Sentencia 2017-00544 de mayo 4 de 2017

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110010102000201700544 00

Magistrado Ponente:

Dr. Julio César Villamil Hernández

Aprobado según Acta Nº 36 de la misma fecha

Bogotá D.C., cuatro de mayo de dos mil diecisiete

“(Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean remplazados por sus iniciales por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia)”.

Asunto a tratar

Procede la Sala a definir la competencia entre la Jurisdicción Especial Indígena, representada por el Resguardo Indígena XXXXXXX, Municipio de XXXX, XXXXX y la Jurisdicción Penal Ordinaria, en cabeza del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de XX XXXXX, XXXXX para conocer de la investigación penal seguida en contra del señor XXXX XXXXX XXXX XXXX, por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, de conformidad con lo normado por el artículo 54 de la Ley 906 de 2004, en concordancia con el artículo 256 Nº 6 de la Constitución Política y el 112 Nº 2 de la Ley 270 de 1996.

Antecedentes

El 26 de enero de 2016, se iniciaron diligencias penales seguidas contra el señor XXXX XXXXX XXXX XXXX, por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quien se encuentra actualmente privado de la libertad en la cárcel de XX XXXXX - XXXXX, dentro del proceso penal con Radicación 413966000594201700097, que cursa en la Fiscalía 23 Seccional del municipio de XXXX, XXXXX y conocimiento del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de la misma municipalidad.

Según los hechos plasmados en el escrito de acusación de la Fiscalía, “Dados a conocer el día 26 de enero de 2017, siendo las 19:35 horas el P.T. XXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX, en la Estación de Servicio XXXXX, Vía XXXX - XXXXX, se hace una señal de Pare al bus afiliado a XXXXXXXXXXX, Número Interno XXXX, detiene la marcha del bus, se identifican como funcionarios de la Sijin, bajan los pasajeros procediendo a registrar las maletas proceden a registrar a un pasajero que lleva un morral en la espalda quien accede de manera voluntaria le encuentran en su interior 4 cuatro bloques prensados que resultan ser marihuana, una sustancia que realizada la prueba PIPH, arrojó un peso de 9.400 gramos positivo para canabis o marihuana” (Sic).

En la misma fecha y ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de XX XXXXX, XXXXX con Funciones de Control de Garantías se celebraron las audiencias preliminares concentradas, de legalización de captura, formulación de imputación de cargos por la conducta penal de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, contenida en el artículo 376 inciso 1º, del Código Penal, modificado por la Ley 1453 de 2011, verbo rector portar o llevar consigo, cargos que no fueron aceptados por el detenido, imponiéndosele medida de aseguramiento intramural.

De la actuación procesal

El escrito de acusación fue presentado por el Fiscalía 23 Seccional del municipio de XXXX, XXXXX, el 17 de marzo de 2017, ante la Oficina de Reparto, de XX XXXXX XXXXX, siendo asignado al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito con Función de Conocimiento de XX XXXXX, XXXXX llevándose efectivamente la audiencia de formulación de acusación el 17 de abril de 2016, en donde el defensor Público del acusado doctor XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX, impugnó la competencia de la Jurisdicción Penal Ordinaria y reclamó para la jurisdicción Especial Indígena el conocimiento del proceso.

Para los efectos antes dichos el abogado defensor indicó que la competencia para conocer del asunto penal es de la Jurisdicción Especial Indígena, por cuanto el acusado pertenece y hace parte del Resguardo Indígena de XXXXXXX, XXXX, XXXXXXXX, departamento del XXXXX, para lo cual presentó certificación expedida por la señora XXXX XXXXX XXXXX, Gobernadora suplente del Resguardo, quien señala que conoce de vista y trato al acusado, quien ha permanecido en la vereda la Mesa de XXXXXXX, prestando sus servicios sociales en la comunidad, hijo de padres agricultores, quienes practican sus valores éticos y morales, allegando además copia de la correspondiente acta de posesión de la citada Gobernadora y copia de una solicitud de sustitución del lugar de reclusión.

Al darse el uso de la palabra al representante de la Fiscalía General de la Nación, refirió que no tiene objeción.

El Juez Primero Promiscuo del Circuito de XX XXXXX, XXXXX con funciones de conocimiento, indicó por su parte que: “En ningún momento el Despacho ha dicho que no es el competente, por el contrario considera tener la competencia conforme lo ha dispuesto en múltiples ocasiones la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al dirimir colisiones afines, donde se indica que en estos casos la competencia siempre ha estado en cabeza de la jurisdicción penal ordinaria, donde se deben reunir los cuatro elementos como el Personal, Territorial, etc..

Agregó que si bien el acusado pertenece a aun Resguardo Indígena, no significa per se que sea la jurisdicción indígena que deba investigarlo, por cuanto hay un hecho relevante y es que cuando se tiene contacto con la civilización ya no es de recibo hablar de esta jurisdicción indígena para investigarlos.

Añadió: “Se tiene precisión que los hechos acaecieron en la jurisdicción del municipio de XX XXXXX XXXXX, concretamente en la Estación de Servicio XXXXXX Vía XXXX, entonces se mantiene la competencia”, hizo énfasis en los artículos 54 y 286 de la Ley 906 de 2004, así como el artículo 112 Nº 2 de la Ley 270 de 1996, para definir la competencia y el trámite, dispuso remitir las diligencias ante esta Corporación.

Se adjuntó Certificación del Resguardo Indígena XXXXXXX, XXXX, XXXXXXXX, donde se hace constar que el imputado pertenece a esa comunidad y los demás documentos enunciados por la defensa.

Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Es competente esta Corporación para dirimir el conflicto planteado por expresa autorización de los artículos 256, numeral 6º, de la Constitución Nacional y 112, numeral 2º, de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia).

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo Nº 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así:

“…los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial", en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

Ahora bien con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, el tema del conflicto de competencia en materia penal ha sido regulado bajo la figura de la “Definición de Competencia”, procedimiento establecido en el artículo 54(1), a través del cual se resuelve ciertamente la controversia (o conflicto) que —a instancias del juez o de un sujeto procesal— se suscita dentro de un juicio penal, en punto de la competencia de ése juez en relación específica con ése proceso.

Así las cosas y tal como la mencionada norma lo consagra, el conflicto puede suscitarse porque el respectivo juez considera que no está en cabeza suya la competencia para conocer del sujeto procesal; o porque una consideración semejante provenga del defensor, en cualquiera de los dos casos impone la norma que el juez remita el asunto a quien tiene la facultad de definir la competencia.

Tal como ocurría en vigencia de los Códigos de Procedimiento Penal anteriores, los conflictos podían ocurrir al interior de la misma jurisdicción o en relación con jurisdicciones distintas, frente a lo cual la única diferencia que existe para el tratamiento de las dos eventualidades, es el de la autoridad a quien corresponde en cada caso definir esa competencia. Si el conflicto ocurre dentro de la misma jurisdicción deberán aplicarse las normas que indican en cada situación quién debe definir la competencia dentro de la misma jurisdicción pero si el conflicto es en relación con otra jurisdicción corresponde definir la competencia a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en virtud de lo dispuesto en el numeral 6º, artículo 256 de la Constitución Política y el artículo 112, numeral 2º, de la Ley 270 de 1996.

En caso de que la controversia sobre competencia sea presentada por el sujeto procesal, se denomina “impugnación de competencia”, figura que puede ser invocada tanto por la Fiscalía como por el Ministerio Público y, naturalmente, por la defensa, dentro de la “audiencia de formulación de la acusación”, tal como lo establecen los artículos 339 y siguientes de la Ley 906 de 2004.

En este punto se observa una clara contradicción entre lo normado por el artículo 54 y lo previsto en el 339 en cuanto a quiénes pueden impugnar la competencia, en la medida en que en el primero de los mencionados artículos sólo se faculta a la defensa, mientras que el último artículo establece que pueden hacerlo también la Fiscalía y el Ministerio Público; frente a esta situación es necesario acudir a las tradicionales normas de interpretación para definir los conflictos de normas(2), específicamente la regla de la especialidad y la de la norma posterior, que nos ofrecen una solución inmediata y por encima de toda duda dándole prevalencia a lo normado en el artículo 339. Lo anterior porque ciertamente dicho artículo se encuentra ubicado dentro del Libro Tercero “El Juicio”, Capítulo II “Audiencia de Formulación de la Acusación”, es decir, es la norma especial que regula exactamente el escenario donde es pertinente presentar impugnaciones de competencia, mientras que el artículo 54 está dentro del Libro Primero sobre “Disposiciones Generales”.

Ahora bien, en el caso específico de las “impugnaciones de competencia” la norma pertinente —artículo 341— señala “que su conocimiento corresponde al superior jerárquico del juez…”, frente a lo cual habrá de señalarse que dicha regla sólo puede ser aplicada cuando la controversia corresponda al interior de la respectiva jurisdicción, puesto que haciendo una lectura sistemática del ordenamiento jurídico en manera alguna podría entenderse que el artículo 341, que no es una norma de competencia, tiene capacidad de derogar las normas de competencia establecidas en la Constitución y en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que, como se sabe, priman sobre las leyes ordinarias.

Por lo tanto y previas las anteriores consideraciones, entrará la Sala a pronunciarse sobre el tema puesto a su conocimiento en el entendido de que bajo la vigencia del actual régimen penal acusatorio, para efectos de definir la competencia de una autoridad judicial para conocer de determinado asunto, basta que el juez ante el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia o que ésta se proponga por una de las partes, en cuyo evento el trámite se deberá remitir a quien, por virtud de la ley, le corresponda definir la competencia para que de plano se pronuncie sobre la materia.

2. Jurisdicción Especial Indígena.

La Sala de tiempo atrás ha expresado en diversos pronunciamientos los alcances de la Jurisdicción Especial Indígena de la siguiente manera:

“(…). Conforme con el artículo 246 de la Constitución Nacional, “...Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema nacional.” (…).” (Resaltado fuera de texto).

La Corte Constitucional en Sentencia T-811 de 2004, al analizar el artículo que se ha trascrito en el párrafo anterior manifiesta:

“(…). Son pues cuatro los elementos que contiene el artículo en relación con la jurisdicción especial indígena y la protección de los derechos de los miembros de las comunidades indígenas: i) la existencia de autoridades propias de los pueblos indígenas, que ejercen funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial; ii) la potestad de los pueblos indígenas para establecer y aplicar normas y procedimientos judiciales propios; iii) la sujeción de dichas jurisdicción, normas y procedimientos a la Constitución y a las leyes de la República; y iv) la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. Según lo señaló esta Corporación, “Los dos primeros elementos conforman el núcleo de autonomía otorgado a las comunidades indígenas —que se extiende no sólo al ámbito jurisdiccional sino también al legislativo, en cuanto incluye la posibilidad de creación de “normas y procedimientos”—, mientras que los dos segundos constituyen los mecanismos de integración de los ordenamientos jurídicos indígenas dentro del contexto del ordenamiento nacional”. En relación con el último de los elementos señalados, esto es, la remisión a la ley para que establezca las formas de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional, la jurisprudencia nacional tiene establecido que la omisión del legislador en esta materia no condiciona ni suspende el ejercicio efectivo de la jurisdicción indígena. En la Sentencia T-254 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte Constitucional señaló que, “El ejercicio de la jurisdicción indígena no está condicionada a la expedición de una ley que la habilite, como podría pensarse a primera vista. La Constitución autoriza a las autoridades de los pueblos indígenas el ejercicio de funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando no sean contrarios a la constitución y a la ley. Así, pues, del reconocimiento constitucional de las jurisdicciones especiales se deriva el derecho de los miembros de las comunidades indígenas a un fuero, en aplicación del cual serán juzgados por sus propias autoridades, conforme a sus normas y procedimientos, dentro de su ámbito territorial y en aras de garantizar el respeto por la particular cosmovisión del individuo. (…).”

Así las cosas, por mandato constitucional los pueblos indígenas tienen derecho a ejercer funciones jurisdiccionales y, precisamente ello obedece al interés del Estado en garantizar la existencia, conservación, respeto y reconocimiento de las comunidades indígenas, protegiendo la diversidad cultural aceptando su autonomía, para que, ante la existencia unos requisitos mínimos para reconocer el fuero, las autoridades indígenas puedan investigar y juzgar, según sus principios, usos y costumbres a los miembros que integran su comunidad.

Y es que el derecho a la integridad étnica, cultural y social de los pueblos indígenas se ha erigido en uno de los derechos fundamentales de estas colectividades, así lo ha indicado en varios pronunciamientos la Corte Constitucional:

“(…). Los derechos fundamentales de los cuales son titulares las comunidades indígenas son, básicamente, el derecho a la subsistencia, derivado de la protección constitucional a la vida (C.P., artículo 11); el derecho a la integridad étnica, cultural y social, el cual se desprende no sólo la protección a la diversidad y del carácter pluralista de la nación (C.P., artículos 1º y 7º) sino, también, de la prohibición detoda forma de desaparición forzada (C.P., artículo 12); el derecho a la propiedad colectiva (C.P., artículos 58, 63, 329); y, el derecho a participar en las decisiones relativas a la explotación de recursos naturales en sus territorios. (…)”(3) (subrayas y negrillas fuera de texto).

Es innegable que los diversos grupos indígenas que aún se conservan en nuestro territorio nacional tienen una especial cosmovisión, una forma particular de apreciación, raciocinio y percepción del individuo, del mundo que los rodea, así como de algunos acontecimientos, los que los hace diferentes, y por ello es indispensable, ante la presencia de una trasgresión a la normatividad laboral por parte de un integrante de estas comunidades, entrar a analizar, cada caso en particular, el sentido de pertenencia del individuo con la comunidad de la cual hace parte, así como, su conocimiento y familiaridad con la cultura mayoritaria, para establecer si tiene la suficiente capacidad de comprender que su conducta es considerada ilícita en el derecho interno.

Con relación a este punto la Corte Constitucional manifestó:

“…Los miembros de comunidades indígenas, como sujetos éticos, son y se ven como distintos y esa diferencia genera modos de reflexionar diversos que no pueden ser equiparados con una inferioridad síquica o, en otros términos, con inmadurez sicológica o trastorno mental, factores que utiliza el Código Penal para caracterizar a los inimputables.(4)De acogerse una interpretación en tal sentido, se desconocería la capacidad de autodeterminación de los pueblos indígenas conforme a sus valores, además de enfatizarse una cierta connotación peyorativa: ‘retraso mental cultural’.(5) (…). No quiere decir lo anterior, que el indígena que es juzgado a la luz del derecho penal, deba ser tratado siempre como alguien que conocía y comprendía la ilicitud de un acto. Por el contrario, de lo que se trata, es de cambiar la perspectiva del análisis, ya no fundada en un concepto de inmadurez sicológica, sino en la diferencia de racionalidad y cosmovisión que tienen los pueblos indígenas. El juez, en cada caso, debe hacer un estudio sobre la situación particular del indígena, observando su nivel de conciencia étnica y el grado de influencia de los valores occidentales hegemónicos, para tratar de establecer si conforme a sus parámetros culturales, sabía que estaba cometiendo un acto ilícito. De determinarse la falta de comprensión del contenido y alcance social de su conducta, el juez deberá concluir que ésta es producto de una diferencia valorativa y no de una inferioridad en las capacidades intelecto-volitivas; en consecuencia ordenará devolver al indígena a su comunidad para que sea juzgado por sus propias autoridades...”(6) (Resaltado y negrillas fuera de texto).

Así las cosas y como quiera que los integrantes de las comunidades indígenas gozan de un fuero especial, resulta relevante indicar que éste consiste en el derecho que tienen las personas pertenecientes a una de estas comunidades a ser investigadas y juzgadas por miembros de la misma según sus usos, costumbres, y de acuerdo con sus normas y procedimientos, teniendo en cuenta la particular cosmovisión que tienen del mundo y del individuo.

Sobre los elementos esenciales que comprende el fuero indígena la Corte Constitucional en Sentencia T-811 de 2004(7) expuso:

“(…). El fuero indígena comprende tres elementos esenciales, a saber: i) el personal “con el que se pretende señalar que el individuo debe ser juzgado de acuerdo con las normas y las autoridades de su propia comunidad”(8); ii) el territorial “que permite que cada comunidad pueda juzgar las conductas que tengan ocurrencia dentro de su territorio, de acuerdo con sus propias normas”(9) y iii) el objetivo, “referido a la calidad del sujeto o del objeto sobre los que recae la conducta delictiva”(10). Siendo así, las autoridades indígenas son el juez natural para conocer de los delitos cometidos por miembros de su comunidad, siempre y cuando se atiendan los requisitos establecidos para el reconocimiento del fuero indígena. (…)” (negrillas fuera de texto).

De lo anterior se concluye que es indispensable estudiar cada caso en particular para establecer si se dan o no, todos los presupuestos que son necesarios para reconocer el fuero indígena:

En primer lugar en cuanto al fuero personal se debe indicar que señor XXXX XXXXX XXXX XXXX, sí pertenece a la comunidad del Resguardo Indígena XXXXXXX del municipio de XXXX XXXXXXXX, Departamento del XXXXX, de conformidad con la certificación allegada al proceso por parte del Defensor Público del acusado, doctor XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXX, expedida por la señora XXXX XXXXX XXXXX, Gobernadora suplente del Resguardo, quien señala que conoce de vista y trato al acusado, el cual ha permanecido en la vereda la Mesa de XXXXXXX, prestando sus servicios sociales en la comunidad, hijo de padres agricultores, quienes practican sus valores éticos y morales, por lo que el fuero personal, se cumple.

En segundo lugar, en lo referente al fuero territorial se tiene establecido que el procesado fue detenido en jurisdicción del Municipio de XX XXXXX, XXXXX concretamente en la “Estación de Servicio XXXXX, XXXX”, donde cursa la investigación penal con Radicación 413966000594201700097, que adelanta la Fiscalía 23 Seccional del Municipio de XX XXXXX, XXXXX por lo tanto no es territorio sobre el cual tenga jurisdicción el Resguardo Indígena XXXXXXXX del municipio de XXXX, Departamento del XXXXX, pues de conformidad con la certificación emitida el Resguardo Indígena es de jurisdicción del Municipio de XXXX, XXXXX, por lo tanto al no cumplirse este requisito, el elemento, no se encuentra satisfecho.

En tercer lugar el objeto, referido a la calidad del sujeto o del objeto sobre los que recae la conducta delictiva, este corresponde a 4 cuatro bloques prensados de marihuana, sustancia que realizada la prueba PIPH, arrojó un peso de 9.400 gramos positivo para canabis o marihuana, el cual no tiene relación con el desarrollo de actividades tradicionales ni culturales, y al no tener relación con esa jurisdicción, es evidente que este requisito tampoco se cumple, situación que permite con certeza determinar que la orientación de la decisión debe ser la Justicia Ordinaria.

Y en este punto que encontramos, que el bien jurídico tutelado por el delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, es la salud pública, en todos sus niveles, teniendo que una de las epidemias sociales de mayor y más rápida extensión de nuestro siglo es el problema que se presenta con el tráfico, microtráfico y consumo de drogas. Dicho fenómeno representa una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos a la vez que resquebraja las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad. Por otro lado convierte en víctimas a poblaciones enteras, apropiándose de los segmentos más débiles. Está en juego la salud de la población, en especial, la salud mental; la educación; los modelos sociales a seguir por la juventud; los valores éticos compartidos por el conjunto de la población; y muy controvertible en el presente caso, que el aquí acusado preste sus servicios sociales en la comunidad, según lo certificado por la Gobernadora suplente del referido Resguardo al cual pertenece.

Otro elemento fundamental es la reglamentación exigida para que sea reconocida la jurisdicción que son las autoridades debidamente reconocidas, las cuales según la documentación adosada al expediente no permite verificar si este tipo de conductas están reglamentadas y reguladas para ser investigadas y sancionadas, como tampoco se tiene establecido si existen convenios con entidades de la Comunidad mayoritaria encaminadas a que las sanciones previstas puedan efectivamente ser cumplidas, las cuales brillan por su ausencia.

En consecuencia, se puede afirmar que el conocimiento de la investigación en cuestión escapa de las competencias atribuidas constitucionalmente a las autoridades de los pueblos indígenas y, por consecuencia, el asunto objeto de impugnación de competencia debe ser asignado a la jurisdicción ordinaria.

En ese orden de ideas, y sin que sean necesarias consideraciones adicionales al respecto, encuentra la Sala que, al no presentarse en este caso todos los elementos que conforman la jurisdicción indígena, de acuerdo con las líneas jurisprudenciales arriba enunciadas, deviene claramente que la Jurisdicción competente para resolver el sub lite, lo es la ordinaria, en cabeza del Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de XX XXXXX, XXXXX con funciones de conocimiento, como en efecto se asignará.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE

1. Asignar la competencia para conocer del presente asunto a la Jurisdicción Penal Ordinaria representada por el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de XX XXXXX, XXXXX conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

2. Remítase el expediente al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de XX XXXXX, XXXXX para continuar el trámite; y envíese copia de esta providencia al Resguardo Indígena XXXXXXX del municipio de XXXX, departamento del XXXXX, para su información.

3. Por la Secretaría Judicial de la Sala entérese de lo dispuesto en la presente providencia a los sujetos.

Notifíquese y cúmplase

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Presidente—Julia Emma Garzón de Gómez, Vicepresidenta—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya ReyesJulio César Villamil Hernández.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial 

(1) “…Cuando el juez ante el cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber a las partes en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al funcionario que deba definirla quien en el término improrrogable de tres (3) días decidirá de plano. Igual procedimiento se aplicará cuando se trate de lo previsto en el artículo 286 de este Código y cuando la incompetencia la proponga la defensa (…)” (resaltado fuera de texto)

(2) Ley 57 de 1887. “…Artículo 5º—Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá aquella.

Si en los Códigos que se adoptan hallaren algunas disposiciones incompatibles entre sí se observarán en su aplicación las reglas siguientes:

1) La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter general;

2) Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad, y se hallen en un mismo Código, preferirá la disposición consignada en el artículo posterior;…”.

(3) T-380/93 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-058/94 M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-349/96 M.P. Carlos Gaviria Díaz; T-496/96 M.P. Carlos Gaviria Díaz; Su-039/97 M. Antonio Barrera Carbonell; T-552/03 M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(4) En este mismo sentido ya se había pronunciado La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de septiembre 20 de 1984.

(5) Hernán Darío Benítez. Tratamiento Jurídico penal del Indígena Colombiano. ¿Inimputabilidad o inculpabilidad? Temis. Bogotá, 1988, pág. 119.

(6) C-496/96. M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(7) M.P. Jaime Córdoba Triviño

(8) Corte Constitucional. Sentencia T-496/96, M.P. Carlos Gaviria Díaz

(9) Ibídem

(10) Corte Constitucional. Sentencia T-552/03, M.P. Rodrigo Escobar Gil.