Díaz, estableció: “Para la Corte, la distinción en las formas de publicidad que dispuso el legislador para los actos administrativos, dependiendo de si se trata de actos de carácter general, o de actos de carácter particular y concreto, incluidos los subjetivos cuya acción de nulidad esté sujeta a caducidad, no vulnera ni amenaza ningún precepto de la Carta Política, pues uno y otro mecanismo permiten cumplir los objetivos para los cuales fueron diseñados, esto es, de una parte poder establecer con precisión la fecha en que entra en vigencia el contenido del respectivo acto administrativo y de otra activar el principio de oponibilidad inherente a las decisiones de carácter público. Pero además esa distinción es razonable, pues cuando el contenido del acto es abstracto y general la publicidad del mismo debe garantizar que todos y cada uno de los asociados conozcan su contenido, el cual los afectará, cometido que se cumple consignándolo en el diario oficial, medio oficial de divulgación al cual puede acceder cualquier persona, mientras que si se trata de un acto de contenido particular y concreto, el principio de publicidad se agota cuando los afectados por sus disposiciones son informados de ellas, pudiendo proceder, de conformidad con la ley, a impugnarlos si lo consideran del caso, objetivo que se alcanza con la notificación del mismo.”