Sentencia 2017-00209 de noviembre 15 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 70001-23-33-000-2017-00209-01(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Actor: Carlos Mario Villadiego Ramírez

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional (Policía Nacional - Dirección de Talento Humano)

Bogotá, D. C., quince de noviembre de dos mil diecisiete.

La Sala decide la impugnación interpuesta contra la sentencia del 12 de septiembre de 2017, proferida por la Sala de Decisión Tercera del Tribunal Administrativo de Sucre, que en el trámite de la acción de tutela de la referencia resolvió:

“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales invocados por el señor Carlos Mario Villadiego Ramírez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, ORDÉNESE a la dirección de Talento Humano de la Policía Nacional que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de esta decisión, disponga lo pertinente para el traslado del patrullero Carlos Mario Villadiego Ramírez a la ciudad de Sincelejo, con el fin de permitirle terminar su semestre académico, sin que se afecte la prestación del servicio”.

Antecedentes

El 28 de agosto de 2017(1), actuando en su propio nombre, el señor Carlos Mario Villadiego Ramírez instauró acción de tutela contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional (Policía Nacional - Dirección de Talento Humano), por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la educación, vida digna e igualdad.

1. Pretensiones.

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

“1. Tutelar mis derechos fundamentales a la EDUCACIÓN, VIDA DIGNA, A LA IGUALDAD del suscrito accionante Carlos Mario Villadiego Ramírez, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 1.102.810.420, en atención al apego que su despacho haga a la jurisprudencia constitucional (Sentencia T-175/16), como reza el análisis constitucional del artículo séptimo de la Ley 1564, en Sentencia C-621 de 2015 sic… “la obligatoriedad del precedente sentada en la jurisprudencia de las altas cortes deja abierta la posibilidad de que el juez de instancia se aparte, solo que para hacerlo, y con el objeto de generar un grado de seguridad jurídica aceptable, se exige que el juez que decida apartarse de la jurisprudencia deba adelantar una carga argumentativa que justifique su decisión”.

2. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a las partes accionadas a través de sus representantes legales, o de quien haga sus veces SUSPENDER los efectos del acto administrativo que ordena mi traslado a otra unidad policial.

3. ORDENAR a la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional que en el término inmediato, realice el traslado del suscrito del departamento del Vichada a la ciudad de Sincelejo, con el fin de permitirme terminar la carrera universitaria, sin que se afecte la prestación del servicio”.

2. Hechos.

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Dice el accionante que se graduó como patrullero de la Policía Nacional el 10 de diciembre de 2007, que en la actualidad ostenta el grado de patrullero, y que ha cumplido sus funciones sin lugar a anotación alguna en su hoja de vida.

2.2. Mediante escrito del el 12 de junio de 2017 solicitó al Comandante del Departamento de Policía Sucre, permiso para cursar el quinto semestre de Derecho en la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre (Corposucre), y que en esa misma fecha el Jefe de la Seccional de Investigación Criminal DESUC y él suscribieron acta de compromiso a los que se sujetó, una vez otorgado el permiso para estudio.

2.3. Anota que el 3 de julio de 2017, mediante Oficio interno Nº SUBCP-GUTAH-31, el Comando de Policía Sucre dio viabilidad de su solicitud de permiso para adelantar el quinto semestre de derecho, iniciando la asistencia educativa el 1º de agosto de esta anualidad.

2.4. Narra que el 18 de agosto de 2017 le fue notificada mediante correo electrónico la Orden Administrativa de Personal (OAP) Nº 1-154 de la Dirección General de la Policía Nacional, informándole su traslado al Departamento del Vichada. Situación que le impide continuar con sus estudios en Corposucre, donde aprobó satisfactoriamente el cuarto semestre de la carrera de derecho.

2.5. Afirma que en ese acto administrativo no se observa un análisis de las circunstancias especiales en las que se hallaba al momento del traslado, como es el hecho que con previo permiso había iniciado su quinto semestre de derecho.

2.6. Resalta que convive con su compañera permanente y con su pequeño hijo en Sincelejo, quienes dependen económicamente de él, por lo que su traslado vulnera la estabilidad de su núcleo familiar.

3. Fundamentos de la acción.

Expone el actor que el acto administrativo por el cual se le trasladó al Departamento del Vichada, no solo no fue motivado, sino que responde a una propuesta que realizó el Comandante de Policía Sucre a la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional y a la Dirección de Investigación Criminal, por lo tanto –afirma–, no obedeció a razones de mejoramiento del servicio, ni a razones de índole de control interno, ni se analizó que se encontraba a la mitad de su carrera universitaria, lo que afecta ostensiblemente su derecho fundamental a la educación, al no permitirle continuar con su proceso educativo en Corposucre. Con lo cual –sostiene–, no se cumplió con las exigencias jurisprudenciales para el ejercicio del ius variandi. Citó la Sentencia T-175 de 2016, de la que transcribió apartes.

4. Trámite impartido e intervinientes.

4.1. Mediante providencia del 28 de agosto de 2017 el Magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Sucre admitió la tutela y negó la medida provisional solicitada por el actor (fls. 73-74).

4.2. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional (Policía Nacional) se pronunció a través del Comandante de Policía del Departamento de Sucre (fls. 79-84).

Dijo que verificado el Sistema de Información para la Administración del Talento Humano SIATH, el actor se encontraba laborando en la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Sucre (SIJIN-DESUC) desde el 09 de diciembre de 2010 hasta el 14 de agosto de 2017, saliendo trasladado a laborar a la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Vichada a partir del 15 de agosto de la presente anualidad, por lo que laboró 6 años y 8 meses en una sola Unidad Policial, gozando de ciertos beneficios a los cuales otros policiales a nivel nacional no tienen acceso por los diferentes lugares de la geografía colombiana donde se encuentran laborando.

Manifestó que, la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, tuvo a bien ordenar el traslado del accionante obedeciendo a las necesidades del servicio, puesto que las plantas del personal requieren ser oxigenadas y/o relevadas con nuevos uniformados en cumplimiento de la misión constitucional de la que habla el artículo 218 de la norma superior y la Ley 62 de 1993. Así las cosas, sostuvo que es la Dirección citada en el acápite anterior, la responsable de la administración del personal de la institución, y la llamada a responder por el movimiento administrativo del mismo.

Frente a la continuidad de los estudios que adelanta el uniformado, expuso que actualmente existe la figura de transferencias externas entre instituciones de educación superior, en la cual los aspirantes que hayan cursado estudios en otras instituciones de educación superior, reconocidas por el Estado podrán solicitar admisión en la universidad o corporación que estime, presentes en la ciudad de destino, agotados los trámites de rigor.

Señaló que el traslado del patrullero Carlos Mario Villadiego Ramírez obedeció a los movimientos internos habituales e imperiosos, para cubrir las necesidades de personal en la unidades policiales, que por múltiples razones del servicio se requieren en forma constante, como también para oxigenar y renovar o efectuar cambios necesarios, en aquellas unidades donde el personal policial lleva laborando demasiado tiempo, o que por alguna razón se encuentra afectando el buen servicio de la institución.

Que no existe vulneración alguna a los derechos fundamentales del accionante, y admitir que se vulneran tales derechos, sería aceptar que lo mismo sucede ordinariamente con todos los demás funcionarios de la institución Policial, que constantemente deben cumplir traslado a distintas zonas del país, en cumplimiento a la dinámica de la misión que la Constitución Nacional ha encomendado en los términos del artículo 218 superior.

Finalmente solicitó se declare improcedente la presente tutela por la existencia de otro medio de defensa judicial, como lo es el Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

5. Providencia impugnada.

Mediante sentencia del 12 de septiembre de 2017 (fls. 99-108), la Sala de Decisión Tercera del Tribunal Administrativo de Sucre concedió el amparo en los términos reseñados en la parte inicial de esta providencia.

Para asumir su determinación, el tribunal, después de hacer un esbozo sobre el derecho fundamental al goce efectivo de la educación, la procedencia excepcional de la acción de tutela para controvertir el traslado de un servidor público, y los alcances y límites del ius variandi, relacionó la prueba documental obrante en el expediente, resaltando de la misma que: a) el 12 de junio de 2017 el actor solicitó permiso para cursar el quinto semestre de estudios de derecho en Corposucre; b) el 3 de julio de la misma anualidad el Comandante del Departamento de Policía Sucre le informó que se había dado viabilidad a su requerimiento, siempre y cuando no afectara la prestación del servicio, conforme al Acta de compromiso que había suscrito con el Jefe Seccional de Investigación Criminal Sucre; y c) el 18 de agosto le es comunicado su traslado al Departamento del Vichada.

Indicó que si bien el acto administrativo de traslado del demandante fue expedido de conformidad con la normatividad (Decreto 1791 de 2002), y que –en principio– la acción de tutela es improcedente para cuestionar su legalidad, porque para ese propósito cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, estimó que en el caso particular es procedente el amparo porque:

“[S]e pretende evitar la configuración de un perjuicio irremediable, toda vez que el traslado afectó de forma clara y directa los derechos fundamentales del actor. Por ende, no se cumplió con las exigencias jurisprudenciales para el ius variandi, ya que se ordenó su traslado sin tener en cuenta el límite en el respecto de sus derechos. Lo anterior en razón a que, no se analizó la situación en la que encontraba el actor, pues estaba próximo a cursar quinto semestre de derecho, lo que originó una afectación a su derecho de educación, al no permitirle continuar con su proceso educativo, contando con el permiso previo de la propia institución policial”.

Que “hay situaciones en las que se debe realizar una ponderación entre los efectos de los traslados y la afectación de los derechos fundamentales del funcionario”. Y que en el caso concreto, esa ponderación no se efectuó, “por cuanto no se tuvo en cuenta la solicitud y concesión del permiso para estudiar” que se había concedido al actor.

Como resultado del amparo constitucional, el Tribunal ordenó a la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional realizar el traslado del actor a la ciudad de Sincelejo, con el fin de permitirle terminar con su semestre académico, sin que se afecte la prestación del servicio.

6. Impugnación.

La anterior decisión fue impugnada por ambas partes.

6.1. El actor parcialmente, con el propósito que se amplié el amparo, en el entendido que no solo se ordene –como lo hizo el tribunal– su traslado a la ciudad de Sincelejo para terminar el semestre académico en curso (quinto semestre), sino hasta culminar todo “el ciclo académico y todos los requisitos de grado para optar el título de abogado”. Fundamenta su pedido haciendo referencia a la Sentencia T-175 de 2016 (fls. 111-112).

6.2. La institución accionada la impugnó totalmente, para que se revoque el fallo impugnado y, en su lugar, se declare improcedente la acción de tutela (fls. 126-129).

Reiteró que el traslado del accionante obedeció a necesidades del servicio y a la misma dinámica institucional, en razón de la misión y funciones que tiene asignada por mandato constitucional la Policía Nacional (art. 218 superior). Además, dijo que el actor –como integrante del nivel ejecutivo patrullero– llevaba laborando en la Seccional de Investigación Criminal e Interpol de Sucre más de 6 años, gozando de ciertos beneficios que otros Policiales a nivel nacional no tienen.

Agregó que el permiso de estudio que se les otorga a los integrantes de la institución es sin perjuicio al servicio y el traslado es un acto del servicio. Máxime que desde su ingresó es plenamente consciente que deben estar en disposición en todo momento de prestar su servicio a la Patria en cualquier lugar de la misma, donde sea requerido.

Que la acción de tutela es improcedente para cuestionar la legalidad del acto administrativo por el cual se le trasladó al Vichada, porque para ese fin cuenta con un medio idóneo y eficaz como es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Consideraciones de la Sala

1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Problema jurídico.

Atendiendo lo expuesto por las partes en sus impugnaciones, corresponde a la Sala establecer: i) si procede modificar parcialmente la decisión del tribunal y ordenarse el traslado a la ciudad de Sincelejo hasta que culmine toda la carrera universitaria de derecho, como lo pretende el actor; ii) si debe revocarse el fallo impugnado, por existir otro medio para cuestionar la legalidad de la decisión administrativa que dispuso el traslado del actor al Departamento de Policía del Vichada, como lo solicita la entidad demandada; y iii) si, por el contrario, debe confirmarse la providencia impugnada, que concedió el amparo y ordenó trasladar al actor a Sincelejo solo para cursar el quinto semestre de derecho en la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre (Corposucre), en razón al permiso que le había sido conferido.

3. Tutela para cuestionar acto administrativo de traslado - ius variandi. Reiteración jurisprudencial.

3.1. En los casos de traslado de servidores públicos, debe recordarse que la administración ostenta un poder jurídico subordinante frente a sus funcionarios, denominado ius variandi, mediante el cual puede modificar las condiciones de tiempo, modo y lugar en que son prestados los servicios.

En consecuencia, la entidad puede, de forma discrecional, realizar los traslados de funciones o territoriales que la prestación del servicio así lo requiera, pero, esa facultad está limitada (i) de forma objetiva por las necesidades públicas de la prestación del servicio y (ii) las circunstancias personales del funcionario público(2).

De ahí que, excepcionalmente se ha reconocido la procedencia de la acción de tutela para controvertir el acto administrativo de traslado, pese a que en principio el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se erige como mecanismo idóneo y eficaz de defensa, en los casos en los cuales sean comprometidos de forma grave los derechos del trabajador o su núcleo familiar(3).

Por eso, la Corte Constitucional ha concluido que la procedencia de la acción de tutela para revocar una orden de traslado es excepcional y es viable cuando: “(i) las razones que llevaron a la decisión del traslado son ostensiblemente arbitrarias y no tuvieron en cuenta la situación particular del trabajador; (ii) el traslado afecta de forma clara, grave y directa los derechos fundamentales de la parte actora o de su núcleo familiar; y/o (iii) el traslado desmejora las condiciones del empleado”(4).

3.2. De tiempo atrás la jurisprudencia constitucional ha señalado que por razón de la naturaleza y la finalidad de sus funciones dentro de la estructura del aparato estatal, ciertos organismos y entidades deben gozar de un mayor grado de discrecionalidad para el ejercicio del ius variandi(5).

Tal es el caso de la Policía que, conforme el artículo 218 superior, tiene como fin primordial el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas en todo el territorio nacional.

Ahora, si bien la Corte Constitucional ha dicho que la Policía Nacional es una institución que cuenta con una planta global y flexible, lo cual comporta un mayor grado de discrecionalidad al momento de ordenar el traslado de sus miembros, igualmente ha aclarado que “para que la medida así adoptada no implique la vulneración de los derechos constitucionales del trabajador, (i) el empleador debe sustentar su decisión en razones del buen servicio; (ii) el traslado debe realizarse a un cargo de la misma categoría y con funciones afines, en cuanto no implique desmejora de las condiciones laborales y; (iii) han de tenerse en cuenta las consecuencias que el cambio de sede pudiere tener de manera grave sobre aspectos personales del servidor y su entorno familiar, en orden a evitar una intensa afectación de los derechos del núcleo familiar”(6).

4. Hechos demostrados.

4.1. El actor es patrullero de la Policía Nacional, vinculado en la Seccional de investigación Criminal en el Departamento de Policía Sucre desde el 9 de diciembre de 2010 (fl. 64).

4.2. Aprobó el cuarto semestre de derecho en la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre, ubicada en Sincelejo, que cursó en el primer semestre del 2017 (fl. 61).

4.3. El 12 de junio de 2017, mediante escrito radicado con el Nº S-2017-0022717/SUBIN-UBIC 29.25 –dirigido al Comandante de Policía Sucre–, el Patrullero Carlos Mario Villadiego Ramírez, con el apoyo del Jefe Seccional Investigación Criminal DESUC(7), solicitó permiso para estudiar el quinto semestre de derecho, en los siguientes términos (fl. 25):

‘‘De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Coronel, tenga a bien y estudie la viabilidad de concederme permiso sin perjuicio al servicio, PARA CONTINUAR CON MIS ESTUDIOS LOS DÍAS LUNES A VIERNES EN QUINTO (5) SEMESTRE DEL PROGRAMA DE DERECHO, que adelanto en la Corporación Antonio José de Sucre, sede principal, ubicada en la Carrera 21 Nº 25-59 barrio La María de esa ciudad, el cual dará inicio a sus actividades académicas a partir del mes de agosto del presente año y finalizará la primera semana del mes de diciembre 2017 (segundo ciclo), de acuerdo a lo preceptuado en el artículo15, parágrafo 4º, numeral 4º, de la Resolución 01360 del 08-04-2016 ‘‘Por el cual se expide el Manual de Bienestar y Calidad de Vida para el personal de la Policía Nacional. (…)”. (Resaltos ajenos al texto transcrito).

4.4. El mismo 12 de junio de 2017 el actor suscribió con el mayor Oscar Antonio Rodríguez Corredor, Jefe Seccional de Investigación Criminal Sucre, Acta de compromiso Nº 2080/REGIN-SUIN-2.25 (fls.24-26), “con el fin de concertar el horario de tiempo para estudio, a otorgar por parte del comando de departamento establecido en la Resolución 01360 del 08 de abril de 2016, por medio del cual se expide el Manual de Bienestar y Calidad de vida para el personal de la Policía Nacional”(8).

4.5. Mediante Oficio Nº SUBCO-GUTAH-3.1 del 3 de julio de 2017, el Comandante del Departamento de Policía Sucre, informa al actor que le ha sido concedido el permiso para estudio del quinto semestre de derecho, en los siguientes términos (fl.28):

“En atención a la comunicación oficial Nº S-2017-022717 SUBIN-UBIC de fecha 12/06/2017, mediante el cual solicita permiso para iniciar el segundo periodo del año en curso, EN EL QUINTO SEMESTRE DE DERECHO, me permito informar al señor Patrullero, que en Comité de Gestión Humana y Cultura Institucional del Departamento de Policía Sucre, soportada en el Acta Nº 147 COMAN-DESUC del 21-06-2017, decidió unánimemente y democráticamente darle viabilidad a su requerimiento, teniendo en cuenta que cumplió con los parámetros establecidos para el reconocimiento del incentivo.

Es de anotar, que es de vital importancia cumplir con los compromisos concertados en el Acta280 REGIN-SIJIN de fecha 12-06-2017 mediante el cual debe mantener un buen comportamiento y reposición del tiempo, para que no se vea inmerso en la suspensión del incentivo. Así mismo, el Comité de Gestión Humana y Cultura Institucional, en aras de garantizar la Convivencia y Seguridad Ciudadana en la unidad policial, estableció como objetivo principal que el permiso para estudio es sin perjuicio del mismo, por lo que se deberá tener una disposición permanente así mismo la reposición del tiempo de estudio debe ir ajustado a las necesidades del servicio”. (Resaltado, subrayas y mayúsculas no son del texto transliterado).

4.6. Mediante Orden Administrativa de Personal Nº 1-124 del 18 de agosto de 2017, el señor patrullero Carlos Mario Villadiego Ramírez es trasladado al Departamento del Vichada para prestar sus servicios en la DIJIN Seccional Investigación criminal DEVIC (fl. 57).

Debe anotar la Sala que, como lo advirtió el Tribunal en su decisión, no obra como soporte a la orden administrativa de traslado al Vichada, un documento en el que se hubiera sopesado las particulares circunstancias del actor, entre ellas, que el 13 de julio de 2017 se le concedió permiso para cursar el quinto semestre de derecho, que ya había iniciado labores académicas, y que pese a esas particulares circunstancias fuera indispensable su traslado.

5. Conclusión.

La Sala confirmará el fallo impugnado, tal y como fue concedido el amparo, esto es, que el actor debe ser trasladado a la ciudad de Sincelejo para que culmine el quinto semestre de derecho, que inició en el mes de agosto y termina en el mes de diciembre de 2017.

Lo anterior, por lo siguiente:

5.1. Conforme a los supuestos fácticos demostrados en este caso, el actor –con apego a la Resolución 01360 del 08 de abril de 2016, “por medio del cual se expide el Manual de Bienestar y Calidad de vida para el personal de la Policía Nacional–, obtuvo el 13 de julio de 2017 permiso de la institución demandada para estudiar el quinto semestre de derecho en la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre (Corposucre).

Inicio labores académicas del quinto semestre el 1º de agosto de 2017, amén que desde el 12 de junio del mismo año había suscrito acta de compromiso, en la que concertó el horario de tiempo para estudio para no afectar el normal desarrollo de sus actividades en la institución.

Por tanto, resulta intempestiva la orden de su traslado emitida el 18 de agosto de 2017, sin que en el acto que dispuso el traslado al Vichada obre la más mínima mención y análisis de esas particularidades en las que se hallaba el Patrullero Carlos Mario Villadiego Ramírez.

Por eso esta Sala comparte la apreciación del tribunal, en el sentido que si bien la institución accionada cuenta con un amplio margen de discrecionalidad para decidir sobre el traslado de su personal, en especial por ser la Policía Nacional una entidad con planta global y flexible, ese margen no es absoluto, toda vez que esos traslados requieren un mínimo análisis de la situación de la persona que se traslada, en aras de evitar se vulneren derechos fundamentales.

Y al no haberse sopesado la especial circunstancia en que se encontraba el actor, deja en evidencia que en este caso no se cumplió con las exigencias jurisprudenciales para el ius variandi, pues, se ordenó su traslado sin tener en cuenta el límite en el respecto de sus derechos, en particular, a cursar el quinto semestre de derecho, con ocasión del permiso que la misma entidad le había otorgado para hacerlo.

5.2. Al igual que lo consideró el tribunal, esta Sala no desconoce que quien ingresa a la Policía Nacional está aceptando las condiciones que ello implica, como es el traslado a cualquier parte del país para atender la misión que constitucionalmente atañe a esa institución, pero hay situaciones en las que se debe realizar una valoración entre los efectos del traslado y la afectación de derechos fundamentales del funcionario.

Y, en el caso particular, esa ponderación no se efectuó, por cuanto no se tuvo en cuenta la solicitud y concesión del permiso para estudiar del patrullero señor patrullero Carlos Mario Villadiego Ramírez, como se deriva de la prueba existente.

Pues, al haberle dado el permiso para cursar el quinto semestre de derecho y haber iniciado labores académicas a comienzos de agosto de 2017, se generó una afectación grave al derecho fundamental de educación del patrullero.

Motivo por el cual se hizo imperioso asumir medidas urgentes e impostergables, tal y como las asumió el Tribunal Administrativo de Sucre. Y, dadas las particularidades de este caso, resultaba ineficaz el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para evitar el perjuicio evidente que implicaba impedirle terminar el quinto semestre de derecho, pues se debe tener en cuenta, que el semestre académico que actualmente cursa el actor finaliza en el mes de diciembre de 2017.

5.3. Finalmente, esta Sala debe precisar que el actor no puede pretender –alegando el derecho a la igualdad–, la aplicación de la Sentencia T-175 de 2016, para que se ordene a la Policía Nacional, al igual que lo decidió la Corte en ese fallo, que su permanencia en la ciudad de Sincelejo deba ser hasta que termine la carrera universitaria de derecho en Corposucre, toda vez que cuando solicitó el permiso para estudio, de manera expresa lo hizo para cursar el quinto semestre de derecho, y cuando le fue comunicado que el Comité de Gestión Humana y Cultura Institucional decidió darle el permiso, se lo concedió para cursar ese semestre en Corposucre, nada más.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

FALLA:

1. CONFIRMAR el fallo del 12 de septiembre de 2017 de la Sala de Decisión Tercera del Tribunal Administrativo de Sucre, conforme la parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFÍQUESE la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Magistrados: Stella Jeannette Carvajal Basto, Presidenta de la Sección—Milton Chaves García—Julio Roberto Piza Rodríguez—Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

1 Ver folio 20.

2 Ver sentencia T-682 de 2014.

3 Entre otras, la Sentencia T-825 de 2003.

4 Sentencia T-338 de 2013.

5 Al respecto se puede consultar, entre otras, sentencias T-615 de 1992 y T-355 de 2000.

6 Sentencia T-175 de 2016.

7 Debajo de la firma del actor, esa solicitud aparece suscrita frente a la nota “Apoyado SI”, por el Mayor Oscar Antonio Rodríguez Corredor, Jefe Seccional Investigación Criminal DESUC.

8 En esa acta se dijo que sus clases son de lunes a viernes, a partir de las 18:15 horas, comprometiéndose a reponer los días sábados de las 8 a las 16 horas; aportar sus conocimientos adquiridos en su labor policial y que no afectaría el normal desarrollo de sus actividades.