Sentencia 2017-00297 de mayo 4 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 76001-23-33-000-2017-00297-01(AC)

Actor: Luis Adriano Ardila Paz

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, dirección de sanidad

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio

Bogotá D.C., cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el señor Luis Adriano Ardila Paz, en contra del fallo de 23 de marzo de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó el amparo solicitado.

I. Antecedentes

1. La petición de amparo.

La parte accionante ejerció acción de tutela en contra de la dirección de sanidad de la Policía Nacional, con el fin de que fueran protegidos sus derechos fundamentales a la salud y a la vida, los cuales consideró vulnerados por cuanto la entidad demandada no le ha practicado ni autorizado las terapias de piso pélvico ordenadas por su médico tratante, ya que esta no cuenta con el personal especializado para ello ni tiene vínculo contractual con otras entidades especializadas para tratar el padecimiento generado luego de la operación de próstata que le fue realizada el 31 de agosto de 2014.

En consecuencia, solicitó se “...ordene a la entidad demandada dirección de sanidad de la Policía Nacional, regional de Cali, legalmente representada por la mayor Ana Milena Mesa, o a quien haga las veces al momento de la notificación de la tutela, para que autoricen y contraten, con una entidad especializada en salud y terapias de piso pélvico...”. que le ordenó su médico tratante.

La solicitud de tutela, tuvo como fundamento los siguientes

2. Hechos.

Sostuvo que el 31 de agosto de 2014 se le practicó una cirugía en la próstata a través de los servicios de la Policía Nacional, la cual le ocasionó incontinencia urinaria que requirió del tratamiento médico con uropran.

Indicó que dicho medicamento no funcionó, por lo que fue sometido a varios exámenes y a una nueva intervención quirúrgica para corregir la anterior, la cual se llevó a cabo el 29 de octubre de 2015.

Agregó que con la segunda operación tampoco se obtuvo un resultado favorable pues no mejoró la pérdida del control vesical, de manera que acudió a los servicios del urólogo Héctor Jairo Motato Moscoso, adscrito a la misma dirección de sanidad de la Policía Nacional, el cual le recetó tolterodina y le prescribió terapias de piso pélvico con estimulación de esfínter.

Adujo que en la policlínica de la dirección de sanidad de la Policía Nacional no pueden practicarle el mencionado tratamiento pues no tienen los equipos médicos ni cuentan contractualmente con los servicios de otras entidades especializadas.

Añadió que ante una nueva solicitud radicada el 14 de julio de 2016(1), la dirección de sanidad de la Policía Nacional con oficio D-2016 05568/ESPIM-GASIS 29 del 15 del mismo mes y año, le negó la autorización requerida. En dicha contestación se indicó:

“...Con el propósito de atender su solicitud, me permito informarle que este servicio se presta dentro de las instalaciones de la Clínica Regional de Occidente y que le fue asignada cita el día martes 19 de julio del año en curso, a las 07:00 horas con la fisioterapeuta Ingrid Fajardo, área de apoyo terapéutico, primer piso de las instalaciones de las instalaciones(sic) de la Clínica Regional de Occidente, ubicada en la carrera 86 Nº 48-01 barrio El Caney.

Programación que le fue notificado a su familiar Edison Aguirre mediante vía telefónica al teléfono fijo 4432558 el día 15/07/2016 a las 18:30 horas.

(...)”

Agregó que, no obstante lo anterior, la referida dirección le practicó unas terapias que no fueron las indicadas por el especialista, por lo que, a su juicio, no le sirvieron, pues “...no son terapias de piso pélvico”, dado que no cuentan ni con los aparatos ni el personal especializado para llevarlas a cabo.

Allegó copias de la solicitud presentada el 14 de julio de 2016 y del oficio D-2016 05568/ESPIM-GASIS 29 del 15 de julio de 2016, a través del cual la dirección de sanidad demandada da respuesta, la prescripción médica de tolterodina del 13 de febrero de 2017 suscrita por el doctor Héctor Motato Moscoso, así como la orden para las 10 sesiones de terapia, las cuales se ordenaron a través de 2ARFR-0004 del 13 de febrero de 2017.

3. Fundamento de la petición.

Sostuvo que sus garantías constitucionales se vulneraron, pues la autoridad demandada no ha autorizado las terapias médicas necesarias y urgentes para tratar su padecimiento médico, el cual le desmejoró su calidad de vida, ya que su incontinencia urinaria es penosa y desagradable tanto para él como para su entorno familiar, ni ha contratado con una entidad especializada en “salud y terapias de piso pélvico”, para que le sean practicadas las que el médico tratante le ordenó.

4. Trámite de la solicitud de amparo.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante providencia del 10 de marzo de 2017 admitió la acción de tutela, por lo que ordenó la notificación de la dirección de sanidad de la Policía Nacional, seccional Valle.

5. Argumentos de defensa.

5.1. Ministerio de Defensa Nacional, dirección de sanidad de la Policía Nacional.

El director de sanidad de la Policía Nacional a través de escrito recibido electrónicamente el 15 de marzo de 2017, indicó que remitió la acción de tutela a la seccional de sanidad Valle, junto con la orden de cumplimiento, por ser la autoridad competente para contestar la demanda.

Hizo referencia a las funciones de la dirección de sanidad como dependencia de la Policía Nacional y precisó que la normatividad constitucional y legal la facultado para delegar y desconcentrar funciones para la prestación adecuada de los servicios de salud.

5.2 Ministerio de Defensa Nacional, dirección de sanidad, seccional sanidad Valle.

Esta autoridad demandada a través de memorial radicado el 16 de marzo de 2017, se opuso a las pretensiones de la solicitud de amparo, al considerar que ha garantizado las terapias ordenadas por el médico tratante, dentro de los parámetros de la red de salud contratada para tal efecto.

Sostuvo que la presente acción de tutela no puede utilizarse para encaminar un tratamiento especial en otra institución con la cual la seccional de sanidad no ha contratado para la prestación de dicho servicio.

Indicó que a la Policía Nacional, dirección de sanidad, seccional sanidad Valle, como entidad del derecho público del régimen exceptuado en salud, le es aplicable las normas propias del estatuto general de la contratación estatal conformado por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, así como los decretos reglamentarios.

Resaltó que de conformidad con lo anterior la entidad no puede suscribir contratos con otras entidades por fuera de los parámetros ya indicados, puesto que puede violar la normatividad vigente e incluso de incurriría en un delito penal al celebrar un contrato sin el lleno de los requisitos legales.

Agregó que la dirección de sanidad cuenta con los servicios de la Clínica Regional de Occidente, la cual se encuentra adscrita a la dirección de sanidad de la Policía Nacional en donde tienen profesionales idóneos contratados para la prestación del servicio de salud requeridos por el actor.

Adujo que las terapias ordenadas por el médico tratante son prestadas por la red propia en la Clínica Regional de Occidente, las cuales se realizaron, de manera que es una manifestación subjetiva del actor cuando se refiere a la falta de idoneidad necesaria para llevar a cabo dicho tratamiento.

Añadió que siempre la seccional de sanidad ha prestado los servicios de terapias conforme a lo determinado por el médico Héctor Jairo Motato Moscoso, urólogo adscrito al mencionado centro clínico.

Recordó que el actor debe someterse a la red contratada que tiene la entidad demandada para la prestación de sus servicios médicos, mas no a las instituciones que sean de su agrado.

6. sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante providencia del 23 de marzo de 2017 negó la solicitud de amparo, al considerar que no existía vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados, pues la autoridad demandada ha autorizado y agendado los servicios médicos prescritos en las IPS con las cuales se tiene convenio.

Hizo referencia al carácter fundamental del derecho a la salud y a la evolución histórica del mismo, así como al marco jurídico del sistema especial de salud de la Fuerza Pública, el cual se orienta por los principios orientadores de universalidad, solidaridad y protección integral a sus afiliados(2).

Precisó que el 13 de febrero de 2017 el médico tratante del actor le prescribió 10 sesiones de terapia de piso pélvico con estimulación de esfínteres, como tratamiento para la incontinencia urinaria que padece.

Indicó que la inconformidad del demandante radica en que la demandada no puede practicarle las terapias ordenadas, ya que esta no cuenta con los equipos necesarios ni el personal especializado, y mucho menos no tiene un contrato con otra institución experta para ello.

Encontró en material probatorio que las terapias de piso pélvico ordenadas al demandante han sido autorizadas y agendadas en las instalaciones de la Clínica Regional de Occidente, contrario a lo manifestado por la parte actora que no considera idónea ni especializada la atención brindada para llevar a cabo el procedimiento prescrito.

Resaltó que el marco normativo y jurisprudencial relacionado con el aludido derecho fundamental(3), para indicar que el actor tiene derecho a que los establecimientos, servicios y tecnologías de salud que le sean prestados cuenten con estándares de calidad e idoneidad desde el punto de vista médico y técnico. Además señaló:

“... que el derecho a la libertad de escogencia en el sistema general de seguridad social en salud de los miembros de la Fuerza Pública, por pertenecer a un régimen exceptuado, no es un derecho fundamental absoluto, pues depende de los convenios existentes entre la EPS y las IPS y, en este sentido, la escogencia puede verse limitada”.

Agregó que no encontraba prueba alguna que indicara que la IPS receptora no contara con los profesionales, la tecnología y los aparatos idóneos para realizarlas o que no se le garantice la prestación integral del servicio con buena calidad, de manera eficiente y oportuna, y menos aún que la autorización de las terapias contraríen lo ordenado por el médico tratante.

7. La impugnación.

La parte actora con escrito presentado el 29 de marzo de 2017 impugnó la decisión de tutela de primera instancia, pues a su juicio, sus derechos fundamentales se le han conculcado con la falta de autorización de las terapias que le prescribieron para tratar su padecimiento médico.

Sostuvo que el a quo se basó en el concepto médico de Andrés Felipe Riaño, con fecha del 15 de marzo de 2017 que indica que el “...paciente Luis Adriano Ardila Paz ha incumplido con el tratamiento médico prescrito por el Dr. Matato (sic). De la orden gene4rada (sic) el 13 de febrero de 2017 para diez secciones de terapia de piso pélvico. Lo que compromete la mejoría del cuadro vesical incontinente”.

Adujo que dicha prueba no debe ser tenida en cuenta, pues el señor Andrés Felipe Riaño no es su médico tratante, y el que a pesar de ello lo requirió vía telefónica, luego de haber presentado esta solicitud de amparo, para que le enviara copia de la orden que le prescribió el doctor Motato con la finalidad de saber en qué se le podía ayudar.

Informó que los nombres de sus médicos corresponden a José Daniel Osorio Orozco, Alirio Salinas Gómez y Héctor Motato Moscoso, de manera que nunca había sido tratado por el galeno Andrés Felipe Riaño Pino, quien emitió el concepto que tuvo en cuenta el a quo, y en tal sentido, se “...fabricó una prueba que bien podría constituir el delito de fraude procesal”.

Reiteró los hechos y fundamentos de derecho expuestos en la solicitud de amparo, de lo cual resaltó que la entidad demandada ha sido renuente en autorizar la orden para que una entidad especializada en terapias de piso pélvico le practique las terapias prescritas por un galeno adscrito a la dirección de sanidad de la Policía Nacional.

Manifestó que allegaba con el escrito los siguientes documentos: orden médica del 9 de julio de 2016, suscrita por el doctor Héctor Jairo Motato Moscoso, formato 2AR-FR-0004 de fecha 9 de julio de 2016, a través de la cual el médico Héctor Motato Moscoso solicita autorización para terapias de rehabilitación de piso pélvico para 10 sesiones, constancia de la práctica de las 10 terapias iniciales llevadas a cabo en la Clínica de la Policía Nacional de la del 18 al 28 de abril de 2016, y orden de las terapias ordenadas por el médico particular Enrique Usubillaga Moscoso, junto con la historia clínica y la factura de costo.

Solicitó que se oficiara a la dirección de sanidad de la Policía Nacional, seccional Valle, con la finalidad de que remitieran su historia clínica, para corroborar que el doctor Andrés Felipe Riaño Pino no hace parte de sus médicos tratantes.

II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de las impugnaciones presentadas contra la sentencia de primera instancia que accedió al amparo solicitado, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y 2º del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a revocar, confirmar o modificar el fallo proferido el 23 de marzo de 2017 que negó el amparo solicitado, al considerar que no existe vulneración alguna por parte de la autoridad demandada, toda vez que ha garantizado la prestación integral del servicio con buena calidad respecto de las terapias de piso pélvico ordenadas por el médico tratante del demandante.

Para el efecto, se deberá analizar, si la dirección de sanidad demandada vulneró las garantías constitucionales invocadas por la parte actora, quien aduce que dicha entidad no puede practicarle adecuadamente las terapias prescritas, ya que no cuenta ni con los equipos tecnológicos necesarios ni con el personal médico capacitado y mucho menos con un convenio con otra institución especializada para llevar a cabo dichos tratamientos.

3. Caso concreto.

La parte actora sostuvo que sus derechos fundamentales se transgredieron, debido a la falta de idoneidad de las terapias practicadas por la dirección de sanidad demandada, pues, a su juicio, en la clínica donde le practican las terapias del piso pélvico ordenadas con ocasión de su padecimiento urinario, no cuentan ni con el personal especializado ni con los equipos médicos adecuados para llevar a cabo dicho tratamiento.

Adicionalmente, el demandante considera que la institución cuestionada no tiene algún contrato o convenio con alguna otra entidad que le pueda brindar una mejor atención, pese a lo imperioso y urgente de su situación médica.

Por su parte, la autoridad demandada sostuvo que los servicios de salud que le ha brindado al actor han sido idóneos, ya que siempre ha autorizado las terapias prescritas por el médico adscrito a la red de salud contratada para tal efecto, por lo que consideró que el demandante se encuentra sujeto a esta disponibilidad, y no a las institución que sean de su agrado particular.

El a quo negó la solicitud de amparo puesto que no advirtió transgresión alguna de los derechos fundamentales del demandante, en tanto que la entidad demandada ha brindado la atención médica requerida por el actor, al autorizar el procedimiento prescrito para tratar la enfermedad que le aqueja.

La parte actora, con su impugnación, reiteró los argumentos expuestos con su solicitud de amparo al manifestar que la autoridad demandada ha sido renuente en autorizar la orden para que una entidad especializada en terapias de piso pélvico le practique las terapias prescritas por un galeno adscrito a la dirección de sanidad de la Policía Nacional.

Asimismo, con dicho escrito el demandante manifestó que el a quo erró al relacionar dentro del acápite de pruebas el concepto del médico general Andrés Felipe Riaño Pino, con el cual dicho profesional de la salud indicó que el tratamiento se había incumplido, y quien, luego de presentada la tutela, lo requirió telefónicamente para que le allegara la copia de la orden médica suscrita por el doctor Motato.

Para resolver los cargos planteados con la impugnación, la Sala precisa lo siguiente:

En relación con la prestación eficiente del servicio de salud integral a los usuarios, la Corte Constitucional en la Sentencia T-576 de 2008 y la más reciente Sentencia T-100 de 2016, en lo pertinente establece:

“4.1. De manera reiterada y con base en diferentes disposiciones legales(4), esta corporación ha sostenido que la atención en materia de salud debe prestarse de manera integral, es decir, debe envolver todas las prestaciones y servicios que se requieran para garantizar la vida y la integridad física, psíquica y emocional de los ciudadanos(5), más aun cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional(6).

(...)

... el concepto de integralidad no implica que la atención médica opere de manera absoluta e ilimitada; debe existir un diagnóstico médico que haga determinable, en términos de cantidad y periodicidad, los servicios médicos y el tratamiento que se debe adelantar para garantizar de manera efectiva la salud del paciente y su integridad personal, salvo situaciones excepcionalísimas(7)” (negrillas fuera del texto original).

Por lo que, se recuerda que la integralidad que prescribe el sistema de salud en Colombia comprende no solo el suministro de medicamentos, sino cualquier “... otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento del paciente”(8).

Así las cosas, la Sala reitera que el acceso oportuno y de calidad a los servicios que se requieran para alcanzar el mejor nivel de salud posible hacen parte de la materialización del principio de integralidad sobre el cual se sustenta también el derecho fundamental a la salud(9).

En tal sentido, la jurisprudencia de forma reiterada ha considerado que los usuarios del sistema tienen derecho a acceder a los servicios de salud que requieren, estén incluidos o no en los planes de beneficios, siempre que se trate de un servicio “...(i) indispensable para garantizar la salud, la integridad y demás garantías fundamentales del usuario, (ii) haya sido ordenado por el médico tratante, (iii) que no tenga en el POS un sustituto que cumpla la misma labor en la protección de la salud, y (iv) que la persona no pueda acceder a él de forma particular por no tener recursos económicos”(10).

De conformidad con lo antes expuesto, la Sala advierte que la inconformidad del actor radica en que, a su juicio, el tratamiento médico, específicamente, en lo que respecta a las terapias de piso pélvico, que le brinda su entidad prestadora del servicio de salud no es el adecuado para tratar la pérdida del control vesical que le aqueja, producto de las intervenciones quirúrgicas a la que fue sometido.

Contrario a lo manifestado por el accionante, la autoridad demandada sostiene que ha garantizado el acceso a los servicios médicos requeridos para tratar su incontinencia urinaria, suministrándole tanto la medicación como el tratamiento prescrito por el médico de la institución.

Del material probatorio que reposa en el expediente, se observa que la parte demandante con la solicitud de amparo allegó no solo la orden médica suscrita por el doctor Héctor Motato Moscoso el 13 de febrero de 2017, mediante la cual prescribió el medicamento tolterodina 2mg, 56 tabletas “1 cada 12 horas uso crónico tres meses no suspender”, sino el formato identificado con el código 2AR-FR-0004, a través del cual el mismo médico le ordena 10 sesiones de terapias de piso pélvico con estimulación de esfínter.

A su vez, con la impugnación el actor allegó la orden médica de fecha 9 de julio de 2016, mediante la cual el mismo galeno le prescribió imipramina HCl 25mg, en 60 unidades “1 cada 12 horas vía oral”, así como, el formato 2AR-FR0004, diligenciado en la misma fecha, en cual se advierte que se solicitó autorización de rehabilitación de piso pélvico de paciente con prostatectomía abierta, para 10 sesiones(11).

Además, el actor aportó la constancia de asistencia al tratamiento realizada entre el 18 y el 28 de abril de 2016, donde se referencia “Terapia física DX incontinencia urinaria, 10 sesiones”, con la firma del terapeuta de la dependencia “Sanidad/rehabilitación de la Policía Metropolitana de Cali”, Clínica Regional de Occidente.

Asimismo, adjuntó una orden médica suscrita por el doctor Enrique Usubillaga Moscoso, cirujano urólogo, de fecha 28 de junio de 2016, a través de la cual se prescribe “ordenes (sic) para terapia de piso pélvico 10 sesiones con biofeedback [ ] fisiosalud del norte [ ] Dra. María Cristina Rodas teléfono 310 4278450” y otra orden médica donde prescribe el medicamento “imipramina 25 mgrs tofranil”, la factura de venta 10010 del 12 de julio de 2016 por valor de $ 150.000 por concepto de la consulta médica especializada en urología y la historia clínica suscrita por el aludido galeno.

Ahora bien, de conformidad con lo manifestado por el demandante, si bien se le practicaron unas terapias, estas no corresponden a las indicadas por el especialista, al señalar que las realizadas no eran de piso pélvico y que además no se contaba con el personal especializado ni con los equipos adecuados para llevarlas a cabo.

Por lo que, la Sala encuentra que si bien con la impugnación se allegó al expediente una constancia de la práctica de unas “terapias de rehabilitación por incontinencia urinaria”, lo cierto es que la autoridad demandada con su contestación no logró desvirtuar lo indicado por el demandante con su solicitud de amparo, pues en dicha institución recaía la carga de demostrar que las terapias autorizadas y practicadas correspondieran a las prescritas por el médico tratante de la institución, esto es, a las “terapias de piso pélvico con estimulación de esfínter por incontinencia urinaria”.

De manera que, se advierte que los argumentos esgrimidos por el actor constituyen una inconformidad respecto de los servicios de salud prestados por la demandada, sin embargo, no por ello se podrá acceder a que la demandada autorice y contrate con una entidad especializada en las mencionadas terapias, en tanto, se encuentra acreditado que la institución cuenta con una red contratada para la prestación de los servicios médicos requeridos por el actor.

En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia que negó la solicitud de amparo, para en su lugar, proteger los derechos fundamentales invocados, pero solo para ordenar a la autoridad demandada que realice una nueva valoración médica al demandante respecto de su padecimiento de salud por la incontinencia urinaria, y determine si las terapias autorizadas y practicadas corresponden a las ordenadas por el médico adscrito a la institución. Y adicionalmente, para que verifique la idoneidad y efectividad de las mismas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la Sentencia del 23 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y en su lugar, se accede al amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor Luis Adriano Ardila Paz, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. En consecuencia, se ORDENA a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, dirección de sanidad que realice una nueva valoración médica al demandante respecto de su padecimiento de salud por la incontinencia urinaria, y determine si las terapias autorizadas y practicadas corresponden a las ordenadas por el médico adscrito a la institución. Y adicionalmente, para que verifique la idoneidad y efectividad de las mismas.

3. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4. Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y envíese copia de la misma al despacho de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Carlos Enrique Moreno Rubio—Rocío Araujo Oñate—Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez—Alberto Yepes Barreiro. 

(1) Con esta petición, el actor manifestó: “Con fundamento en que soy pensionado de la Policía Nacional, que mi calidad de vida esta (sic) deteriorada y que me esta (sic) causando perjuicios que atentan contra la estabilidad de mi hogar, solicito a su señoria (sic), ordene que se apropie la partida correspondiente para que se me practiquen las terapias, bien sea en la Clínica Los Remedios o cualquier otra entidad medica (sic) que me las puedan practicar. La verdad es que es urgente”.

(2) Al respecto, hizo referencia al Decreto-Ley 1795 de 200, norma que modificó la Ley 352 de 2007 y estructuró el sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

(3) El a quo mencionó la Ley 1715 de 2015, estatutaria de salud y la Sentencia T-296 de 2016 de la Corte Constitucional.

(4) “El literal c del artículo 156 de la Ley 100 de 1993, por medio de la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se crean otras disposiciones, establece que “[t]odos los afiliados al sistema general de seguridad social en salud recibirán un plan integral de protección de la salud, con atención preventiva, médico quirúrgica y medicamentos esenciales, que será denominado el plan obligatorio de salud”...”.

(5) “Dentro de los pronunciamientos de esta corporación en relación con el principio de integralidad están las sentencias T-179 de 2000... y T-133 de 2001... En estas sentencias, después de estudiar las normas relativas al sistema de seguridad social en salud, esta corporación concluyó que la salud en Colombia tiene como principio el de la ‘integridad’...”.

(6) “En cuanto a la protección especial de las personas de la tercera edad, el artículo 46 de la Constitución Política establece que el Estado se encargará de garantizar los servicios de la seguridad social de manera integral”.

(7) “Esta corporación ha sido clara en advertir que la atención en salud debe estar sujeta a un concepto médico que determine la necesidad del servicio mediante una orden médica. Sin embargo, cuando es notoria le necesidad del servicio debido a las patologías del paciente, el requisito de orden médica para acceder a los servicios resulta desproporcionado e innecesario. Al respecto, la Sentencia T-383 de 2013...precisó: ‘[...] es claro que en casos en los que la enfermedad de la persona hace notorias sus condiciones indignas de existencia, resulta desproporcionado y contrario al principio de integralidad en materia de salud, que se exijan requisitos de carácter administrativo, como lo es la prescripción por parte del galeno tratante, para que el paciente pueda recibir la asistencia médica requerida”. En el mismo sentido, la Sentencia T383 de 2013... resaltó: “[N]o [es] necesario el conocimiento científico a la hora de establecer la necesidad de los mismos, pues de la descripción de las enfermedades que padece una persona, o las secuelas de las mismas o de un accidente, o incluso el hecho de señalarse expresamente que hay un usuario que no controla sus esfínteres, se podía inferir razonablemente la necesidad de prescribirlos [...]’”.

(8) Corte Constitucional, Sentencia T-136 de 2004.

(9) Corte Constitucional, Sentencia T-121 de 2015.

(10) Corte Constitucional, Sentencia T-100 de 2016.

(11) Y otro formato del 17 de marzo de 2016, donde le ordenan 10 sesiones de la misma terapia.