Sentencia 2017-00291 de diciembre 15 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Oswaldo Giraldo López

Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 05001-23-33-000-2017-00291-01

Actor: Belisario Betancur García

Demandado: Daniel Alberto Arbeláez Echeverri

Ref.: Medio de control de pérdida de investidura. Apelación.

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia.

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados, en virtud de lo previsto por el artículo 48 parágrafo 2º de la Ley 617 de 2000, y, con base en la decisión de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de enero 25 de 1995, que estableció que las impugnaciones contra las sentencias de pérdida de investidura, proferidas por los Tribunales Administrativos, son de conocimiento de la Sección Primera del Consejo de Estado.

2. Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura.

Está acreditado con la copia del formulario E-26 CON,(11) del 25 de octubre de 2015, que contiene el resultado del escrutinio municipal para elecciones de concejo, que el señor Daniel Alberto Arbeláez Echeverri, identificado con la cédula de ciudadanía número 1036931437, fue elegido concejal del Municipio de Rionegro-Antioquia, en representación del partido liberal colombiano, para el periodo 2016-2019.

En consecuencia, el demandado es sujeto pasivo de la presente acción de pérdida de investidura.

3. Análisis de la Sala.

Previo a examinar los argumentos del extremo recurrente, la Sala verifica que están probados los siguientes hechos:

3.1. Acorde con el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño expedido el 25 de enero de 2017, la Sociedad MIORIENTE SAS, con domicilio en Rionegro-Antioquia, tiene como representante legal al señor Willy Alberto Alzate Castro.

3.2. Según los estatutos de la misma sociedad registrados ante la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, los socios fundadores son los señores Daniel Alberto Arbeláez Echeverri, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 1.036.931.347, David Yair Valencia Ortega y Willy Alberto Alzate Castro.(12)

3.3. Consta que en reunión extraordinaria de accionistas del 17 de octubre de 2014, plasmada en el acta Nº 002 de la misma fecha y también registrada en la cámara de comercio, se sustituyó del cargo de representante legal de la sociedad al señor Daniel Alberto Arbeláez Echeverri y en su lugar se nombró al señor Willy Alberto Alzate Castro.(13)

3.4. Por acta Nº 001 del 1º de abril de 2015 —que no fue registrada, pero se aportó en papel sellado por la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño—, consta que se reformaron los estatutos de la Sociedad MIORIENTE S.A.S. y en ella se indicó lo siguiente:(14)

“[...]

3. El señor Presidente hizo uso de la palabra para manifestar a los concurrentes que el señor Daniel Alberto Arbeláez Echeverri C.C. 1.036.931.347 estaba interesado en enajenar 300 acciones ordinarias de que es poseedor en la sociedad; que si alguno de los presentes estaba interesado en adquirirlas así podía manifestarlo en la asamblea.  

De tal oferta se dio comunicación escrita a los demás socios con fecha 31 de marzo de 2015.  

Reanudada la reunión, los señores Willy Alberto Alzate Castro C.C. 15.442.969 y David Yair Valencia Ortega C.C. 15.388.454, manifestaron estar interesados en adquirir las acciones que se ofrecían en venta por parte del socio Daniel Alberto Arbeláez Echeverri C.C. 1.036.931.347 y su petición fue aceptada y aprobada por unanimidad, por el 100% de los socios (...) 

Ante el hecho anterior, las 300 acciones ordinarias del socio señor Daniel Alberto Arbeláez Echeverri serán enajenadas a los señores Willy Alberto Alzate Castro y David Yair Valencia Ortega en la proporción señalada y por el mismo precio de su valor nominal, es decir, por la cantidad de veinte mil pesos ($ 20.000) por cada acción ordinaria, para un total de seis millones de pesos ($ 6.000.000). 

Por lo tanto la nueva composición accionaria de la compañía es: 

Socio capitalista Documento de identidad Acciones % Part.  

Willy Alberto Alzate Castr C.C. 15.442.969 550 55% 

David Yair Valencia Ortega C.C. 15.388.454 450 45%

Se autorizó al señor Gerente para que modifique los artículos respectivos que hacen mención al capital social y al nombre de los socios.  

[...]”. 

3.5. Por acta Nº 003 del 1º de junio de 2015, igualmente incorporada en papel sellado de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, se indicó que se reunió de forma extraordinaria la asamblea de accionistas de la Sociedad MIORIENTE S.A.S., con el fin de actualizar la composición accionaria, así:(15)

“[...] Accionista Nº Acciones % acciones  

Willy Alberto Alzate Castro 550 55% 

David Yair Valencia Ortega 450 45% 

[...]” 

3.6. Se aportó el contrato de prestación de servicios o de apoyo a la gestión, Contrato No. PM 13 de 2016, celebrado el 24 de febrero de 2016 entre MIORIENTE S.A.S. y la Personería de Rionegro, por un término de 7 meses y por valor de $ 40.000.000, que tuvo como objeto: “Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para gestionar la relación informativa y publicitaria con medios de comunicación municipales, regionales y departamentales, que permitan realizar la difusión eficiente de la gestión y el cumplimiento de los objetivos de la personería municipal para el año 2016(...).”(16) El cual se adicionó el 22 de septiembre del mismo año, en la suma de $ 17.143.000 por un plazo de tres meses o hasta agotar disponibilidad,(17) liquidado el 30 de diciembre de 2016.(18)

3.7. También se anexó el Contrato CM-CD-01-2016, celebrado el 1º de marzo de 2016, entre el Concejo Municipal de Rionegro y MIORIENTE S.A.S., por un término de 180 días y por valor de $ 19.000.000, cuyo objeto fue el siguiente: “Servicio de cubrimiento de todas las actividades de tipo organizacional, que realice la corporación en los diferentes tipos de medios (radio, prensa, televisión entre otros)”.(19)

3.8. El 1 de agosto de 2016, se celebró el Contrato CM-45-2016, entre el Concejo Municipal de Rionegro y MIORIENTE S.A.S., por un término de 120 días y por valor de $ 20.500.000, cuyo objeto fue el siguiente: “Servicio de cubrimiento de todas las actividades de tipo organizacional, que realice la corporación en los diferentes tipos de medios (radio, prensa, televisión entre otros)”.(20)

3.9. Certificó el 2 de enero de 2017, el Contador Público Jaime Alonso Marín Restrepo, que conforme al Libro de Registro de Accionistas, la composición de la Sociedad MIORIENTE S.A.S., es la siguiente:(21)

“[...] SOCIOS ACCIONES PORCENTAJE DE PARTICIPACION 

Willy Alberto Alzate Castro, C.C. 15.442.969 1650 55% 

David Yair Valencia Ortega, C.C. 15.388.454 1350 45% 

TOTAL 3.000 100% 

[...]”. 

3.10. El representante legal de MIORIENTE S.A.S. Agencia de noticias, medios, publicidad, certificó el 17 de enero de 2017, que “Luisa María Areiza Gómez con cédula de ciudadanía (...) labora desde enero del 2016 hasta la fecha bajo contrato a término indefinido. Con un pago mensual equivalente a un salario mínimo y sus funciones son destinadas a la nómina y a servicios generales.”

3.11. Se allegó certificado de COOMEVA EPS expedido el 10 de febrero de 2017, en donde consta que: “la afiliada LUISA MARÍA AREIZA GÓMEZ identificada con (...) está vinculada al Sistema General de Seguridad Social en Salud en Régimen Contributivo por intermedio de COOMEVA EPS S.A. en calidad de COTIZANTE CABEZA DE FAMILIA y su estado actual es ACTIVO”.

3.12. En la audiencia de pruebas celebrada el 7 de marzo de 2017, en el proceso de pérdida de investidura se recibieron cuatro declaraciones de terceros, de las cuales se destacan las siguientes:

La declaración del señor Willy Alberto Alzate Castro, quien manifestó residir en Marinilla Antioquia, que es amigo del demandado, narró que decidieron hacer una empresa tres amigos a la que llamaron MIORIENTE, que el señor Daniel Arbeláez fue socio hasta finales del año 2014, quien cedió las acciones por tener otros proyectos, cesión que se hizo a título gratuito; afirmó que la empresa contrata con varias entidades públicas las cuales citó. Explicó que la contratación la hace directamente él como socio mayoritario y representante de la misma. Preguntado frente a la señora Luisa María Areiza, informó que labora en la empresa medio tiempo, por cuanto es estudiante de comunicación social, que hace noticias, contesta el teléfono, etc. Por último que desde que se desvinculó de la sociedad el señor Arbeláez no ha tenido injerencia alguna en la empresa. Reiteró que la cesión de acciones fue hecha por éste en agosto del año 2014 pero sólo se formalizó hasta el año 2015 y que no estaban obligados a registrarla en la Cámara de Comercio.

En la declaración recibida a la señora Maria Cecilia Álvarez Suárez, manifestó que es la secretaria general del Concejo de Rionegro desde el año 2016 y también ejercer la función de jefe administrativa y que en el contrato que realizó el concejo municipal con la empresa MIORIENTE S.A.S. no ha tenido injerencia alguna el concejal Daniel Arbeláez Echeverri. Explicó que en el orden del día del concejo nunca se somete a consideración la contratación, por cuanto se trata de un asunto a cargo del presidente y que el respectivo contrato se celebró con el señor Willy Alzate como representante legal de la sociedad, siendo ella la supervisora de su ejecución.

El testigo Jaime Alonso Marín Restrepo informó que es contador público de profesión y ha sido el contador de la sociedad MIORIENTE S.A.S. desde su constitución en el año 2013, formada por tres amigos. Explicó que conoce que en la actualidad no forma parte de la misma el señor Daniel Arbeláez Echeverri, pues cedió las acciones a los demás socios en el año 2015, que no les prestó asesoría para hacer la cesión de las acciones y conoce que las actas respectivas no están registradas en la Cámara de Comercio, puesto que este modelo societario no tiene obligación de hacerlo.

Las causales endilgadas al demandado.

En la demanda se le atribuyó al demandado, la causal señalada en el numeral 5º del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, que reza:

“[...] ART. 45.—Incompatibilidades. Los concejales no podrán:  

(...) 

5. <Numeral adicionado por el artículo 41 de la Ley 617 de 2000. El texto es el siguiente:> Ser representantes legales, miembros de juntas o consejos directivos, auditores o revisores fiscales, empleados o contratistas de empresas que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo municipio. 

[...]”.  

Sin embargo, el a quo la adecuó a la prevista en el numeral 4º del mismo artículo 45 de la Ley 136 de 1994 el cual dispone que los concejales no podrán: “Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo municipio o sean contratistas del mismo o reciban donaciones de éste”. 

Observa la Sala, que no es de recibo que el a quo hiciera tal adecuación, puesto que aunque en el hecho noveno de la demanda se indicó: “El señor DANIEL ALBERTO ARBELÁEZ ECHEVERRI, identificado con la cédula de ciudadanía 1.036.931.347 Concejal del Municipio de Rionegro, Antioquia, se encuentra violando el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, específicamente lo contenido en el artículo 8º, numeral 2º, literal d) el cual reza(...)”, —sin que se haya determinado a qué que precepto legal se refería— lo cierto es que en el acápite de pretensiones solicitó:

PRIMERO: Se decrete la PÉRDIDA DE INVESTIDURA del concejal del municipio de Rionegro, Antioquia ostentada por el ciudadano DANIEL ALBERTO ARBELÁEZ ECHEVERRI, identificado con la cédula de ciudadanía 1.036.931.347, elegido para el periodo 2016-2019, por la causal contenida en el artículo 45 numeral 5º de la Ley 136 de 1994, adicionado por el artículo 41 de la Ley 617 de 2000; violación al régimen de incompatibilidades señalado en el artículo 55, numeral 2º de la Ley 136 de 1994 y artículo 48, numeral 1º de la Ley 617 de 2000.”

Por consiguiente, como la demanda no ofrecía vaguedad o falta de claridad acerca de la causal invocada, era improcedente; so pretexto de su interpretación integral, hacer una adecuación no pedida y por demás innecesaria, máxime cuando fue interpuesta por conducto de apoderado; ahora bien, si el a quo tenía dudas sobre la causal debió inadmitirla para que fuera precisada, circunstancia que para nada varía por el hecho de que el demandado no haya cuestionado tal adecuación o interpretación, puesto que tanto en la contestación de la demanda como al descorrer el traslado del recurso de apelación en esta instancia, se refirió fue a los hechos allí planteados y a su desestimación.

Esta Sección ha dicho sobre la labor de interpretación de la demanda de pérdida de investidura lo siguiente:(22)

“[...]  

Para efectos del análisis de la controversia, es menester recordar que la corporación en múltiples oportunidades ha procedido, en atención al principio de prevalencia del derecho sustancial, a interpretar la demanda, sin que en dicha labor, el juez pueda sobrepasarse el límite fijado por el interesado.

(...)

Tratándose del medio de control de pérdida de investidura, tenemos que el artículo 4 de la Ley 144 de 1994(23), establece los requisitos mínimos que debe contener la solicitud de pérdida de investidura, dentro de los que se encuentra la invocación de la causal por la cual se solicita la pérdida de la investidura y su debida explicación (literal c). 

(...) 

Sin embargo, esta labor de los jueces solo puede tener lugar en los eventos en que exista falta de claridad, vaguedad o ambigüedad en el escrito, y que a pesar de ellas, sea posible desentrañar el sentido que decidió imprimirle el demandante, sin que ello implique, de modo alguno, desquiciar los ejes básicos de la misma, labor que en modo alguno supone el desconocimiento del carácter rogado de esta jurisdicción ni la sustitución o relevo de las cargas impuestas por la ley a las partes.  

En relación con las solicitudes de pérdida de investidura, lo anterior se torna razonable en la medida en que la institución de la pérdida de investidura tiene un evidente carácter sancionatorio y entraña sanciones de mucha gravedad. De una parte, se le priva al demandado de la calidad que tenía y es separado de las funciones que ejercía y, de otra parte, acarrea una inhabilidad permanente consistente en que el afectado no puede volver a ejercer cargos de elección popular.  

[...]”. 

(Destacado en la providencia). 

Así las cosas, se procederá a estudiar este primer motivo de disentimiento, bajo la causal invocada por el actor en la demanda, que corresponde a la señalada en el numeral 5º del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 e impide a los concejales, ser representantes legales, miembros de juntas o consejos directivos de empresas que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el respectivo municipio.

Esta Sala ha advertido que para la configuración de dicha incompatibilidad, se requiere la presencia de los siguientes supuestos:(24)

«i) tener la condición de concejal; ii) simultáneamente ser empleado o contratista de una empresa; iii) que esa empresa preste servicios de seguridad social; y iv) que esos servicios se presten en el municipio donde se es concejal(25)». 

En el asunto bajo examen se puede señalar que con fundamento en el material probatorio antes relacionado, tales supuestos no se configuran, puesto que la sociedad por acciones simplificada de la que se cuestiona hace parte el concejal Daniel Alberto Arbeláez Echeverri, no presta servicios domiciliarios o de seguridad social y está dedicada a labores de comunicación; además de que no está acreditado que el demandado sea representante legal, miembro de la junta o del consejo directivo de la misma empresa.

En relación con el conflicto de intereses.

La Sala deberá resolver: ¿Incurre en causal de pérdida de investidura por conflicto de intereses, el concejal que fue socio fundador de una sociedad por acciones simplificada que ha contratado con el municipio para el cual fue elegido, si acreditó que antes de la elección cedió sus acciones con un acta de asamblea de accionistas e inscribió la transacción en el libro de accionistas, mas no lo hizo en el registro mercantil?

La parte actora le atribuyó también al demandado incurrir en conflicto de intereses, previsto en el numeral 2º del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, y en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, los cuales disponen en su orden:

“[...] ART. 55.—Pérdida de la investidura de concejal. Los concejales perderán su investidura por:  

(...) 

2. Por violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses. [...]” 

“[...] ART. 48.—Pérdida de investidura de diputados, concejales municipales y distritales y de miembros de juntas administradoras locales. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:  

(...)  

1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general. [...]”. 

Esta Sala ha sostenido que para que se estructure el conflicto de intereses se requiere que este sea directo, particular y concreto, así:(26)

“[...] La Sala Plena de esta Corporación, en numerosos pronunciamientos, ha tenido oportunidad de precisar el alcance de la causal en estudio, con ocasión de los procesos de pérdida de investidura de congresistas que con apoyo en la misma se han promovido, y cuyo conocimiento le fue atribuido en única instancia por la Carta Política (arts. 183, num. 1º, y 184) y la Ley 144 de 1994. 

De tales pronunciamientos se extrae que dicha causal solo se configura ante la posibilidad de un interés directo, particular y concreto del parlamentario, en este caso, del Concejal, en el asunto objeto de estudio, frente al cual tiene poder de decisión, en razón de sus funciones (Exp. AC-1433, Actora: Claudia Lucía Flórez Montoya, sentencia de 4 de agosto de 1994). 

De la misma manera, la Sala Plena ha sido enfática en sostener que si el interés se confunde con el que le asiste a todas las personas o a la comunidad en general, en igualdad de condiciones, no se da la causal alegada, pues en tal caso el servidor público estaría actuando en interés de la colectividad y no en el suyo propio, lo que es anejo a la naturaleza de la labor desplegada (sentencias de 23 de agosto de 1998, Exp. AC-1675, Actora: Aura Nancy Pedraza Piragauta y concepto de 27 de mayo de 1999, Rad. 1191). [...]”. 

La legislación mercantil define con claridad los actos que están sujetos a registro, característica que no se predica de la enajenación de acciones, por cuanto ella no constituye una reforma al contrato social en las sociedades de capital, a diferencia de lo que sucede en las denominadas sociedades de personas. Por esta razón, el artículo 406 del Código de Comercio preceptúa que:La enajenación de las acciones nominativas podrá hacerse por el simple acuerdo de las partes; más para que produzca efecto respecto de la sociedad y de terceros, será necesaria su inscripción en el libro de registro de acciones, mediante orden escrita del enajenante.”

Y en este caso, la Sala recuerda que tal como lo certificó el contador de la Sociedad MIORIENTE S.A.S, su composición accionaria cambió, sin que en ella figure como socio el concejal demandado.(27)

Corolario de lo señalado, dada la naturaleza del medio de control de pérdida de investidura y sus consecuencias, los elementos de prueba que obran en el proceso no permiten concluir que el concejal Daniel Alberto Echeverri intervino en la adjudicación de los contratos que la sociedad de la cual fue fundador celebró con la personería y el concejo del municipio, ni se estableció el interés directo, particular y concreto de aquél. Por el contrario, aparecen acreditados los requisitos previstos en el artículo 406 del Código de Comercio, pues hay prueba de la respectiva venta de las acciones, mediante las actas, y de su tradición con la inscripción en el libro de accionistas, tal y como lo atestigua el contador de la compañía.

Sobre el propósito que tienen esta clase de prohibiciones ha dicho la corporación:(28)

“[...] Esta Sala ha entendido por intervención en la celebración de contratos aquellas gestiones o actuaciones que indiquen una participación personal y activa en los actos conducentes a la celebración del mismo y permitan develar un claro interés sobre el particular(29). De esta manera, la intervención en la celebración de contratos comprende un concepto amplio que no solamente involucra a terceros que participan personal y activamente en las actividades precontractuales, sino también a las partes del contrato, en donde la participación personal se entiende directa. [...](30). 

En ese sentido, el pretendido conflicto de intereses tampoco aparece fehacientemente acreditado.

4. Conclusiones.

En suma, no se demostró que la conducta del demandado haya configurado la causal prevista en el numeral 5º del artículo 45 de la Ley 136 del 2 de junio de 1994 o el conflicto de intereses señalado en el numeral 2º del artículo 55 de la citada ley, y en el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, pues no está probado que fuera socio y actual accionista de la Sociedad MIORIENTE S.A.S. con domicilio en el Municipio de Rionegro, lugar donde fue elegido concejal, la cual ha ejecutado varios contratos con el concejo y la personería del citado ente territorial; ni se acreditó el interés directo del concejal en la celebración de los mismos, razón por la que se confirmará la sentencia recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 20 de abril de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, según las razones explicadas en la parte motiva de esta decisión judicial.

2. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Consejeros: Roberto Augusto Serrato Valdés, Presidente—María Elizabeth García González—Oswaldo Giraldo López—Hernando Sánchez Sánchez».

11 Fls. 10 y 20, cdno. ppal.

12 Fls. 32 a 36, cdno. ppal.

13 Fl. 40, cdno. ppal.

14 Fls. 85 a 87, cdno. ppal.

15 Fls. 88 a 90, cdno. ppal.

16 Fls. 50 a 53, cdno. ppal.

17 Fl. 54, cdno. ppal.

18 Fls. 56 a 59, cdno. ppal.

19 Fls. 50 a 53, cdno. ppal.

20 Fls. 60 a 62, cdno. ppal.

21 Fl. 91, cdno. ppal.

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 13 de octubre de 2016, Exp. 810012339000 2016 00014 01. Medio de control de pérdida de investidura, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

23 Dicha disposición legal es aplicable por virtud del artículo 55 de la Ley 136 de 1994, que al tenor señala: «(...) ART. 55.—Pérdida de la investidura de concejal. (...) La pérdida de la investidura será decretada por el tribunal de lo contencioso administrativo de la respectiva jurisdicción, siguiendo el procedimiento establecido para los congresistas, en lo que corresponda».

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 23 de octubre de 2008, Exp. 44001-23-31-000- 2008-00027-01(PI). Medio de control de pérdida de investidura, C.P. Martha Sofía Sanz Tobón.

25 Sentencia del 8 de marzo de 2006, Rad. 2004-01571, C.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Reiterado mediante sentencia del 16 de agosto de 2007, Rad. 2005-02321 Dr. Camilo Arciniegas Andrade.

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 5 de febrero de 2009, Exp. 05001-23-31-000-2008-00937-01(PI), C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Ref. Pérdida de investidura de concejal.

27 Fl. 91, cdno. ppal.

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 21 de abril de 2005, Exp. 05001-23-31-000-2003-04231-01 (3605), C.P. Darío Quiñones Pinilla.

29 Sentencia del 28 de septiembre de 2001, Exp. 2674, Sección Quinta del Consejo de Estado.

30 Sentencia del 19 de octubre de 2001, Exp. 2654, Sección Quinta del Consejo de Estado.