Sentencia 2017-00701/3498 de febrero 28 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Rad.: 11001032500020170070100 (3498-2017).

Demandante: Bogotá Distrito Capital, Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá.

Demandada: Myriam Luz García Chaparro.

Trámite: Ley 1437 de 2011.

Asunto: Recurso extraordinario de revisión. Causal primera del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

Decisión: Declara improcedente recurso extraordinario de revisión.

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Bogotá D.C., veintiocho de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

En atención a lo previamente señalado, resolverá el Despacho sobre la admisibilidad del presente asunto, para lo cual: i) establecerá las características del recurso de revisión y sus respectivos requisitos(5), para posteriormente, ii) analizar los requisitos y presupuestos en el caso concreto, a efectos de determinar su admisión.

2.1. Generalidades del recurso extraordinario de revisión.

El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en los artículos 248 al 255, el cual fue previsto por el legislador con las siguientes características:

i) Objeto: Sentencias ejecutoriadas sin consideración a la temática o asunto discutido (art. 248(6));

ii) Temporalidad: Por regla general, dentro del año siguiente a la ejecutoria del fallo controvertido y frente a las causales 3ª y 4ª del artículo 250 ídem, relativas a haberse dictado con base en dictamen de peritos condenados penalmente o proferirse aquella que declare que hubo violencia o cohecho, respectivamente, será el mismo plazo contado a partir de la firmeza de la sentencia penal; y frente a la 7ª, en el evento en que con posterioridad a la decisión judicial sobrevenga la pérdida de la aptitud legal para el reconocimiento de una prestación periódica, en donde se computará desde la ocurrencia del motivo que dio lugar a la causal (art. 251(7));

iii) Legitimación por activa: Se encuentra en quien hubiere sido parte del proceso ordinario o de un tercero con interés legítimo en la decisión; iv)(sic) competencia: es de carácter funcional, por lo que le corresponderá al Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, las secciones o subsecciones, y a los tribunales administrativos (art. 249(8));

iv) Causales: Las previstas en el artículo 250 ídem, que grosso modo, contempló el hallazgo de documentos nuevos que tuvieren la importancia de variar la decisión; el haberse dictado con fundamento en documentos falsos o adulterados; con base en dictámenes dictados por peritos condenados penalmente por ilícitos; por violencia o cohecho; cuando se configura una causal de nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso contencioso administrativo; en el evento en que aparezca una persona con mejor derecho para reclamar el reconocido por el órgano judicial; porque no tenía la aptitud legal para el reconocimiento de la prestación periódica o lo perdió con posterioridad; y cuando sea contraria a otra anterior proferida entre las mismas partes y que hizo tránsito a cosa juzgada.

De acuerdo con los rasgos característicos antes señalados, encontramos que el recurso extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por parte de la doctrina(9) como un medio de impugnación que tienen las partes contra una providencia judicial ejecutoria, con el cual, de manera excepcional se ataca el principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, pues con él se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(10).

Respecto de su objeto, a través de él se procura el restablecimiento de la justicia material de la decisión, cuando quiera que esta última ha sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa juzgada(11).

En ese sentido, el recurso no es una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpretativa del juez(12) o para corregir errores in iudicando, sino que fue consagrado para discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio - como es el caso de los documentos falsos o adulterados(13), o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser determinantes para la misma - como ocurre con las pruebas recobradas a la aparición de una persona con mejor derecho(14), o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen que esta última carezca de razón de ser - como en el caso de la causal cuarta(15), o deben poder ser objeto de examen judicial - como cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación(16).

Por estas razones, al ser un recurso extraordinario cuya procedencia está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la obligación elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese formalismo, debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y, especialmente, los hechos que le sirven de fundamento y la configuran.

En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos en que se fundamenta y la causal invocada, de forma tal que no le es dable al recurrente realizar esfuerzos dirigidos a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa, como si se tratara de una nueva instancia.

En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito interpretativo(17).

2.2. Análisis de los requisitos y presupuestos en el caso concreto, a efectos de determinar su admisión.

Seguidamente, se analizarán los presupuestos de procedencia, legitimación y requisitos para el caso concreto, bajo el rigor del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así:

El despacho señala que confrontadas las particularidades previstas por el legislador para el recurso de revisión, se procederá a examinar cada uno de los requisitos contemplados para la procedencia del mismo.

Procedencia. A efectos de que el recurso extraordinario de revisión proceda es necesaria la concurrencia de dos requisitos, a saber: i) Que la sentencia se encuentre ejecutoriada; ii) Que haya sido proferida por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo, por los tribunales o los jueces administrativos(18).

Como se señaló al inicio de la providencia, la sentencia que se cuestiona es aquella proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de fecha 26 de mayo de 2016, dentro el proceso de radicación 2013-00432, la cual fue notificada por estado el día 24 de agosto de 2016 quedando ejecutoriado el 25 de agosto de la misma anualidad, según constancia(19) suscrita por el oficial mayor de la Sección Segunda, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En consecuencia, cumple con el presente requisito.

Competencia. Esta Corporación tiene competencia para conocer en única instancia del presente asunto, de conformidad con el inciso 2º del artículo 249 ibídem(20), en atención a que se trata, como ya se expuso, de una sentencia ejecutoriada proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Igualmente, debido a que la providencia recurrida se originó a partir de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral no proveniente de un contrato de trabajo, puesto que la controversia se concretó en el control de legalidad del acto administrativo que aceptó la renuncia de una empleada pública sin que la misma haya sido presentada de manera libre y espontánea, por ello, conforme a lo previsto en el numeral 2º, articulo 13 del Acuerdo 28 de 1999(21), modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003(22), la presente demanda es competencia de esta Sección.

Oportunidad para presentar el recurso extraordinario de revisión. El articulo 251 ibídem(23) previó que el recurso extraordinario de revisión debe interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria del fallo recurrido. En ese orden de ideas, el presente mecanismo judicial se instauró el 25 de agosto de 2017, esto es, dentro del término del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia recurrida, lo que permite aseverar que el recurso extraordinario de revisión se ejerció dentro del término de caducidad señalado en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011, el cual vencía ese mismo día(24).

De la legitimación. Dentro de las normas que consagran el recurso extraordinario de revisión, no se definió expresamente la legitimación para su interposición. Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha entendido que “(…) como regla general, cualquiera de las partes del proceso ordinario tiene legitimación para pedir la revisión de la sentencia, por el sólo de hecho de haber sido demandante o demandado en esa actuación judicial”(25).

En lo atinente a este requisito de procedibilidad, se tiene que el distrito capital de Bogotá - Secretaría Distrital de Hacienda, por conducto de apoderado actuó como demandado dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la sentencia objeto de revisión. De ahí, su legitimación para ejercer este recurso extraordinario.

La causal invocada en el recurso extraordinario de revisión. En lo que atañe a la causal, se observa que el recurrente formula la establecida en el numeral 1º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, esto es, “haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

Así las cosas, de la descripción típica de la causal se desprenden los presupuestos para su estructuración, tales como:

i) Que se trate de prueba documental;

ii) Que su no presentación al proceso sea por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria;

iii) Que se haya recobrado después de la sentencia, esto es, que exista desde el momento en que se instaura la demanda o, al menos, antes del vencimiento de la última oportunidad para presentar pruebas y;

iv) Que sea un documento conclusivo que hubiera podido cambiar el sentido del fallo.

A continuación, el despacho procederá a realizar el examen de cada uno de los presupuestos descritos por la norma respecto de la causal y su encuadramiento frente a los supuestos fácticos invocados.

Que se trate de prueba documental. La causal hace referencia a documentos, entendidos estos como medios de prueba que conforme al artículo 243(26) del Código General del Proceso, es en general “todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo”(27), los que deben ser concluyentes, es decir, con los cuales se hubiera podido adoptar una determinación distinta.

El ente territorial recurrente aduce que la prueba documental consiste “en la Resolución PSI 27 del 30 de enero de 2015, proferida por la Personería de Bogotá D.C., mediante la cual se resolvió la apelación de la decisión de archivar definitivamente las actuaciones adelantas contra la señora Bárbara Alexy Carbonell Pinzón por no encuadrarse las conductas denunciadas en la definición del artículo 2º de la Ley 1010 de 2006(28), determinación que constituye prueba decisiva con la cual el fallador hubiera podido expedir una sentencia diferente.

Revisado el expediente encuentra el despacho que a folios 38 al 50 reposa la aludida resolución del 30 de enero de 2015, la cual, a la luz de lo consagrado en el artículo 243 de la Ley 1564 de 2012, constituye un documento, por lo que, se adecua el mismo a la descripción normativa de la causal formulada.

Que se haya encontrado o recobrado después de la sentencia. De acuerdo a la descripción típica, dichos documentos deben haberse encontrado o recobrado. Como se observa, la norma contempla dos verbos. El primero “encontrar” vocablo que viene del latín in contra que significa “dar con alguien o algo que se busca”(29), es decir, presupone la pérdida de la cosa o sujeto. Y “recobrar” cuya raíz latina es recuperare que expresa “volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía o poseía”, de manera que, es recuperar aquello que se tuvo(30).

En efecto, esta causal parte de un supuesto incontrovertible, esto es, la posibilidad que con posterioridad a la sentencia se recobren o encuentren documentos que no pudieron ser aportados por la parte interesada en el curso del proceso ordinario, ya sea porque no se había accedido a él por estar perdido o por haberla recuperado del extravío en que se hallaba o por no haber sido posible acceder u obtener el documento por circunstancias ajenas a su voluntad. Cabe precisar que lo recobrado no puede tratarse de pruebas originadas o constituidas en forma ulterior a la conclusión del debate procesal sino, por el contrario, debe versar sobre documentos preexistentes a dicho momento(31).

Frente al caso que nos ocupa, alega el recurrente que la Resolución 27 del 30 de enero de 2015(32), solo llegó a su poder con posterioridad a la sentencia emitida por el fallador de segunda instancia, lo que imposibilitó su aporte al proceso en las oportunidades probatorias fijadas por la ley.

Al respecto, debe señalarse que examinada la aludida resolución se obtiene que las diligencias disciplinarias adelantadas contra la señora Bárbara Alexy Carbonell Pinzón en su calidad de jefe de la oficina de ejecuciones fiscales de la Secretaría de Hacienda Distrital por acoso laboral, fueron asumidas por parte de la Personería Distrital de Bogotá, en virtud de la “comunicación remitida por la subdirectora de talento humano de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, autoridad que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12(33) de la Ley 1010 de 2006, envió al órgano de control antes citado toda la documentación relacionada con el presunto acoso laboral denunciado por la señora Myriam Luz García Chaparro.

Lo anterior, pone de presente el conocimiento que el Distrito de Bogotá tenía sobre la existencia de la actuación disciplinaria que por acoso laboral se adelantaba ante la Personería Distrital, en la medida que fue precisamente, por intermedio de una de sus dependencias que se remitió toda la documentación al órgano disciplinario para que éste asumiera competencia en los términos del artículo 12 de la Ley 1010 de 2006, de manera que, no era desconocida para la administración distrital el trámite que cursaba sobre dicho particular.

Aunado a lo anterior, es importante señalar que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la señora Myriam Luz García Chaparro contra el ente territorial tendiente a obtener la nulidad de la Resolución DGC-00851 del 1º de noviembre de 2012 que culminó con la sentencia aquí controvertida, fue incoada en fecha 27 de mayo de 2013(34), esto es, 3 meses y 24 días después del envío que hiciera la subdirectora de talento humano de la Secretaría Distrital de Hacienda a la Personería de la actuación surtida por acoso laboral para que ésta última asumiera el conocimiento de la misma.

En otras palabras, cuando la señora Myriam Luz García Chaparro acudió ante esta jurisdicción a demandar la legalidad del acto administrativo que le aceptó su renuncia al considerar que la misma no había sido manifestada de manera libre y espontánea sino motivada por el trato recibido de parte de la jefa de la oficina de ejecuciones fiscales de la Secretaría de Hacienda Distrital, la administración distrital conocía no solo de la denuncia que por acoso laboral habla formulado, la aludida ex servidora pública, sino que además, tenía pleno conocimiento que dicho trámite cursaba ante la Personería Distrital.

Conforme lo anterior, se observa que la Resolución 27 del 30 de enero de 2015 allegada con la demanda, corresponde a la decisión final proferida al interior de la actuación disciplinaria que por acoso laboral adelantó la Personería Delegada para asuntos disciplinarios de Bogotá, constituyendo tal documento parte integrante del proceso correctivo adelantado por el órgano disciplinario, del cual, el Distrito de Bogotá tenía pleno conocimiento de su existencia en tanto que, fue a través de la subdirectora de talento humano de la Secretaría Distrital de Hacienda que se remitió la actuación a la Personería Distrito(sic) para que llevara a cabo el trámite de ley, aunado al hecho de no reposar sobre el aludido documento, impedimento físico o jurídico que imposibilitara su obtención.

De igual forma, muy a pesar de saber el distrito donde reposaba o se encontraba el documento que ahora trae como recobrado, no acreditó la imposibilidad que le limitaba su obtención, toda vez que, con la demanda no se allegó ni se solicitó prueba que deje ver la actividad desplegada en aras de conseguir el mismo ante la Personería y su negativa o imposibilidad en poder acceder a aquel.

En ese orden, si bien el Distrito de Bogotá alega haber recuperado la mencionada resolución solo con posterioridad a la sentencia recurrida, lo cierto es que, la situación fáctica descrita por el recurrente no permite su encuadramiento en los verbos contemplados en la causal. Distinto es que solo con posterioridad a la sentencia de segunda instancia, el ente territorial haya adelantado las gestiones necesarias a fin de obtener la copia de la prenotada resolución y así su obtención.

Que su no presentación al proceso sea por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. La descripción típica de la causal consagra la imposibilidad de aportar el documento recobrado en el curso del trámite ordinario del proceso, por motivos que constituyen fuerza mayor, caso fortuito o, en su defecto, por obra de la parte contraria, de tal forma que no pueda el recurrente suplir su falta de actividad probatoria a través de un medio extraordinario de impugnación, como es el recurso de revisión.

Al respecto, esta Corporación en sentencia de 30 de julio de 2015(35), se refirió, al decidir un recurso extraordinario de revisión, a la causal antes mencionada así:

“(…)

Conviene reiterar lo dicho por la Sala con relación a la fuerza mayor, el caso fortuito y la obra de la parte contraria:

“En cuanto a la primera circunstancia, esto es, la fuerza mayor o el caso fortuito, es preciso anotar que para la legislación colombiana se trata de expresiones sinónimas, conforme al artículo 1º de la Ley 95 de 1890, norma según la cual es “el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”. La segunda causa —obra de la parte contraria— ha de entenderse como la conducta de la parte que ganó el proceso, quien con su actuar intencional logró que el documento que le daría el triunfo a su contraparte no se pudiera aportar al expediente en razón de que lo retuvo u ocultó, precisamente con el propósito de que no sirviera como prueba”(36).

Empero, en providencia reciente la Sección Tercera de esta Corporación(37) realizó la distinción entre la fuerza mayor y el caso fortuito, “en el entendido que solo cuando se da la primera puede prosperar la causal, en cuanto extraña y por ende externa a la esfera jurídica de las vinculadas a la relación jurídica procesal, de suerte que aunque imprevisible, impone a cada quien asumir su propio riesgo. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la propia actividad, por lo que, aún imprevisible por parte de quien pretende beneficiarse en la prueba, tampoco conlleva responsabilidad en cuanto cada quien está obligado a asumir su propio riesgo y a reparar por su traslado a terceros, esto es, a quien resulta ser ajeno al mismo(38)”.

Aunado a lo expuesto, la jurisprudencia advierte que tanto la fuerza mayor, como la obra de la parte contraria, deben probarse(39), esto es, aportar elementos de convicción acorde con los cuales se deje en evidencia las circunstancias que hicieron imposible el aporte oportuno de los documentos(40).

En el caso concreto el recurrente sostiene que la Resolución PSI 27 del 30 de enero de 2015 no pudo ser aportada, pues cuando fue expedida, el término para solicitar pruebas ya había concluido y tampoco pudo ser conocida debido a la reserva que tienen los procesos de acoso laboral, argumento con el cual sustenta la fuerza mayor alegada.

Sobre el particular, la Ley 1010 de 2006(41) establece las medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Esta norma impone a las empresas e instituciones, la obligación(42) de establecer un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las conductas de acoso laboral y también le otorga al Ministerio Público(43), cuando la víctima del acoso laboral sea un servidor público, la competencia para conocer de la falta disciplinaria, mediante el procedimiento23 previsto en el Código Disciplinario Único.

Ahora bien, el documento traído al proceso por el Distrito de Bogotá a través del presente medio extraordinario de impugnación, fue proferido por la Personería Distrital dentro de la diligencia disciplinaria adelantada por acoso laboral, lo que quiere decir, que toda la actuación se rigió por lo dispuesto en el Código Disciplinario Único de conformidad con lo consagrado en el artículo 13(44) de la Ley 1010 de 2006, de manera que, es respecto de la norma disciplinaria que se debe establecer si la Resolución 27 del 30 de enero de 2015 estaba sometida o no reserva.

Sobre ello, el artículo 95 de la Ley 734 de 2002 dispone:

“ART. 95.—Reserva de la actuación disciplinaria. En el procedimiento ordinario las actuaciones disciplinarias serán reservadas hasta cuando se formule el pliego de cargos o la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales. En el procedimiento especial ante el Procurador General de la Nación y en el procedimiento verbal, hasta la decisión de citar a audiencia.

El investigado estará obligado a guardar la reserva de las pruebas que por disposición de la Constitución o la ley tengan dicha condición”.

De acuerdo a la norma trascrita, se tiene que las actuaciones surtidas al interior del procedimiento administrativo por acoso laboral estarían sometido a reserva hasta la providencia que ordene el archivo definitivo del trámite. En esa medida, el auto de archivo definitivo(45) es una decisión de fondo que pone fin a la actuación disciplinaria y hace tránsito a cosa juzgada(46), como tal, debe ser proferido por el funcionario competente al amparo de las causales que para tal efecto prevé la ley disciplinaria(47).

Entonces, al establecer la Resolución 27 del 30 de ,enero de 2015 “que el trato dado por la acusada a su subalterna, fue el normal que un jefe brinda a los mismos regularmente, sin que las conductas denunciadas por la quejosa como acoso laboral encuadren en la definición que sobre el mismo trae el artículo 2º de la Ley 1010 de 2006(48)” y en consecuencia, confirmara el Auto 2025 del 10 de octubre de 2014 proferido por la Personería Delegada para Asuntos Disciplinarios a través del cual ordenó el archivo definitivo de la actuación adelantada contra la jefe de la oficina de ejecuciones fiscales de la Secretaría de Hacienda Distrital, sin duda tal decisión constituye el acto de fondo que pone fin a la actuación y por ende, a partir de ese momento dicha diligencia no se encontraba sometida a reserva, posibilitándosele al ente distrital acceder a ella y allegarla con el recurso de apelación contra el fallo proferido por Juzgado Séptimo Administrativo de Bogotá(49).

De otra parte, arguye el recurrente la imposibilidad de aportar el documento en la etapa procesal correspondiente, por cuanto, el mismo fue expedido cuando ya había expirado el término para solicitar pruebas.

Al respecto, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece las oportunidades probatorias de la siguiente manera:

El articulo 212 ibídem, establece:

“Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este código.

En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada.

(…).

En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.

2. Cuando decretadas, en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.

3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.

4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3º y 4º las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta…”.

Descendiendo al caso concreto, se observa que el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Bogotá conoció en primera instancia del litigio entre la señora Myriam Luz García Chaparro y el Distrito Capital de Bogotá, profiriendo sentencia el día 15 de enero de 2015, mientras que la Resolución 27 tiene fecha del 30 del mismo mes y año.

Así las cosas, es evidente que para la fecha de expedición de la resolución había fenecido la oportunidad para aportarla como prueba en primera instancia. Sin embargo, el Distrito de Bogotá interpuso recurso de apelación el 2 de febrero de 2015(50), época para la cual, no solo existía el documento que ahora se trae como recobrado, sino que además, no existía limitación de reserva que le imposibilitara acceder al mismo y de esa manera, hacer uso de la oportunidad probatoria con que contaba de conformidad con el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011.

En las condiciones antes descritas, encuentra el despacho que el aporte del mencionado documento en esta oportunidad no obedece a alguna de las circunstancias que consagra la causal como fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.

De acuerdo a la descripción de la causal formulada, encuentra el despacho que no se acreditó que la Resolución 27 de 2015 tratara de un documento recobrado o encontrado, ni que haya existido una circunstancia constitutiva de fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria que imposibilitó su aporte al proceso dentro de la oportunidad de ley.

Que el documento sea decisivo. Sobre el particular, resultaría suficiente argumento para declarar la improcedencia del recurso bajo estudio, que el documento invocado por la parte recurrente no cumple con las exigencias legales antes analizadas. De manera que, la valoración del presente presupuesto solo tiene cabida cuando se está ante un documento que efectivamente cumple con el primer requisito fijado por la causal invocada, esto es, que sea recobrado o encontrado después de emitido el fallo recurrido y que haya sido imposible al peticionante allegarlo por circunstancia de fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria, dentro de la oportunidad con que contaba de acuerdo a la norma procesal, condiciones que como se dejó ilustrado en líneas antecedentes, no fueron acreditadas.

Sin embargo, en aras ahondar en mayores argumentos que sustenta la presente decisión, habrá de señalar el despacho que el desarrollo de funciones, especialmente, aquellas a cargo de los servidores públicos, conlleva una multiplicidad de responsabilidades derivadas del quehacer y del componente obligacional al cual se encuentran sujetos dichos trabajadores del Estado.

En esa medida, el ordenamiento jurídico ha establecido toda una gama de responsabilidades en cabeza del servidor público, entre ellas i) la responsabilidad patrimonial contenida en el artículo 90(51) de la Carta Superior y la Ley 678 de 2001(52); ii) la responsabilidad fiscal regulada por la Ley 610 de 2000(53); iii) la responsabilidad penal consagrada en la Ley 599 de 2000(54) y 906 de 2004(55); iv) la responsabilidad disciplinaria regulada por la Ley 734 de 2002(56) y Ley 1010 de 2006(57), sin que implique ello, que incurrir en una de tales se producen o generan las demás, en tanto que, tienen objeto de aplicación y regímenes disímiles.

Descendiendo al caso bajo estudio, sostiene la parte actora que la Resolución 27 de 2015, resulta relevante al proceso, pues la misma desvirtúa el acoso laboral que señaló la providencia recurrida, por lo tanto, al ser la Personería la entidad establecida por el ordenamiento para determinar si existe acoso o no y, al establecer ésta que no se configuró dicha conducta, se llega a la conclusión que la renuncia presentada por la señora Myriam García Chaparro fue libre y espontánea.

Al respecto, es pertinente señalar que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho tiene por objeto que el juez declare la nulidad de actos administrativos qué infrinjan normas de carácter superior o que incurran en los demás vicios a que alude el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, mientras que, por su parte, el objeto de la acción disciplinaria por acoso laboral es examinar si la conducta del agente estatal se encuadra dentro de la descripción típica que regula la Ley 1010 de 2006, de manera qué tiene un ámbito diferente al del medio de control subjetivo.

En ese orden, si bien la Personería Distrital dispuso el archivo definitivo de la actuación disciplinaria adelantada en contra de la señora Bárbara Alexy Carbonell Pinzón en su calidad de jefe de la oficina de ejecuciones fiscales de la Secretaría de Hacienda Distrital por acoso laboral, ello per se no conlleva a desvirtuar la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al tratarse de dos actuaciones con objetos jurídicos independientes y valoraciones probatorias autónomas.

En consecuencia, el recurso extraordinario de revisión incoado por parte del Distrito de Bogotá no pretende nada distinto que subsanar falencias probatorias en el trámite de instancia, propósito claramente opuesto al principio procesal de la cosa juzgada y ajeno a la teleología de este medio de impugnación excepcional, de manera que, al no acreditarse plenamente los supuestos exigidos por la causal formulada, resulta improcedente su admisión.

En mérito de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

1. DECLÁRASE improcedente el Recurso Extraordinario de Revisión presentado por el Distrito Capital de Bogotá, Secretaría Distrital de Hacienda contra la sentencia de 26 de mayo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

2. RECONOCER personería al abogado Nelson Javier Otalora, identificado con cedula de ciudadanía 79.643.659 de Bogotá y T.P. 93.275 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte demandante, en los términos y para los efectos conferidos en el poder que obra a folio 1 del expediente.

Notifíquese y cúmplase».

(5) Auto proferido dentro del recurso extraordinario de revisión radicado bajo el 1100103250002016000739 00 (3323-2016), Actor: Carlos Alberto Mesino Reyes, Demandado: Municipio de Soledad - Atlántico, Instituto de Tránsito y Transporte de Soledad, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

(6) “ART. 248.—Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los tribunales administrativos y por los jueces administrativos”.

(7) “ART. 251.—Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3º y 4º del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7º, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.

(8) “ART. 249.—Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los tribunales administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los jueces administrativos conocerán los tribunales administrativos”.

(9) LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso - parte general, Bogotá, ed. Dupre, 2016, p. 884.

(10) “1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mejor(sic) o caso fortuito o por obra de la parte contraria. // 3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. // 7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.

(11) Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

(12) Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre de 2010, exp. 11001-03-15-000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia.

(13) Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. “2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados”.

(14) 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

(15) 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

(16) 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

(17) Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de 27 de enero de 2004, rad. (REV) 2003-0631, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Planeta, precisó que: “… no constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley, cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (…)”. En ese mismo sentido, en sentencia de 11 de octubre de 2005, rad. (REV) 2003-0794, M.P. Ligia López Díaz, se manifestó que con el recurso extraordinario especial de revisión “(…) No se trata de controvertir el juicio de valoración propio del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los argumentos ya expuestos y debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a convertir el recurso especial de revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (…)”.

(18) “ART. 248.—Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los tribunales administrativos y por los jueces administrativos”.

(19) Folio 37.

(20) “ART. 249.—Competencia.
(…) De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los tribunales administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia”.

(21) Por el cual “la Sala Plena del Consejo de Estado, en ejercicio de la facultad que le atribuye el artículo 237, numeral 6º de la Constitución Política y de conformidad con lo aprobado en la sentencia de febrero 16 del año en curso; Acuerda, la Corporación se regirá por el siguiente reglamento: (…)”.

(22) “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.
ART. 1º—Distribución de negocios entre las secciones. El artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, por el cual se expidió el reglamento del Consejo de Estado, quedará así:
ART. 13.—Distribución de los negocios entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así:
(…)
Sección Segunda:
(…)
2. Los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral no provenientes de un contrato de trabajo”.

(23) “ART. 251.—Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3º y 4º del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7º, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.

(24) Ley 1564 de 2012. ART. 118.—Computo de términos: “(…) Cuando el término sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día que empezó a correr del correspondiente mes o año. Si este no tiene ese día, el terminó vencerá el último día del respectivo mes o año. Si su vencimiento ocurre en día inhábil se extenderá hasta el primer día hábil siguiente”.

(25) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintiséis Especial de Decisión, sentencia de 3 de febrero de 2015, rad. 11001-03-15-000-1998-00157-01(REV), C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz (e).

(26) “ART. 243.—Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.
Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública”.

(27) RAMÍREZ GÓMEZ, José Fernando, La prueba documental, teoría general, Señal editora, Medellín, 2000, 7ª ed. pp. 45 a 47, donde cita diez definiciones de diversos autores, de donde concluye que se entiende por documento “[…] todo objeto que teniendo origen en la actividad del hombre puede ser llevado materialmente al proceso con el fin de probar el hecho que representa […]”.

(28) Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

(29) Tomado de la página: http://dle.rae.es/?id=F91pW7R.

(30) En sentencia de Sala Plena de esta Corporación del 12 de julio de 2005, rad. 1997-00143-02, se sostuvo lo siguiente: “[L]a prueba recobrada es un elemento probatorio nuevo, presentado por el recurrente, que pudiendo ser decisivo para el sentido de la decisión, no fue tenido en cuenta por el fallador, porque el interesado no pudo presentarla oportunamente dentro del proceso, pues sólo fue recuperado luego de proferida la sentencia. Esto implica, que el elemento probatorio existía al tiempo de dictarse la sentencia, pero no fue conocido por el fallador, porque sólo llegó a poder del recurrente con posterioridad a ello (resaltado texto original).

(31) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 1º de diciembre de 1997, rad. REV-117 y 12 de julio de 2005, rad. 2000-00236(REV).

(32) Por medio de la cual, la Personería de Bogotá D.C., resolvió la apelación de la decisión de archivar definitivamente las actuaciones adelantas contra la señora Bárbara Alexy Carbonell Pinzón por no encuadrarse las conductas denunciadas en la definición del artículo 2º de la Ley 1010 de 2006.

(33) ART. 12.—Competencia. Corresponde a los jueces de trabajo con jurisdicción en el lugar de los hechos adoptar las medidas sancionatorias que prevé el artículo 10 de la presente ley, cuando las víctimas del acoso sean trabajadores o empleados particulares.
Cuando la víctima del acoso laboral sea un servidor público, la competencia para conocer de la falta disciplinaria corresponde al Ministerio Público o a las Salas Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, conforme a las competencias que señala la ley.

(34) Tomado de la siguiente página web: http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=oN%2bvhHU%2bieqAYWMfmR9iPNJBGpU%3d.

(35) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 30 de julio de 2015, rad. 25000-23-26-000-2000-01287-02(32688), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo, Actor: Harold Josué Herrera, Demandados: Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación.

(36) Sentencia de 8 de noviembre de 2005, rad. 1999-00218.

(37) Sentencia de fecha 11 de noviembre de 2016, rad. 25000-23-26-000-1996-13158-01(34697) REV; Actor: Blanca Alicia Chaparro de Cardozo y otros; Demandado: Ministerio de Defensa - Policía Nacional, M.P. Stella Contó Díaz del Castillo.

(38) Ibídem.

(39) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 20 de abril de 1998, rad. REV-110 y 18 de octubre de 2005, rad. 1998-00173(REV).

(40) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 26 de julio de 2005, rad. 1998-00177(REV). En este caso hubo un incendio que destruyó unos registros civiles que luego se trajeron al recurso extraordinario de revisión, pero el infortunio ocurrió mucho después de presentada la demanda. La Sala consideró que el incendio (caso fortuito) no fue en realidad la razón que impidió aportarlos en su momento.

(41) Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

(42) Ley 1010 de 2006. “ART. 9º—Los reglamentos de trabajo de las empresas e instituciones deberán prever mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral y establecer un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de trabajo. Los comités de empresa de carácter bipartito, donde existan, podrán asumir funciones relacionados con acoso laboral en los reglamentos de trabajo”.

(43) Ley 1010 de 2006. ART. 12.—Competencia: (…) Cuando la víctima del acoso laboral sea un servidor público, la competencia para conocer de la falta disciplinaria corresponde al Ministerio Público o a las Salas Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura, conforme a las competencias que señala la ley.

23. Ley 1010 de 2006. ART. 13.—Procedimiento sancionatorio. Para la imposición de las sanciones de que trata la presente ley se seguirá el siguiente procedimiento: Cuando la competencia para la sanción correspondiere al Ministerio Público se aplicará el procedimiento previsto en el Código Disciplinario Único.

(44) “ART. 13.—Procedimiento sancionatorio. Para la imposición de las sanciones de que trata la presente ley se seguirá el siguiente procedimiento:
Cuando la competencia para la sanción correspondiere al Ministerio Público se aplicará el procedimiento previsto en el Código Disciplinario Único…”.

(45) El artículo 150 de la Ley 1437 de 2002, contempla dentro de la etapa preliminar la posibilidad de proferir auto de archivo definitivo en los siguientes términos: “ART. 150.—Procedencia, fines y trámite de la indagación preliminar. En caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria se ordenará una indagación preliminar.
(…)
En los demás casos la indagación preliminar tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura. Cuando se trate de investigaciones por violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, el término de indagación preliminar podrá extenderse a otros seis meses”.

(46) ART. 164.—Archivo definitivo. En los casos de terminación del proceso disciplinario previsto en el artículo 73 y en el evento consagrado en el inciso 3º del artículo 156 de este código, procederá el archivo definitivo de la investigación. Tal decisión hará tránsito a cosa juzgada.

(47) ART. 73.—Terminación del proceso disciplinario. En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario del conocimiento, mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias.

(48) Ver folio 50 del expediente.

(49) El recurso de apelación fue presentado en fecha 2 de febrero de 2015, según la información que arroja la consulta de proceso tomada de la página http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=JB1Wu%2b373qxnOq6s6HSBmJNhfMk%3d.

(50) Información tomada de la página web: http://procesos.ramajudicial.gov.co/consultaprocesos/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=QxgBtltkOO2jJ%2fZISiQVQTEBVgE%3d

(51) ART. 90.—El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

(52) Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición.

(53) Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías.

(54) Por la cual le expide el Código Penal.

(55) Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.

(56) Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.

(57) Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.