Sentencia 2017-00323 de octubre 4 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 19001-23-33-000-2017-00323-01

Consejera Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Actor: Elcy Esperanza Dorado Pino

Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Dirección de Sanidad

Asunto: Fallo de segunda instancia. Derecho a la salud.

Bogotá, D. C., cuatro de octubre de dos mil diecisiete.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, contra la sentencia del 1º de agosto de 2017, dictada por el Tribunal Administrativo del Cauca, que concedió la protección de los derechos invocados por Elcy Esperanza Dorado Pino.

I. Antecedentes

1.1. Solicitud.

Con escrito radicado el 18 de julio de 2017, la actora promovió acción de tutela contra la Nación - Policía Nacional, Dirección de Sanidad, invocando la protección del derecho fundamental a la salud.

1.2. Hechos.

El amparo constitucional se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos, que la Sala sintetiza así:

La actora señala que se encuentra vinculada a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional desde hace 33 años en calidad de beneficiaria.

Indica que tiene 51 años de edad y que ha requerido en varias ocasiones la práctica del examen SS test VPH DNA X, el cual le ha sido negado por parte de esa entidad y fue debidamente ordenado por el ginecólogo.

1.3. Fundamentos de la solicitud.

La actora considera que la Dirección de Sanidad de la Policía le ha vulnerado su derecho a la salud en conexidad con la vida.

1.4. Pretensiones.

La demandante solicita que se conceda la protección del derecho fundamental a la salud y que en el término de 48 horas se expida la orden de apoyo para que le sea realizado el examen SS Test VPH DNA X.

1.5. Trámite en primera instancia y contestaciones.

La acción de tutela fue repartida al Tribunal Administrativo del Cauca y el 19 de julio de 2017 este la admitió, ordenó notificar al Área de Sanidad de la Policía Cauca y oficiar al médico ginecólogo Edward Moreno para que informara las consecuencias de no realizar el examen solicitado por la actora.

Remitidos los oficios correspondientes (fls. 10 a 14) respondieron los siguientes sujetos:

1.5.1. Coordinador Médico Fetalmed IPS SAS.

El especialista Javier Andrés Castro Z. respondió la acción de tutela e informó que la prueba para detectar el virus del papiloma humano (VPH) constituye el procedimiento aceptado para detectar el cáncer de cuello uterino, “patología que representa la segunda causa de muerte entre las mujeres en el país (…) Esta prueba de detección molecular del virus del papiloma humano es para mujeres entre 30 y 65 años es similar a la toma de una citología convencional, es segura y está incluida en el POS y no debe tener costo adicional para los pacientes”.

1.5.2. Policía Nacional - Dirección de Sanidad - Área de Sanidad Policía del Cauca.

Esta entidad confirmó que la actora es beneficiaria del subsistema de Salud de la Policía Nacional. Explicó que el jefe del área de sanidad del Cauca se encuentra realizando los trámites administrativos para contratar una IPS en la que se tome el examen requerido por la actora. Agregó que fue solicitada la autorización prestación del examen por parte de la Clínica Seccional Valle, “donde una vez sea autorizado y programado el servicio requerido se notificara (sic) de inmediato a la accionante”.

Consideró que bajo esos supuestos no se presenta la vulneración de los derechos alegada por la actora ya que se han adelantado los trámites administrativos requeridos teniendo en cuenta las normas que rigen el subsistema de salud. Argumentó que en este caso se presenta una carencia actual de objeto, en la medida en que la entidad está prestando los servicios a la actora.

1.6. Decisión en primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Cauca, Sala de Decisión 001, mediante fallo del 1º de agosto de 2017 (fls. 26 a 32), concedió la protección de los derechos a la salud, la vida y la dignidad humana, y ordenó que se practicara el examen solicitado en el término de 48 horas hábiles. Encontró que dicho procedimiento fue ordenado desde el mes de mayo de 2017, pero debido a trámites administrativos relacionados con la contratación del servicio, este no se ha cumplido diligentemente.

Concluyó que se han vulnerado los derechos fundamentales de la actora y se han desconocido los principios de la seguridad social en salud ya que las solicitudes de los usuarios deben ser atendidas con prontitud.

1.7. Impugnación.

La entidad demandada, a través del jefe del área de Sanidad del Departamento de Policía del Cauca, advirtió que ha realizado todos “los trámites y procesos administrativos necesarios para dar Cumplimiento al fallo de Tutela en referencia”. Luego de esa afirmación, advirtió que el 4 de agosto de 2017 fue efectuada la autorización del examen, la cual fue entregada el 8 de agosto a la actora.

Bajo esas condiciones relacionó el régimen legal aplicable al subsistema de salud de la Policía Nacional y consideró que en el presente caso se configura la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado.

1.8. Trámite en segunda instancia.

Con el objetivo de verificar que el examen médico requerido por la actora había sido efectivamente prestado por la entidad demandada, se realizó llamada telefónica el 3 de octubre de 2017, en la cual la actora confirmó que ya le fue realizado el procedimiento “examen de laboratorio tipificación del virus del papiloma humano x ADN” (fl. 55).

II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la impugnación presentada, según lo establecido por el Decreto 2591 de 1991(1), el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015(2) y por el artículo 2º del Acuerdo 55 de 2003(3) de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2. Problema jurídico.

La Sección Quinta debe establecer, con base en la impugnación, si la sentencia proferida por el a quo debe ser confirmada, modificada o revocada. Para esto determinará si los actos ejecutados por la demandada conllevan a la carencia actual de objeto por hecho superado.

3. Generalidades de la acción de tutela.

Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente, de particulares.

Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.

Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar de un uso inadecuado, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

3.2. En este caso la actora solicita a través de la acción de tutela que le sea autorizado y programado el examen de diagnóstico del VPH.

La Sala evidencia que durante el término de ejecutoria de la sentencia de primera instancia, la entidad demandada allegó copia auténtica de la orden de servicio externo 17876 del 4 de agosto de 2017 (fl. 46). En ella se dispone que a Elcy Esperanza Dorado Pino le sea practicado el procedimiento “Tipificación del virus de papiloma humano”, en la IPS Inovagen de la ciudad de Popayán. Además, en ese documento consta que la actora recibió el servicio el 8 de agosto de 2017.

Bajo esos términos, para esta Sala es evidente que la entidad cumplió con la obligación de autorizar y practicar el examen ordenado por el médico tratante. Por esta razón, en la medida en que se acató con la orden dictada en primera instancia, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO, debido al cumplimiento de la orden de protección de los derechos, consignada en el ordinal segundo del fallo (T-140) proferido por el Tribunal Administrativo del Cauca, del 1º de agosto de 2017, que concedió la protección de los derechos a la salud, la vida y la dignidad humana de la ciudadana Elcy Esperanza Dorado Pino, por parte del Área de Sanidad del Departamento de Policía del Cauca.

2. NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Carlos Enrique Moreno Rubio, Presidente—Rocío Araújo Oñate—Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez—Alberto Yepes Barreiro.

1 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

2 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”.

3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.