Sentencia 2017-00903 de junio 23 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Rad.: 11001-03-15-000-2017-00903-00(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Hernando Sánchez Sánchez

Actor: Pedro Antonio Rojas Perafán y otros

Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño y Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa.

Bogotá, D. C., veintitrés de junio de dos mil diecisiete.

La Sala decide la acción(1) de tutela presentada por: Pedro Antonio Rojas Perafán, María del Carmen Urrutia De Rojas, Rosa Ruby Rojas Urrutia, Rosalba Rojas Urrutia, Rubén Darío Rojas Urrutia, Ayde Patricia Rojas Urrutia, Freddy Rudy Rojas Urrutia, Érica Minelly Rojas Urrutia y Diego Fernando Rojas Urrutia, contra el Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa.

I. Antecedentes

1.1. La solicitud.

Los señores Pedro Antonio Rojas Perafán, María del Carmen Urrutia de Rojas, Rosa Ruby Rojas Urrutia, Rosalba Rojas Urrutia, Rubén Darío Rojas Urrutia, Ayde Patricia Rojas Urrutia, Freddy Rudy Rojas Urrutia, Érica Minelly Rojas Urrutia y Diego Fernando Rojas Urrutia, mediante apoderado especial, interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, en que, a su juicio, incurrieron el juzgado y el tribunal, al proferir respectivamente las sentencias de 30 de mayo de 2014 y de 22 de febrero de 2017, en la acción de reparación directa con número de Radicación 86001-33-31-001-2005-01223-01, por medio de las cuales se denegaron las pretensiones de la demanda.

1.2. Hechos.

1.2.1. Proceso de reparación directa.

El 4 de junio de 2005, el señor Freddy Rudy Rojas Urrutia se desplazaba en una motocicleta a las 4:00 a.m., por la calle 8ª de la ciudad de Mocoa, cuando sufrió un accidente de tránsito al chocar con una patrulla de Policía Nacional de placas EPT 038, conducida por un Agente de la Policía Nacional.

Producto del accidente de tránsito, el señor Freddy Rudy Rojas Urrutia fue trasladado al Hospital José María Hernández, donde se diagnosticó que sufrió lesiones consistentes en “fractura abierta de tibia y de peroné izquierda”.

Los señores Pedro Antonio Rojas Perafán, María del Carmen Urrutia de Rojas(2), Rosa Ruby Rojas Urrutia, Rosalba Rojas Urrutia, Rubén Darío Rojas Urrutia, Ayde Patricia Rojas Urrutia, Freddy Rudy Rojas Urrutia, Érica Minelly Rojas Urrutia y Diego Fernando Rojas Urrutia(3), mediante apoderado especial, interpusieron demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, pues consideraron que el Estado era responsable patrimonialmente por las lesiones causada al señor Freddy Rudy Rojas Urrutia, producto del accidente de tránsito ocurrido el 4 de junio de 2005.

Las pretensiones invocadas en la acción de reparación directa eran las siguientes:

“Primera. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, es responsable, administrativa y civilmente de todos los daños y perjuicios, tanto morales como materiales, y por daño en la vida de relación ocasionados a los esposos Pedro Antonio Rojas Perafán, María del Carmen Urrutia de Rojas, y a sus hijos, Rosa, Rosalba, Rubén Darío, Ayde Patricia, Érica Minelly y Diego Fernando Rojas Urrutia, mayores y vecinos de Mocoa (Putumayo), con las graves lesiones corporales de que fue víctima el señor Fredy Rudy Rojas Urrutia, quien es hijo de los dos primeros y hermano de los restantes, en hechos sucedidos el día 4 de junio de 2005 en el área urbana de la ciudad de Mocoa (Putumayo), al ser aparatosamente atropellado por un vehículo automotor adscrito al servicio de la Policía Nacional de Mocoa (Putumayo), el cual era pilotado por un miembro de la institución, en una evidente y presunta falla del servicio, creadora de la responsabilidad objetiva consagrada en el artículo 90 de la Constitución y que compromete la responsabilidad civil y administrativa de la Policía Nacional.

Segunda. Condénase a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, a pagar a los esposos Pedro Antonio Rojas Perafán, María del Carmen Urrutia de Rojas, y a sus hijos, Rosa, Rosalba, Rubén Darío, Ayde Patricia, Freddy Rudy, Érica Minelly y Diego Fernando Rojas Urrutia, por intermedio de su apoderado, todos los daños y perjuicios, tanto morales como materiales y por daño en la vida de relación, que se les ocasionaron con las graves lesiones corporales de que fue víctima el señor Fredy Rudy Rojas Urrutia, conforme a la siguiente liquidación o a lo que se demostraré en el proceso así:

a) Doscientos millones de pesos m/cte. ($200.000.000) por concepto de lucro cesante, presente y futuro, que se liquidarán a favor del ofendido, señor Fredy Rudy Rojas Urrutia, correspondientes a las sumas que el lesionado ha dejado y dejará de producir en el futuro, en razón de la grave merma laboral que lo aqueja, habida cuenta de su edad al momento del insuceso (30 años), a la labor que desempeñaba (profesor de danzas y auxiliar de enfermería) y a la esperanza de vida que le corresponde conforme a las tablas de mortalidad vigentes, suma que será incrementada en un 30% por concepto de prestaciones sociales.

b) Daños y perjuicios patrimoniales directos o daño emergente que se liquidaran a favor de Fredy Rudy Rojas Urrutia, por concepto de gastos que se sobrevinieron con motivos de las lesiones recibidas, que se estiman en la suma de treinta millones de pesos mcte. (30.000.000).

c) El equivalente en moneda nacional de 100 salarios mínimos legales mensuales a favor de cada uno de los demandantes por concepto de perjuicios morales o “pretium doloris”, consistentes en el profundo trauma psíquico que produce el hecho de saberse víctima de un acto injusto nacido por la actuación de la administración, máxime cuando el hecho se produce por culpa de una entidad oficial, como lo es la Policía Nacional, y con él se ha causado grave perjuicio a seres queridos, como son los padres y hermanos.

d) El equivalente a 400 salarios mínimos legales mensuales que se liquidaran a favor del señor Fredy Rudy Rojas Urrutia, por concepto de perjuicio en la vida de relación, al haber quedado afectado por toda su existencia para el disfrute normal de un ser humano.

e) Todas las condenas serán actualizadas conforme a la evolución de índice de precios al consumidor.

f) Intereses aumentados con la variación del promedio mensual del índice de precios al consumidor”.

1.2.2. Decisión del juez de primera instancia.

El Juez Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa, mediante sentencia de 30 de mayo de 2014, denegó las pretensiones de la demanda. El Juzgado en la parte resolutiva dispuso:

“PRIMERO. DENEGAR las pretensiones incoadas por el señor Pedro Antonio Rojas y otros, por las razones contenidas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Ejecutoriado este fallo, la Secretaría devolverá a los interesados el remanente de la suma que se ordenó pagar para los gastos ordinarios del proceso si lo hubiere, dejándose constancia de dicha entrega. Luego se archivará el expediente”.

El juez consideró que de las pruebas allegadas al proceso de reparación directa no era posible establecer que las responsabilidad de las lesiones sufridas por el señor Freddy Rudy Rojas Urrutia fueran ocasionadas por un actuar deficiente, abusivo, irregular o imprudente por parte de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional.

Señaló que, de la revisión de la historia clínica del señor Freddy Rudy Rojas Urrutia, se desprendía que ingresó al Hospital José María Hernández en estado de embriaguez, lo cual afectaba su organismo e incidía de forma negativa en el desempeño, la atención, la percepción y las funciones psicomotoras al momento de ejercer la actividad de conducir.

Indicó que en el expediente no obraba prueba que permitiera recrear el accidente ocurrido el 4 de junio de 2005, por lo que no era posible establecer la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional respecto de dicho suceso.

Manifestó que los señores Pedro Antonio Rojas Perafán, María del Carmen Urrutia de Rojas, Rosa Ruby Rojas Urrutia, Rosalba Rojas Urrutia, Rubén Darío Rojas Urrutia, Ayde Patricia Rojas Urrutia, Freddy Rudy Rojas Urrutia, Érica Minelly Rojas Urrutia y Diego Fernando Rojas Urrutia no cumplieron con la carga probatoria de demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos ocurridos el 4 de junio de 2005, para poder establecer la acción u omisión en que incurrió la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional.

1.2.3. Apelación.

El apoderado especial de los señores Pedro Antonio Rojas Perafán, María del Carmen Urrutia de Rojas, Rosa Ruby Rojas Urrutia, Rosalba Rojas Urrutia, Rubén Darío Rojas Urrutia, Ayde Patricia Rojas Urrutia, Freddy Rudy Rojas Urrutia, Érica Minelly Rojas Urrutia y Diego Fernando Rojas Urrutia, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 30 de mayo de 2014, dictada por el Juez Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa, pues consideró que, el Juez no valoró debidamente los testimonios practicados dentro del proceso que demostraban que el señor el señor Freddy Rudy Rojas Urrutia fue atropellado por una patrulla de Policía Nacional de placas EPT 038, que omitió acatar la señal de tránsito de PARE, en una intersección vial.

1.2.4. Decisión de segunda instancia.

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia de 22 de febrero de 2017, confirmó la decisión dictada por el Juez Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa, en providencia de 30 de mayo de 2014. El tribunal en la parte resolutiva dispuso:

“Confirmase el fallo apelado, esto es, de 30 de mayo de 2014, mediante el cual el Juzgado Primero de Descongestión del Circuito de Mocoa, negó las pretensiones de la demanda.

Ejecutoriado este fallo, a través de la oficina judicial de esta ciudad, envíese el expediente al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Pasto que atiende el sistema escritural, para lo de su cargo”.

El tribunal consideró que de los testimonios rendidos dentro del proceso no era posible establecer con certeza aspectos como la hora del accidente de tránsito, el tipo de vehículo oficial y lo sucedido después de la colisión vehicular, que permitieran verificar la causa real del accidente de tránsito.

Señaló que no era dable tener por cierto que la colisión entre la moto del señor Freddy Rudy Rojas Urrutia y la patrulla de Policía Nacional de placas EPT 038, se debió a la omisión de acatar la señal de tránsito de PARE por parte de la patrulla, pues el único testigo que afirmó dicha circunstancia no presenció el accidente.

Indicó que la ausencia de otros medios probatorios para contrastar las declaraciones de los testigos, sumado al estado de embriaguez del señor Freddy Rudy Rojas Urrutia, al momento del accidente de tránsito, no permitían imputar responsabilidad alguna a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, por las lesiones ocurridas con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 4 de junio de 2005.

1.3. La acción de tutela.

Los señores Pedro Antonio Rojas Perafán, María del Carmen Urrutia de Rojas, Rosa Ruby Rojas Urrutia, Rosalba Rojas Urrutia, Rubén Darío Rojas Urrutia, Ayde Patricia Rojas Urrutia, Freddy Rudy Rojas Urrutia, Érica Minelly Rojas Urrutia y Diego Fernando Rojas Urrutia interpusieron acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa y el Tribunal Administrativo de Nariño, ante el Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de la expedición de las sentencias de 30 de mayo de 2014 y de 22 de febrero de 2017, en la acción de reparación directa con número de Radicación 86001-33-31-001-2005-01223-01.

Los señores Pedro Antonio Rojas Perafán, María del Carmen Urrutia de Rojas, Rosa Ruby Rojas Urrutia, Rosalba Rojas Urrutia, Rubén Darío Rojas Urrutia, Ayde Patricia Rojas Urrutia, Freddy Rudy Rojas Urrutia, Érica Minelly Rojas Urrutia y Diego Fernando Rojas Urrutia consideran que el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa y el Tribunal Administrativo de Nariño, al proferir respectivamente las sentencias de 30 de mayo de 2014 y de 22 de febrero de 2017, incurrieron en defecto fáctico pues no valoraron en conjunto las pruebas allegadas al proceso que demostraban que el accidente de tránsito que ocasionó las lesiones ocasionadas al señor Freddy Rudy Rojas Urrutia fue producto de la omisión del conductor de la patrulla de Policía Nacional de placas EPT 038, de obedecer la señal de tránsito de PARE ubicada en un cruce de la calle 8ª de la ciudad de Mocoa.

Señalaron que el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa y el Tribunal Administrativo de Nariño, desconocieron el precedente judicial del Consejo de Estado sobre la responsabilidad del Estado en situaciones donde ocurren accidentes de tránsito en que se involucran vehículos oficiales. En ese sentido cita las sentencias de 10 de marzo de 1997(4) (M. P. Ricardo Hoyos Duque), de 10 de julio de 2013(5) (M. P. Hernán Andrade Rincón), de 10 de julio de 2013(6) (M. P. Mauricio Fajardo Gómez), de 22 de enero de 2014(7) (M. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz), de 28 de enero de 2014(8) (M. P. Hernán Andrade Rincón (E)), de 29 de octubre de 2015(9) (M. P. Stella Conto Díaz del Castillo) de 29 de febrero de 2016(10) (M. P. Danilo Rojas Betancourth), de 16 de mayo de 2016(11) (M. P. Jaime Orlando Santofimio (E)).

1.4. Pretensiones.

Los señores Pedro Antonio Rojas Perafán, María del Carmen Urrutia de Rojas, Rosa Ruby Rojas Urrutia, Rosalba Rojas Urrutia, Rubén Darío Rojas Urrutia, Ayde Patricia Rojas Urrutia, Freddy Rudy Rojas Urrutia, Érica Minelly Rojas Urrutia y Diego Fernando Rojas Urrutia, solicitan el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia y, que en consecuencia, se deje sin efecto la sentencia de 22 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, para que, en su lugar, se profiera una sentencia de reemplazo, en la que se acceda a las pretensiones de la demanda de reparación directa.

Las pretensiones invocadas en la acción de tutela, son las siguientes:

“PRIMERA: Que se declaré que el fallo de primera instancia de fecha de 30 de mayo de 2014, emitido por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa, y la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño - Magistrada Ponente: Sandra Lucía Ojeda Insuasty, del 22 de febrero de 2017, notificada por edicto del 28 de febrero del 2017, dentro del proceso de reparación directa, radicado 2005-1223 (6257) Demandantes: Pedro Antonio Rojas Perafán y otros, Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, violó el derecho fundamental al debido proceso, el derecho a la igualdad y el derecho a la administración de justicia de los señores Pedro Antonio Rojas Perafán, María del Carmen Urrutia de Rojas, Rosa Ruby Rojas Urrutia, Rosalba Rojas Urrutia, Rubén Darío Rojas Urrutia, Ayde Patricia Rojas Urrutia, Freddy Rudy Rojas Urrutia, Érica Minelly Rojas Urrutia y Diego Fernando Rojas Urrutia, por las razones expuestas en el presente escrito.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda el amparo de tutela solicitado por los señores Pedro Antonio Rojas Perafán, María del Carmen Urrutia de Rojas, Rosa Ruby Rojas Urrutia, Rosalba Rojas Urrutia, Rubén Darío Rojas Urrutia, Ayde Patricia Rojas Urrutia, Freddy Rudy Rojas Urrutia, Érica Minelly Rojas Urrutia y Diego Fernando Rojas Urrutia y se deje sin efectos la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño - Magistrada Ponente: Sandra Lucía Ojeda Insuasty, notificada por edicto del 28 de febrero del 2017, dentro del proceso de reparación directa, Radicado 2005-1223 (6257) Demandantes: Pedro Antonio Rojas Perafán y otros, Demandado: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y se ordene al tribunal accionado dentro del término razonable, dictar la sentencia de reemplazo, en la cual se acaten los argumentos jurídicos expuestos en la presente acción y se resuelva favorablemente las pretensiones de los demandantes, en atención a la relevancia constitucional que configura”.

1.5. Actuación.

El despacho, por auto de 20 de abril de 2017, admitió la acción de tutela y dispuso notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Nariño, al Juez Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa y a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional para que en el término de dos (2) días se pronunciaran sobre los hechos objeto de la acción de tutela.

1.6. Las contestaciones.

1.6.1. La doctora Sandra Lucia Ojeda Insuasty, Magistrada del Tribunal Administrativo de Nariño, indicó que confirmó lo decidido en la sentencia dictada el 30 de mayo de 2014 por el Juez Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa, pues consideró que de las pruebas allegadas al proceso no existía certeza, más allá de toda duda razonable, sobre las causas del accidente de tránsito ocurrido el 4 de junio de 2005, entre el señor Freddy Rudy Rojas Urrutia y una patrulla de Policía Nacional de placas EPT 038.

Comentó que le restó credibilidad al testimonio rendido por el señor Arcenio Yovanny Homen Claros, pues no existía certeza de que hubiera presenciado el accidente de tránsito objeto del proceso de reparación directa y por cuanto según lo señalado por otro testigo las condiciones de visibilidad el día del accidente no eran óptimas debido a la lluvia y a la oscuridad del sector.

Indicó que, dentro de las declaraciones rendidas por los testigos existían imprecisiones e inconsistencias en aspectos tales como la clase de vehículo, la hora del accidente y lo ocurrido después de la colisión, circunstancia que no permitía atribuir responsabilidad a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional por el accidente de tránsito.

Manifestó que no podía dejar de lado, que conforme con su historia clínica, el señor Freddy Rudy Rojas Urrutia se encontraba en estado de embriaguez el día del accidente, lo cual impedía su desempeño con plenas facultades físicas y mentales, colocando en riesgo la seguridad propia y la de los demás usuarios de las vías.

1.6.2. El Secretario General de la Policía Nacional señaló que el Tribunal Administrativo de Nariño no desconoció el precedente judicial del Consejo de Estado, pues explicó, de forma clara y precisa, las razones por las que analizó la posible responsabilidad del Estado, por las lesiones ocasionadas al señor Freddy Rudy Rojas Urrutia, desde la perspectiva de la ocurrencia de una falla del servicio.

Explicó que, los señores Pedro Antonio Rojas Perafán, María del Carmen Urrutia de Rojas, Rosa Ruby Rojas Urrutia, Rosalba Rojas Urrutia, Rubén Darío Rojas Urrutia, Ayde Patricia Rojas Urrutia, Freddy Rudy Rojas Urrutia, Érica Minelly Rojas Urrutia y Diego Fernando Rojas Urrutia, no cumplieron con la carga de delimitar de manera individual, cuáles fueron los medio probatorios que no tuvieron en cuenta el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa y el Tribunal Administrativo de Nariño, limitándose a emitir juicios de valor de carácter general que no permiten determinar si existió vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Indicó que, dentro del proceso se encuentra demostrado que el señor Freddy Rudy Rojas Urrutia se encontraba en estado de embriaguez el día de la ocurrencia del accidente, por lo que podía inferir que puso en riesgo su vida e integridad personal, al conducir un automotor en un estado físico y mental que no es óptimo para desempeñar dicha actividad.

1.6.3. El Juez Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa guardó silencio.

II. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia de la Sala.

Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.

2.2. Generalidades de la acción de tutela.

La acción de tutela ha sido instituida como un medio, preferente y sumario, destinado a proteger de manera, efectiva e inmediata, los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

2.3. Problema jurídico.

En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala en el presente caso consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela contra las sentencias de 30 de mayo de 2014 y de 22 de febrero de 2017 dictadas respectivamente por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa y el Tribunal Administrativo de Nariño, y de ser así; ii) determinar si, en efecto, el juez y el tribunal vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, por: a) haber incurrido en defecto fáctico, al proferir las sentencias de 30 de mayo de 2014 y de 22 de febrero de 2017, dentro del proceso de reparación directa con número de Radicación 86001-33-31-001-2005-01223-01 y b) por desconocer el precedente judicial de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en lo referente a la configuración de la falla del servicio en situaciones donde se conducen vehículos oficiales.

2.4. Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales.

Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad. 2009-01328, M. P. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales –sin importar la instancia y el órgano que las profiera– que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

2.5. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción constitucional cuando se dirige contra decisiones judiciales.

Esta Sección adoptó(12) como parámetros a seguir los señalados en la Sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta corporación elabore sobre el tema.

Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela. 

Además de estas exigencias, la Corte en la mencionada Sentencia C-590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio tribunal constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”(13).

Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”(14) que encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, Radicado 11001031500020120220101. (M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez).

En el caso bajo examen, la Sala advierte que la acción de tutela cumple con los requisitos generales que exige la Sentencia C-590 del 2005 para la procedencia contra providencia judicial, debido a que: i) es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y al acceso a la administración de justicia; ii) cumplió con el principio de inmediatez, teniendo en cuenta que la providencia que dio fin al proceso de reparación directa con Radicación 86001-33-31-001-2005-01223-01 se profirió el 22 de febrero de 2017, se notificó por edicto desfijado el 2 de marzo de 2017 y la acción de tutela se interpuso el 7 de abril de 2017, esto es, con una diferencia de un (1) mes, tiempo que se encuentra dentro de los parámetros que esta corporación ha entendido como razonables(15); iii) no existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales los accionantes puedan lograr la protección de los derechos invocados; iv) no se trata de una presunta irregularidad procesal que pueda resultar determinante en el proceso; v) los actores identificaron los hechos y los derechos cuya vulneración alegan; y vi) no se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

2.6. El caso concreto.

Los señores Pedro Antonio Rojas Perafán, María del Carmen Urrutia de Rojas, Rosa Ruby Rojas Urrutia, Rosalba Rojas Urrutia, Rubén Darío Rojas Urrutia, Ayde Patricia Rojas Urrutia, Freddy Rudy Rojas Urrutia, Érica Minelly Rojas Urrutia y Diego Fernando Rojas Urrutia, interpusieron acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa y el Tribunal Administrativo de Nariño porque, a su juicio, se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de las sentencias de 30 de mayo de 2014 y de 22 de febrero de 2017, proferidas en la acción de reparación directa con número de Radicación 86001-33-31-001-2005-01223-01, por medio de las cuales se denegaron las pretensiones de la demanda.

Al efecto, los actores alegan que el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa y el Tribunal Administrativo de Nariño incurrieron en defecto fáctico pues no valoraron en conjunto las pruebas allegadas al proceso que demostraban que el accidente de tránsito que ocasionó las lesiones ocasionadas al señor Freddy Rudy Rojas Urrutia fue producto de la omisión del conductor de la patrulla de Policía Nacional de placas EPT 038, de obedecer la señal de tránsito de PARE, ubicada en un cruce de la calle 8ª de la ciudad de Mocoa.

Asimismo, los señores Pedro Antonio Rojas Perafán, María del Carmen Urrutia de Rojas, Rosa Ruby Rojas Urrutia, Rosalba Rojas Urrutia, Rubén Darío Rojas Urrutia, Ayde Patricia Rojas Urrutia, Freddy Rudy Rojas Urrutia, Érica Minelly Rojas Urrutia y Diego Fernando Rojas Urrutia, señalan que el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa y el Tribunal Administrativo de Nariño, desconocieron el precedente judicial establecido por el Consejo de Estado en sentencias de 10 de marzo de 1997(16) (M. P. Ricardo Hoyos Duque), de 10 de julio de 2013(17) (M. P. Hernán Andrade Rincón), de 10 de julio de 2013(18) (M. P. Mauricio Fajardo Gómez), de 22 de enero de 2014(19) (M. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz), de 28 de enero de 2014(20) (M. P. Hernán Andrade Rincón (E)), de 29 de octubre de 2015(21) (M. P. Stella Conto Díaz del Castillo) de 29 de febrero de 2016(22) (M. P. Danilo Rojas Betancourth), de 16 de mayo de 2016(23) (M. P. Jaime Orlando Santofimio (E)), en lo concerniente a la responsabilidad del Estado en situaciones donde ocurren accidentes de tránsito en que se involucran vehículos oficiales.

2.7. Defecto fáctico.

Los señores Pedro Antonio Rojas Perafán, María del Carmen Urrutia de Rojas, Rosa Ruby Rojas Urrutia, Rosalba Rojas Urrutia, Rubén Darío Rojas Urrutia, Ayde Patricia Rojas Urrutia, Freddy Rudy Rojas Urrutia, Érica Minelly Rojas Urrutia y Diego Fernando Rojas Urrutia, consideran que el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa y el Tribunal Administrativo de Nariño incurrieron en defecto fáctico pues no valoraron en conjunto las pruebas allegadas al proceso que demostraban que el accidente de tránsito que ocasionó las lesiones ocasionadas al señor Freddy Rudy Rojas Urrutia fue producto de la omisión del conductor de la patrulla de Policía Nacional de placas EPT 038, de obedecer la señal de tránsito de PARE ubicada en un cruce de la calle 8ª de la ciudad de Mocoa.

Respecto del defecto fáctico, la jurisprudencia(24) ha determinado que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria o abusiva por: i) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas; ii) valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma) y iii) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural. 

El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones: i) la negativa, que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez”(25); mientras que ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (art. 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución”(26)

2.7.2. Pruebas tenidas en cuenta en el proceso de reparación directa.

Dentro del proceso de reparación directa, con número de Radicación 86001-33-31-001-2005-01223-01, el Juez Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa y el Tribunal Administrativo de Nariño tuvieron en cuenta las siguientes pruebas para determinar si efectivamente existía responsabilidad patrimonial de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional por las lesiones causadas al señor Freddy Rudy Rojas Urrutia:

— Copia de la constancia de matrimonio(27) del señor Pedro Antonio Rojas Perafán y la señora Carmen Urrutia Pérez, suscrita por el Inspector de Policía de Nápoles (Cauca).

— Copia de las constancias de nacimiento(28) de los señores Rosa Ruby Rojas Urrutia, Rosalba Rojas Urrutia, Rubén Darío Rojas Urrutia, Ayde Patricia Rojas Urrutia, Freddy Rudy Rojas Urrutia, Érica Minelly Rojas Urrutia, suscritas por el Inspector de Policía de Nápoles (Cauca).

— Copia del registro civil de nacimiento(29) del señor Diego Fernando Rojas Urrutia.

— Testimonio del señor Arcenio Yovaniy Homen Claro(30), rendido en la audiencia pública, celebrada el 26 de mayo de 2011, por parte del Juez Único Administrativo del Circuito de Mocoa.

— Testimonio de la señora Ana Silva Chaves Guerrero(31), rendido en la audiencia pública, celebrada el 26 de mayo de 2011, por parte del Juez Único Administrativo del Circuito de Mocoa, en el que se señala que el señor Freddy Rudy Rojas Urrutia “andaba en la calle iba en la moto y paso un carro de la policía y lo estrelló y en el accidente le partieron una pierna”.

— Testimonio del señor Alonso Barrera Sánchez(32), rendido en la audiencia pública, celebrada el 26 de mayo de 2011, por parte del Juez Único Administrativo del Circuito de Mocoa.

— Testimonio del señor Luis Eduardo Chávez(33), rendido en la audiencia pública, celebrada el 26 de mayo de 2011, por parte del Juez Único Administrativo del Circuito de Mocoa, en el que se preguntó por el estado anímico del señor Freddy Rudy Rojas Urrutia y su familia con posterioridad al accidente ocurrido el 4 de junio de 2005.

— Copia de la historia clínica del señor Freddy Rudy Rojas Urrutia(34), en el Hospital José María Hernández.

— Copia de la Resolución de nombramiento, acta de posesión y extracto de la hoja de vida(35) del Agente de la Policía Nacional Meyer Rodríguez García.

— Constancia suscrita por el Jefe del Área de Movilidad del Departamento de Policía de Putumayo(36), en el que se certifica que el vehículo tipo van, marca Kia, línea Pregio, con placas ERT - 038, número de motor JT54275, número de chasis KNHTS732257175926, es de propiedad de la Policía Nacional y se encuentra asignado con el número 33-148 y hace parte del parque automotor de la Estación de Policía de Mocoa.

2.7.3. Análisis probatorio efectuado por Juez Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa y el Tribunal Administrativo de Nariño respectivamente, en las sentencias de 30 de mayo de 2014 y de 22 de febrero de 2017.

El Juez Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa, en la sentencia de 30 de mayo de 2014, realizó el siguiente análisis probatorio para llegar a la conclusión de que no existía responsabilidad del Estado, respecto de los hechos que ocasionaron las lesiones del señor Freddy Rudy Rojas Urrutia:

“La imputación: Entendida como la atribución jurídica de un daño a una entidad pública.

Del material probatorio recaudado no se puede establecer en grado de certeza que la responsabilidad de las lesiones sufridas por el señor Freddy Rudy Rojas Urrutia, hayan sido originadas a partir de un actuar deficiente, abusivo, irregular o imprudente por parte de la demandada.

Así las cosas, se puede establecer en primera medida que las personas llamadas a declarar ninguno hace precisión sobre el día de la ocurrencia de los hechos en el que resultó lesionado el señor Rojas Urrutia.

En la declaración del señor Arcesio Yovaniy Homen Claro se manifiesta lo siguiente: “Yo me encontraba de turno en la Procuraduría y en el momento del impacto que sono (sic) salí a mirar lo que había sucedido. Eran las 4:30 a.m. de un día que no recuerdo cuando fue que paso, ya se había presentado el accidente de un camión de la Policía y una motocicleta…” (fls. 83-84).

De la declaración se colige, que no se trata de un testigo presencial de los hechos, que pueda brindar algún tipo de claridad sobre lo que realmente sucedió, dejando así bajo su análisis subjetivo lo poco que pudo apreciar.

Por otra parte se tiene la declaración del señor Alonso Barrera Sánchez, quien manifestó lo siguiente: “El señor Freddy subía por la calle contiguo al BBVA, en la intersección llevaba la vía normal, y en ese momento se salto (sic) el pare la panel de la Policía, incluso tenia (sic) señalización, el carro de la Policía se comió el pare y accidento (sic) al señor Freddy, eso fue ala (sic) madrugada, el día exacto no ese día esta (sic) lloviendo, lo atropelló y lo dejo (sic) tirado en el piso grave, yo andaba en moto venía de una reunión política, como a las 2:00 o 2:30 a.m. …” (fl. 86).

De igual manera para esta judicatura el testimonio del señor Barrera Sánchez no precisa el día en que ocurrieron los hechos donde resultó lesionado el demandante y además existe una incoherencia en cuanto a la hora, respecto de la declaración del señor Homen Claro ya que el primero afirma que sucedió a las 4:30 a.m. y el segundo como a las 2:00 a.m., por cuanto no brinda certeza de lo ocurrido, generando así confusiones para el juzgador.

Así mismo, el testimonio rendido por la señora Ana Silva Guerrero visible a folio 85, tampoco genera convicción de lo ocurrido respecto de las lesiones sufridas por el señor Freddy Rudy Rojas Urrutia, teniendo en cuenta que no es precisa en su relato afirmando lo siguiente: “él una vez andaba en la calle iba en la moto y paso un carro de la policía lo estrello y en el accidente le partieron una pierna”.

(…)

Ahora bien, de acuerdo a la historia clínica es claro que el señor Rudy Rojas ingresa al Hospital José María Hernández en estado de embriaguez, conforme a lo consignado en la Hoja de Atención de Urgencias visible a folio 110 en grado 2, aspecto que para este juzgado se debe tener en cuenta en el análisis de todo el material probatorio, en razón de que al encontrarse en dicho estado, eso hace que se afecte el funcionamiento del organismo e incide negativamente en el desempeño de la atención, percepción y función psicomotora, en términos simples el consumo de alcohol sin importar la cantidad siempre disminuirá la capacidad del conductor de un automotor.

Por otra parte, en cuanto al accidente de tránsito, no obra en el expediente croquis y/o informe de una autoridad o al menos un elemento fotográfico que permita recrear en alguna medida lo sucedido el día 4 de junio de 2005, de acuerdo a lo narrado en los hechos de la demanda donde se afirma que el señor Rojas Urrutia fue embestido por una patrulla de la Policía Nacional de placas EPT-038, en el sector urbano de la ciudad de Mocoa diagonal al establecimiento conocido como “ANROER” siendo muy difícil en esta medida hacer una reconstrucción de lo verdaderamente acontecido; por su parte la Secretaría de Tránsito Municipal mediante oficio 080220121712 de fecha de ocho (8) de febrero de 2012, informa que los procesos resueltos por el organismo de tránsito municipal de Mocoa, antes del año 2009, no se posee información por diversas anomalías en la entidad (fl. 149).

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el croquis es de gran importancia para el juzgador en la medida en que este tiene la misión de reconstruir el accidente de tránsito y sirve de base para la construcción de hipótesis que confirmen o desvirtúen las versiones de los implicados (o testigos), con miras a un fallo judicial que establezca, a su vez, la responsabilidad del accidente.

(…)

Sin embargo, en el presente asunto se puede vislumbrar que el demandante se esforzó por demostrar únicamente las lesiones que sufrió, sus ingresos y sobre los cuales no es necesario profundizar, empero, ningún medio de conocimiento se trajo sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales resultó lesionado”.

El Tribunal Administrativo de Nariño, en la sentencia de 22 de febrero de 2017, realizó el siguiente análisis probatorio para llegar a la conclusión de que no existió falla del servicio por parte de la Policía Nacional respecto de los hechos que ocasionaron las lesiones del señor Freddy Rudy Rojas Urrutia:

“4.2. Del caso en concreto:

(…)

Establecido lo anterior, en el caso de marras, el despacho encontró probado lo siguiente:

Falla del servicio.

Se encuentra que para acreditar lo acontecido en la madrugada del 4 de junio de 2005, se recepcionaron en el trámite de primera instancia las declaraciones de los señores Arcenio Yovanniy Homen Claros (fl. 83) y Alonso Barrera Sánchez (fl. 86), quienes son coincidentes en describir que el demandante iba conduciendo una motocicleta por su derecha y en una intersección vial, fue colisionado por un vehículo de la Policía. Se destaca:

— Declaración de Arcenio Yovanniy Homen Claros (fls. 83-84)

“PREGUNTADO: Sírvase hacer un relato de los hechos. CONTESTO: Yo me encontraba de turno en la Procuraduría y en el momento del impacto que sono (sic) salí a mirar lo que había sucedido. Eran las 4:30 a.m. de un día que no recuerdo cuando fue que paso, ya se había presentado el accidente de un camión de la Policía y una motocicleta, pues lo que yo mire el motociclista venía subiendo por su derecha en la calle de la Procuraduría que va hacía el parque central y el camión bajando por la calle que baja del Banco Ganadero, el accidente ocurrio (sic) en todo el cruce de las calles (…), el señor del camión decía que el muchacho de la moto se le había atravesado, pero el (sic) iba por su via (sic) normal porque el que hace el pare es el que viene por la calle del Banco Ganadero”.

— Declaración del señor Alonso Barrera Sánchez (fl. 86)

“PREGUNTADO: Sabe usted cual es el objeto de la presente diligencia. CONTESTO: Si. PREGUNTADO: Sírvase hacer un relato de los hechos. CONTESTO: El señor Freddy subía por la calle contiguo al BBVA, en la intersección llevaba la vía normal, y en ese momento se salto (sic) el pare la panel de la Policía, incluso tenia (sic) señalización, el carro de la Policía se comió el pare y accidento (sic) al señor Freddy, eso fue ala (sic) madrugada, el día exacto no ese día esta (sic) lloviendo, lo atropelló y lo dejo (sic) tirado en el piso grave (…) y alcance a mirar la panel que salió de la calle del Banco Ganadero BBVA”.

La ocurrencia del accidente de tránsito en el que estuvo involucrado el demandante y un vehículo oficial encuentra también apoyo en la historia clínica del primero donde se anotó:

“Atención de urgencias

(…) B. Datos de la atención

Fecha y hora de ingreso

DÍA 4 MES 06 AÑO 05 HORA: 4:40

C. ANAMNESIS

MC Accidente de tránsito

E Actual paciente traidoxlapolicía

Se encontraba en estado de embriaguez

Conduciendo vehiculo (sic) en movimiento

- moto - colisión - con patrulla (…)

ID. 1. Politraumatismo - Accidente de tránsito

(…) 5. Embriaguez” (negrillas de la Sala fl. 110)

Sin embargo, en lo relacionado con aspectos tales como la hora del accidente, el tipo de vehículo oficial y lo sucedido después del impacto, los testigos no son plenamente coincidentes. Así la Sala extrae:

— Fecha y hora del accidente:

— Declaración del señor Arcenio Yovanniy Homen Claros (fl. 83)

“CONTESTO: Yo me encontraba de turno en la Procuraduría y en el momento del impacto que sono (sic) salí a mirar lo que había sucedido. Eran las 4:30 a.m. de un día que no recuerdo cuando fue que paso, ya se había presentado el accidente de un camión de la Policía y una motocicleta (…)” (negrillas de la Sala).

— Declaración del señor Alonso Barrera Sánchez (fl. 86)

“(…) eso fue ala (sic) madrugada, el día exacto no ese día esta (sic) lloviendo, lo atropelló y lo dejo (sic) tirado en el piso grave, yo andaba en moto venia (sic) de una reunión política, como a las 2:00 o 2:30 a.m., el venía en una moto estaba lloviendo demasiado”. (Negrillas de la Sala)

Es así que los testigos afirman que los sucesos ocurrieron en dos horas diferentes y al contrastar lo dicho por los testigos y la prueba documental se encuentra que en la historia clínica se registró que el demandante ingresó al servicio de urgencias a las 4:40 a.m. (fl. 110)más cercano a lo expuesto por el primer testigo. 

— Clase de vehículo que impacto al señor Rojas:

— Declaración del señor Arcenio Yovanniy Homen Claros (fl. 83)

“(…) pues lo que yo mire el motociclista venía subiendo por su derecha en la calle de la Procuraduría que va hacía el parque central y el camión bajando por la calle que baja del Banco Ganadero, (…) el señor del camión decía que el muchacho de la moto se le había atravesado, pero el (sic) iba por su via (sic) normal porque el que hace el pare es el que viene por la calle del Banco Ganadero (…)” (Negrillas de la Sala).

— Declaración del señor Alonso Barrera Sánchez (fl. 86)

“(…) alcance a mirar la panel que salió de la calle de Banco Ganadero BBVA y la panel quería seguir normal como si no hubiera accidentado a nadie, la panel se detuvo porque unas le gritaron o hicieron de porque había accidentado. La panel se detuvo y se bajaron dos agentes de los que estaban allí (…)”.

— Hechos posteriores a la colisión:

— Declaración de Arcenio Yovanniy Homen Claros (fls. 83-84)

“(…) el accidente ocurrió en todo el centro del cruce de las calles y la mto (sic) quedo (sic) debajo de la trompa del camión de la policía donde esta (sic) ubicada en la alcantarilla de esa calle, la persona accidentada de la moto es Freddy Rojas es un amigo, somos conocidos, con mi familia desde hace tiempo (…)”.

— Declaración del señor Alonso Barrera Sánchez (fl. 86)

“(…) eso fue ala (sic) madrugada, el día exacto no ese día esta (sic) lloviendo, lo atropelló y lo dejo (sic) tirado en el piso grave, cuando estuvo ahí alcance (sic) a mirar, había poco tráfico yo venía en la moto como desde la institución Selva Salud y alcance a mirar la panel que salió de la calle del Banco Ganadero BBVA y la panel quería seguir como si no hubiera accidentado a nadie, la panel se detuvo porque unas le gritaron o hicieron de porque había accidentado. La panel se detuvo y se bajaron dos agentes de los que estaban allí y subieron a Freddy a la panel (…)”.

Es decir, el primer testigo manifiesta que el señor Fredy Rojas quedó debajo del vehículo y no da cuenta que el vehículo oficial haya seguido su marcha. De otro parte, el señor Barrera expresó que el vehículo oficial continuó su camino y solo se detuvo debido a la exigencia de varias personas.

Finalmente, en lo relacionado con la prueba testimonial, acota la Sala que el primero de los testigos a los que se hizo alusión expresa que el conductor del vehículo oficial era de apellido “Chachinoy” (fl. 83), sin embargo, desde la demanda se afirma que el agente que conducía el vehículo oficial era el señor Meyer Rodríguez García y se identifica el vehículo con las placas EPT-038 (fl. 5).

Adicionalmente de la prueba documental aportada al proceso se desprende que el señor Meyer Rodríguez García, se encuentra vinculado a la Policía Nacional desde junio de 1993 (fls. 99, 146 y 147) y de conformidad con el oficio de 18 de junio de 2011 (fl. 143), para la época de los hechos se encontraba realizando primer turno, patrullando el perímetro urbano, como conductor del vehículo de placas Nº 94-1000034, de placas ERT - 038 de siglas 33-148, de propiedad de la Policía Nacional. Además, en contra del citado agente se adelantó investigación por hechos ocurridos el 04-06-2005 en Mocoa - Putumayo, por el presunto punible de lesiones personales, la cual fue remitida a la Fiscalía Penal Militar ante Juzgado de Departamento de Policía de Nariño. Así se informó:

“(…) verificados los libros radicadores de preliminares y procesos del Juzgado 184 de la Instrucción Penal Militar, se evidencia que el proceso se adelantó contra el señor Agente Mayer Rodríguez García, por hechos ocurridos el 04-06-2005 en Mocoa - Putumayo, por el presunto punible de lesiones personales, fue instruido por el despacho bajo Radicado 230 y una vez cumplida esta etapa fue remitido por competencia a las Fiscalía Penal Militar ante Juzgado de Departamento de Policía de Nariño”.

(…)

En suma el análisis probatorio anterior permite concluir que, en efecto, el día 4 de junio de 2005, el señor Freddy Rudy Rojas Urrutia, sufrió un accidente de tránsito en el cual estuvo involucrado un vehículo oficial propiedad de la Policía Nacional, tal y como quedo consignado en la historia clínica del demandante y de la información remitida por esa entidad. Además, como consecuencia de esos hechos se adelantó una investigación penal en contra del agente de Policía Mayer Rodríguez García, quien patrullaba el perímetro urbano del municipio de Mocoa, en el vehículo oficial asignado para dicha función y propiedad de la Policía Nacional.

Ahora bien, en cuanto a la prueba que permita dilucidar la contribución de cada uno de los vehículos en el resultado, la Sala considera que los testigos que depusieron en el proceso son contestes en cuanto a que el accidente de tránsito ocurrió por la infracción a la norma de tránsito por parte del vehículo oficial que le imponía hacer el alto, no obstante la afirmación que en tal sentido ofrece el señor Arcenio Yovaniy Homen Claros pierde credibilidad en virtud a que no es factible puntualizar si presenció los hechos en efecto, en principio afirma: “(…) Yo me encontraba de turno en la Procuraduría y en el momento del impacto que sono (sic) salí a mirar lo que había sucedido”, aseveración de la cual se infiere que cuando sale de su sitio de trabajo el accidente ya había ocurrido (fls 83-84), pese a ello, luego señala haber visto lo acontecido. En lo que respecta al señor Alonso Barrera Sánchez (fl. 86), destaca la Sala que en su relato explica que la madrugada del día en que ocurrieron los hechos se encontraba oscura y llovía demasiado, por lo tanto las condiciones de visibilidad no eran óptimas, circunstancias que le restan mérito a su dicho.

A lo ya señalado, se suman imprecisiones e inconsistencias en otros aspectos de las declaraciones, tales como la clase de vehículo, la hora del accidente y lo ocurrido con posterioridad a la colisión, contexto que no puede edificar la responsabilidad a partir de sus dichos, valorando parcialmente las pruebas en los apartes que son beneficiosos para la parte demandante.

Como es evidente la diferencia entre estas versiones dadas por los testigos y ante la imposibilidad de preferir objetivamente unos testimonios sobre otros, dada la inexistencia de elementos precisos para desechar unos y acoger otros.

Por otro lado, las declaraciones son escuetas y su carácter de prueba única acerca del cómo se desarrollaron los sucesos, exigía de ellas, mayor precisión y amplitud de forma tal que por sí solas llevaran al convencimiento del juzgador”.

2.7.4. Análisis del caso en concreto.

Del anterior contexto, la Sala advierte que el Juez Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa y el Tribunal Administrativo de Nariño, no vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia de los señores Pedro Antonio Rojas Perafán, María del Carmen Urrutia de Rojas, Rosa Ruby Rojas Urrutia, Rosalba Rojas Urrutia, Rubén Darío Rojas Urrutia, Ayde Patricia Rojas Urrutia, Freddy Rudy Rojas Urrutia, Érica Minelly Rojas Urrutia y Diego Fernando Rojas Urrutia, pues de la revisión de las pruebas allegadas al proceso de reparación directa, con número de Radicación 86001-33-31-001-2005-01223-01 y de la lectura de la sentencias de 30 de mayo de 2014 y de 22 de febrero de 2017, se desprende que el tribunal tuvo en cuenta las pruebas allegadas al proceso y las analizó conforme con las reglas de la lógica y la sana crítica.

En efecto, la Sala observa que el Juez Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa en la sentencia de 30 de mayo de 2014, valoró: i) el testimonio del señor Arcesio Yovaniy Homen Claro, en el sentido de señalar que no correspondía a un testigo presencial de los hechos que permitiera esclarecer como ocurrió el accidente del señor Freddy Rudy Rojas Urrutia y el vehículo de la Policía Nacional; ii) el testimonio del señor Alonso Barrera Sánchez, en el sentido de manifestar que no brindaba certeza sobre lo ocurrido debido a inconsistencias sobre las circunstancias de tiempo en que ocurrió el accidente; iii) el testimonio de la señora Ana Silva Guerrero, en el sentido de señalar que no precisaba circunstancia alguna del accidente mencionado; iv) la historia clínica del señor Freddy Rudy Rojas Urrutia de la cual se desprendía que al momento de ingresar en el Hospital José María Hernández, se encontraba en estado de embriaguez; elementos probatorios de los cuales no era posible determinar que la responsabilidad de las lesiones sufridas por el señor Freddy Rudy Rojas Urrutia, hubieran sido originadas a partir de un actuar deficiente, abusivo, irregular o imprudente por parte de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional. 

La Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Nariño en la sentencia de 22 de febrero de 2017, valoró en conjunto los testimonios de los señores Arcesio Yovaniy Homen Claro y Alonso Barrera Sánchez, en el sentido de señalar que de los mismos se desprendía que “el señor Freddy Rudy Rojas Urrutia, sufrió un accidente de tránsito en el cual estuvo involucrado un vehículo oficial propiedad de la Policía Nacional”, sin embargo, en lo referente a las circunstancias de tiempo modo y lugar en que se produjo el accidente de tránsito, consideró que presentaban varias inconsistencias e imprecisiones en cuanto a la “clase de vehículo, la hora del accidente y lo ocurrido con posterioridad a la colisión”, sumado al hecho que, de la declaración del señor Arcesio Yovaniy Homen Claro se desprendía que no presenció el accidente y que, de la declaración del señor Alonso Barrera Sánchez se desprendía que carecía de condiciones óptimas de visibilidad para visualizar el mismo; circunstancias por las que no podía imputar responsabilidad alguna a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, al no existir certeza sobre las causas del accidente de tránsito presentado entre el señor Freddy Rudy Rojas Urrutia y el vehículo de la Policía Nacional.

Por lo anterior, la Sala concluye que el Juez Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa y el Tribunal Administrativo de Nariño no incurrieron en defecto fáctico, pues no valoraron de manera arbitraria, irracional y caprichosa, la pruebas allegadas al expediente de reparación directa con número de Radicación 86001-33-31-001-2005-01223-01, pues de su revisión dentro de las reglas de la lógica y de la sana crítica se podía desprender efectivamente que no existían elementos probatorios suficientes para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el accidente de tránsito entre la motocicleta conducida por el señor Freddy Rudy Urrutia Rojas y el vehículo de la Policía Nacional y por tanto, determinar si existía falla del servicio por parte de la Policía Nacional con ocasión del mismo. 

2.8. Desconocimiento del precedente judicial.

Los señores Pedro Antonio Rojas Perafán, María del Carmen Urrutia de Rojas, Rosa Ruby Rojas Urrutia, Rosalba Rojas Urrutia, Rubén Darío Rojas Urrutia, Ayde Patricia Rojas Urrutia, Freddy Rudy Rojas Urrutia, Érica Minelly Rojas Urrutia y Diego Fernando Rojas Urrutia, consideran que el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa y el Tribunal Administrativo de Nariño, desconocieron el precedente judicial establecido por el Consejo de Estado en sentencias de 10 de marzo de 1997(37) (M. P. Ricardo Hoyos Duque), de 10 de julio de 2013(38) (M. P. Hernán Andrade Rincón), de 10 de julio de 2013(39) (M. P. Mauricio Fajardo Gómez), de 22 de enero de 2014(40) (M. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz), de 28 de enero de 2014(41) (M. P. Hernán Andrade Rincón (E)), de 29 de octubre de 2015(42) (M. P. Stella Conto Díaz del Castillo) de 29 de febrero de 2016(43) (M. P. Danilo Rojas Betancourth), de 16 de mayo de 2016(44) (M. P. Jaime Orlando Santofimio (E)), en lo concerniente a la responsabilidad en situaciones donde ocurren accidentes de tránsito en que se involucran vehículos oficiales.

En relación con el defecto por desconocimiento de precedente jurisprudencial, la Corte Constitucional ha desarrollado ampliamente ese concepto, definiéndolo así:

“(…) conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia(45). (Negrilla fuera de texto)

Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.

Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional(46), según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).

En efecto, la Corte Constitucional en Sentencia T-457 de 2008(47) indicó:

En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en Sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el (los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”. (Negrilla fuera de texto)

Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria(48), la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.

Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala(49), a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.

En efecto, la Sala(50) ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial(51)”, para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente–, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.

Así las cosas, y como lo ha sostenido la Sala, sólo el desconocimiento injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración del defecto de desconocimiento de precedente judicial, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales(52).

En ese sentido, la Sala precisa que debe diferenciarse el concepto anteriormente señalado de precedente judicial de los conceptos de antecedente jurisprudencial, doctrina probable y sentencia de unificación, los cuales se ponen de presente a continuación.

— La Corte Constitucional en Sentencia T-102 de 2014 (M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), definió el antecedente jurisprudencial como la decisión dictada dentro de una controversia anterior “que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho (conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio” y se caracteriza por tener un carácter orientador para el juez al momento resolver el problema jurídico planteado dentro del proceso judicial.

— El artículo 4º de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896(53) definió la doctrina probable como “tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores”. La Corte Constitucional en la Sentencia C-836 de 2001(54) (M. P. Rodrigo Escobar Gil) se refirió a la fuerza normativa de la figura de la doctrina probable en el sentido de señalar que:

“la fuerza normativa de la doctrina probable proviene (1) de la autoridad otorgada constitucionalmente al órgano encargado de establecerla, unificando la jurisprudencia ordinaria nacional; (2) del carácter decantado de la interpretación que dicha autoridad viene haciendo del ordenamiento positivo, mediante una continua confrontación y adecuación a la realidad social y; (3) del deber de los jueces respecto de a) la igualdad frente a la ley y b) la igualdad de trato por parte de las autoridades y; (4) del principio de buena fe que obliga también a la rama jurisdiccional, prohibiéndole actuar contra sus propios actos. Por otra parte, la autoridad de la Corte Suprema para unificar la jurisprudencia tiene su fundamento en la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas y esta atribución implica que la Constitución le da un valor normativo mayor o un “plus” a la doctrina de esa alta corporación que a la del resto de los jueces de la jurisdicción ordinaria. Ello supone que la carga argumentativa que corresponde a los jueces inferiores para apartarse de la jurisprudencia decantada por la Corte Suprema es mayor que la que corresponde a éste órgano para apartarse de sus propias decisiones por considerarlas erróneas”.

Asimismo, la Corte Constitucional señaló que el acatamiento de la doctrina probable no constituye una obligación absoluta para el juez, puesto que puede apartarse de la misma, siempre y cuando dé a conocer las razones por las que se aparta en su decisión.

— Conforme con lo previsto en el artículo 270 de la Ley 1437 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”. En ese sentido, la Corte Constitucional en Sentencia C-816 de 2011(55) (M. P. Mauricio González Cuervo) precisó que las sentencias de unificación jurisprudencial son proferidas por las altas cortes, poseen carácter vinculante en tanto que son expedidas en virtud del mandato de unificación que tienen en su jurisdicción con la finalidad de salvaguardar los principios de invocados de igualdad, buena fe y seguridad jurídica.

En lo concerniente a la fuerza vinculante de las sentencias de unificación, proferidas por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional en Sentencia C-179 de 2016(56) (M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez) consideró:

“Nótese cómo, según se infiere de lo expuesto, en la medida en que las sentencias de unificación cumplen una función específica referente a ordenar y clarificar las subreglas que se derivan de la aplicación del derecho regulado, el CPACA le reconoce a estas sentencias no sólo un valor de precedente para los jueces y tribunales, sino que también proyecta su obligatoriedad a la actividad de la administración. En efecto, a juicio de este tribunal, su carácter vinculante se explica primordialmente por razón del principio de legalidad, a partir del deber de sujeción que tienen las autoridades al imperio de la Constitución y la ley, y por ende, al necesario acatamiento de la regla de derecho emanada de las altas cortes(57).

Desde el punto de vista judicial, las sentencias de unificación emergen como el fallo que brinda certeza y seguridad sobre la regla de derecho que se debe aplicar a un caso que presenta una hipótesis semejante de decisión. Son providencias que al identificar de manera clara y uniforme el precedente aplicable, se imponen de manera forzosa por razón de la obligatoriedad del mandato de unificación que les asiste a los órganos de cierre, en este caso, al Consejo de Estado como máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En este sentido, las sentencias de unificación producen, de un lado, unos efectos inter partes o subjetivos, que alcanzan a las personas involucradas en el proceso de origen, sin que dicho propósito concrete la operatividad de este mecanismo, pues el mismo se enfoca, fundamentalmente, en la consolidación de unos efectos vinculantes para todos los casos semejantes, brindado un carácter objetivo al respectivo fallo, ya que introduce una subregla o criterio de decisión judicial que deviene en obligatorio para todos los jueces que integran la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

En todo caso, cabe aclarar que la obligatoriedad que tienen las sentencias de unificación, no excluye el deber genérico de seguir el precedente, respecto de las decisiones del Consejo de Estado que no tienen dicha condición. Así lo advirtió esta corporación, en la Sentencia C-588 de 2012(58), al señalar que:

“(…) en cuanto a la presunta omisión en el mecanismo de extensión de otras sentencias del Consejo de Estado distintas de las de unificación jurisprudencial, téngase en cuenta que, como bien se ha dicho, estas sentencias de unificación cumplen la función especial y específica de ordenar y clarificar el precedente aplicable. En este sentido, es plenamente razonable que sean estas sentencias y no otras del Consejo de Estado, las llamadas a ser aplicadas en el mecanismo de extensión de jurisprudencia. Las demás sentencias del Consejo de Estado siguen teniendo su valor como precedente del órgano de cierre de lo contencioso-administrativo, pero son un tipo especial de providencias –las sentencias de unificación jurisprudencial– a las que el legislador, en ejercicio de su poder de configuración normativa, asignó la potestad de ser aplicadas en el mecanismo de extensión de jurisprudencia, que tienen la virtud de evitar la realización de un proceso y de facilitar el acceso directo al Consejo de Estado”.

2.8.1. Jurisprudencia del Consejo de Estado presuntamente desconocida por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa y el Tribunal Administrativo de Nariño.

— Sentencia de 10 de marzo de 1997 (M. P. Ricardo Hoyos Duque)

La Sección Tercera del Consejo de Estado, al resolver una demanda de reparación directa iniciada con ocasión del fallecimiento de una persona que se transportaba en una motocicleta y fue colisionada por un camión del Ejército Nacional del Ejército que transportaba soldados, aplicó la teoría de la falla presunta del servicio. En la providencia consideró:

“3. Comparte la Sala la tesis sostenida por los Mazeaud y Tunc en cuanto se pretende beneficiar a la víctima con la presunción de responsabilidad, lo cual implica que cuando existe un perjuicio unilateral, como en el caso que se examina, la falta de demostración de la culpa exclusiva de la víctima o, por lo menos, de una culpa adicional de ella, conduce a la condena plena del causante del daño.

Ya la Sala, en sentencia del 11 de marzo de 1994, Expediente 8269, actor Fernando M. Anaya Vélez, [Magistrado] ponente doctor Carlos Betancur Jaramillo, en casos como el presente, acogió la teoría de la relatividad de las actividades peligrosas al señalar que cuando se presenta “la colisión de dos vehículos en donde uno es de mayor proporción que el otro, esa diferencia significativa de peso o tamaño, permite estudiar el caso bajo la tesis de la falla presunta, pues no se atenúan las actividades desde el punto de vista probatorio, como en el caso de que ambos vehículos sean de idénticas o similares características, vale decir, la colisión de dos automóviles o buses, en cuyo caso debe probarse la falla en forma ordinaria. (Sent. de julio 7/93; Exp. 7730; actora Inmaculada Concepción Flórez Durán. Ponente Carlos Betancur Jaramillo).

Por lo demás, sea de ello lo que fuere, no aparece acreditado en el proceso que los ocupantes de la moto estuvieren obligados a soportar el daño que se les ocasionó con la colisión contra el camión del Ejército Nacional, de manera que también desde la perspectiva del daño antijurídico (artículo 90 Constitución Política) no hay duda sobre la responsabilidad de la administración.

La alegada embriaguez de los motociclistas no se demostró. Únicamente obra concepto médico en el que se informa que en el cuerpo de Nelson Hoyos Timaná se encontró “precencia (sic) de contenido gástrico con olor compatible con alcohol, dentro de la tráquea en cantidad moderada” (fl. 3 C-3), pero nada se dice respecto de José Rubiel Erazo Buitrón, quien era el conductor del vehículo.

Al no haber demostrado la entidad demandada que el daño se debió a una causa extraña –culpa exclusiva de la víctima, hecho exclusivo de un tercero o fuerza mayor– la sentencia deberá ser confirmada”.

— Sentencia de 10 de julio de 2013 (M. P. Hernán Andrade Rincón)

La Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, revisó un caso en donde se discutía la responsabilidad del Estado, con ocasión del fallecimiento de un miembro de la Policía Nacional que se encontraba como pasajero dentro de un vehículo oficial, el cual colisionó contra un árbol, producto del estado de embriaguez de su conductor. En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto, la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado consideró:

“En cuanto el régimen de responsabilidad aplicable a los casos en los cuales interviene un vehículo oficial en la producción del daño cuya indemnización se reclama a través de la acción de reparación directa, el Consejo de Estado ha señalado que éste, por regla general, es de carácter objetivo, pues con la conducción de vehículos automotores se crea un riesgo de carácter excepcional que, de materializarse, compromete la responsabilidad estatal. No importa, para el efecto, que no exista ilicitud en la conducta de la administración e, incluso, que esta contribuya al cumplimiento de un deber legal, pues la imputabilidad surge del ejercicio de una actividad que, por su peligrosidad, genera un riesgo grave y anormal para los administrados.

De otro lado –ha señalado la Sección–, que si se observa que el daño no fue accidental, sino que tuvo su causa en una falla del servicio, será precisamente bajo este título subjetivo de imputación que deba resolverse el caso, en virtud de que a través del análisis que el juez contencioso administrativo lleva a cabo en el proceso de reparación, cumple una labor de pedagogía hacia la administración, dirigida a que ésta adopte medidas encaminadas a que su conducta falente no se repita y, además, porque en ese caso, la administración podrá repetir contra sus agentes o exagentes, si estos actuaron con culpa grave o dolo.

Respecto de la falla del servicio probada ha de decirse que ésta surge a partir de la comprobación de haberse producido como consecuencia de una violación –conducta activa u omisiva– del contenido obligacional determinado en la Constitución Política y en la ley a cargo del Estado, lo cual, como ya se dijo, constituye una labor de diagnóstico por parte del juez, de las falencias en las que incurrió la administración y que implica un consecuente juicio de reproche. Por su parte, la entidad pública demandada solo podrá exonerarse de una declaratoria de responsabilidad si prueba que su actuación no constituyó una vulneración a ese contenido obligacional que le era exigible, es decir, que acató los deberes a los que se encontraba obligada –positivos o negativos– o, si demuestra que medió una causa extraña: fuerza mayor, hecho exclusivo y determinante de la víctima o, hecho también exclusivo y determinante de un tercero”.

— Sentencia de 10 de julio de 2013 (M. P. Mauricio Fajardo Gómez)

La Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, al pronunciarse sobre la excepción de culpa exclusiva de la víctima, dentro de un proceso de reparación directa en donde se declaró responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional, por las lesiones ocasionadas a una persona que se movilizaba en una motocicleta y fue colisionada por un vehículo oficial de la Armada Nacional, consideró que para que se configurará dicha excepción debía probarse que la relación de causalidad de la conducta de la víctima con el daño causado. En dicha ocasión consideró:

“Pues bien, el tribunal de primera instancia consideró que dentro del caso que se examina existió una concurrencia de culpas, toda vez que la víctima directa del daño se encontraba en estado de embriaguez; sin embargo, esa conclusión, en realidad, no se encuentra debidamente probada en el proceso, tal como lo señaló el Ministerio Público en esta instancia, pues lo cierto es que la consideración del Tribunal Administrativo de Nariño se fundamentó en el testimonio del señor Luis Mosquera Paterson, quien en su relato de los hechos que precedieron el accidente señaló que tanto él, como el señor Pablo Fernando Angulo Pérez ingirieron unas cervezas, pero lo cierto es que esa afirmación, carente de la respetiva prueba técnica que la refirme y, por ende, establezca cuál era el grado de ebriedad –si es que lo había– respecto de los ocupantes de la motocicleta, no cuenta con la fuerza de convicción suficiente y en especial con la exactitud necesaria para sostener, como se hizo, que la víctima se encontraba bajo ese estado y, en tal sentido, predicar su participación –cierta y eficaz– en la producción del daño.

A lo anterior se adiciona que el hecho de que la víctima directa del daño, hipotéticamente, se encontrara en estado de embriaguez –el cual, se repite, se desconoce–, esa razón no siempre está llamada a erigirse en la causa eficiente del daño; así ha discurrido la Sala al considerar que:

“No obstante que existe prueba en el expediente de que el conductor de la motocicleta conducía bajo el influjo de bebidas alcohólicas, la Sala estima que en este caso tal conducta no fue la causa determinante del daño, entendida como aquella que debe ser reconocida como fundamento jurídico suficiente para la atribución de consecuencias jurídicas y, por tanto, no hay lugar a exonerar de responsabilidad al ente demandado por el daño causado a la parte demandante.

Debe reiterarse que para efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario determinar, en cada caso concreto, si el proceder –activo u omisivo– de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima no sólo sea causa del daño, sino que constituya la raíz determinante del mismo, es decir que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño, no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, su reparación estará rebajada en proporción a la participación de la víctima, tema que a se pasa a determinar a continuación.

En línea con lo anterior se pronunció la Sala en los siguientes términos:

“En este punto, la Sala advierte que, si bien es cierto la víctima (conductor del vehículo particular), al momento del accidente se encontraba en estado de embriaguez según el reconocimiento médico legal que se le practicó después del accidente, también lo es, que esa circunstancia en nada fue determinante para la ocurrencia del accidente.

En efecto, las pruebas allegadas al expediente, determinan que el conductor del vehículo particular conducía su automotor por el carril correspondiente, a la velocidad permitida y en momentos en que el semáforo ubicado a la altura de la avenida Boyacá, junto a la entrada al terminal de transportes, le daba la vía, pues se encontraba en luz verde. Por el contrario, los testigos presenciales de los hechos señalaron con precisión que la causa del accidente fue la negligencia del conductor del carro oficial, quien, a gran velocidad y sin respetar una norma de tránsito, consistente en detener la marcha ante una señal de semáforo en rojo, siguió su camino atropellando violentamente al vehículo del señor Urbina Muñoz, ocasionándole la muerte, casi de manera inmediata.

No hay duda que la condición en que se encontraba el conductor del vehículo particular al momento del accidente, es reprochable y posiblemente constitutiva de una culpa grave, pero en el caso concreto, esa circunstancia, no tiene relación de causalidad con el daño, pues el factor preponderante para la producción del perjuicio fue la conducta negligente del conductor oficial, al haberse pasado un semáforo en rojo, cuando su obligación era hacer el pare. Dicho de otro modo, la conducta de la víctima no fue la causa eficiente e idónea del daño o concausa (sic) del mismo, circunstancias que hubieran liberado de responsabilidad a la entidad encartada, o disminuido su obligación reparatoria.

El hecho de la víctima, tal y como lo advierte el Dr. Javier Tamayo Jaramillo, es importante para exonerar, parcial o totalmente al demandado que ha causado un daño; su influencia definitiva será determinada en la medida en que ese hecho haya sido causa exclusiva o parcial del perjuicio. O como lo señalan los hermanos Mazeaud y Tunc, “el hecho de la víctima no puede ser tenido en cuenta más que con la condición de poseer un vínculo de causa a efecto con el daño. ¿Qué importa la acción, incluso culposa, de la víctima si nada tiene que ver con la realización del perjuicio? El principio es indiscutible”.

En el caso sub judice, está demostrado que la conducta del conductor del vehículo particular (conducir en estado de embriaguez), carece de relación de causalidad con el perjuicio, pues el hecho determinante para la producción del daño, lo constituyó la culpa del conductor oficial que, violando una norma de tránsito, colisionó su automotor contra el carro del señor Urbina Muñoz”.

Por consiguiente, la Sala estima que en el presente caso la conducta de la víctima no fue la causa determinante del hecho dañoso, por manera que no hay lugar a eximir de responsabilidad a la entidad demandada”.

Ahora bien, la Sala no puede pasar por alto que la señora Sandra Liliana Aponte, quien se desplazaba con el infante de marina en el automotor oficial, señaló en su versión de los hechos que los ocupantes de la motocicleta se habrían atravesado sobre la vía de manera intempestiva y que además el vehículo no tenía luces, razón que llevó a la colisión, empero, ese señalamiento, cotejado con otros medios de acreditación que obran en el proceso, permiten desestimar la posible participación de la víctima directa en el daño por ella padecido”.

— Sentencia de 28 de enero de 2014 (M. P. Hernán Andrade Rincón (E))

La Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, resolvió un caso de reparación directa en el que consideró que la E.P.S. Selvasalud S.A. era patrimonialmente responsable por las lesiones ocasionadas a una persona que se desplazaba en una motocicleta y que colisionó con un vehículo de la entidad que según el croquis allegado al proceso, violó varias normas de tránsito al invadir un carril que no debía y omitir una señal de pare. En la providencia se consideró:

“En este orden de ideas, de conformidad con la causa petendi y la jurisprudencia reiterada de la corporación, considera la Sala que el título de imputación que resulta aplicable al presente caso es aquél que se fundamenta en la falla en el servicio.

Lo anterior sumado a la consideración, como también lo ha reiterado la Sala, que en el análisis de la responsabilidad del Estado se debe comenzar por estudiar si en el caso de marras el referido daño tuvo su origen en irregularidades en la actividad de la administración, esto es falla en la prestación del servicio.

Por su parte, la Sala observa que el señor Emiliano Suárez Galvis indicó en su relato que él arribó al lugar de los hechos cuando ya había ocurrido el accidente y que lo único que pudo verificar era que tanto la motocicleta como el campero se encontraban abandonados en la vía.

Igualmente destacó que otra persona le había comentado que en el vehículo de propiedad de Selvasalud E.P.S. se transportaban varias personas quienes al sufrir el accidente intentaron huir y “olían a licor”; de forma tal que conoció esos hechos de manera indirecta, de oídas, por lo cual su conocimiento sobre los mismos devino de las apreciaciones de terceras personas todo lo cual resulta suficiente para cuestionar la certeza de los hechos a los cuales hizo referencia el referido declarante.

No obstante lo anterior, se observa que en el croquis elaborado en el informe de tránsito, se indicó con claridad suficiente que el vehículo de la E.P.S. Selvasalud S.A. salió imprudentemente de su carril para girar a la izquierda, momento en el cual invadió la vía por la cual transitaba la motocicleta Yamaha colisionando con la misma con el agravante de que la vía por la cual transitaba el vehículo oficial tenía la señal de PARE.

En ese sentido, el artículo 127 del Código Nacional de Tránsito –Decreto 1344 de 1970– vigente para la época establecía:

Artículo 127. El conductor que transite por una vía sin prelación deberá detener completamente su vehículo al llegar a un cruce, y donde no haya semáforo, tomar las precauciones debidas e iniciar la marcha cuando le corresponda.

Agréguese a lo anterior, lo dispuesto por el artículo 129 de dicho cuerpo normativo el cual indicaba que “Los vehículos transitarán por sus respectivos carriles, sin pisar las rayas o líneas de demarcación”.

De manera que, dado que la entidad demandada incumplió con su obligación de adoptar las medidas que le correspondían para prevenir y mitigar un accidente, específicamente, no invadir el carril opuesto y cumplir con la señal de PARE que se encontraba en la vía para efectos de darle prelación a la motocicleta que transitaba conforme a las normas y llevaba la vía, para la Sala hay lugar a declarar la responsabilidad del Estado por este motivo”.

— Sentencia de 22 de mayo de 2014 (M. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz)

La Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, estudió la responsabilidad del Estado en un caso en que una persona falleció producto del impacto de un automóvil particular que previamente había colisionado con un vehículo oficial de la Policía Nacional. En dicha ocasión se declaró patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, por permitir la utilización del vehículo sin comprobar la existencia del seguro obligatorio tendiente a cubrir los daños corporales que se causen a personas en accidente de tránsito. En dicha providencia señaló:

“En el caso sub lite se trata de un daño antijurídico ocasionado con un vehículo automotor conducido por un funcionario público que se encontraba en misión oficial. Al respecto, esta corporación ha dicho que “la conducción de vehículos automotores, comporta para quien la ejerce una actividad de suyo peligrosa, que origina un riesgo de naturaleza anormal, en consecuencia la entidad está llamada a responder por los daños que con dicha actividad ocasione, originado en el evento, impacto o consecuencia adversa propia del mismo riesgo, y en estos casos no será necesario que se pruebe la existencia de una falla del servicio, porque la responsabilidad se atribuye objetivamente a quien desplegó dicha acción”. 

No obstante lo anterior, en el sub lite, el vehículo oficial colisionó con otro objeto en movimiento, vehículo particular conducido por la señora Amanda González. Sobre el tema, esta corporación ha considerado que “lo fundamental al momento de establecer la imputación en este tipo de escenarios, es determinar cuál de las dos actividades riesgosas concurrentes fue la que, en términos causales o fácticos, desencadenó el daño, es decir, desde un análisis de imputación objetivo concluir a quién de los participantes en las actividades peligrosas le es atribuible la generación o producción del daño (…) por consiguiente, en aras de fijar la imputación del daño en estos supuestos, no resulta relevante determinar el volumen, peso o potencia de los vehículos automotores, así como tampoco el grado de subjetividad con que obró cada uno de los sujetos participantes en el proceso causal, sino, precisamente, cuál de las dos actividades riesgosas que estaban en ejercicio fue la que materialmente concretó el riesgo y por lo tanto, el daño antijurídico”(59).

(…)

Así las cosas, del acervo probatorio se tiene más que demostrado, que tanto el vehículo oficial como el particular se encontraban ejerciendo la misma actividad y que los dos conductores desconocieron las normas de tránsito por cuanto por un lado, el vehículo particular irrespetó las reglas de prioridad para atravesar la vía, pero por el otro, el vehículo oficial aun cuando tenía la prelación y no estaba en obligación de detener la marcha al llegar a la intersección, transigió –por mucho–, los límites de velocidad.

Sin embargo, esta Sala considera que la responsabilidad por la muerte del señor Jaime Jácome Jácome es imputable a la entidad demandada por cuanto permitió la utilización del vehículo sin comprobar la existencia del seguro obligatorio tendiente a cubrir los daños corporales que se causen a personas en accidente de tránsito –de acuerdo con lo que quedó consignado en la casilla 9.2 del informe de accidente (fl. 472 cuaderno principal)–, además de que su conductor desconoció los límites de velocidad, siendo así como materialmente aumentó el riesgo y produjo el daño antijurídico en los términos referidos ad supra”. (Se subraya)

— Sentencia de 29 de octubre de 2015 (M. P. Stella Conto Díaz del Castillo)

La Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, consideró que el departamento del Cesar era patrimonialmente responsable por las lesiones ocasionadas a una persona que se transportaba en una motocicleta y colisionó con un vehículo de propiedad del departamento, por considerar que el vehículo oficial era conducido de manera imprudente y desconoció la prelación de quien conducía por la avenida en que ocurrió el accidente. La Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, consideró:

“En tal virtud, determinado que el vehículo era de carácter oficial, conducido por un servidor público y que se destinaba en labores del servicio, procede la Sala a establecer conforme a las circunstancias del accidente si el mismo es en todo o en parte imputable a la entidad convocada.

Al respecto, se destaca que el informe de tránsito Nº 0079 de 29 de julio de 2002, determinó dos causas probables del accidente: El desconocimiento de la prelación vial por parte de la camioneta oficial y el exceso de velocidad por cuenta de la motocicleta conducida por el señor Pablo Carreño Rojas.

En efecto, al observar el croquis del accidente, se advierte que la camioneta Toyota Station Wagon, de placas OIR 060, cuya tenencia se encontraba en cabeza de la gobernación del Cesar se desplazaba sobre la carrera 18 E, cuando fue impactada en su parte trasera por la motocicleta Yamaha, modelo 1995, de placas XNO33, la cual se desplazaba por el carril izquierdo (interior) de la misma calzada.

Ahora, es relevante señalar que el Código Nacional de Tránsito Terrestre vigente al momento de los hechos era el contenido en el Decreto 1344 de 1970, el cual consagraba una serie de disposiciones de carácter general que debían ser acatadas por los conductores, peatones y en general, usuarios del sistema vial, con el fin de prevenir la ocurrencia de accidentes y en aras de dar cumplimiento a los deberes que demanda la vida en comunidad, como establece el artículo 95 de la Carta. Dispone así el artículo 109 de dicho compendio normativo que toda persona está en la obligación de cumplir los mandatos constitucionales y legales, lo que naturalmente conlleva el respeto a las reglas en aras de una correcta movilidad y preservación de los derechos a la seguridad, la integridad personal y la vida propia y de los demás ciudadanos.

En ese orden de ideas, el artículo 129 del Decreto 1344 de 1970 establece la obligación de “transitar por los carriles dentro de las líneas de demarcación”, excepto cuando se realicen maniobras de cruce o adelantamiento, respecto de las cuales resulta relevante la observancia de lo dispuesto en el artículo 126, que señala que:

“Todo conductor, al detener su vehículo en vía pública, deberá hacerlo en forma que no obstaculice el tránsito de los demás usuarios, y abstenerse de maniobras que pongan en peligro a otros vehículos y a las personas” –se destaca–.

Por su parte, el artículo 127, señala sobre los cruces viales:

“Artículo 127. El conductor que transite por una vía sin prelación deberá detener completamente su vehículo al llegar a un cruce, y donde no haya semáforo, tomar las precauciones debidas e iniciar la marcha cuando le corresponda”.

Ahora bien, en el croquis aportado a las diligencias se observa que la diagonal 21 o Avenida Fundación es una vía de doble sentido de cuatro carriles, que cuenta con prelación vial, conforme al artículo 110 del mismo compendio a cuyo tenor que las vías arterias tendrán prelación sobre las vías ordinarias, como es el caso de la carrera 18E. El artículo 130 dispone sobre la forma en que deben transitar los vehículos en dicha clase de vías:

“Artículo 130. Los vehículos transitarán en la siguiente forma:

(…)

2. Vía de doble sentido de tránsito:

(…)

De cuatro carriles: Los carriles interiores se utilizarán para el transito ordinario de vehículos y los exteriores para maniobras de adelantamiento, mayores velocidades y los respectivos cruces”.

Descendiendo al caso concreto, las pruebas dan cuenta de que a tiempo de la colisión, la camioneta se desplazaba por la carrera 18E, había superado el carril derecho de la intersección con la diagonal 21 y ocupaba parcialmente una zona tangencial al separador y una porción del carril izquierdo de la Avenida Fundación, por el que se desplazaba la motocicleta conducida por el señor Pablo Carreño Rojas, la cual colisionó violentamente con el vehículo.

En su injurada, el señor Darío Enrique Hernández señaló que miró hacia la izquierda, como no venía ningún vehículo hizo el cruce y “se estacionó en el bulevar que divide la avenida en dos”, cuando acaeció el impacto en su parte lateral izquierda trasera. Versión corroborada por los testigos Julio Miguel Rosado Primera y Esneider Antonio Rosado Carrillo, quienes indicaron que el vehículo estaba detenido. Empero, lo cierto es que la camioneta ocupaba parcialmente el carril izquierdo, por el cual, conforme a las normas transcritas, circula el tránsito habitual en las vías de cuatro carriles. Adicionalmente, se tiene que los hermanos Carreño Rojas transitaban por su carril y conforme a la prelación vial, llevaban la vía.

Corolario de lo anterior es que la actuación del señor Hernández, tal como lo señaló el Juzgado Primero Penal Municipal de Valledupar, fue imprudente y desconoció la prelación de quien conduce por la Avenida Fundación y que, ante el tamaño del vehículo conducido, la ocupación parcial del carril de mayor velocidad constituía una maniobra en cuanto ponía en riesgo, como ocurrió, a conductores y peatones.

Ahora bien, respecto de la otra causa probable del accidente, es relevante señalar que no obra en el plenario registro alguno de la velocidad a la que se desplazaban los automotores, de donde no es posible establecer si la motocicleta se desplazaba con exceso de velocidad. Si bien, los testimonios de los señores Rosado Primera y Rosado Carrillo, dan cuenta de que la motocicleta excedía la velocidad reglamentaria, para la Sala tales afirmaciones, además de sospechosas, no constituyen prueba suficiente del actuar descuidado de la víctima pues, aunado a la falta de prueba técnica sobre el particular, que en cualquier caso debía ser aportada por la entidad demandada, en todo caso, aun conduciendo a la velocidad reglamentaria era dable que ante la aparición intempestiva de un vehículo, la colisión se concretara.

Finalmente, considera la Sala relevante señalar que, aunque el señor Darío Enrique Hernández Martínez señaló en su injurada que “el conductor de la motocicleta venía en estado de embriaguez” y que “tenía aliento como de haber tomado bastante licor”, así como lo reiteró el testigo Esneider Rosado Carrillo, en clara trasgresión del artículo 253 del Decreto 1344 de 1970 , no consta en la historia clínica ni en ninguno de los documentos allegados a las probanzas que se haya practicado prueba de alcoholemia al señor Carreño Rojas, tal como lo ordenaba el artículo 253 del Decreto 1344 de 1970, que indicaba que “para determinar el estado de embriaguez se realizará la prueba de carácter científico que, sin causar sanciones al infractor, establezca el Instituto de Medicina Legal”. De donde se colige que el grado de excitación alcohólica que puede dar lugar al hecho de la víctima habría de probarse, bajo el régimen del anterior Código Nacional de Tránsito en comento, con fundamento en la prueba científica que no obra en el plenario, de donde no puede tenerse por probada dicha circunstancia”.

— Sentencia de 29 de febrero de 2016 (M. P. Danilo Rojas Betancourth)

La Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, consideró que la Nación - Fiscalía General de la Nación era patrimonialmente responsable por las lesiones ocasionadas a una persona que se movilizaba en una motocicleta y colisionó con un vehículo oficial conducido por el jefe de la Unidad de Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigaciones, por cuanto de las pruebas allegadas al proceso, se demostró que el daño se produjo como resultado de la inobservancia de las normas de tránsito por parte del conductor del vehículo oficial. En la providencia consideró:

“En cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, es pertinente poner de presente que en un pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación:

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia.

14. Así se advierte que normalmente en los eventos en que se produce un daño por la ejecución de una actividad riesgosa o por el uso de una cosa peligrosa, se ha acudido al fundamento objetivo de responsabilidad denominado riesgo excepcional, por lo que en esos asuntos el menoscabo que se origina por la concreción del riesgo respectivo debe ser reparado desde un punto de vista objetivo por quien desarrolló dicha actividad o tuvo control sobre la cosa que implicaba el peligro. Sin embargo, no se puede perder de vista que este título de imputación se hace inoperante cuando de modo concurrente se realizan comportamientos que originan riesgos de manera recíproca o simultánea, puesto que en estos casos se ha colegido necesaria la aplicación del régimen subjetivo de falla probada del servicio y por ende, para atribuir responsabilidad en los mismos, se debe encontrar acreditado que la causa adecuada del daño se constituyó en el incumplimiento en las cargas obligacionales que se generan para dicho actuar peligroso que desarrolló tanto la víctima como el presunto causante del daño, lo que en el sub judice se traduce en la conducción de los vehículos automotores que se vieron comprometidos en la génesis del siniestro en que resultó lesionado el señor Mojica Quintero.

Al respecto, se ha dicho por esta Subsección:

En cuanto el régimen de responsabilidad aplicable a los casos en los cuales interviene un vehículo oficial en la producción del daño cuya indemnización se reclama a través de la acción de reparación directa, el Consejo de Estado ha señalado que éste, por regla general, es de carácter objetivo, pues con la conducción de vehículos automotores se crea un riesgo de carácter excepcional que, de materializarse, compromete la responsabilidad estatal. No importa, para el efecto, que no exista ilicitud en la conducta de la administración e, incluso, que ésta contribuya al cumplimiento de un deber legal, pues la imputabilidad surge del ejercicio de una actividad que, por su peligrosidad, genera un riesgo grave y anormal para los administrados(60).

(…)

Excepcionalmente, el régimen de responsabilidad aplicable será el de la falla probada del servicio cuando el daño se produzca por la colisión de dos vehículos en movimiento pues, en estos eventos, se presenta una concurrencia en el ejercicio de la actividad peligrosa porque tanto el conductor del vehículo oficial como el del vehículo particular están creando recíprocamente riesgos. En tales circunstancias, “el criterio objetivo de imputación de responsabilidad se torna inoperante, y surge la necesidad, entonces, de establecer la causa del accidente para determinar de esta manera, si se presentó alguna actuación irregular por parte del conductor del vehículo oficial o alguna otra circunstancia constitutiva de falla del servicio que permita, por lo tanto, imputar la responsabilidad a la entidad demandada(61) (62).

18. Bajo este supuesto normativo, y con base en las pruebas analizadas precedentemente, se tiene que el conductor del carro oficial desconoció la norma de tránsito y con ello originó la colisión en la que resultó herido el actor, en tanto al llegar a la intersección de la carrera 9 con calle 6, esta última sin prelación - continuó su marcha sin adoptar las medidas preventivas exigidas, pues no se encuentra probado al interior del proceso que haya realizado una maniobra tendiente a detener el vehículo, desconocimiento que sin lugar a dudas se constituyó en la causa eficiente y exclusiva en la causación del daño que se intenta reparar.

19. En este orden de ideas, considera la Sala que el reparo formulado por la accionada en su recurso de apelación, según el cual los dos conductores involucrados contribuyeron conjuntamente en la producción del accidente, no está llamada a prosperar, comoquiera que del análisis realizado al material probatorio allegado al plenario, es procedente atribuir su causación y las consecuencias que de él pudiesen derivarse a la Fiscalía General de la Nación de forma exclusiva, bajo el régimen de falla en la prestación del servicio, originada en el desconocimiento de la norma de tránsito que obligaba al conductor del carro oficial a detener el vehículo completamente en el punto de intersección entre vías, cuando se desplazara por aquella que no tuviera prelación. Es así como la conducta desplegada por el conductor de la motocicleta, no guardó ninguna incidencia al momento de ser arrollado por el automotor, pues, se insiste, éste se desplazaba por la vía prioritaria que le permitía sobrepasar las intersecciones sin lugar a detenerse, eso sí, con total observancia de las señales de tránsito visibles y sin exceder los límites de velocidad, infracciones que no fueron probadas en este proceso de las que pudiese configurarse un hecho de la víctima capaz de romper el nexo causal o la declaratoria de una concausa en la producción del daño”.

— Sentencia de 16 de mayo de 2016 (M. P. Jaime Orlando Santofimio (E))

La Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, estudió la responsabilidad del Estado en un caso en que un vehículo de patrulla de la Policía Nacional atropelló a una persona que se desplazaba en bicicleta, por desconocer la normas de tránsito al no hacer un PARE e ir en exceso de velocidad. En ese caso, señaló que en el caso que dos personas ejerzan actividades peligrosas debe establecerse cuál fue la determinante para que se concretara el daño. La Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, consideró:

“Teniendo en cuenta el precedente de la Sala, respecto de los títulos de imputación arriba citado, conviene precisar que la conducción de vehículos ha sido considerada por la doctrina y la jurisprudencia como una actividad peligrosa, razón por la cual, en este caso concreto, el título de imputación es objetivo por riesgo excepcional, donde el Estado compromete su responsabilidad cuando emplea medios o utiliza recursos que colocan a los administrados o a sus patrimonios en situación de riesgo que excede notoriamente las cargas que normalmente han de soportar. En estos eventos la entidad se exime de responsabilidad alegando fuerza mayor, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima, pero cuando la actuación de la administración es irregular, la responsabilidad estatal puede atribuirse bajo el régimen de la falla probada del servicio.

De otro lado, se precisa que si bien durante una época la jurisprudencia estableció que en los accidentes de tránsito cuando las dos personas ejercen la actividad peligrosa el régimen debía ser subjetivo, actualmente se ha decantado que cuando hay colisión de actividades peligrosas, lo importante no es el análisis de responsabilidad subjetivo sino establecer cuál de ellos fue determinante para se concretara el daño.

(…)

De acuerdo con las pruebas antes reseñadas, en especial con lo manifestado por los conductores de los buses al momento del accidente, y con las declaraciones de los testigos presenciales, el accidente se presentó porque la patrulla de la Policía no acató la señal de “pare” sino que siguió su vía encontrándose súbitamente con los otros dos automotores que transitaban por allí, que golpearon su camioneta arrastrándola durante un corto trayecto.

Así lo manifestaron los señores Pedro Ignacio Montaña García y Ana Delia García Celis, testimonios a los que la Sala otorga credibilidad por tratarse de testigos presenciales, y de declaraciones de personas serias, los cuales además coincidieron en afirmar que la patrulla no acató la señal de pare, sino que continúo (sic) su desplazamiento, siendo golpeada por los dos vehículos de transporte público.

Así las cosas, el análisis del material probatorio obrante en el proceso lejos de respaldar lo alegado por la entidad demandada, sobre el hecho de un tercero o sobre una fuerza mayor, indican que la causa del accidente fue el desconocimiento de las normas de tránsito en que incurrió el conductor de la patrulla de la Policía, que continuó su marcha sin acatar la señal de pare que estaba sobre su vía, sin percatarse de que por la vía intersectante venían dos vehículos de servicio público.

Las declaraciones antes señaladas fueron corroboradas con el peritaje técnico, en el que se indicaron las velocidades a que se desplazaban los vehículos, y que las huellas daban cuenta de que los buses habían frenado de manera intempestivamente y con los croquis levantados en los cuales se indicó la trayectoria de los vehículos durante el accidente y la posición en que éstos quedaron ubicados después de lo ocurrido”.

(Se subraya)

2.8.2. Las providencias objeto de la acción de tutela.

El Juez Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa, mediante sentencia de 30 de mayo de 2014, consideró que no podía imputarse responsabilidad a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional por las lesiones ocasionadas al señor Freddy Rudy Rojas Urrutia, pues dentro del expediente no obraban pruebas que demostraran que las lesiones fueron producto de un actuar deficiente, abusivo, irregular o imprudente por parte de la Administración. El juez consideró:

“2.2. Tesis del despacho

Para este Despacho del material probatorio recaudado no es posible endilgar responsabilidad a la parte demandada de las lesiones personales sufridas por el señor Freddy Rudy Rojas Urrutia y en esa medida se despachará negativamente las pretensiones solicitadas por los actores en la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:

La existencia de responsabilidad extracontractual del Estado, se encuentra fundamentada a nivel constitucional, en el artículo 90 por los daños antijurídicos que ocasione por la acción u omisión de las autoridades públicas. Para su configuración requiere de tres presupuestos: El daño, la imputación y el fundamento de la responsabilidad o antijuridicidad del daño.

Al respecto, el H. Consejo de Estado en sentencia del 14 de marzo de 2012, Expediente 25000-23-26-000-2000-01173-01 (22806), ha dicho lo siguiente:

“El artículo 90 constitucional dispone que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Esta norma, que se erige como el punto de partida en la estructura de la responsabilidad Estatal en Colombia, hunde sus raíces en los pilares fundamentales de la conformación del Estado colombiano, contenidos en el artículo 1º superior, a saber, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

La responsabilidad del Estado se hace patente cuando se configura un daño, el cual deriva su calificación de antijurídico atendiendo a que el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, tal como ha sido definido por la jurisprudencia de esta corporación(63).

Verificada la ocurrencia de un daño, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad ante las cargas públicas, resarcimiento que debe ser proporcional al daño sufrido.

Los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que “permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado. En la responsabilidad del Estado, la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos. Una vez se define que se está frente a una obligación que incumbe al Estado, se determina el título en razón del cual se atribuye el daño causado por el agente a la entidad a la cual pertenece, esto es, se define el factor de atribución (la falla del servicio, el riesgo creado, la igualdad de las personas frente a las cargas públicas). Atribuir el daño causado por un agente al servicio del Estado significa que éste se hace responsable de su reparación, pero esta atribución sólo es posible cuando el daño ha tenido vínculo con el servicio. Es decir, que las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público”(64).

1) El daño: entendido como una lesión a un derecho que implica un quebranto económico.

(…)

Así las cosas, encontramos que efectivamente el señor Rojas Urrutia sufrió un daño que como ya se mencionó en líneas anteriores consiste en la fractura de tibia y peroné de su miembro inferior izquierdo Si bien es cierto está probado el daño por los demandantes, este no constituye el elemento único para endilgar responsabilidad a la parte demandada por la cual se procederá a realizar el estudio de imputación de conformidad con los demás elementos probatorios que obran en el expediente.

2) La imputación: Entendida como la atribución jurídica de un daño a una entidad pública. 

Del material probatorio recaudado no se puede establecer en grado de certeza que la responsabilidad de las lesiones sufridas por el señor Freddy Rudy Rojas Urrutia, hayan sido originadas a partir de un actuar deficiente, abusivo, irregular o imprudente por parte de la demandada”. 

(Se subraya)

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia de 22 de febrero de 2017, confirmó la decisión dictada por el Juez Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa, en providencia de 30 de mayo de 2014 y para el caso concreto, aplicó el régimen de imputación de la falla del servicio, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

“Examen de fondo del asunto.

(…)

Sin embargo, en eventos como el que ocupa la atención de la Sala, en los cuales el daño se deriva de la ejecución de una actividad peligrosa, como es el caso del conducción de vehículos, la jurisprudencia señala que el título de imputación aplicable es el del riesgo excepcional, en tanto, el riesgo creado en desarrollo de dicha actividad es una carga excesiva, grave y anormal que no deben asumir los ciudadanos. En consecuencia, si con un vehículo oficial, se causa lesiones o la muerte de una persona, la entidad pública que tiene su guarda, deberá reparar los daños ocasionados y podrá exonerarse de la responsabilidad demostrando la existencia de una causa extraña, esto es, la fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o de la víctima. 

En sucesos de concurrencia de actividades peligrosas, por tratarse de las colisión de dos vehículos, uno oficial y otro particular, el criterio jurisprudencial imperante es del parecer que el criterio objetivo de responsabilidad no cambia automáticamente al de falla del servicio, sino que surge la necesidad de establecer la causa del accidente para determinar de esta manera si se configuran los elementos de responsabilidad que se le imputa el ente público demandado. 

El despacho no pasa por alto que en la cita jurisprudencial que se trajo a colación acerca de la concurrencia de las actividades peligrosas, se advierte que la circunstancia así presentada, esto es, la presencia simultánea de dos labores que implican riesgo, no muta el régimen aplicable en las actividades riesgosas cuando solo una de ellas es la causante del daño, el cual, corresponde según la línea jurisprudencial del h. Consejo de Estado a riesgo excepcional, lo anterior, bajo la consideración de que en esos eventos (concurrencia de actividades peligrosas), generalmente la prueba de la culpa es difícil, sin embargo la ponente de esta sentencia, con el debido respeto, se apartará del anterior criterio y, en consecuencia, en este tipo de casos adoptará la tesis de acuerdo con la cual, cuando se trate de la presencia coexistente de actividades que generan riesgo, el título de imputación deberá ser falla y correrá a cargo de la parte demandante la prueba de que en efecto, fue la actividad de la administración por algún tipo de inobservancia, la que concretó el riesgo, la conclusión anunciada se sostiene en las siguientes premisas:

— En la jurisprudencia en cita, se alude reiterativamente a conceptos como: “factores subjetivos vinculados con la transgresión de reglamentos; el desconocimiento del principio de confianza; la posición de garante; la vulneración al deber objetivo de cuidado, o el desconocimiento del ordenamiento entre otros” los que de por sí, implican la noción de “culpa”, “falla”, “inobservancia de reglamentos”, “deberes”, etc.

— Se impone al juzgador “determinar cuál de las dos actividades riesgosas concurrentes fue la que, en los términos causales o fácticos, desencadenó el daño, es decir, desde un análisis de imputación objetiva concluir a quien de los participantes en las actividades concluyentes le es atribuible la generación o producción del daño”. En otras palabras, el operador jurídico deberá determinar quien tuvo la “culpa” del suceso, puesto que, no de otra manera se puede presentar la concreción del riesgo, es decir, este último se presenta cuando alguno de los intervinientes en la especifica situación de alguna manera incurre en una falta, bien sea la transgresión de las leyes de tránsito, la elevación del riesgo permitido o cualquier otra.

— En todo caso, si se juzgan erróneas las anteriores apreciaciones, considera el despacho que, en este tipo de eventos, se impone una mayor carga probatoria al actor, en razón a que, la víctima asumió un riesgo, esto es, consciente de que la actividad de la que hacía parte o iba a desarrollar, representa un peligro ex ante o en otros términos se trata de una actividad que encierra un riesgo intrínseco, decide asumirla, lo que ocurre generalmente porque aquella es permitida a pesar de su peligro implícito en virtud de los beneficios que comporta, ejemplo típico del transporte, en consecuencia, si a la par de aquella, otra actividad de iguales características concurre y se genera un daño, el perjudicado o sus familiares deberán demostrar, por una parte, que aquel no es concreción del riesgo propio de la actividad que ejercía o en si defecto que es el producto de la culpa de la actividad peligrosa concurrente de la cual no hacía parte. Y en el plano de la responsabilidad estatal, considera la ponente que la sola circunstancia de que se presente un vehículo oficial no es argumento suficiente para imputar el daño, pues de lo contrario, se desconocería que la otra actividad (la ajena a la administración) también generaba riesgo y, por ello, es posible que el perjuicio sea consecuencia de esta y no de la actividad oficial”.

2.8.3. Análisis del caso en concreto.

Conforme con lo anterior, la Sala advierte que el Juez Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa y el Tribunal Administrativo de Nariño no desconocieron el precedente judicial del Consejo de Estado en materia de responsabilidad del Estado sobre la configuración de la falla del servicio en situaciones donde ocurren accidentes de tránsito en que se involucran vehículos oficiales, por las razones que pasan a exponerse a continuación:

La Sala observa que la sentencia de 10 de julio de 2013 (M. P. Hernán Andrade Rincón) no es aplicable al caso objeto de debate en el presente proceso, pues mientras que en dicha ocasión se discutía sobre la responsabilidad del Estado por el ejercicio de la actividad riesgosa de conducción de vehículos oficiales, por una colisión contra un árbol que ocasionó la muerte de una persona; en el proceso de reparación directa con número de Radicación 86001-33-31-001-2005-01223-01, se discutía si el Estado era responsable por las lesiones ocasionadas al señor Freddy Rudy Rojas Urrutia por la colisión de la moto en que se transportaba con un vehículo oficial de la Policía Nacional.

La Sala advierte que el Juez Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa y el Tribunal Administrativo de Nariño no desconocieron el precedente judicial del Consejo de Estado, en lo referente a las sentencias de 10 de julio de 2013 (M. P. Mauricio Fajardo Gómez), de 22 de enero de 2014 (M. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz), de 28 de enero de 2014 (M. P. Hernán Andrade Rincón (E)), de 29 de octubre de 2015 (M. P. Stella Conto Díaz del Castillo) de 29 de febrero de 2016 (M. P. Danilo Rojas Betancourth), de 16 de mayo de 2016 (M. P. Jaime Orlando Santofimio (E)) citadas por los señores Pedro Antonio Rojas Perafán, María del Carmen Urrutia de Rojas, Rosa Ruby Rojas Urrutia, Rosalba Rojas Urrutia, Rubén Darío Rojas Urrutia, Ayde Patricia Rojas Urrutia, Freddy Rudy Rojas Urrutia, Érica Minelly Rojas Urrutia y Diego Fernando Rojas Urrutia, pues si bien es cierto, todas desarrollan el tema de la responsabilidad del Estado con ocasión de una colisión entre un vehículo oficial y una motocicleta o bicicleta, lo cierto es, que dependiendo de cada caso en concreto, en cada sentencia se realizó el correspondiente estudio de imputación de responsabilidad del Estado bajo la figura de la falla del servicio o del riesgo excepcional, estudiando las pruebas allegadas al proceso para verificar respectivamente el incumplimiento de un deber legal de la administración o si la causa determinante del accidente se produjo con ocasión del ejercicio de la actividad peligrosa ejercida en el vehículo oficial, por lo que mal podría decirse que el estudio de responsabilidad del Estado realizado por el juez y el tribunal bajo la modalidad de falla del servicio en el caso del señor Freddy Rudy Rojas Urrutia, fuera contrario al análisis realizado en dichas providencias. 

En efecto, la Sala observa especialmente de la lectura de la sentencia de 22 de febrero de 2017, que el tribunal tenía conocimiento de que en varios casos en que se discutió la responsabilidad del Estado por lesiones con ocasión de accidentes de tránsito en que se involucran vehículos oficiales, el Consejo de Estado realizó el juicio de imputación de responsabilidad acudiendo a la teoría del riesgo excepcional, sin embargo, dentro de dicha providencia expuso con claridad y suficiencia los motivos por los que consideraba en el caso objeto de estudio debía aplicarse la teoría de la falla del servicio.

Asimismo, la Sala advierte que pese a que la sentencia de 10 de marzo de 1997 (M. P. Ricardo Hoyos Duque) hace referencia al régimen de imputación de falla presunta del servicio en los casos en que se presentan colisiones entre vehículos oficiales y motocicletas, de la revisión armónica de las sentencias citadas por los actores, no se desprende que dicha tesis estuviera vigente al momento de la expedición de las sentencias objeto de la presente acción de tutela, en tanto que las sentencias de 10 de julio de 2013 (M. P. Hernán Andrade Rincón), de 10 de julio de 2013 (M. P. Mauricio Fajardo Gómez), de 22 de enero de 2014 (M. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz), de 28 de enero de 2014 (M. P. Hernán Andrade Rincón (E)), de 29 de octubre de 2015 (M. P. Stella Conto Díaz del Castillo) de 29 de febrero de 2016 (M. P. Danilo Rojas Betancourth), de 16 de mayo de 2016 (M. P. Jaime Orlando Santofimio (E)) estudian la imputación jurídica bajo la figura de falla probada del servicio o del riesgo excepcional.

2.9. Conclusión.

En razón de lo anterior y comoquiera que se evidencia que Juez Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Mocoa y el Tribunal Administrativo de Nariño no incurrieron de defecto fáctico ni desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado en materia de responsabilidad del Estado por accidentes de tránsito de vehículos oficiales, la Sala denegará el amparo deprecado.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. NEGAR el amparo invocado por los señores Pedro Antonio Rojas Perafán, María del Carmen Urrutia de Rojas, Rosa Ruby Rojas Urrutia, Rosalba Rojas Urrutia, Rubén Darío Rojas Urrutia, Ayde Patricia Rojas Urrutia, Freddy Rudy Rojas Urrutia, Érica Minelly Rojas Urrutia y Diego Fernando Rojas Urrutia, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, por Secretaría General del Consejo de Estado, hágase devolución de los expedientes originales que hubiesen sido allegados en calidad de préstamo por otras dependencias judiciales.

3. Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto-Ley 2591 de 1991, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del veintitrés (23) de junio de dos mil diecisiete (2017).

Magistrados: Roberto Augusto Serrato Valdés—María Elizabeth García González—Hernando Sánchez Sánchez.

1 La acción de tutela fue presentada adicionalmente por: María del Carmen Urrutia de Rojas, Rosa Ruby Rojas Urrutia, Rosalba Rojas Urrutia, Rubén Darío Rojas Urrutia, Aydé Patricia Rojas Urrutia, Freddy Rudy Rojas Urrutia, Erica Minelly Rojas Urrutia y Diego Fernando Rojas Urrutia.

2 El señor Pedro Antonio Rojas Perafán y la señora María del Carmen Urrutia de Rojas presentaron la demanda de reparación directa en calidad de padres del señor Freddy Rudy Rojas Urrutia.

3 Los señores Rosa Ruby Rojas Urrutia, Rosalba Rojas Urrutia, Rubén Darío Rojas Urrutia, Ayde Patricia Rojas Urrutia, Érica Ninelly Rojas Urrutia y Diego Fernando Rojas Urrutia presentaron la demanda de reparación directa en calidad de hermanos del señor Freddy Rudy Rojas Urrutia.

4 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 10 de marzo de 1997. Rad.: 10080. Actora: Justina Timaná. M.P. Ricardo Hoyos Duque.

5 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 10 de julio de 2013. Rad.: 1900123310002000 03226 01. Actores: María del Mar Escorcia Ordoñez y otros. M.P. Hernán Andrade Rincón.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 10 de julio de 2013. Rad.: 52001-23-31-000-1998-00159-01. Actores: Pablo Fernando Angulo Pérez y otros. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 22 de enero de 2014. Rad.: 41001-23-31-000-1994-07642-01. Actores: Bleinder Diana Medina Pascuas y otros. M.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

8 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 28 de enero de 2014. Rad.: 52001-23-31-000-2002-00579-01. Actores: José Israel Bautista Rodríguez y otros. M.P. Hernán Andrade Rincón (E).

9 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 29 de octubre de 2015. Rad.: 20001-23-31-000-2003-00464-01. Actores: Loreto Carreño y Otros. M.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

10 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 29 de febrero de 2016. Rad.: 47001-23-31-000-2003-00935-01. Actor: Johan Alberto Mojica Quintero. M.P. Danilo Rojas Betancourth.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 16 de mayo de 2016. Rad.: 25000-23-26-000-2005-02323-01. Actores: Jorge Acevedo Moreno y Otros. M.P. Jaime Orlando Santofimio (E).

12 Consejo de Estado, Sala Plena, accionante Nery Germania Álvarez Bello, Rad. 2009-01328, M. P. María Elizabeth García González, el 31 de julio de 2012.

13 Corte Constitucional. Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Rad. T-619, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.

14 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

15 15 Sentencia del cinco (5) de agosto de 2014, M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. 1001-03-15-000-2012-02201-01, Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A., Demandado: Consejo de Estado - Sección Primera. En dicho pronunciamiento, en lo pertinente, se sostuvo: “Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto.
Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional”.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 10 de marzo de 1997. Rad. 10080. Actora: Justina Timaná. M. P. Ricardo Hoyos Duque.

17 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 10 de julio de 2013. Rad.: 1900123310002000 03226 01. Actores: María del Mar Escorcia Ordóñez y otros. M. P. Hernán Andrade Rincón.

18 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 10 de julio de 2013. Rad. 52001-23-31-000-1998-00159-01. Actores: Pablo Fernando Angulo Pérez y otros. M. P. Mauricio Fajardo Gómez.

19 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 22 de enero de 2014. Rad. 41001-23-31-000-1994-07642-01. Actores: Bleinder Diana Medina Pascuas y otros. M. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

20 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 28 de enero de 2014. Rad. 52001-23-31-000-2002-00579-01. Actores: José Israel Bautista Rodríguez y otros. M. P. Hernán Andrade Rincón (E).

21 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 29 de octubre de 2015. Rad. 20001-23-31-000-2003-00464-01. Actores: Loreto Carreño y Otros. M. P. Stella Conto Díaz del Castillo.

22 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 29 de febrero de 2016. Rad. 47001-23-31-000-2003-00935-01. Actor: Johan Alberto Mojica Quintero. M. P. Danilo Rojas Betancourth.

23 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 16 de mayo de 2016. Rad. 25000-23-26-000-2005-02323-01. Actores: Jorge Acevedo Moreno y Otros. M. P. Jaime Orlando Santofimio (E).

24 Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 2012. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 2011. M. P. Mauricio González Cuervo y T-535 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos.

25 Corte Constitucional.

26 Ibídem.

27 Cuaderno principal del proceso de reparación directa. Folio 15.

28 Cuaderno principal del proceso de reparación directa. Folios 16 a 21.

29 Cuaderno principal del proceso de reparación directa. Folio 22.

30 Cuaderno principal del proceso de reparación directa. Folios 83 a 84.

31 Cuaderno principal del proceso de reparación directa. Folio 85.

32 Cuaderno principal del proceso de reparación directa. Folio 86.

33 Cuaderno principal del proceso de reparación directa. Folio 87.

34 Cuaderno principal del proceso de reparación directa. Folios 106 a 142.

35 Cuaderno principal del proceso de reparación directa. Folios 97 a 100.

36 Cuaderno principal del proceso de reparación directa. Folio 144.

37 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 10 de marzo de 1997. Rad. 10080. Actora: Justina Timaná. M. P. Ricardo Hoyos Duque.

38 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 10 de julio de 2013. Rad. 1900123310002000 03226 01. Actores: María del Mar Escorcia Ordóñez y otros. M. P. Hernán Andrade Rincón.

39 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 10 de julio de 2013. Rad. 52001-23-31-000-1998-00159-01. Actores: Pablo Fernando Angulo Pérez y otros. M. P. Mauricio Fajardo Gómez.

40 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 22 de enero de 2014. Rad.: 41001-23-31-000-1994-07642-01. Actores: Bleinder Diana Medina Pascuas y otros. M. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

41 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 28 de enero de 2014. Rad.: 52001-23-31-000-2002-00579-01. Actores: José Israel Bautista Rodríguez y otros. M. P. Hernán Andrade Rincón (E).

42 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 29 de octubre de 2015. Rad. 20001-23-31-000-2003-00464-01. Actores: Loreto Carreño y Otros. M. P. Stella Conto Díaz del Castillo.

43 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 29 de febrero de 2016. Rad. 47001-23-31-000-2003-00935-01. Actor: Johan Alberto Mojica Quintero. M. P. Danilo Rojas Betancourth.

44 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 16 de mayo de 2016. Rad. 25000-23-26-000-2005-02323-01. Actores: Jorge Acevedo Moreno y Otros. M. P. Jaime Orlando Santofimio (E).

45 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

46 Sentencia T-760A de 2011. M. P. Juan Carlos Henao Pérez.

47 Sentencia del 13 de mayo de 2008, expediente T-1.806.953, C.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

48 Ver sentencias C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998.

49 Sentencia 13 de marzo de 2013. M. P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00. Sentencia 18 de abril de 2013. C. P. Marco Antonio Velilla Moreno. Rad. 11001-03-15-000-2012-01797-00.

50 Ibídem.

51 Sentencias T-1625 de 2000 y T-161 de 2010.

52 Ver, entre otras, sentencia 13 de marzo de 2013. M. P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. 11001-03-15-000-2012-02074-00. Sentencia 18 de abril de 2013. C. P. Marco Antonio Velilla Moreno. Rad. 11001-03-15-000-2012-01797-00.

53 “Sobre reformas judiciales”.

54 Corte Constitucional, sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001. Expediente D-3374. Actor: Carlos Alberto Maya Restrepo. M.P. Rodrigo Escobar Gil.

55 Corte Constitucional, Sentencia C-816 de 1º de noviembre de 2011. Exp. D-8473. Actor: Francisco Javier Lara Sabogal. M. P. Mauricio González Cuervo.

56 Corte Constitucional, Sentencia C-179 de 13 de abril de 2016. Exp. D-10973. Actora: Erika Nicole González Rojas. M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

57 En la Sentencia C-634 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, se concluyó que: “El respeto del precedente judicial por parte de las autoridades administrativas se fundamenta (i) en el respeto del debido proceso y del principio de legalidad en materia administrativa (Arts. 29, 121 y 122 C.P.); (ii) en el hecho que el contenido y alcance normativo de la Constitución y la ley es fijado válida y legítimamente por las altas cortes, cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante; (iii) en que las decisiones de las autoridades administrativas no pueden ser arbitrarias y deben fundamentarse de manera objetiva y razonable; (iv) en que el desconocimiento del precedente y con ello del principio de legalidad, implica la responsabilidad de los servidores públicos (Arts. 6º y 90 C.P.); y (v) en que las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas deben respetar la igualdad de todos ante la ley (art. 13 C. P.)”.

58 M. P. Mauricio González Cuervo. Énfasis por fuera del texto original.

59 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 23 de junio de 2010; Exp. 19007.

60 [7] Sobre el particular, pueden consultarse, entre muchas otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 10 de julio de 2003, Exp. 14.083, C. P. María Elena Giraldo; 3 de mayo de 2007, Exp. 16.180, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; 26 de marzo de 2008, Exp. 14.780, C. P. Ruth Stella Correa.

61 [9] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de mayo de 2007, exp. 16180, C. P. Ramiro Saavedra Becerra.

62 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 28 de julio de 2011, C. P. Danilo Rojas Betancourth, Rad. 27001-23-31-000-1994-02194-01 (20319), actor: Ricardo Mena Mena, demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación.

63 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 13 de agosto de 2008; Exp. 17042; C. P. Enrique Gil Botero.

64 Consejo de Estado; Sección Tercera; sentencia del 16 de septiembre de 1999; Exp. 10922. C. P. Ricardo Hoyos Duque.