Sentencia 2017-00182 de octubre 4 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio

Rad.: 41001-23-33-000-2017-00182-01

Accionantes: Personería municipal de NEIVA, Fermín Sierra Monje como presidente de la Asociación de Unidades Agrícolas Familiares Víctimas de la Violencia en el Huila y Sur Colombiano

Demandado: La Nación, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Asunto: Incidente de desacato - Consulta sanción

Decide la Sala el grado jurisdiccional de consulta, respecto de la decisión proferida el 5 de septiembre de 2017, por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, a través de la cual se declaró en desacato a la señora Elsa Margarita Noguera De La Espriella, quien se desempeñó como ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, por el incumplimiento del fallo de tutela proferido por la misma autoridad judicial el 9 de mayo de 2017.

I. Antecedentes

1. Fallo de tutela.

Mediante providencia del 9 de mayo de 2017, la Sala Primera Oral de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila accedió al amparo solicitado, a través de la Personería Municipal de Neiva, por la Asociación de Unidades Agrícolas Familiares Víctimas de la Violencia en el Huila y el Sur Colombiano (en adelante ARCAUAFH), representada por el señor Fermín Sierra Monje.

Como consecuencia de dicha decisión, se ordenó al “…Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio que dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación de esta providencia, responda de fondo, de manera clara, congruente y precisa, las peticiones radicadas el 26 de junio de 2016 con números 2015ER0066235 y 2015ER0066234, lo mismo que la recibida el 10 de marzo de 2017 a través de la empresa de mensajería 472 con Guía No. YG157152540CO, mediante las cuales el actor solicitó la inclusión en convocatorias de vivienda para la población vulnerable y notificarle la respuesta en el mismo término. El cumplimiento de lo anterior será informado al Tribunal de inmediato”.

2. Solicitud de desacato.

La parte actora, mediante escrito presentado el 8 de junio de 2017, promovió incidente de desacato contra la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio por el presunto incumplimiento de la orden contenida en el fallo de tutela del 9 de mayo de 2017.

3. Trámite inicial.

Mediante providencia del 12 de junio de 2017, el Tribunal Administrativo del Huila, de forma previa a la apertura del incidente promovido, dispuso oficiar a la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio o a quien hiciera sus veces, para que se informara los datos de quien ejercía tal calidad para el momento en el que se notificó el fallo en cuestión, o los del funcionario encargado de dar cumplimiento a la referida orden judicial, así como, de las actividades desplegadas para ello.

A su vez, requirió a la aludida autoridad para que cumpliera el fallo de tutela incumplido, so pena de las sanciones legales a que haya lugar. Esta decisión se notificó electrónicamente el 13 de junio de 2017(1).

Posteriormente, con auto del 10 de julio de 2017, el referido Tribunal admitió el incidente de desacato y en consecuencia ordenó la notificación de la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, señora Elsa Noguera de la Espriella. Asimismo, ordenó oficiar al señor presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón, para que como superior de aquella la requiriera con el fin de cumplir la orden de tutela y de ser el caso, le abriera el correspondiente proceso disciplinario.

Dicho auto fue notificado a las partes mediante oficios enviados electrónicamente el 12 de julio de 2017(2).

4. Contestaciones.

4.1. Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio.

La referida parte, a través de su apoderada, mediante escrito recibido vía electrónica el 16 de julio de 2017, solicitó su desvinculación y adicionalmente manifestó que no ha desconocido la orden de amparo, puesto que dio respuesta a la petición con el comunicado 2017EE040476 de 2017, suscrito por la coordinadora del grupo de atención al usuario, el cual fue remitido vía correo 472, con número de guía YG161578634CO, y según certificación de envío fue debidamente entregada a su destinatario Fermín Sierra Monje.

4.2. Presidente de la República de Colombia.

Esta autoridad, mediante su secretaria jurídica, contestó con Oficio OFI17-00086564/JMSC 110200 del 13 de julio de 2017, radicado el 19 de julio de la misma anualidad, en los siguientes términos:

“En atención a su comunicación en el asunto, adjunto copia del oficio dirigido a la doctora Elsa Noguera De La Espriella, Ministra de Vivienda, Ciudad y territorio, a través del cual se le informa la admisión del trámite incidental y se le requiere para que verifique el cumplimiento del fallo de tutela que amparó los derechos fundamentales de Fermín Sierra Monje, Presidente de la Asociación de Unidades Agrícolas Familiares Víctimas (sic) del Huila y el Sur Colombiano - ARCAUAFH”.

5. Trámite posterior.

El Tribunal Administrativo del Huila mediante providencia del 27 de julio de 2017 dispuso oficiar al señor Fermín Sierra Monje para que allegara las peticiones radicadas el 26 de junio de 2016 con los números de radicados 2015ER0066235 y 2015ER0066234, al igual que la remitida el 10 de marzo de 2017, a través de la empresa de mensajería 472, con número de guía YG157152540CO.

A su vez, ordenó que la referida ministra, en el término de la distancia, allegara la copia de las respuestas emitidas respecto de la peticiones remitidas por el señor Fermín Sierra Monje el “…26 de Junio de 2016 radicada al 2015ER0066234 y el 10 de Marzo de 2017 a través de la empresa de mensajería 472 con número de guía YG157152540CO”.

Esta providencia se notificó electrónicamente el 28 de julio de 2017(3).

A través de escrito recibido el 1º de agosto de 2017, el señor Sierra Monje allegó lo solicitado(4).

Por su parte, la apoderada de la mencionada ministra mediante comunicación recibida electrónicamente el 3 de agosto de 2017, reiteró los argumentos esgrimidos con la contestación inicial, es decir, la del 16 de julio de 2017.

6. Providencia consultada.

El Tribunal Administrativo del Huila, mediante providencia del 5 de septiembre de 2017, resolvió:

“1. DECLARAR que Elsa Noguera, en su condición de Ministra de Vivienda, Ciudad y territorio, incurrió en desacato culposo de la providencia de mayo 9 de 2017 proferida por esta corporación, que amparó el derecho fundamental a (sic) de petición de la Asociación de Unidades Agrícolas Familiares V[í]ctimas de la Violencia en el Huila y el Sur Colombiano - ARCAUAFH

2. SANCIONAR a Elsa Noguera en su condición de Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio con cinco (05) días de arresto y una multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. El arresto deberá ser cumplido en las instalaciones del Comando de Policía Metropolitana de Bogotá D.C. y la multa se deberá cancelar dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia a órdenes del Consejo Superior de la Judicatura…

La anterior decisión se comunicará a la directora de la Policía Nacional para que imparta las órdenes necesarias para que se proceda a la retención y arresto mencionados y al Consejo Superior de la Judicatura para lo de su competencia en lo referente al cobro coactivo.

3. COMUNICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito.

5. REMITIR el expediente incidental al Consejo de estado en consulta de la presente decisión.

…”.

Como fundamento de su decisión, hizo alusión al trámite impartido dentro del incidente de desacato, así como a las notificaciones surtidas de las decisiones adoptada en este, para considerar que se encontraba debidamente integrada la relación jurídica procesal y al contenido del oficio del 3 de mayo de 2017 suscrito por la coordinadora del grupo de atención al usuario y archivo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Indicó que dicha comunicación no daba respuesta a las peticiones presentadas por la asociación actora, ya que este fue dirigido al señor Fermín Sierra Monje, como persona natural, y no como representante legal de la persona jurídica, antes citada.

Aclaró que la contestación alude a la situación personal del señor Sierra Monje respecto de su postulación para el subsidio de vivienda, ya que toma como referencia para verificar en la base de datos del Ministerio, la cédula del aludido ciudadano y no a la Asociación ARCAHUAFH. Por lo anterior consideró:

“…por eso no hay una respuesta sobre su (sic) inclusión de sus asociados en las convocatorias de vivienda para la población vulnerable, de ser ello posible, por eso no puede señalarse que se haya proferido una respuesta de fondo, clara, congruente y precisa frente a lo pedido por ARCAHUAF, de ahí que el fallo de tutela hizo la advertencia en tal sentido”.

Agregó que el mencionado oficio no fue dado a conocer a su destinatario, puesto que el envío mediante la guía YG161578634CO de la empresa de mensajería 472 fue devuelta por la causal de encontrarse cerrado el 6 de mayo de 2017.

Señaló que tampoco dicha comunicación se volvió a enviar, por lo que encontraba que la orden, objetivamente, no había sido cumplida y en razón de ello, así se había manifestado en el fallo de tutela incumplido.

Precisó que la señora Elsa Noguera, en calidad de ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio no dio cumplimiento a la decisión de tutela del 9 de mayo de 2017, con lo cual se demostraba objetivamente el desacato de la orden judicial.

Adujo que respecto del aspecto subjetivo se observaba que la incidentada no atendió el requerimiento realizado por el despacho con auto del 12 de junio de 2017 ni el que posteriormente se hiciera a través de la Presidencia de la República con oficio del 13 de julio de 2017 ni con el comunicado del 28 de julio de la misma anualidad, pues frente a todos, la autoridad incumplida, a través de su apoderada, simplemente manifestó que ya habían contestado.

Sostuvo que la mencionada ministra desatendió la obligación que le impuso el Tribunal en el fallo antes citado, ya que su conducta ha sido reticente y omisiva, lo cual la torna en culposa, dado que no ha querido cumplir la orden impartida, so pretexto de haber dado respuesta, sin entrar a verificar que esta correspondía a la persona natural, mas no a la jurídica.

7. Trámite posterior a la providencia sancionatoria.

La apoderada del pluricitado ministerio con escrito recibido electrónicamente el 18 de septiembre de 2017(5), solicitó que revocara la sanción impuesta a la señora Elsa Noguera, ya que con oficio 2017EE0084452 del 11 de septiembre de 2017, suscrito por la coordinadora del grupo de atención al usuario y archivo respondió de fondo la petición instaurada por el accionante, y afirmó que esta había sido notificada electrónicamente y al correo con número de guía 962057385, a la dirección que aparece en la acción de tutela, que es diferente a la suministrada en el derecho de petición.

Agregó que con la referida comunicación se le explica al actor, en calidad de presidente de la Asociación de Unidades Agrícolas Familiares del Huila los requisitos de la priorización para la población desplazada, de manera que, no existe conducta negligente que pueda endilgársele como dolosa o culposa a la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Adjuntó copia de la factura del envío 962057385 del 18 de septiembre de 2017 dirigida al señor Fermín Sierra Monje a la carrera 26 B Nº 1 - 21, barrio Las Acacias Etapa 2, al igual que la constancia de la remisión de dicha comunicación vía electrónica(6).

II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con el inciso segundo del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala es competente para conocer la consulta de la sanción por desacato impuesta por el Tribunal Administrativo del Huila a la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, por el incumplimiento del fallo de tutela proferido por la misma autoridad judicial del 9 de mayo de 2017.

2. Del cumplimiento de las órdenes de tutela y el incidente de desacato.

Con el objetivo de evitar que las órdenes de tutela resulten inocuas, el Decreto 2591 de 1991 dotó al juez constitucional de una serie de mecanismos y facultades que le permiten compeler su cumplimiento de parte de la autoridad o particular obligados a acatar las medidas de protección.

De allí se derivan poderes de coacción y sanción para lograr el efectivo acatamiento de las decisiones de amparo.

Las potestades sancionatorias se encuentran previstas en el artículo 52 ibídem, y las ejerce el juez por medio del incidente de desacato, que tiene como finalidad sancionar al funcionario o particular renuente a acatarla. El referido artículo, a la letra, dice:

“ART. 52.—Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse”.

El desacato apunta a una responsabilidad de tipo subjetivo, esto es, impone analizar el grado de culpabilidad en que haya incurrido el funcionario o particular renuente, y las circunstancias que tengan rodeado su conducta, de modo que el incidente es una herramienta de carácter disciplinario con la que cuenta el juez de tutela para imponer sanción de arresto o multa a quien de manera negligente e injustificada incumpla la orden judicial.

Dado que el carácter de una de las sanciones que procede por desacato es de tipo corporal (arresto), la parte pasiva del incidente es la persona natural (funcionario o particular) encargada de acatar la decisión, y no la persona jurídica.

Así lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación, al señalar que la sanción por desacato no se puede imponer a la entidad sino al servidor público que, vinculado en debida forma al trámite incidental, resulta responsable del incumplimiento de la orden de tutela.

En concreto, se ha dicho:

“Adicionalmente, si se trata de una sanción no puede imponérsele sino a quien ha sido sujeto en el respectivo proceso, en este caso en el incidente. De ahí que no sea legítima la expresión “o a quien haga sus veces”, pues bien podría tratarse de persona natural diferente al momento de decidirse o quedar en firme el auto. No se trata en estos casos de la entidad, sino de quien debió, como autoridad, cumplir la orden.”(7) (Negrilla del despacho).

De esta manera, es evidente que durante el trámite incidental debe garantizarse en su mayor expresión el derecho al debido proceso y a la defensa de la persona natural contra quien se dirige el incidente.

Para tal efecto, el juez de primera instancia que conozca debe actuar de la siguiente manera:

1. Identificar el funcionario o particular en quien recayó la orden u órdenes judiciales que se alegan desacatadas, es decir, al que se le impuso la obligación de cumplirlas.

2. Darle traslado al responsable del cumplimiento para que presente sus argumentos de defensa.

3. Si es necesario, practicar las pruebas que considere conducentes, pertinentes y útiles para emitir decisión.

4. Resolver el incidente, para lo cual debe valorar: primero, si la orden judicial fue desacatada y, segundo, si la persona obligada a cumplirla actuó con negligencia u omisión injustificada, para en caso afirmativo, imponer la respectiva sanción.

5. Siempre que haya sancionado, enviar el incidente al superior para que se surta el grado jurisdiccional de consulta.

Entonces, para efectos de establecer la responsabilidad que implica la declaración de desacato, es necesario que, como primera medida, se establezca el contenido preciso de las órdenes emitidas en el fallo cuyo incumplimiento se alega.

De llegarse a demostrar que la orden no fue observada dentro del plazo previsto para el efecto, lo correcto es que, después de adelantar el trámite dirigido a procurar el cumplimiento del fallo, el incidente de desacato se dirija contra el funcionario obligado a atender la sentencia de amparo.

Así, para verificar la responsabilidad subjetiva del “incumplido”, en consonancia con el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, ha sido criterio reiterado de esta corporación(8) que éste debe estar debidamente identificado, pues es sabido que mediante el trámite incidental no se persigue a un cargo, sino a la persona que lo ostenta.

3. Del caso concreto.

La orden presuntamente incumplida que sirvió de sustento a la sanción objeto de consulta fue emitida por Sala Primera Oral de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila mediante providencia del 9 de mayo de 2017, con la que se ordenó a la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio que dentro de 2 días siguientes a la notificación de esta providencia, respondiera de fondo, de manera clara, congruente y precisa, las peticiones radicadas el 26 de junio de 2016 con números 2015ER0066235 y 2015ER0066234, lo mismo que la recibida el 10 de marzo de 2017 a través de la empresa de mensajería 472 con guía YG157152540CO, mediante las cuales el actor, en calidad de representante de ARCAUAFH solicitó la inclusión en convocatorias de vivienda para la población vulnerable.

Debido al incumplimiento de la precitada decisión judicial, el Tribunal luego de admitir el incidente de desacato presentado por la parte accionante, y requerir a la señora Elsa Margarita Noguera De La Espriella, en calidad de ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, procedió a sancionarla con 5 días de arresto y multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para lograr el cumplimiento de una orden judicial, debe indicarse que es menester analizar la sanción objeto de consulta, a la luz de los aspectos expuestos anteriormente, objetivo y subjetivo, debido a que no basta con que se observe que el funcionario incumplió el fallo de tutela, sino además que tal omisión es el resultado de una conducta negligente o dolosa.

Así las cosas, se observa que el señor Fermín Sierra Monje presentó tres peticiones a saber, las identificadas con los radicados 2015ER0066235 y 2015ER0066234, ambas del 26 de junio de 2015, al igual que la remitida el 8 de marzo de 2017, recibida el día 10 de los mismos, a través de la empresa de mensajería 472, con número de guía YG157152540CO.

Asimismo se observa que con las dos primeras peticiones la parte actora, en calidad de presidente de la Asociación de Unidades Agrícolas Familiares Víctimas de la Violencia en el Huila y el Sur Colombiano solicitó lo siguiente:

“Teniendo en cuenta que el ministerio de vivienda y desarrollo no han hecho convocatorias para asignación de vivienda, desde el año 2005. Sin haber sido beneficiarios en nuestra comunidad, por lo que llevamos más de diez (10) años esperando esta convocatoria para resolver la situación correspondiente a la falta de vivienda digna, por la situación de desplazamiento y víctima del conflicto armado. Poniendo así, en riesgo nuestras familias, las cuales también están sometidas al abuso de los particulares en cobro de alquiler de vivienda. Solicitamos, nos tengan en cuenta para cubrir esta necesidad lo más pronto posible, ya que la ley nos favorece y además se escucha públicamente que el gobierno tiene proyecto para cubrir dicha población”.

Y en relación con la tercera solicitud, si bien no reposa dentro del expediente, esta sí es referenciada dentro del fallo impugnado de la siguiente manera:

“También obra petición del accionante de febrero 15 de 2017 dirigida a la Ministra de Vivienda, Esla Noguera…radicada ante la Personería Municipal de Neiva el 7 de marzo de 2017 y remitida a la accionada a través de la empresa de mensajería 472 siendo recibida el 10 de marzo de 2017 (fl. 7), por medio de la cual el peticionario allega los ‘oficios en los cuales hemos solicitado el derecho a vivienda de interés social por ser personas desplazadas por la violencia’, en los cuales se incluye las dos peticiones de inclusión en convocatorias de vivienda relacionadas en precedencia”.

A su vez, reposa una respuesta por parte de la aludida cartera dirigida al señor Fermín Sierra Monje, identificada con el radicado 2017EE0040476 del 3 de mayo de 2017(9) con la cual se le indica que “…una vez verificado el número de ciudadanía 12117704 del (la) señor(a) Fermín Sierra Monje en el Módulo de Consultas del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y se obtuvo como resultado que no existen postulaciones del hogar en las convocatorias efectuadas por el Fondo Nacional de Vivienda”.

Asimismo, con dicho oficio se le indicó al accionante que el programa de vivienda cien por ciento subsidiada se dirige a la población más vulnerable, por lo que le aclaró que el programa de vivienda gratuita va dirigida en forma preferente a la población que se encuentre incluida en las respectivas bases de datos. Y agregó:

“Por tanto para que su hogar sea favorecido con una vivienda a título de subsidio en especie dentro del programa de vivienda cien por ciento subsidiada debe encontrarse registrado en las bases de datos que permitan su focalización, según lo estipulado en el artículo 2.1.1.2.1.2.1 del Decreto 1077 de 2015…

… siempre y cuando su hogar se encuentre registrado en las bases de datos que el DPS utiliza para determinar los potenciales beneficiarios del subsidio familiar de vivienda, no se requiere ningún documento adicional para obtener tal condición, en el entendido que la asignación del subsidio familiar de vivienda, está sometido al procedimiento aquí descrito el cual debe observarse estrictamente, tanto por el Departamento para la prosperidad Social, como por Fonvivienda.

Esto significa que las convocatorias realizadas por Fonvivienda serán para la postulación de aquellos hogares señalados por el DPS, como potenciales beneficiarios. En tal sentido la postulación solo podrá llevarse a cabo una vez el DPS, haya incluido al hogar en el listado de hogares potenciales beneficiarios del subsidio familiar de vivienda cien por ciento en especie – SFVE.

…”.

Finalmente, se advierte que con posterioridad a la sanción impuesta a la ministra, la coordinadora del Grupo de Atención al Usuario y Archivo de dicha cartera mediante comunicado 2017EE0084452 del 11 de septiembre de 2017, en respuesta de la petición identificada con el radicado 2015ER0066234, le informó al señor Fermín Sierra Monje en calidad de “… Presidente de la Asociación de Unidades Agrícolas Familiares Victimas (sic) Huila y en representación de las personas relacionadas en su petición” los requisitos y procedimientos que debían tenerse en cuenta para los programas que oferta el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Adicionalmente, se advierte que esta respuesta le fue enviada al accionante a su correo electrónico “ferminarcauafh@hotmail.com” y a su dirección de correspondencia que indicó con el escrito contentivo del incidente de desacato, pues esta era diferente al señalado en las peticiones que presentó ante el ministerio.

Por otro lado, la Sala encuentra que la responsable de dar cumplimiento a la medida de amparo al momento en que se dio apertura al incidente promovido por el actor(10), fue debidamente individualizada y vinculada a la presente actuación, por lo que se tiene plena certeza que el trámite se adelantó con plenas garantías de sus derechos al debido proceso y de defensa; además se puede constatar en el expediente que en todo momento se le comunicaron en adecuada forma las decisiones emitidas durante el trámite.

De manera que, para la Sala a pesar del incumplimiento inicial de la autoridad responsable, ya que al momento en que se le impuso la sanción por desacato no logró acreditar el acatamiento de la orden de amparo, lo que se observa es que en este grado jurisdiccional cumplió lo dispuesto con el fallo del 9 de mayo de 2017, pues contestó de fondo, claro y congruente con lo solicitado, esto es, de que se tuvieran en cuenta para ser beneficiarios de una vivienda digna, ya que “…la ley [los] favorece y además se escucha públicamente que el gobierno tiene proyectos para cubrir dicha postulación”.

En efecto, lo que se encuentra es que si bien con la última comunicación dirigida al señor Sierra Monje, como presidente de la asociación, se indicó que daba respuesta a la solicitud identificada con el radicado 2015ER0066234 el 26 de junio de 2015, lo cierto es que esta guarda identidad de contenido con la número 2015ER0066235 de la misma fecha.

Además, en relación con la tercera petición, esto es, la enviada por correo 472 y recibida el 10 de marzo de 2017, debe advertirse que con esta, tal como se indicó en el fallo de tutela del 9 de mayo de 2017, se allegaron los oficios con los cuales la asociación deprecó el derecho de vivienda de interés social por ser personas desplazadas por la violencia, dentro de las cuales se incluyeron las dos solicitudes antes referidas.

En consecuencia, en este grado jurisdiccional no se advierte que persista responsabilidad subjetiva por parte de la sancionada respecto del incumplimiento a lo dispuesto por el juez constitucional, pues, a pesar de la extemporaneidad en la respuesta emitida al accionante como representante de la pluricitada asociación, la autoridad responsable contestó lo solicitado indicándole los requisitos y procedimientos que se deben tener en cuenta para los programas que oferta el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entre los cuales se encuentra el de vivienda cien por ciento subsidiada.

Por lo expuesto, se levantará la sanción impuesta, pues, no se observa en el proceder de la autoridad sancionada, quien se desempeñaba como ministra de la mencionada cartera al momento de proferirse el fallo del 9 de mayo de 2017, ánimo de rebelarse contra el fallo de tutela ni que persista el desacato injustificado a las órdenes de amparo.

En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. LEVÁNTASE la sanción impuesta a la señora Elsa Margarita Noguera De La Espriella, quien se desempeñaba como ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio para el momento en que se profirió el fallo de tutela del 9 de mayo de 2017 y se dio apertura al trámite incidental, equivalente a 5 días de arresto y multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes impuesta mediante providencia del 5 de septiembre de 2017, proferida por la Sala Primera de decisión del Tribunal Administrativo del Huila, por las razones expuestas.

2. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Carlos Enrique Moreno Rubio, presidente—Rocío Araújo Oñate—Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez—Alberto Yepes Barreiro.

1 Folios 10 a 12.

2 Folios 18 a 27.

3 Folios 49 a 51.

4 Folios 55 a 58.

5 Y físicamente el 19 de septiembre de 2017.

6 Folios 105 a 108.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. C.P. Álvaro González Murcia. Expediente 2000-90021-01(AC-9514). Actor: Departamento de Cundinamarca, Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca.

8 Entre otras, ver auto del 15 de agosto de 2012. Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. C.P. Gustavo Gómez Aranguren. Exp. 2012-00410-01.

9 Visible a folios 31 a 33, 44 a 46, 67 a 69 y 74 a 76.

10 El incidente de desacato se presentó el 8 de junio de 2017 y se admitió el 10 de julio de la misma anualidad en contra de la señora Elsa Noguera, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como ministra Vivienda, Ciudad y Territorio.
No obstante, se advierte que para el 10 de agosto de 2017 fue nombrado como representante de dicha cartera el señor Jaime Pumarejo Heins (http://www.minvivienda.gov.co).