Sentencia 2017-00855 de octubre 4 de 2017

CONSEJO DE ESTADOSALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera Ponente:

Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Bogotá, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 11001-03-15-000-2017-00855-01

Actor: Jorge Eliécer Lozano Ramírez

Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sección Segunda

Asunto: Fallo de segunda instancia. Tutela de segunda instancia. Confirma negativa.

La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante en contra de la sentencia del 26 de julio de 2017, mediante la cual, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó el amparo de los derechos fundamentales invocados.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud.

El señor JORGE ELIÉCER LOZANO RAMÍREZ, actuando por intermedio de apoderado, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sección Segunda, autoridad judicial que conoció en segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho(1) que el actor inició en contra del Departamento del Valle del Cauca.

El actor consideró que con la decisión proferida, la autoridad judicial cuestionada vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso, y a la igualdad.

1.2. Hechos.

Como sustento fáctico de la demanda, el tutelante señaló, en síntesis, que:

El actor convivía en unión marital de hecho con la señora Martha Ruth González Franco quien trabajó para el Departamento de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca, desde el 27 de junio de 1980 hasta el 22 de septiembre de 1990, fecha última en la que falleció en un accidente de tránsito.

El señor Jorge Eliécer Lozano Ramírez, en calidad de compañero permanente de la señora Martha Ruth González Franco, le solicitó al departamento del Valle del Cauca el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, petición que se negó mediante Resolución W 1154 de 4 de diciembre de 2013, con el argumento de que para la fecha de fallecimiento de la funcionaria no existía la figura de la pensión de sobrevivientes para servidores públicos. Esta decisión fue confirmada con las Resoluciones No. 006 de 20 de enero de 2014 y 116 de 19 de marzo del mismo año.

Por lo anterior, el señor Lozano Ramírez interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el departamento del Valle del Cauca, con el fin de que se diera aplicación al principio de favorabilidad, se dejaran sin efectos los anteriores actos administrativos y, en consecuencia, se ordenara el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.

El proceso le correspondió por competencia al Juzgado 16 Administrativo de Cali que, mediante sentencia de 20 de mayo de 2015, negó las pretensiones de la demanda, con el argumento de que el principio de favorabilidad reclamado por el actor solo era aplicable siempre y cuando la Ley 100 de 1993 se encontrara vigente para la fecha de la muerte del causante, situación que no se presentó en el caso bajo estudio, porque la señora Martha Ruth González Franco falleció el 22 de septiembre de 1990.

Contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia de 2 de marzo de 2017, que confirmó la decisión de primera instancia.

1.3. Fundamentos.

Según el actor, sustentó la acción de tutela en el desconocimiento de la sentencia de la Corte Constitucional T -564 de 2015 y en que, en su criterio, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo y violación directa de la Constitución Política, al concluir que se podía dar aplicación al Decreto 758 de 1990.

Manifestó que las autoridades demandadas no dieron aplicación al principio de favorabilidad en materia pensional, previsto en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política.

Adujo que el Decreto 758 de 11 de abril de 1990, entró a regir antes del fallecimiento de la señora Martha Ruth González Franco, y tal disposición exigía 150 semanas dentro de los 6 años anteriores al fallecimiento o 300 semanas en cualquier tiempo para adquirir el derecho, requisitos que cumplió la actora, pues los 10 años que trabajó dan un total de 526 semanas en el Departamento de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca.

1.4. Petición de amparo.

A título de amparo constitucional solicitó:

“PRIMERA: TUTELAR a favor del señor JORGE ELIÉCER LOZANO RAMÍREZ el derecho fundamental a la seguridad social, al debido proceso, a la igualdad, por incursión en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente jurisprudencial y violación directa de la Constitución, en la providencia proferida el día 2 de marzo de 2017 y notificada por estados (sic) el 7 de marzo de 2017, por parle de (sic) SECCIÓN SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto alguno las sentencias proferida (sic) el día 2 de marzo de 2017, y en su lugar se ordene al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA proceder a proferir una nueva providencia atendiendo los lineamientos constitucionales”.

1.5. Trámite de la acción de tutela.

Por auto del 5 de abril de 2017(2), la Sección Cuarta de esta corporación admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar como accionados al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sección Segunda.

Así mismo, vinculó como terceros con interés en las resultas de este proceso al departamento del Valle del Cauca, por ser la parte demandada en el proceso ordinario.

1.6. Contestaciones.

1.6.1. Departamento del Valle del Cauca.

El Director de Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional de la Gobernación del Valle del Cauca(3) solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, pues la decisión del ente territorial de negar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al actor se encuentra acorde con la normativa que rige el caso. Que el demandante hizo indebido uso del recurso de amparo, pues pretende sustituir las decisiones debidamente adoptadas por el juez natural de la causa.

Aunado a ello, indicó que en el presente caso no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la acción de tutela, para acceder al amparo de manera transitoria.

1.7. Fallo impugnado.

La Sección Cuarta de esta corporación, mediante sentencia de 26 de julio de 2017(4), negó el amparo deprecado, al efecto argumentó el a quo que:

“En cuanto al argumento del actor que se debía dar aplicación al Decreto 758 de 1990, “por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1º de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios”, no es de recibo, teniendo en cuenta que la normativa señalada solo es aplicable a las personas que estuvieron afiliadas al Instituto de los Seguros Sociales, ISS, y acorde con las pruebas obrantes al proceso la señora Martha Ruth González Franco trabajó para el Departamento de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca y nunca se afilió al ISS, tan es así, que el reclamo de la pensión de sobrevivientes se hizo ante el departamento del Valle del Cauca.

Conforme al fallo revisado, para la Sala no hay duda de que no se incurrió en algún defecto, no solo porque es evidente que se fundó en la jurisprudencia que sobre la materia ha proferido esta corporación, sino, porque los jueces de instancia sustentaron con suficiencia las razones por las cuales no se debía declarar la nulidad de los actos demandados.

(...)

En el sub lite, no se advierte que las autoridades judiciales demandadas no adoptaron decisiones arbitrarias o caprichosas, ni trasgresora de los derechos fundamentales cuyo amparo aquí se reclama, luego, corresponde a la Sala negar el amparo solicitado”.

1.8. Impugnación.

Mediante escrito allegado dentro la oportunidad legal, el accionante, por intermedio de su apoderado, presentó impugnación en contra de la sentencia proferida en primera instancia en sede de tutela.

Citó lo dicho por la Sección Cuarta en relación a que el Decreto 758 de 1990 “solo es aplicables a las personas que estuvieron afiliadas al Instituto de los Seguros Sociales, ISS, y acorde con las pruebas obrantes al proceso la señora Martha Rtuh Gonzalez Franco, trabajó para el Departamento de Tránsito y Transporte del Vallo del Cauca y nunca se afilió al ISS” sin exponer argumento en contra.

Finalizó reiterando lo expuesto en el escrito de tutela respecto al desconocimiento del principio de favorabilidad y el precedente judicial de la Corte Constitucional (Sent. T-564/2015).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia.

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la impugnación presentada, según lo establecido por el Decreto 2591 de 1991,(5) el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015(6) y por el artículo 2º del Acuerdo 55 de 2003(7) de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Asunto bajo análisis.

De acuerdo con los antecedentes de la acción de tutela y las intervenciones durante el trámite de esta instancia, correspondería a la Sala determinar si el fallo de tutela de primera instancia se debe confirmar, modificar o revocar.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela de la referencia y; (iii) un análisis del caso concreto.

2.3 Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

Esta Sección, mayoritariamente(8), venía considerando que la acción de tutela contra providencia judicial era improcedente por dirigirse contra una decisión judicial. Solo en casos excepcionales se admitía su procedencia, eventos éstos que estaban relacionados con un vicio procesal ostensible y desproporcionado que lesionara el derecho de acceso a la administración de justicia en forma individual o en conexidad con el derecho de defensa y contradicción.

Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012(9) unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema(10).

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales(11).

Señaló la Sala Plena en el fallo en mención:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Exp. AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente”.(12) (Negrilla fuera de texto).

A partir de esa decisión de la Sala Plena, la Corporación debe modificar su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de reciente sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014(13), la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.

En ese sentido, si bien la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia(14) a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, no ha distinguido con claridad cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo —improcedencia sustantiva— y cuáles impiden analizar el fondo del asunto —improcedencia adjetiva—.

Por tanto, la Sección verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

Cumplidos esos parámetros, corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá principalmente: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva.

En el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva se superaron por el juez a quo de tutela, por lo que no corresponde a la Sala analizarlos pues no fueron objeto de impugnación. En consecuencia, se abordará el fondo el estudio planteado.

2.5. Caso Concreto.

Si bien el actor en su escrito de impugnación citó lo dicho en la sentencia de primera instancia dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado respeto a la aplicación del Decreto 758 de 1990, no expone ningún argumento en contra de la interpretación dada por el a quo motivo por el cual la Sala solo se enfocará en el alegato del desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional plasmado en la Sentencia T-564 de 2015, el cual se relaciona con la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, a la que considera tiene derecho.

Lo anterior, por cuanto la parte demandante considera que dicha norma, en virtud del principio de favorabilidad contenido en los artículos 48 y 53 superiores, debe aplicarse de forma prevalente al régimen vigente para el momento del fallecimiento de la señora Martha Ruth González Franco.

Por su parte, el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional de la Gobernación del Valle del Cauca se opuso a la prosperidad de la solicitud de amparo, pues considera que la decisión demandada se encuentra ajustada a derecho y frente a ellas no se configura ninguna causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

El a quo denegó la solicitud de amparo, al considerar que la regla jurisprudencial que sirvió de fundamento a la autoridad judicial demandada para dictar el fallo del 2 de marzo de 2017, está contenida en la sentencia del 25 de abril de 2013(15), emitida por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, según la cual no es posible aplicar las disposiciones del régimen general de pensiones a situaciones consolidadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, pues, de lo contrario, se desconocería el principio de irretroactividad de la ley.

Por lo que consideró el juez constitucional de primera instancia que no se desconocía el criterio que la Corte Constitucional plasmó en la Sentencia T-564 de 2015 para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes deprecado por las demandantes, ni se vulneraba directamente los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, ya que no procedía la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, pues la norma aplicable para estos casos corresponde a la que se encuentra vigente al momento del deceso del causante de la prestación, lo cual ocurrió antes de que entrara en vigencia tal disposición, esto es, el 22 de septiembre de 1990.

Con su impugnación, la parte actora insiste en que con la sentencia acusada se desconoció el precedente judicial trazado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-564 de 2015, que permite la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, como norma más favorable con la cual podría acceder al referido derecho prestacional.

Para resolver el caso concreto, se advierte que con la decisión judicial demandada no se desconoció algún pronunciamiento que constituya precedente judicial aplicable al asunto planteado ni se transgredió el principio de favorabilidad del demandante, por las razones que a continuación se exponen:

Al respecto, la Sala considera necesario precisar que la posición que esta Sección ha sostenido frente a un presunto defecto por desconocimiento de precedente, corresponde al siguiente:

“...es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi constituye la regla... que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido’(16), y que el desconocimiento de éste se materializa ‘...cuando el fallador -Alta Corporación-, sin motivación - omite referirse a un caso anterior- o sin una motivación suficiente y razonable, decide separarse o modificar la subregla de derecho expuesta por él en un caso anterior, o cuando el juez de inferior jerarquía no lo aplica pese a estar obligado a ello”(17).

Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la Corte Constitucional se ha referido al precedente de la siguiente manera:

“La Corte Constitucional se ha referido a la figura del precedente como el conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver, el cual debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia, teniendo en cuenta su pertinencia para la resolución de un problema jurídico. El precedente debe ser anterior a la decisión en la que se pretende aplicar y, además, debe presentarse una semejanza de problemas jurídicos, escenarios fácticos y normativos.”(18) (Negrilla fuera del texto).

De manera que, es tesis de esta Sala lo concerniente a la fuerza vinculante de las sentencias C y las de unificación de la Corte Constitucional, así como lo es también su carácter prevalente sobre las interpretaciones de las demás altas corporaciones, por cuanto el referido Tribunal tiene a su cargo la guarda de la supremacía de la Carta Política y, por lo tanto, resulta ser el intérprete autorizado de las disposiciones legales desde el punto de vista de su concordancia con los dictados de la Constitución(19):

“... cuando la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias, fija el alcance de una norma a partir de los presupuestos constitucionales o la aplica de un determinado modo a un caso concreto, no está generando jurisprudencia, está fijando doctrina constitucional que, por envolver la interpretación de la Constitución, tiene un carácter vinculante y obligatorio para todos los jueces de la República, sin distingo alguno.

...

En ese sentido, cuando la Corte Constitucional fija el alcance de una norma constitucional, en el caso del control abstracto de constitucional o determina el alcance de un derecho constitucional fundamental, en ejercicio de su función de revisión de las acciones de tutela, sus decisiones pasan a formar parte de las fuentes del derecho y, por ende, vinculan a todos los jueces.

En otros términos, el precedente de las llamadas Altas Cortes es obligatorio y vinculante, tanto para estos como para los jueces de inferior jerarquía y los demás órganos del Estado, quienes conociéndolo están obligados a su aplicación.

...

En consecuencia, la Sección debe indicar que cambia así su postura sobre la materia y entiende que frente a criterios o posturas divergentes entre la Corte Constitucional y otra Alta Corporación, han de prevalecer los del Tribunal Constitucional, contenidos únicamente en sentencias de constitucionalidad y de unificación en tutela (C y SU), siempre que la ratio decidendi se aplique al caso concreto y, por tanto, su desconocimiento configura el defecto de violación del precedente”.

Sobre la base del criterio expuesto, los pronunciamientos de la Corte Constitucional plasmados en las sentencias emitidas con ocasión del control abstracto de constitucionalidad y las de unificación, cuando definen el contenido y alcance de un texto legal desde la perspectiva propia de los postulados superiores, prevalecen sobre las interpretaciones de las demás altas corporaciones, entre ellas el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Significa lo anterior que aún bajo la circunstancia de que una posición jurisprudencial haya hecho tránsito en cualquiera de las altas corporaciones, si tal criterio difiere del sentado por la Corte Constitucional en las aludidas decisiones, ha de prevalecer el de esta última, por cuanto en el ejercicio de sus funciones está fijando doctrina constitucional que tiene un carácter vinculante y obligatorio para todos los jueces de la República.

Así las cosas, para el caso en concreto, la Sala centrará el siguiente análisis en los cargos que reiteró la parte actora con su impugnación, esto es, en el desconocimiento de la Sentencia T-564 de 2015 de la Corte Constitucional.

En primer lugar, se encuentra que la parte actora invoca como desconocido el criterio plasmado por la Corte Constitucional en la precitada providencia, según la cual es posible la aplicación retrospectiva de la norma más favorable para el reconocimiento de prestaciones periódicas como la solicitada, en especial, de los postulados contenidos en la Ley 100 de 1993 para efectos de los reconocimientos pensionales como el pretendido por el actor.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se considera que los fallos de tutela emitidos por la mencionada Corporación en sede de revisión, no contienen una regla como sería el caso de las sentencias de unificación y las proferidas con ocasión del control abstracto de constitucionalidad. Por lo que si bien pueden constituirse como un criterio auxiliar de interpretación, en estricto sentido no tienen carácter prevalente frente a las decisiones que adopten las demás autoridades judiciales en virtud de su autonomía e independencia judicial.

Con todo, se observa que la autoridad de segunda instancia demandada acogió el lineamiento expuesto por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia del 25 de abril de 2013, dentro del proceso 76001-23-31 000-2007-01611-01 (1605-09), al considerar que, al rectificar su postura, los argumentos esgrimidos en esta resultaban aplicables al caso concreto.

En efecto, en dicha decisión acusada, luego de precisar el marco jurisprudencial relacionado con el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, se indicó que el Consejo de Estado, para estos casos, había reiterado que la norma aplicable era la vigente para la fecha del fallecimiento del causante, pues es en este momento en que se causa el derecho a la sustitución pensional.

Lo anterior, por cuanto la autoridad judicial demandada de forma acertada consideró que el marco normativo que resultaba ser aplicable en su momento a la señora Martha Ruth González Franco, era el señalado en la Ley 12 de 1975(20), el cual exigía haber cumplido el tiempo de servicio establecido en la Ley, requisito que no alcanzó a ser cumplido por la causante, puesto que era necesario que hubiese acreditado 20 años de servicio que exige la Ley 33 de 1985(21).

De manera que, se encuentra ajustada la decisión cuestionada en tanto que no cumplió con los requisitos fijados por la normatividad vigente al momento del deceso para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.

Ahora bien, la autoridad judicial demandada por las mismas razones también desestimó la aplicación que por favorabilidad invocó la parte demandante para que se le reconociera la pensión de sobrevivientes conforme al régimen general en seguridad social señalado en la Ley 100 de 1993. Al respecto, agregó:

“... al surtir el análisis normativo del régimen pensional aplicable en un caso determinado, es factible que el juez que conozca el asunto –en atención del principio de favorabilidad laboral- opte por la disposición o el criterio más favorable a los intereses del trabajador, siempre y cuando las normas en conflicto que se vayan a aplicar se encuentren vigentes al momento en que se consolide el derecho deprecado

En este entendido, respecto de la pensión de sobreviviente serán aplicables las disposiciones previstas en el Régimen General de Pensiones consagrado en la Lay 100 de 1993, en aquellos casos en que el derecho pensional se haya consolidado después de la entrada en vigencia de la norma en comento, esto es, 01 de abril de 1994; por el contrario, si el deceso se produjo antes de ésta fecha, las prestaciones a que tienen derecho los beneficiarios del causante serán las previstas en el régimen vigente al momento de la muerte”.(22)

Así las cosas, se confirmará el fallo impugnado, por cuanto no se observa que con la decisión cuestionada se hayan transgredido los derechos a la seguridad social, al debido proceso y a la igualdad del actor ni se incurrió en el desconocimiento de algún precedente judicial.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 26 de julio de 2017, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Notifíquese a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y envíese copia de la misma al Despacho de origen.

4. Devuélvase el expediente ordinario allegado en calidad de préstamo al despacho judicial de origen.

Notifíquese y cúmplase

Consejeros: Carlos Enrique Moreno Rubio, Presidente—Rocío Araújo Oñate—Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez—Alberto Yepes Barreiro».

1 76-001-33-33-016-2014-00465-01.

2 Fl. 80.

3 Fls. 88y 89.

4 Fls. 98 y siguientes

5 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

6 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho».

7 «Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado».

8 Sobre el particular, el consejero ponente mantuvo una tesis diferente sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial que se puede consultar en los salvamentos y aclaraciones de voto que se hicieron en todas las acciones de tutela que conoció la Sección. Ver, por ejemplo, salvamento a la sentencia, C.P. Dra. Susana Buitrago Valencia. Radicación: 11001031500020110054601. Accionante: Oscar Enrique Forero Nontien. Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, y otro.

9 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela. Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello, C.P. María Elizabeth García González.

10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.

11 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.

12 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela. Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello, C.P. María Elizabeth García González.

13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Según da, sentencia del 25 de abril de 20136, C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, Rad. 76001-23-31-000-2007-01611-01.

16 Sentencia del 19 de febrero de 2015, Consejo de Estado, Sección Quinta, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, Exp. 2013-02690-01.

17 Ibidem.

18 Corte Constitucional. Sentencia T-762 de 2011.

19 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 25 de febrero de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-00103-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Esta postura se reiteró recientemente por la misma Sala mediante fallo del 17 de noviembre de 2016, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Exp. 11001-03-15-000-2016-00625-01. Demandante: Mariela Osorio Jaramillo. Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima.

20 ART. 1º—El cónyuge supérstite o la compañera permanente de un trabajador particular o de un empleado o trabajador del sector público, y sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si éste falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la ley, o en convenciones colectivas.

21 Según lo relatado por el actor la señora González Franco se vinculó al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, del Valle del Cauca el 27 de junio de 1980 hasta el 22 de septiembre de 1990, fecha de su fallecimiento. Es decir 10 años, 2 meses y 25 días.

22 Fl. 76 reverso.