Sentencia 2017-00836 de junio 30 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente:

Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés

Bogotá, D.C., treinta de junio de dos mil diecisiete.

Rad. 11001-03-15-000-2017-00836-00(AC).

Actor: Jacob Reyes Arias.

Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima.

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Jacob Reyes Arias, a través de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo del Tolima, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la Administración de Justicia, con ocasión de la Sentencia del 17 de febrero de 2017, dictada por el citado tribunal, en el medio de control de reparación directa con radicación 73001-33-33-002-2012-00187-01, promovido por el accionante y la señora Dora Magaly Oviedo Oviedo(1) en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Policía Nacional.

I. La solicitud de tutela.

I.1. El señor Jacob Reyes Arias instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima, a fin de que se le protejan los derechos fundamentales antes mencionados, los cuales considera afectados con ocasión de la Sentencia del 17 de febrero de 2017, dictada por el citado tribunal, en el medio de control de reparación directa con Radicación 73001-33-33-002-2012-00187-01(2); mediante la cual se confirmó el fallo proferido por el juzgado primero administrativo oral de descongestión del circuito judicial de Ibagué, en el que se negaron las pretensiones de la demanda.

I.2. Las violaciones antes enunciadas las infiere el accionante, en síntesis, de los siguientes hechos:

1º. Refiere que el 25 de noviembre de 2010, dos hombres armados se presentaron en la finca de propiedad del actor, ubicada en zona rural del municipio de San Antonio - Tolima, amenazando de muerte a los ocupantes del inmueble, motivo por el cual, al día siguiente, esto es, el 26 de noviembre de 2010, decidieron abandonar la propiedad.

2º. Explica que, para la época de los hechos, se desempeñaba como presidente de la junta de acción comunal de la vereda Tetuan Peñas Lisas del municipio de San Antonio – Tolima, y además, como conductor de un vehículo adscrito a la empresa Cootransoccidente.

3º. Indica que las amenazas a su vida y a la de los integrantes de su grupo familiar, fueron efectuadas por miembros del grupo al margen de la ley, Autodefensas Unidas de Colombia, que actuaban en conjunto con miembros activos del Ejército Nacional, adscritos al batallón Caicedo del municipio de Chaparral - Tolima, quienes delinquían en la zona desde el año 2010; los mismos que, el 27 de abril de 2011, asesinaron a su hermano, Obed Reyes Arias, en la vereda Finlandia del municipio de San Antonio - Tolima.

4º. Afirma que el desplazamiento forzado del que fue víctima, fue denunciado ante la Alcaldía del municipio de San Antonio - Tolima, ante la Fiscalía Tercera Especializada de Ibagué, ante la Procuraduría General de la Nación y ante el Batallón Patriotas de Honda, resaltando que ésta última autoridad militar había asumido el deber de prestar la vigilancia y seguridad de la zona en vista a las irregularidades y a las faltas cometidas por el Batallón Caicedo de Chaparral.

5º. Señala que en el marco de la investigación penal por la muerte de su hermano(3), expediente con Radicación 73168-6000-000-2012-00008-00 (N.I: 21677), el juzgado segundo penal del circuito especializado con funciones de conocimiento, en Sentencia del 11 de noviembre de 2014, condenó a un militar y a dos miembros del grupo al margen de la ley(4), Autodefensas Unidas de Colombia, por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares y de defensa personal, por secuestro simple agravado y tentativa de extorsión, por los hechos ocurridos desde mediados del año 2010 y hasta marzo de 2012 en los municipios de San Antonio y Chaparral del departamento del Tolima.

6º. Asevera que, interpuso demanda en el medio de control de reparación directa con Radicación 73001-33-33-002-2012-00187-00(5), con el propósito de lograr una indemnización integral por los perjuicios causados con ocasión del desplazamiento del que fuera víctima con su grupo familiar.

7º. Manifiesta que del medio de control de reparación referido conoció, en primera instancia, el juzgado primero administrativo oral de descongestión del circuito de Ibagué, despacho que, mediante Sentencia del 30 de junio de 2015, denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que no había pruebas que lograran demostrar el nexo causal entre el desplazamiento forzado del que fuera víctima el actor y su grupo familiar y que el homicidio de su hermano fuera producto de actividades de miembros de la fuerza pública.

8º. Indica que, como consecuencia de lo anterior, interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo del Tolima, corporación que, mediante providencia del 17 de febrero de 2017, confirmó la decisión recurrida.

9º. Alega el actor que, en su criterio, el Tribunal Administrativo del Tolima decidió apartándose de lo probado en el expediente, por cuanto a pesar de estar acreditada la condición de desplazado por los hechos ocurridos en el municipio de San Antonio - Tolima, con ocasión del actuar de los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia en consuno con miembros de la fuerza pública, durante los años 2010 a 2012; el citado tribunal determinó que no se encontraba el nexo causal para imputar la responsabilidad de los hechos al Estado.

10. Critica que, aunque se probaron con suficiencia las circunstancias de hecho y derecho en que ocurrió su desplazamiento forzado, el tribunal en un exceso de rigorismo exige que se hubieran hecho denuncias penales o ante la Policía Nacional para la época del desplazamiento del que fue víctima, para que pudiera comprobarse el nexo causal, cuando era de público conocimiento el actuar de los grupos armados al margen de la ley en conjunto con miembros de la fuerza pública.

En consecuencia, elevó la siguiente pretensión:

“[…] se ordene al magistrado ponente, y la Sala constituida para el fallo precitado, MODIFICAR en un término de 48 horas, la Sentencia del 17 de febrero de 2017, teniendo en cuenta de consultar LOS HECHOS, PRETENSIONES Y PRUEBAS obrantes en el proceso y emitir un nuevo fallo que ordene reparar integralmente a las víctimas de desplazamiento forzado por parte del Ejército Nacional, con especial prevención que el fallo se ajuste a las súplicas de la demanda y a la responsabilidad estatal plenamente evidenciada”.

II. Trámite de la tutela.

Mediante auto de 4 de abril de 2017, se admitió la presente acción y dispuso su notificación a los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima, en condición de accionados, y al ministro de Defensa Nacional y al comandante General del Ejército Nacional, por tener interés directo en las resultas del proceso.

Realizadas las comunicaciones a las vinculadas, únicamente intervino el Tribunal Administrativo del Tolima en los siguientes términos:

Mediante escrito del 10 de mayo de 2017, el doctor Carlos Leonel Buitrago Chávez, magistrado del Tribunal Administrativo del Tolima, pidió denegar las pretensiones de la tutela por ausencia de vulneración de los derechos fundamentales del actor.

Pone de presente que la providencia objeto de cuestionamiento se dictó respetando los derechos fundamentales del accionante y, por tanto, la interposición de la acción de amparo obedece a su inconformidad respecto del sentido en que se dictó la providencia por la autoridad judicial cuestionada en el mecanismo de amparo, dado que resultó adversa a sus intereses.

III. Consideraciones de la Sala.

III.1. Problema jurídico a dilucidar.

Corresponde establecer a la Sala si, en efecto, el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en los defectos fáctico, procedimental y de desconocimiento de precedente jurisprudencial, al proferir la Sentencia del 17 de febrero de 2017, en el medio de control de reparación directa con Radicación 73001-33-33-002-2012-00187-01, promovido por el accionante y la señora Dora Magaly Oviedo Oviedo(6) en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Policía Nacional.

A fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la tutela contra providencias judiciales y su evolución jurisprudencial; ii) los requisitos tanto generales como especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a: iii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

III.2. Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales.

Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad. 2009-01328, C.P. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en Sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales —sin importar la instancia y el órgano que las profiera— que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

III.3. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción constitucional cuando se dirige contra decisiones judiciales.

Esta sección adoptó como parámetros a seguir los señalados en la Sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta corporación elabore sobre el tema.

Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

Además de estas exigencias, la Corte Constitucional, en la mencionada Sentencia C-590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “[…] de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial […](7)”.

Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”(8) que se encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la corporación, en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

III.4. El caso concreto.

En el sub lite pretende el accionante que se le amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, y, como consecuencia de lo anterior, se ordene dejar sin efecto la Sentencia del 17 de febrero de 2017, dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, en el medio de control de reparación directa con Radicación 73001-33-33-002-2012-00187-01, promovido por el accionante y la señora Dora Magaly Oviedo Oviedo(9) en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Policía Nacional.

En ese orden de ideas, la controversia gira en torno a establecer si el Tribunal Administrativo del Tolima, quebrantó los derechos fundamentales del accionante, con la providencia cuestionada.

Ahora bien, de acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala entrará a examinar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta corporación.

La Sala encuentra que, efectivamente tales requisitos se cumplen, en razón a que:

i) se invoca la vulneración de derechos de orden fundamental como lo son el debido proceso y el acceso a la administración de justicia; ii) el accionante agotó todos los medios de defensa judicial de que disponía (las dos instancias del medio de control de reparación directa(10)); iii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable(11), la sentencia objeto de cuestionamiento fue proferida el 17 de febrero de 2017 por el Tribunal Administrativo del Tolima, notificada el 21 de febrero de 2017, y la acción de tutela fue radicada el 4 de abril de 2017, es decir, un (1) mes y quince (15) días después; iv) la irregularidad manifestada por el accionante es de naturaleza procesal (defectos fáctico, procedimental y de desconocimiento de precedente jurisprudencial), que de ser cierta, afecta la decisión de fondo porque tiene un efecto decisivo y determinante en la sentencia; v) la situación que generó la vulneración de derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; y vi) no se trata de una providencia contentiva de una sentencia de tutela.

Como consecuencia de lo anterior, pasa la Sala a revisar si se cumple alguno de los requisitos especiales de procedibilidad establecidos en la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.

De los hechos relatados en el escrito de la demanda, se infiere que el accionante hace referencia a los defectos, fáctico, por indebida interpretación del acervo probatorio, procedimental por exceso de rigor manifiesto y desconocimiento de precedente jurisprudencial del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, en relación con el derecho que tienen las víctimas de desplazamiento forzado con ocasión del conflicto armado, a ser reparadas por el daño causado por el despojo, la usurpación o el abandono de sus propiedades.

Del anterior planteamiento la Sala advierte que los defectos alegados por el accionante se encuentran estrechamente relacionados, toda vez que la ocurrencia conlleva a la configuración de los otros; puesto que en criterio del actor, el Tribunal Administrativo del Tolima, le dio al acervo probatorio una interpretación y un alcance distinto al reconocido por el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, al establecer una tarifa legal para poder acreditar el nexo causal de la responsabilidad del Estado en el desplazamiento forzado del que fuera víctima el actor.

En ese orden de ideas, la Sala abordará el análisis de los defectos alegados, de manera conjunta, después de efectuar una breve reseña de las características de cada uno de ellos.

En relación con el defecto procedimental, la jurisprudencia constitucional(12) ha determinado que este puede presentarse de dos tipos:

“(i) de carácter absoluto, que se presenta cuando el funcionario judicial se aparta del proceso legalmente establecido, ya sea porque sigue un proceso ajeno al autorizado o porque omite una etapa sustancial de éste, caso en el cual afecta directamente el derecho al debido proceso, o cuando escoge arbitrariamente las normas procesales aplicables a un caso concreto; y, (ii) por exceso ritual manifiesto, que tiene lugar cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esa vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia habida cuenta que sacrifica el derecho de acceso a la administración de justicia y las garantías sustanciales, so pretexto de preferir el tenor literal de las formas procesales. En otras palabras, el juez asume una ciega obediencia a la ley procesal en abierto desconocimiento de los derechos sustanciales que le asisten a las partes en contienda.

(…)

Adicionalmente, señaló que para la configuración de esta clase de defecto es necesario que concurran dos requisitos concomitantes: “(i) que se trate de un error de procedimiento grave, que tenga incidencia cierta y directa en la decisión de fondo adoptada por el funcionario judicial correspondiente, de modo tal que de no haber incurrido en el error el sentido del fallo hubiera sido distinto, rasgo que el yerro procedimental absoluto comparte con el defecto fáctico; y (ii) que tal deficiencia no sea atribuible a quien alega la vulneración del derecho al debido proceso[17]” (subrayado fuera de texto original).

En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia(13) ha determinado que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b) valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.

El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la negativa que se presenta “[...] cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez […](14)”; mientras que, ii) la positiva, se configura “[...] cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (art. 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución […](15)”.

Por su parte, en relación con el defecto de desconocimiento de precedente jurisprudencial, la Corte Constitucional ha desarrollado ampliamente ese concepto, definiéndolo así:

“[C]onjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia(16)” (negrilla fuera de texto).

Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.

Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional(17), según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial, está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical), o por el mismo juez (precedente horizontal).

En efecto, la Corte Constitucional en Sentencia T-457 de 2008(18), indicó:

“En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en Sentencia T-158 de 2006 señaló: “por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación” (negrilla fuera del texto original).

Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria(19), la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.

Lo anterior, se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala(20), a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente; y, v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.

En efecto, la Sala(21) ha reconocido que, “[…] en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial […](22)”, para lo cual resulta obligatorio referirse a éste —al precedente—, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.

Así las cosas, y como lo ha sostenido la Sala, sólo el desconocimiento injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración del defecto de desconocimiento de precedente judicial, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales(23).

En el sub lite, del libelo de la demanda se infiere que el actor cuestiona la interpretación efectuada por el Tribunal Administrativo del Tolima, en la Sentencia del 17 de febrero de 2017(24), respecto del acervo probatorio, al considerar que, en un exceso de rigor exige una tarifa legal para probar el nexo causal de la responsabilidad estatal en los hechos de desplazamiento forzado del que fuera víctima, el accionante y su núcleo familiar, desconociendo con ello, el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado que determina que aquellas personas que sufrieren desplazamiento forzado debían recibir una reparación integral.

Para determinar si el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en los defectos alegados, resulta pertinente referirse, brevemente, a i) la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado; y, ii) la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con los elementos probatorios en los casos de delitos de lesa humanidad.

i) Configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado. En la teoría de la responsabilidad civil, la doctrina ha sido prolífera en explicar los componentes estructurales del daño, por cuanto del mismo es que se deriva el deber de reparación, siendo ésta última la finalidad de la responsabilidad(25). Es decir, sin que se configure un daño no existe justificación válida para que se genere una reparación a favor de una persona, pues tal circunstancia generaría un enriquecimiento sin justa causa.

En tal virtud, “[…] el daño debe ser probado por quien lo sufre, so pena de que no proceda su indemnización […](26)”, y en razón a que lo que se persigue es lograr la reparación por el perjuicio causado, resulta de vital importancia determinar con certeza la ocurrencia del daño, el nexo causal para determinar la responsabilidad y el valor del resarcimiento.

Respecto del nexo causal, la doctrina(27) ha planteado que el nexo de causalidad individual establece que “[…] en una específica y concreta situación un hecho particular ha sido causado por la ocurrencia de otro hecho específico y determinado […]”, en otras palabras, “[…] un hecho específico X ha causado que se produzca un hecho específico Y”.

Explica la doctrina(28) que, en ese orden de ideas, deberá probarse, además de la ocurrencia de los hechos considerados como causa y efecto, la correlación que existe entre los mismos para que pueda endilgarse la responsabilidad.

Por tanto, precisa la doctrina que, “[…] la existencia del nexo causal no puede ser probada de forma directa, pero sí lo puede ser de forma inferencia, es decir, demostrando que existe una ley de “cobertura” en la que puede subsumirse el caso específico. Se trata de demostrar de forma general que hechos del tipo X causan hechos del tipo Y(29)”.

Así las cosas, para probar el nexo causal, deberá demostrarse la ley de cobertura, “[…] según la cual los eventos del tipo X causan en todos los casos eventos del tipo Y”, para lo cual se podrá utilizar cualquier medio de prueba que logre establecer la existencia de la conexión entre los hechos considerados como causa y efecto.

En ese contexto, la valoración de las pruebas por parte del juez para que se entienda probado el nexo de causalidad, deberá soportarse en la “[…] correcta racionalización del principio de la libre convicción […]”, que también se puede denominar como la “probabilidad prevaleciente(30)”, entendida ésta como el “[…] grado de confirmación lógica que un enunciado obtiene sobre la base de las pruebas que a él se refieren […]”, criterio que se funda en la combinación de dos reglas: “[…] la regla del “más probable que no […]” y la regla de la “prevalencia relativa” de la probabilidad […]”.

La primera de las reglas, la del “más probable que no” indica que “[…] la hipótesis positiva debe ser elegida como opción racional cuando es lógicamente más probable que la hipótesis negativa, es decir, cuando obtiene una confirmación “fuerte” de las pruebas disponibles […](31)”.

La segunda de ellas, denominada como la de “[…] la prevalencia relativa de la probabilidad”, determina que cuando “[…] existen distintos enunciados sobre el mismo hecho que han obtenido confirmación probatoria, la regla de la prevalencia relativa impone que el juez escoja como “verdadero” el enunciado que haya recibido el grado relativamente mayor de confirmación sobre la base de las pruebas disponibles […](32)”.

En resumen, para que pueda reputarse la responsabilidad respecto de un hecho, deberá probarse la ocurrencia del hecho que causó el daño, el daño percibido y el nexo causal entre ellos, éste último, apelando a todos los medios probatorios disponibles para llevar al juez a la fuerte convicción de la existencia de la conexión entre ambos sucesos.

Sobre el particular, la jurisprudencia(33) del Consejo de Estado ha establecido lo siguiente:

“De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.

En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.

El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable”, sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la administración(34)”.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.

Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo(35) que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada”.

En consecuencia, para imputarse responsabilidad extracontractual del Estado por el daño irrogado a un particular, deberá demostrarse la ocurrencia del daño antijurídico y el nexo causal con un hecho, omisión, falla del servicio o cualquier otro criterio de imputación respecto del actuar de la administración.

Jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con los elementos probatorios en los casos de delitos de lesa humanidad

Antes de entrar a referirse expresamente sobre los elementos probatorios en los casos de delitos de lesa humanidad, resulta pertinente precisar el criterio jurisprudencial de la corporación(36) en relación con el deber de protección del Estado, el cual ha precisado lo siguiente:

“Respecto del deber de seguridad que corresponde al Estado, esta Subsección(37) ha sostenido:

“[…] el deber de seguridad que corresponde prestar al Estado, está consagrado en el inciso segundo del artículo 2º de la Constitución que establece que ‘[l]as autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares’. Además, el artículo 6º ibídem señala que los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

“En atención a los claros mandatos constitucionales reseñados, la razón de ser de las autoridades públicas es la defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. De tal manera que, omitir el cumplimiento de esas funciones comporta responsabilidad institucional, la que debe declararse. Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios y proveer los que, acorde con las circunstancias, requiere para lograr que el respeto a la vida y demás derechos e intereses de las personas sea una realidad. Pues se trata de que las autoridades no se limiten a una protección puramente formal(38).

“Ahora bien, con relación a los daños a la vida o bienes de las personas causados por los particulares, como en este caso, la Sala ha reiterado que le son imputables al Estado, cuando tales detrimentos se hubieran podido evitar si aquél hubiera adoptado las medidas acordes con los deberes constitucionales de garantía y protección, contenido y alcance que se habrá de determinar de acuerdo con la reacción y capacidad dispuesta, atendiendo las circunstancias particulares.

[…]

“En síntesis, ha sido el criterio reiterado de la Sala que al Estado sólo le son imputables los daños a la vida o bienes de las personas causados por los particulares, cuando tales daños se hubieran podido evitar si aquél hubiera dado cumplimiento a la obligación de seguridad que por mandato constitucional correspondía. Pero, que el contenido de esa obligación de seguridad en cada caso se determina de acuerdo con la capacidad que materialmente tuviera para cumplirla, atendiendo las circunstancias particulares (se destaca) (negrilla y subrayado de texto original)”.

Siguiendo esta línea jurisprudencial, se tiene que para el cumplimiento de los mandatos constitucionales, el Estado debe utilizar todos los medios que se requieran para garantizar el respeto a la vida y a los demás derechos e intereses de los particulares, para lo que se deben tener en cuenta las circunstancias que atraviese el país.

Así pues, para que el Estado deba responder por incumplir con el deber de protección y seguridad a determinada población, a un grupo de personas, a un ciudadano o a sus bienes, en principio, debe existir requerimiento previo a la autoridad. No obstante, dicho requerimiento no es necesario cuando la situación de amenaza es conocida por la autoridad” (negrilla fuera de texto original).

De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, para que el Estado deba responder por incumplir con el deber de protección y seguridad a determina población, en principio, deberá mediar requerimiento previo a la autoridad; requerimiento que no tiene formalidad alguna. Sin embargo, dicha solicitud previa de protección no será necesaria cuando la situación de amenaza sea conocida por la misma autoridad.

Ahora bien, atendiendo el criterio antes expuesto y teniendo en consideración el marco del conflicto armado del país, el juez administrativo ante un caso en el que el daño comporte conductas que se califican como delitos de lesa humanidad y de graves violaciones de derechos humanos, se encuentra en la obligación de flexibilizar la apreciación y valoración de los medios probatorios, sin que exista una tarifa legal para probar el nexo causal.

En tal virtud, la jurisprudencia(39) de la corporación ha establecido lo siguiente:

“En la gran mayoría de casos, las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, cometidas en el marco del conflicto armado interno, han acaecido en zonas alejadas de los grandes centros urbanos y en contextos de impunidad(40). Lo anterior ha producido que las víctimas, como sujetos de debilidad manifiesta, queden en muchos casos en la imposibilidad fáctica de acreditar estas afrentas a su dignidad humana. Más aun, cuando no se ha llevado una investigación seria por parte de las autoridades competentes, como en este caso, lo cual se traduce en una expresa denegación de justicia.

7.4.1. Por tal razón, el juez administrativo, consciente de esa inexorable realidad, deberá acudir a criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas afectadas.

7.4.2. Lo anterior resulta razonable y justificado, ya que en graves violaciones de derechos humamos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se rompe el principio de la dogmática jurídico procesal tradicional según el cual las partes acceden al proceso en igualdad de condiciones y armas, pues en estos eventos las víctimas quedan en una relación diametralmente asimétrica de cara a la prueba; estas circunstancias imponen al juez de daños la necesidad de ponderar la situación fáctica concreta y flexibilizar los estándares probatorios(41).

7.4.3. Esta postura resulta acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos, que al respecto ha señalado que en casos de responsabilidad por violación de derechos humanos, el juez goza de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba:

[L]os tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, [y] han evitado siempre adoptar una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo. Este criterio es especialmente válido en relación con los tribunales internacionales de derechos humanos, los cuales disponen, para efectos de la determinación de la responsabilidad internacional de un Estado por violación de derechos de la persona, de una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia(42).

7.4.4. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que en casos de violaciones a derechos humanos es el Estado quien tiene el control de los medios para desvirtuar una situación fáctica: “a diferencia del derecho penal interno en los procesos sobre violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio(43)”.

7.4.5. Bajo esos mismos presupuestos, en tratándose de casos de desaparición forzada y ejecuciones sumarias, comprendidos como violaciones a los derechos humanos, la Corte Interamericana ha manifestado que por el hecho de que el Estado haya consentido tales eventos, el estándar probatorio le es más exigente, y por ello, le asiste una carga probatoria mayor: “la Corte no puede ignorar la gravedad especial que tiene la atribución a un Estado Parte en la convención del cargo de haber ejecutado o tolerado en su territorio una práctica de desapariciones. Ello obliga a la Corte a aplicar una valoración de la prueba que tenga en cuenta este extremo y que, sin perjuicio de lo ya dicho, sea capaz de crear la convicción de la verdad de los hechos alegados(44)”.

7.4.6. Por otro lado, es importante señalar que el Código de Procedimiento Civil en su artículo 175, permite que “cualesquiera otros medios de prueba que sean útiles para el convencimiento del juez” tengan la capacidad de acreditar los hechos objeto del proceso y, por lo tanto, el juez sin tener una tarifa legal(45) podrá acudir a los medios de prueba que crea pertinentes para establecer los hechos de relevancia jurídica del proceso.

7.4.7. En consideración a los criterios de valoración expuestos, la Sala, teniendo en cuenta que el caso presente trata de graves violaciones a los derechos humanos, adecuará los criterios de valoración probatoria a los estándares establecidos por los instrumentos internacionales en aras de garantizar una justicia efectiva.

7.5. En lo concerniente a las actuaciones adelantadas por los demandantes ante diversos organismos oficiales, a fin de que se investigaran y se sancionaran a los responsables; la Sala conferirá valor probatorio a estas actuaciones, las cuales, si bien, en lo respectivo a las manifestaciones allí consignadas, no constituyen una declaración de parte ni reúne las condiciones de un testimonio bajo las exigencias del Código de Procedimiento Civil, serán tenidas en consideración como elementos probatorios documentales y declarativos, que deberán ser contrastados con el conjunto de pruebas que obren en el proceso”.

En el mismo sentido, en reciente pronunciamiento del 23 de marzo de 2017(46), la Sección Tercera de la corporación, determinó:

“2.4. La prueba indiciaria en casos de violaciones graves de derechos humanos(47). 

No resulta extraño, en modo alguno, que los jueces puedan llegar a encontrar acreditados los supuestos de hecho de una demanda por vía de medios probatorios indirectos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que en esos casos se hace preciso. Sobre tal proceso de inferencia lógica la Corte Suprema de Justicia ha precisado que,

“El indicio es un medio de prueba crítico, lógico e indirecto, estructurado por el juzgador a partir de encontrar acreditado por otros medios autorizados por la ley, un hecho del cual razonadamente, y según las reglas de la experiencia, se infiera la existencia de otro hasta ahora desconocido que interesa al objeto del proceso, el cual puede recaer sobre los hechos, o sobre su agente, o sobre la manera como se realizaron, cuya importancia deviene de su conexión con otros acaecimientos fácticos que, estando debidamente demostrados y dentro de determinadas circunstancias, permite establecer, de modo más o menos probable, la realidad de lo acontecido(48)”.

En similares términos, la jurisprudencia de esta sección respecto de la prueba indiciaria ha precisado que,

“[…] en hechos en los que en principio no resulta posible identificar a sus autores materiales, la prueba indiciaria resulta idónea y única para determinar la responsabilidad, pues aquélla compagina elementos debidamente comprobados para arribar con ellos a la certeza de otros y así mismo endilgar responsabilidad a los inculpados.

“Se trata de un medio de prueba permitido que demanda la demostración del hecho indicador, para así tener como probado el inferido(49). En este escenario, la existencia de una serie de hechos acreditados por cualquiera de los medios probatorios previstos por la ley, estrechamente vinculados con el ilícito, conducen necesariamente a la imputación de la responsabilidad(50). Los indicios se constituyen en la prueba indirecta por excelencia, pues a partir de un hecho conocido y en virtud de una operación apoyada en las reglas de la lógica y en las máximas de la experiencia, se establece la existencia de un hecho desconocido(51)”.

Por consiguiente, cuando se trata de situaciones tales como el desplazamiento forzado, el juez administrativo deberá recurrir a todos los medios probatorios disponibles (flexibilización de la admisión de las pruebas) y a una valoración de las pruebas con base en el criterios flexibles(52) y razonables, que le permitan formar su criterio respecto de la responsabilidad del Estado en circunstancias en las que se han presentado graves violaciones de derechos humanos y en las que comporten un acervo que resulte débil en atención a las circunstancias de la víctima(53).

Así las cosas, cabe precisar que el estándar de valoración requerido de una prueba para que de ella se pueda afirmar la verdad o falsedad de un enunciado fáctico, en los casos de graves violaciones de derechos humanos, se tendrá en el grado menos exigente, esto es, el de la probabilidad prevaleciente y no, en el que se requiere para el derecho penal que es el de “más allá de toda duda razonable”; permitiendo con ello que el juez administrativo, utilizando todo tipo de pruebas, incluyendo entre éstas la indiciaria, forme su criterio con base en las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia.

En atención a los criterios expuestos, en relación con la condición de desplazado, en Sentencia(54) del 24 de octubre de 2016, con ponencia de la doctora Marta Nubia Velásquez Rico, la Subsección “A” de la Sección Tercera de la corporación, se precisó lo siguiente:

“[…] Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren dramáticamente su orden público’ (se destaca).

“Así pues, debido a que la sociedad demandante realizaba actividad ganadera en los predios que conformaban la hacienda La Gaitana ubicada en inmediaciones de los municipios de La Montañita (Meta) y Milán (Caquetá), no obstante lo cual en el mes de junio de 2002 tuvo que abandonarlos por amenazas provenientes de las FARC, sus socios y los trabajadores a su servicio se vieron forzados a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de actividades económicas habituales porque su vida, integridad física, seguridad o libertad personales se encontraban directamente amenazadas, con ocasión del conflicto armado interno y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, como se verá más adelante y, en ese sentido se consideran unas personas desplazadas(55).

[…]

“Ahora bien, como en el presente caso se trata del desplazamiento al cual se vio forzada la sociedad demandante por amenazas provenientes del grupo guerrillero FARC y, tal como quedó consignado anteriormente, en Colombia existe un conflicto armado, es deber de las partes en conflicto respetar las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, dentro de las cuales, para el caso bajo estudio, se encuentran los principios de distinción y de protección (llamado también de humanidad o inmunidad) en atención a los cuales, se encuentran prohibidos los desplazamientos forzados a la población civil (artículo 17 del Protocolo II de 1977)(56)”.

En consecuencia, de lo expuesto se puede establecer que la jurisprudencia de la corporación es del criterio de que el juez administrativo, teniendo en consideración el conflicto armado en Colombia y la realidad que tal situación comporta en cada caso, “deberá acudir a criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas afectadas(57) (destaca la Sala).

Ahora bien, en el sub examine, el actor aduce que el Tribunal Administrativo del Tolima desconoció el criterio contenido en el precitado precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, en tanto incurrió en exceso de rigor manifiesto al establecer una tarifa legal para que se probara la responsabilidad estatal en el medio de control de reparación directa con Radicación 73001-33-33-002-2012- 00187-01, cuyas pretensiones se centraban en reclamar una indemnización integral por la omisión del Estado en prestar el servicio de seguridad que produjo el desplazamiento forzado del que fuera víctima el actor y su grupo familiar, y el posterior deceso del señor Obed Reyes Arias(58).

En primer término, cabe resaltar que al expediente contentivo del medio de control de reparación directa, cuyas decisiones se cuestionan en la presente tutela, se allegaron las siguientes pruebas:

— Copia de los registros civiles de los actores y del señor Obed Reyes Arias, con el propósito de probar el parentesco.

— La Resolución 2013-100978 del 18 de enero de 2013(59), proferida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, mediante la cual se inscribió al actor y a su grupo familiar en el Registro Único de Víctimas(60);

— La certificación expedida por el Alcalde Municipal de San Antonio - Tolima, el 11 de diciembre de 2010, mediante la cual se hace constar que la señora Dora Magaly Oviedo, esposa del actor, informa de las amenazas sufridas por su esposo el 25 de noviembre de ese año, y señala que las mismas lo obligaron a dejar abandonada a su familia y su propiedad, desde el día siguiente en que aquellas se materializaron. Igualmente, indica que la señora Oviedo se veía forzada a reunirse con su esposo y a dejar el municipio por la misma causa (fl. 58 cdno. ppal. Nº 1).

— La copia de la escritura pública Nº 005, con número de matrícula inmobiliaria 355-31194 y la constancia de inscripción del predio rural denominado Los Naranjos, ubicado en el municipio de San Antonio - Tolima, donde se certifica que el propietario del citado inmueble es el actor (fls. 21-24 cdno. ppal. Nº 1).

— La constancia expedida por el Ejército Nacional – Batallón de Infantería Nº 16 Patriotas de Honda - Tolima, donde se hace constar que el señor Jacob Reyes Arias es víctima de desplazamiento forzado por hechos ocurridos el 25 de noviembre de 2010, en el muncipio de San Antonio - Tolima, imputables a miembros de las Autodefesas Unidas de Colombia (fl. 123 cdno. ppal. Nº 1).

— La copia de la Sentencia del 11 de noviembre de 2014, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Ibagué, mediante la cual se condenó a un militar y a dos miembros del grupo al margen de la ley(61), Autodefensas Unidas de Colombia, por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares y de defensa personal, por secuestro simple agravado y tentativa de extorsión, por los hechos ocurridos desde mediados del año 2010 y hasta marzo de 2012, en los municipios de San Antonio y Chaparral del departamento del Tolima; hechos entre los cuales se encuentra el homicidio del señor Obed Reyes Arias, hermano del actor (fls. 426-472 cdno. ppal. Nº 2).

— La copia de la Sentencia del 14 de septiembre de 2015, dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, en el medio de reparación directa con el número de Radicación 73001-33-33-004-2012-00222-02, en la que se declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación por el fallecimiento del señor Obed Reyes Arias y se ordenó pagar perjuicios, entre otros, al actor en su calidad de hermano de la víctima (fls. 496-534 cdno. ppal. Nº 2).

En la sentencia referida, se hace alusión a una prueba allegada al proceso penal en la que se afirma lo siguiente:

“[…] Dentro de la presente investigación, se ha demostrado fehacientemente la comisión de diversos homicidios ocurridos en los municipios de San Antonio y Chaparral - Tolima, entre los años 2011 y 2012 […].

Al igual es un hecho cierto, que los fallecimientos hubiesen permanecido en la total impunidad, de no ser por las declaraciones vertidas ante policía judicial por Hugo Jamir Barragan Luna quien de manera detallada, dio a conocer la existencia de una tenebrosa organización criminal de la cual él mismo hacía parte, y que estaba conformada por varios hombres, entre ellos, integrantes de la sección S-2 del Batallón Caicedo del Ejército Nacional, acantonado en el municipio de Chaparral, la cual tenía como propósito criminal, la identificación, el seguimiento, y la ejecución de personas vinculadas a la delincuencia común, expendedores y consumidores de droga, así como presuntos milicianos de la guerrilla que operaban en la zona […]”.

— Obran testimonios de los señores Israel Reyes Arias, María Abad Arias Zamudio y Hernando Rojas Díaz, quienes dieron cuenta de las circunstancias en las que se presentó el desplazamiento forzado de los actores y la posterior muerte del señor Obed Reyes Arias.

En segundo lugar, se pone de presente que en la providencia del 17 de febrero de 2017, allegada con el expediente contentivo del medio de control de reparación directa(62), el Tribunal Administrativo del Tolima, en relación con la prueba del nexo causal para establecer la responsabilidad estatal en el caso del desplazamiento forzado del actor y de su grupo familiar, consideró lo que a continuación se transcribe:

“5. En el sub judice, se encuentra acreditado, entonces, que Obed Reyes Arias falleció de manera violenta el 27 de abril de 2011 y que el 25 de noviembre de 2010, Jacob Reyes Arias y su grupo familiar, hoy demandante, salieron de su vivienda ubicada en zona rural del municipio de San Antonio - Tolima, por amenazas en contra de sus vidas.

5.1. DEL DAÑO. De las pruebas recaudadas aparece existencia de un daño, el cual consiste en la muerte de Obed Reyes Arias, ocurrida el 27 de abril de 2011, como consecuencia de un homicidio a manos de miembros de un grupo alzado en armas. […].

5.2. FALLA DEL SERVICIO. Acreditado el daño, corresponde determinar si la muerte de Obed Reyes Arias y el desplazamiento forzado del grupo familiar del actor, le es imputable a las entidades demandadas(63).

Jurisprudencialmente se ha establecido que los elementos adicionales exigidos para la procedencia de la declaratoria de responsabilidad administrativa por omisión, son: i) existir un deber atribuido a una entidad pública o que ejerza función administrativa, ii) acreditar que en el caso se cumplieron con las condiciones de aplicación o supuestos de hecho de la norma que prevé tal deber, iii) probar que aquella no atendió el deber o que lo hizo parcialmente o por fuera de tiempo y iv) ameritar que esas circunstancias generaron daños.

Según lo dicho, Obed Reyes Arias no informó ni solicitó protección alguna a las autoridades accionadas con ocasión de las amenazas que se mencionan en la demanda. Por tanto, no es atribuible estas un tipo de acción especial orientada a protegerle la vida, distinta de las generales que ordinariamente cumplen con cualquier persona. Y como en este caso la falla se sustenta en la omisión de medidas particulares y no generales, no se probó el deber omitido sustento de la responsabilidad reclamada en el libelo introductor. (negrilla fuera de texto)

A la misma conclusión y con base en las mismas premisas, habrá de llegarse frente al desplazamiento forzado de la familia Reyes - Oviedo, en atención a que la fuerza pública no tenía conocimiento del hecho, y si bien es cierto que a esta le compete brindar protección, seguridad, vigilancia y cuidado a todos los residentes en el país, y garantizar a estos el ejercicio de sus derechos y libertades mediante acciones preventivas, eficaces, etc., en este caso no podía exigírsele un compromiso distinto del que adopta, de manera general, para cumplir ese deber respecto de todas las personas. Argumento que no varía frente a que del desplazamiento se informó al alcalde del lugar, pues, entre este y los demandados, no existe relación alguna de dependencia o subordinación para entender que los últimos debieron conocer al respecto y, en todo caso, no está sub-judice el actuar del primero (negrilla fuera de texto).

5.3. Finalmente, con el recurso de apelación que se analiza se allegó copia de la Sentencia penal del 11 de noviembre de 2014, emitida por el juzgado segundo penal del circuito especializado con funciones de conocimiento de Ibagué (fls. 426-472), que condenó a Luis Ángel Sánchez Méndez y Albeiro Sánchez Méndez a la pena principal privativa de la libertad de 360 meses de prisión y multa de 90 SMLMV, en su condición de cómplices de las conductas de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado de Obed Reyes Arias en concurso homogéneo y sucesivo, tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas y de defensa personal, secuestro simple agravado en concurso homogéneo y sucesivo y simultáneo, y tentativa de extorsión. También condenó al militar José Ignacio Cuellar Díaz a la pena principal privativa de la libertad de 212 meses de prisión y multa de 50 SMLMV como cómplice de las conductas de concierto para delinquir, homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

Con el mismo acto procesal, se allegó copia de la sentencia emitida por este tribunal de fecha 14 de septiembre de 2014, dentro de la reparación directa iniciada, entre otros, por Jacobo Reyes Arias contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional y donde aquel fue indemnizado por la muerte de Obed Reyes Arias, quien fuera su hermano.

Frente a ello es el caso indicar:

Primero que a esos fallos judiciales no podría dárseles el carácter de pruebas trasladadas, pues, resultaron de un análisis de los respectivos elementos de convicción, cuando son estos los que debieron allegarse conforme el artículo 174 del CGP, que empieza diciendo: “[las] pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia…”, una consideración distinta llevaría a que el juzgamiento finalmente lo haría un juez de otro proceso con claro desmedro de normas sobre competencia y de los efectos interpartes de las sentencias, y de los principios del juez natural y de la imparcialidad (negrilla fuera de texto).

Segundo que si bien lo anterior puede resolverse decretando pruebas de oficio y más cuando desde la demanda se reclamó el traslado de las practicadas con ocasión de la muerte de Obed Reyes Arias, ello resultaría inútil porque, en el mejor de los casos, se acreditaría que la muerte de este se produjo con la participación de miembros del Ejército Nacional como se afirma en la demanda, pero también se ameritaría que Jacobo Reyes Arias fue indemnizado por tal hecho, lo cual levaría a que se negara lo por este reclamado.

Tercero y de igual forma, no podría indemnizarse los perjuicios morales reclamados por Dora Magaly Oviedo Oviedo y los menores demandantes con motivo de la muerte de Obed Reyes Arias, en la medida en que, como lo tiene dicho la jurisprudencia patria, aquellos que se presumen para los casos ascendientes, descendientes, colaterales de segundo grado, cónyuge o compañero (a) permanente con base en las máximas de la experiencia, las cuales, de otro lado, prodigan que en esas personas generalmente se presentan sentimientos de tristeza, congoja y dolor cuando fallece un ser querido.

Y aunque tales emociones pueden surgir en otros familiares e incluso de personas sin esos vínculos, como no están cobijadas con la presunción, deben demostrarse fehacientemente. Prueba que en este evento se echa de menos, ya que los testigos María Abad Arias Zamudio, Israel Reyes Arias y Hernando Rojas Díaz hacen referencia es al desplazamiento forzado y la forma en que ocurrió el homicidio de Obed Reyes Arias, pero ninguno menciona los efectos sicológicos que produjo el deceso en Dora Magaly Oviedo Oviedo y los menores demandantes, ni memoran la causa de ese particular resultado.

Así las cosas, se confirmará el fallo apelado”.

De lo transcrito se advierte que el Tribunal Administrativo del Tolima fundamenta su decisión en la ausencia de material probatorio, fehaciente y contundente que acredite el nexo causal entre el desplazamiento forzado del que fuera víctima el actor y su grupo familiar, y que demuestre la omisión o acción del Estado o de sus agentes para que se le pudiera endilgar la responsabilidad por esos hechos.

En la providencia objeto de cuestionamiento en la presente acción de amparo, el Tribunal Administrativo del Tolima puso de presente que, no obstante se encuentra probado el daño, esto es, el desplazamiento forzado sufrido por el actor, no hay elementos de prueba que permitan al juez administrativo establecer que dicho desplazamiento se produjo como consecuencia del actuar de los militares que fueron condenados por la muerte del hermano del actor, señor Obed Reyes Arias; y tampoco existen medios que demuestren la omisión del deber de seguridad por cuanto no medió una solicitud del actor requiriendo protección especial por parte del Ejército o de la Policía Nacional.

Aunado a ello, en criterio del Tribunal Administrativo del Tolima, la parte actora no aportó otra prueba o indicio que permita determinar el nexo causal. Además, el Tribunal Administrativo del Tolima precisó que resultaba inocua la solicitud de los accionantes, relativa a trasladar pruebas del proceso penal adelantado con ocasión de la muerte violenta del señor Obed Reyes Arias, por cuanto con ellas únicamente se lograba probar lo atinente a las circunstancias de la muerte del señor Reyes Arias pero de las mismas no se podían acreditar los hechos relativos al desplazamiento forzado del señor Jacob Reyes Arias y de su grupo familiar.

En ese contexto, la Sala encuentra que el Tribunal Administrativo del Tolima, desconociendo la jurisprudencia(64) del Consejo de Estado relativa a la flexibilización en la apreciación y valoración de los medios de prueba frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en una clara manifestación de exceso de rigor manifiesto, determinó como no acreditado el nexo causal necesario para la imputación de responsabilidad del Estado en los hechos de desplazamiento forzado del que fuera víctima el actor.

En efecto, para la Sala resulta evidente que del análisis de las pruebas allegadas al expediente contentivo del medio de control de reparación directa, Radicado 73001-33-33-002-2012-00187-01 (2206-2016), el Tribunal Administrativo del Tolima, atendiendo las especiales circunstancias que rodearon los hechos, desechó algunas de las pruebas sin sustentar con suficiencia los motivos por los cuales, con base en los criterios de la lógica, la sana crítica y las normas de la experiencia, no se podía llegar a la conclusión contraria a la que arribó.

Es así como, a manera de ejemplo, el Tribunal Administrativo del Tolima en la Sentencia del 17 de febrero de 2017, afirma que ni en la muerte del señor Obed Reyes Arias, ni en el desplazamiento del actor y su grupo familiar, se podía reputar responsabilidad alguna del Estado, por cuanto el señor “Obed Reyes Arias no informó ni solicitó protección alguna a las autoridades accionadas con ocasión de las amenazas que se mencionan en la demanda. Por tanto, no es atribuible estas un tipo de acción especial orientada a protegerle la vida, distinta de las generales que ordinariamente cumplen con cualquier persona. Y como en este caso la falla se sustenta en la omisión de medidas particulares y no generales, no se probó el deber omitido sustento de la responsabilidad reclamada en el libelo introductor”; conclusión opuesta a la que se llega tanto en el proceso penal que condenó al militar y a los dos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, como en el medio de control de reparación directa donde se encontró patrimonialmente responsable al Estado por su muerte.

Cabe resaltar que ambas providencias fueron debidamente allegadas al acervo probatorio, decisiones que según la jurisprudencia(65) de la corporación deberán apreciarse como pruebas documentales en los siguientes términos:

“[…] La Sala reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual la sentencia penal que se profiera en el proceso penal que se adelante contra el servidor estatal, sea ésta condenatoria o absolutoria, no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación que se adelante contra el Estado por esos mismos hechos, porque, conforme se ha sostenido en las providencias en las que se ha acogido dicho criterio: (i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción que le sea imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia, diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar la presunción de responsabilidad que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente, pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio.

Adicionalmente, se observa que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera sido causado con una conducta regular o irregular.

Y, finalmente, si bien la sentencia penal que se dicte contra el servidor estatal no tiene efectos de cosa juzgada en la acción de reparación directa, no puede desconocerse el valor probatorio que la misma pueda tener en este proceso; por lo tanto, la sentencia penal puede ser el fundamento de la decisión de reparación, cuando constituya la única prueba de las circunstancias del ilícito que ha sido juzgado, de la cual se infieran los demás elementos de la responsabilidad estatal, como lo son el hecho, la autoría del agente estatal y el nexo con el servicio; pero, se insiste, ese valor de la sentencia penal no surge del hecho de que la misma produzca efectos de cosa juzgada sobre la acción de reparación sino porque esa sentencia constituye una prueba documental para el proceso, que bien puede brindar al juez contencioso certeza sobre los elementos de responsabilidad(66)” (negrilla y subrayado fuera de texto).

En ese orden de ideas, si bien no se pretendía que se hicieran valer las pruebas aportadas al proceso penal, el Tribunal Administrativo del Tolima si estaba en la obligación de apreciar las providencias, aportadas como prueba documental, y que contienen los elementos de juicios que acreditan las circunstancias de la muerte del señor Obed Reyes Arias y de las circunstancias de orden público que vivía la región, de la que fuera desplazado el señor Jacob Reyes Arias, en la época de los hechos.

De otra parte, en relación con la responsabilidad del Estado por el desplazamiento forzado, el Tribunal Administrativo del Tolima erróneamente determinó que, en razón a que la fuerza pública no tenía conocimiento de las amenazas(67), no se podía reputar una falta al deber de protección y seguridad; cuando lo cierto es que en el plenario reposan los documentos que certifican de la información que aporta el actor al Alcalde del municipio de San Antonio.

Sobre el particular, cabe recordar que el Alcalde es la primera autoridad de policía del municipio, y como tal tiene el mando de los miembros de la Policía Nacional que presten los servicios en su jurisdicción. Aunado a ello, se resalta que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 209 de la Constitución Política, las autoridades administrativas deberán coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado; por lo que si una autoridad tenía conocimiento de la difícil situación de orden público que se vivía en el municipio de San Antonio - Tolima, y fue informado de las amenazas que dieron como consecuencia el desplazamiento del actor, no es dable exigir que fuera informada directamente la Fuerza Pública, cuando se tiene que en la región, actuaba en complicidad con miembros de organizaciones al margen de la ley.

Así las cosas, para la Sala resulta palmario que el Tribunal Administrativo del Tolima, en un exceso de rigor manifiesto y desconociendo el precedente jurisprudencial de la corporación en lo atinente a los criterios de flexibilización de las pruebas y de la valoración de las mismas en casos de graves vulneraciones de derechos humanos, descartó, sin fundamento, pruebas con las que se podían acreditar las circunstancias del daño antijurídico y de la imputación de responsabilidad del Estado.

Es así como, con argumentos que desconocen los precitados criterios jurisprudenciales de la corporación, restó valor: i) a los testimonios(68); ii) a las providencias del proceso penal adelantado con ocasión de las ejecuciones extra juicio que se presentaron en la jurisdicción de los municipios de Chaparral y San Antonio, uno de los cuales precisamente el relacionado con la muerte del hermano del actor, señor Obed Reyes Arias; iii) a la Sentencia del 14 de septiembre de 2015(69), proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima; y, iv) a la Resolución 2013-100978 del 18 de enero de 2013(70) que da cuenta de la condición de víctima por desplazamiento forzado del señor Jacob Reyes Arias junto con su núcleo familiar; pruebas que, examinadas en su conjunto y atendiendo las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, permitían establecer que durante la época de los hechos se presentaba una difícil situación de orden público en el municipio de San Antonio, donde actuaba el frente 72 de las FARC y, además, se había instaurado una banda criminal conformada por miembros de las AUC y de agentes de la Fuerza Pública.

Por consiguiente, las amenazas del que fuera víctima el actor, que provocaron el desplazamiento forzado suyo y de su familia, resultaban fundadas y creíbles, por lo que, sin mediar solicitud de protección ante las autoridades de la jurisdicción, algunas de las cuales, se recuerda, actuaban en contubernio con actores del conflicto armado interno al margen de la ley, abandona su propiedad y su fuente de sustento, en procura de salvaguardar su vida.

De modo que, como víctima de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado interno, condición debidamente acreditada con la inscripción en el Registro Único de Víctimas, el juez administrativo estaba en la obligación de dar una interpretación flexible de las pruebas para poder establecer la responsabilidad del Estado atendiendo las especiales circunstancias del caso, por “[…] el hecho de que la víctima no tiene el deber jurídico de soportar el daño, pues es el mismo Estado el que tiene el mandato de preservar los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración […](71)”; y porque, además, teniendo en cuenta de que el caso trata de graves violaciones a los derechos humanos, se debían adecuar “[…] los criterios de valoración probatoria a los estándares establecidos por los instrumentos internacionales en aras de garantizar una justicia efectiva […](72)”.

Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia(73) de la corporación que establece que es deber del Estado dar pleno cumplimiento al “[…] Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, ya que sus contenidos convergen(74) para tutelar la dignidad de la persona humana, como objeto y fin del derecho internacional, con claras incidencias en el nivel interno […](75)”.

En tal sentido, en la Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, la Sección Tercera del Consejo de Estado, determinó lo siguiente:

“[…] En efecto, el Estado debe organizar todo el poder público en el ámbito legislativo, ejecutivo y judicial a afectos de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción, adecuar el ordenamiento jurídico interno a estos lineamientos y respetar los límites impuestos por las normas humanitarias en situaciones de conflicto armado interno.

11.3. Lo anterior, porque las obligaciones internacionales vinculan a las autoridades del Estado colombiano a cumplir lo pactado de buena fe (pacta sunt servanda(76)) y, por tal razón, los deberes funcionales impuestos desde el ámbito del derecho internacional público, son plenamente exigibles en virtud de la integración normativa a través del bloque de constitucionalidad (destaca la Sala).

11.4. Respecto de las obligaciones que devienen del Derecho Internacional de Derechos Humanos se destacan las de respeto y garantía consagradas en el artículo 1.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con las cuales la Corte Interamericana, en el caso Velázquez Rodríguez vs Honduras, señaló:

164. El artículo 1.1. es fundamental para determinar si una violación de los derechos humanos reconocidos por la convención puede ser atribuida a un Estado Parte. En efecto, dicho artículo pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y de garantía, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la convención que pueda ser atribuido, según las reglas del derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma convención.

165. La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado artículo, es la de “respetar los derechos y libertades” reconocidos en la convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado […]

166. La segunda obligación de los Estados Partes es la de “garantizar” el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos.

167. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”.

11.5. Frente a lo anterior, es importante señalar que en toda circunstancia en la cual una entidad del Estado viole alguno de los derechos consagrados en la convención, se está ante un supuesto de inobservancia del deber de respeto y garantía consagrado en el artículo 1º de la convención(77) (destaca la Sala).

[…]

11.12. No obstante, es importante señalar que una vez consumada alguna de tales infracciones, el Estado deberá garantizar el acceso a la administración de justicia, en el marco del debido proceso y el juez natural, para que las víctimas accedan a sus derechos fundamentales a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, pues es claro que el Estado deberá investigar seriamente, sancionar adecuadamente y reparar integralmente los daños irrogados a las personas sujetas a su jurisdicción, máxime cuando se encuentren en situación de debilidad manifiesta, como las víctimas del conflicto armado interno (negrilla fuera de texto)

12.3. Así pues, de lo anterior se puede concluir que el juez de daños como juez de convencionalidad en el ordenamiento interno(78), tiene la facultad para revisar el cumplimiento de las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos por parte de las autoridades públicas internas. En ese orden, si bien el control de convencionalidad, visto como una técnica de orden estatal, le sirve al juez de daños para ejercer un control objetivo de constatación del cumplimiento de obligaciones internacionales, también le sirve para confrontar la posible abstención de una obligación de hacer, que nace de un estándar funcional de origen internacional, de allí que, en caso de concretarse un daño antijurídico, este le puede ser imputable al Estado”.

De acuerdo con lo citado, el juez administrativo, en este caso, el Tribunal Administrativo del Tolima, está en la obligación de garantizar el debido cumplimiento de las normas convencionales de derecho internacional que asumió el Estado Colombiano, la cual, entre otros aspectos, se materializa con la aplicación del criterio de flexibilización probatoria, que permita impartir justicia material y reparación integral a las víctimas del conflicto armado.

Nótese que, el criterio de flexibilización probatoria, según la jurisprudencia(79) de la corporación, redunda en la verdadera garantía de la reparación por parte del Estado ante graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia, si se tiene en consideración que la mayoría de esos casos, “[…] cometidas en el marco del conflicto armado interno, han acaecido en zonas alejadas de los grandes centros urbanos y en contextos de impunidad(80). Lo anterior ha producido que las víctimas, como sujetos de debilidad manifiesta, queden en muchos casos en la imposibilidad fáctica de acreditar estas afrentas a su dignidad humana […](81)”.

En tal virtud, se conmina al juez administrativo, conocedor de la realidad del conflicto armado interno, a “[…] acudir a criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos de reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas afectadas”.

En el sub examine, atendiendo lo expuesto, la Sala encuentra acreditados los defectos i) fáctico, por indebida valoración del acervo probatorio, ii) procedimental, por exceso de rigor manifiesto y, iii) de desconocimiento de precedente jurisprudencial, por parte del Tribunal Administrativo del Tolima al dictar la Sentencia del 17 de febrero de 2017, en el medio de control de reparación directa, con Radicación 73001-33-33-002-2012-00187-01 (2206-2015).

En consecuencia, se ordenará al citado tribunal dictar nueva providencia de segunda instancia, en la que deberá decidir en atención al precedente jurisprudencial relativo al criterio flexibilización probatoria ante la ocurrencia de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario; criterio desarrollado ampliamente en la Sentencia de Unificación(82) del 28 de agosto de 2014 de la Sala Plena de la Sección Tercera de esta corporación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. AMPARAR los derechos fundamentales invocados por el señor Jacob Reyes Arias, vulnerados por el Tribunal Administrativo del Tolima y, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la providencia proferida el 17 de febrero de 2017, por la citada corporación, en el proceso con Radicado 73001-33-33-002-2012-00187-01 (2206-2015); contentivo de la acción de reparación directa promovida por el señor Jacob Reyes Arias y la señora Dora Magaly Oviedo Oviedo(83) en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Policía Nacional; por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

2. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Tolima que dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de este fallo, profiera una nueva providencia de segunda instancia, en el referido proceso reparación directa, que acate las consideraciones puestas de presente en este fallo.

3. De no ser impugnada esta sentencia, REMITIR el expediente dentro de los diez (10) días siguientes a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

Consejeros: Roberto Augusto Serrato Valdés, Presidente—María Elizabeth García González—Hernando Sánchez Sánchez.

(1) Actuando a nombre propio y en representación de sus menores hijos, Cristian Alejandro y Laura Sofía Reyes Oviedo, y Leidy Lorena y Yeison Andrés Reyes Montoya.

(2) Medio de control de reparación directa promovido por el accionante y la señora Dora Magaly Oviedo Oviedo, en nombre propio y en el de sus menores hijos, Cristian Alejandro y Laura Sofía Reyes Oviedo, y Leidy Lorena y Yeison Andrés Reyes Montoya, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Policía Nacional.

(3) Obed Reyes Arias.

(4) Se encontró penalmente responsables al ex militar, José Ignacio Cuellar Diaz y a los miembros de las AUC, señores Albeiro y Luis Ángel Sánchez Méndez.

(5) Medio de control de reparación directa promovido por el accionante y la señora Dora Magaly Oviedo Oviedo, en nombre propio y en el de sus menores hijos, Cristian Alejandro y Laura Sofía Reyes Oviedo, y Leidy Lorena y Yeison Andrés Reyes Montoya, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Policía Nacional.

(6) Actuando a nombre propio y en representación de sus menores hijos, Cristian Alejandro y Laura Sofía Reyes Oviedo, y Leidy Lorena y Yeison Andrés Reyes Montoya.

(7) Corte Constitucional. Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Rad. T-619, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

(8) Corte Constitucional. Sentencia T-225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

(9) Actuando a nombre propio y en representación de sus menores hijos, Cristian Alejandro y Laura Sofía Reyes Oviedo, y Leidy Lorena y Yeison Andrés Reyes Montoya.

(10) Los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de jurisprudencia, no resultan procedentes en el caso, por lo que se entiende agotado el medio de defensa judicial que tenía a su alcance el actor.

(11) Sentencia del treinta (5)(sic) de agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01, Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado – Sección Primera. El término es establecido por la Sala Plena de corporación, acogiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha determinado que, si bien en principio no puede crearse una caducidad de la acción de tutela fijando términos inamovibles, debido a que debe encontrarse un equilibrio entre los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, y el derecho fundamental al debido proceso en acciones de tutela contra providencia judicial; encontraba que, en principio, era razonable que se presentara el amparo, máximo seis (6) meses después de notificada la providencia que se cuestionaba en sede constitucional, sin perjuicio de que se estudiaran, en cada caso, las circunstancias particulares para determinar el cumplimiento del requisito de inmediatez.

(12) Sentencia T-737 de 2012. Corte Constitucional. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(13) Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 2011. M.P. Mauricio González Cuervo y T-535 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.

(14) Corte Constitucional.

(15) Ibídem.

(16) Corte Constitucional, Sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(17) Sentencia T-760A de 2011. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

(18) Sentencia del 13 de mayo de 2008, Exp. T-1.806.953, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(19) Ver Sentencias C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998.

(20) Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. 11001-03-15-000-2012-02074-00.
Sentencia 18 de abril de 2013. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Rad. 11001-03-15-000-2012-01797-00.

(21) Ibídem.

(22) Sentencias T-1625 de 2000 y T-161 de 2010.

(23) Ver, entre otras, Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. 11001-03-15-000-2012-02074-00. Sentencia 18 de abril de 2013. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Rad. 11001-03-15-000-2012-01797-00.

(24) Sentencia de segunda instancia dictada en el medio de control de reparación directa con radicación 73001-33-33-002-2012-00187-01, promovido por el actor y la señora Dora Magaly Oviedo Oviedo, actuando a nombre propio y en representación de sus menores hijos, Cristian Alejandro y Laura Sofía Reyes Oviedo, y Leidy Lorena y Yeison Andrés Reyes Montoya; en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Policía Nacional.

(25) Juan Carlos Henao Pérez, “El daño, análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en Derecho colombiano y francés”. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, D.C. marzo de 2002, p. 37.

(26) Ibídem, p. 39.

(27) Michele Taruffo, “La prueba”. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, España. 2008, p. 256.

(28) Ibíd, p. 262.

(29) Ibíd, p. 262.

(30) Ídem, p. 274.

(31) Michele Taruffo, “La prueba”. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, España. 2008, p. 275.

(32) Ibídem.

(33) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa (E), Sentencia del 25 de julio de 2016. Exp. 25000-23-26-000-2006-00647-01 (40888).

(34) Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.

(35) “En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, p. 174.

(36) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, Sentencia del 24 de octubre de 2016. Exp. 50001-23-31-000-2002-10050-01 (37074).

(37) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Hernán Andrade Rincón, Sentencia del 29 de abril de 2015, Exp. 20001-23-31-000-2000-00777-01 (31.358).

(38) Original de la cita: “‘Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance’. Sección Tercera, Sentencia de 15 de febrero de 1996, Exp. 9940”.

(39) Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Sentencia del 28 de agosto de 2014. Actor: Félix Antonio Zapata González y otros.

(40) En Colombia la violencia desencadenada por el conflicto armado interno se ha concentrado históricamente en las zonas rurales. Ver: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Colombia Rural, razones para la esperanza, Informe Nacional de Desarrollo Humano, Bogotá, INDH-PNUD, 2011, p. 231; Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, Bogotá, 2013, p. 323 y s; BERRY, Albert, “Aspectos jurídicos, políticos y económicos de la tragedia de la Colombia rural de las últimas décadas: hipótesis para el análisis”, en Tierra, Guerra y Estado, Revista Estudios Socio-Jurídicos, Nº 1, volumen 16, junio del 2014, Universidad del Rosario, Bogotá, pp. 7-23.

(41) La Subsección B de la Sección Tercera en Sentencia del 27 de septiembre del 2013, Rad. 19939, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo, al resolver un caso de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario acudió a la flexibilización de los estándares probatorios en materia de prueba documental: “puestas las cosas en los términos anteriormente señalados y tratándose, como en el presente caso, del deber de reparar integralmente a víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos y/o del derecho internacional humanitario, sean directas o indirectas, resulta indispensable aplicar el principio de equidad y, en consecuencia, flexibilizar el estándar probatorio. Es que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, en un caso como el presente —en el que, además, como lo revelan los hechos y lo reconoce la sentencia de primera instancia, las autoridades en lugar de facilitar la búsqueda del desaparecido entorpecieron las labores de su madre y hermanos—, ocupan el lado más débil de la balanza así que, de conformidad con lo ordenado por el artículo 13 superior, requieren mayor soporte y protección. Se reitera en este lugar lo ya afirmado arriba y es que en estos casos los principios de verdad, de justicia y de reparación integral han sido catalogados como derechos fundamentales que rigen en virtud del ius cogens, por lo que no cabe alegar obstáculos de orden normativo interno para efectos de dificultar su realización”.

(42) Esta postura de flexibilización de los medios de prueba ante graves violaciones a los derechos humanos fue adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las siguientes Sentencias: 15 de septiembre del 2005, caso Mapiripán vs. Colombia, párr. 73; Sentencia del 24 de junio del 2005, caso Acosta Calderón vs. Ecuador, párr. 41; Sentencia del 23 de junio del 2005, caso Yatama vs. Nicaragua, párr. 108; Sentencia del 20 de junio del 2005, caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, párr. 45; Sentencia del 2 de julio del 2004, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, párr. 57.

(43) Se remite a los siguientes pronunciamientos jurisprudenciales: Sentencia del 6 de julio del 2009, caso Escher y otros vs. Brasil, párr. 127; Sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 135; Sentencia del 28 de enero del 2009, caso Ríos y otros vs. Venezuela, párr. 98; Sentencia del 3 de abril del 2009, caso Kawas Fernández vs. Honduras, párr. 95.

(44) Sentencia del 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, párr. 135.

(45) Según Taruffo “El juzgador ya no está obligado a seguir reglas abstractas: tiene que determinar el valor de cada medio de prueba especifico mediante una valoración libre y discrecional. Esa valoración tiene que hacerse caso por caso, conforme a estándares flexibles y criterios razonables. La idea básica es que esta clase de valoración debe conducir al juzgador a descubrir la verdad empírica de los hechos objeto del litigio sobre la única base del apoyo cognitivo y racional que ofrecen los medios de prueba disponibles”. TARUFFO, Michele, La prueba. Ed. Marcial Pons, Madrid, p. 135.

(46) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. C.P. Hernán Andrade Rincón. Sentencia del 23 de marzo de 2017. Rad. 05001-23-31-000-2006-03647-01 (50941). Actor: Blanca Olivia Buitrago Gómez y otros.

(47) En similares términos consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 14 de septiembre de 2016, Exp. 34.349 y la proferida el 2 de abril de 2013, Exp. 27.067, entre otras.

(48) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de 26 de octubre de 2000, Exp. 15610.

(49) “En la prueba por indicios necesariamente intervienen tres elementos: un hecho, el que indica; otro hecho, el indicado y una relación de causalidad, concomitancia o conexión entre aquél y éste. El indicio parte de un hecho conocido, establecido en el proceso por cualquier medio de prueba distinto del mismo indicio, esto es, que todos los medios de prueba permiten el hecho indicador. El hecho indicado debe ser el resultado lógico crítico de la inferencia entre el primero y el segundo hecho, de donde la integración de los tres elementos anotados, permiten la existencia del indicio” (Cabrera Acosta, Benigno Humberto, Teoría General del Proceso y de la Prueba, Quinta Edición, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, pp. 458 y ss.).

(50) Al respecto se puede consultar la Sentencia de 11 de febrero de 2009, M.P. Miriam Guerrero de Escobar, Exp. 16.337.

(51) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 8 de febrero de 2012, Exp. 21.521, M.P. Ruth Stella Correa, ver también Sentencia del 29 de octubre de 2012, Exp. 21.806, M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

(52) Como el criterio de probabilidad prevaleciente entendido como el “grado de confirmación lógica que un enunciado obtiene sobre la base de las pruebas que a él se refieren”, criterio que se funda en la combinación de dos reglas: “la regla del “más probable que no” y la regla de la “prevalencia relativa” de la probabilidad”. (…).
“El juzgador ya no está obligado a seguir reglas abstractas: tiene que determinar el valor de cada medio de prueba especifico mediante una valoración libre y discrecional. Esa valoración tiene que hacerse caso por caso, conforme a estándares flexibles y criterios razonables. La idea básica es que esta clase de valoración debe conducir al juzgador a descubrir la verdad empírica de los hechos objeto del litigio sobre la única base del apoyo cognitivo y racional que ofrecen los medios de prueba disponibles”. TARUFFO, Michele, La prueba. Ed. Marcial Pons, Madrid, p. 135.

(53) Las víctimas de desplazamiento forzado son sujetos de especial protección que, se presume, se encuentran en una situación de debilidad manifiesta.

(54) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sentencia del 24 de octubre de 2016. Rad. 50001-23-31-10050-01 (37074). Actor: Clemente Eleazar Burgos Peña y otros.

(55) Original de la cita: “en el mismo sentido ver Sentencia proferida el 16 de julio de 2015 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso 500012331000200120203 01(34046)”.

(56) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Hernán Andrade Rincón, Sentencia del 27 de abril de 2016, Rad. 180012331000200300230 01 (34545).

(57) Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Sentencia del 28 de agosto de 2014. Actor: Félix Antonio Zapata González y otros.

(58) El señor Obed Reyes Arias era hermano del señor Jacob Reyes Arias, cuñado de la señora Dora Magaly Oviedo Oviedo (esposa de Jacob Reyes Arias) y tío de los menores hijos de la pareja, y accionantes en ese medio de control.

(59) “Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Víctimas, en virtud del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 37 del Decreto 4800 de 2011”.

(60) Folio 421 Cuaderno Principal Nº 2 Expediente de la Reparación Directa con radicación 73001-33-33-002-2012-00187-00, remitido en calidad de préstamos a la acción de tutela mediante Oficio 1095 del 11 de mayo de 2017, suscrito por la secretaría del juzgado décimo administrativo del circuito judicial de Ibagué (folio 60 del expediente de tutela).

(61) Se encontró penalmente responsables al ex militar, José Ignacio Cuellar Díaz y a los miembros de las AUC, señores Albeiro y Luis Ángel Sánchez Méndez.

(62) Expediente allegado en calidad de préstamo mediante oficio del 11 de mayo de 2017.

(63) El medio de control de reparación directa de radicación 73001-33-33-002-2012-00187-01 (2206-2016), se promovió en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional.

(64) Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014. C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Rad. 05001-23-25-00-1999-01063-01 (32988). Actor: Felix Antonio Zapata González y otros.

(65) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Sentencia del 3 de mayo de 2013. Rad. 25000-23-26-000-2000-02233-01. Actor: Nibardo Guerrero Rodríguez y otra.

(66) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de agosto de 2008, Exp. 17001-23-31-000-1995-06024-01 (16533), Actor: Libardo Sánchez Gaviria y otros, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Ver igualmente, Sentencia del 28 de enero de 2009, Exp. 07001-23-31-000-2003-00158-01 (30340), Actor: Sandra Milena García Gómez y otros, C.P. Enrique Gil Botero.

(67) Aparte de la Sentencia del 17 de febrero de 2017, dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima en el medio de control de reparación directa promovido por el actor y su cónyuge:
“A la misma conclusión y con base en las mismas premisas, habrá de llegarse frente al desplazamiento forzado de la familia Reyes - Oviedo, en atención a que la fuerza pública no tenía conocimiento del hecho, y si bien es cierto que a esta le compete brindar protección, seguridad, vigilancia y cuidado a todos los residentes en el país, y garantizar a estos el ejercicio de sus derechos y libertades mediante acciones preventivas, eficaces, etc., en este caso no podía exigírsele un compromiso distinto del que adopta, de manera general, para cumplir ese deber respecto de todas las personas. Argumento que no varía frente a que del desplazamiento se informó al alcalde del lugar, pues, entre este y los demandados, no existe relación alguna de dependencia o subordinación para entender que los últimos debieron conocer al respecto y, en todo caso, no está sub-judice el actuar del primero (negrilla fuera de texto).

(68) Testimonios de Israel Reyes Arias, María Abad Arias Zamudio y Hernando Rojas Díaz, recepcionados en audiencia del 4 de diciembre de 2013.

(69) Sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, en el medio de control de reparación directa con radicación 73001-33-33-004-2012-00222-02. M.P. José Aleth Ruiz Castro. Demandante: David Esneider Reyes Arias y otros; proceso adelantado para buscar la indemnización por el daño causado con ocasión de la muerte del señor Obed Reyes Arias, hermano del tutelante.

(70) “Por la cual se decide sobre la inscripción en el Registro Único de Victimas, en virtud del artículo 156 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 37 del Decreto 4800 de 2011”.

(71) “El perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. La Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado Social de Derecho, pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización. Igualmente no basta que el daño sea antijurídico sino que éste debe ser además imputable al Estado, es decir, debe existir un título que permita su atribución a una actuación u omisión de una autoridad pública”. Corte Constitucional, Sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996 que estudió la constitucionalidad del artículo 50 parcial de la Ley 80 de 1993.

(72) Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014. C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Rad. 05001-23-25-00-1999-01063-01 (32988). Actor: Felix Antonio Zapata González y otros.

(73) Ídem.

(74) Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de fondo del 25 de noviembre de 2000, caso Bamaca Velásquez vs. Guatemala, párr. 205-207. En igual sentido, el voto razonado del juez A.A. Cançado Trindade, en la misma causa, párr. 27.

(75) Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014. C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Rad. 05001-23-25-00-1999-01063-01 (32988). Actor: Felix Antonio Zapata González y otros.

(76) Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, artículo 26. “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.

(77) Cfr. Corte I.D.H., Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, párr. 72; Corte I.D.H., Caso cinco pensionistas, Sentencia de 28 de febrero de 2003, Serie C Nº 98, párr. 63; Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, párr. 76 y Corte I.D.H., Caso Baena Ricardo y otros, Sentencia de 2 de febrero de 2001, Serie C Nº 72, párr. 178.

(78) En el caso Almonacid Arellano y otros contra Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se refiere a la función de los jueces nacionales en lo relativo al conjunto de obligaciones contenidas en los sistemas de protección de derechos humanos. Al respecto resaltó: “124. La Corte es consciente [de] que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la convención americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el poder judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el poder judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”: Caso Almonacid Arellano vs. Chile, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia del 26 de septiembre del 2006, serie C, Nº 154, párrs. 123 a 125 (se destaca).
En el caso Cabrera García y Montiel contra México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró: “Los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la convención americana”. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, Sentencia del 26 de noviembre del 2010, párrs. 12 a 22.

(79) Ibídem.

(80) En Colombia la violencia desencadenada por el conflicto armado interno se ha concentrado históricamente en las zonas rurales. Ver: programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, Colombia rural, razones para la esperanza, Informe Nacional de Desarrollo Humano, Bogotá, INDH-PNUD, 2011, p. 231; Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, Bogotá, 2013, p. 323 y s; BERRY, Albert, “Aspectos jurídicos, políticos y económicos de la tragedia de la Colombia rural de las últimas décadas: hipótesis para el análisis”, en Tierra, Guerra y Estado, Revista Estudios Socio-Jurídicos, Nº 1, volumen 16, junio del 2014, Universidad del Rosario, Bogotá, pp. 7-23.

(81) Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014. C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Rad. 05001-23-25-00-1999-01063-01 (32988). Actor: Felix Antonio Zapata González y otros.

(82) Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2014. C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Rad. 05001-23-25-00-1999-01063-01 (32988). Actor: Felix Antonio Zapata González y otros.

(83) Actuando a nombre propio y en representación de sus menores hijos, Cristian Alejandro y Laura Sofía Reyes Oviedo, y Leidy Lorena y Yeison Andrés Reyes Montoya.