SENTENCIA 2017-01474 DE SEPTIEMBRE 26 DE 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 11001-03-15-000-2017-01474-00

Actor: Carlos Libardo Gutiérrez Hernández

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A

Asunto: Acción de tutela. Fallo de primera instancia. Contra providencia judicial. IBL - Régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Fecha de configuración de estatus pensional. Reiteración(1).

Consejero Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Bogotá D.C., veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete.

«EXTRACTOS: II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por el señor Carlos Libardo Gutiérrez Hernández, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015.

2. Asunto bajo análisis.

De acuerdo con los antecedentes de la acción de tutela y las intervenciones durante el trámite de esta instancia, corresponde a la Sala determinar:

i. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y en caso de que se supere lo anterior;

ii. Si con la providencia judicial cuestionada, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de marras, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A vulneró alguno de los derechos invocados por el tutelante, de conformidad con los antecedentes de la presente acción.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012(15), unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales(16), y en ella concluyó:

“… si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Exp. AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”(17).

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “… fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia(18) a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo, procedencia sustantiva, y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto - procedencia adjetiva.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; y iii) inmediatez.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva.

4.1. Tutela contra tutela.

La Sala no encuentra reparo alguno frente a este requisito, pues a través de la presente acción constitucional se cuestiona una providencia judicial adoptada en segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-014-2013-00634-02.

4.2. Inmediatez.

Este juez constitucional evidencia que la presente acción se ejerció en un término razonable. Ello, por cuanto la providencia judicial se profirió el 2 de marzo de 2017 y notificada por correo electrónico el 29 de ese mismo mes(19), es decir, quedó ejecutoriada el 3 de abril siguiente y la tutela se radicó en la Secretaría General del Consejo de Estado el 9 de junio de 2017(20).

4.3. Subsidiariedad.

Finalmente, frente al tercer requisito aludido, esto es la subsidiariedad, para la Sala la accionante no dispone de otros medios de defensa judicial, ordinarios o extraordinarios, para cuestionar la providencia de marras, toda vez que no se configuran las causales establecidas para tal procedencia.

En el caso concreto, específicamente, no se cumple con los requisitos de procedencia del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, consagrado en el artículo 256 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, pues la estimación razonada de la cuantía en el proceso ordinario fue por $ 15.345.786,7(21), que para el año 2017(22), equivaldrían a 20,8 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo que no supera los 90 establecidos por el numeral primero del artículo 257 ídem.

5. Fondo del asunto.

Corresponde a esta Sala de Decisión establecer, en el sub judice, si tal y como lo sostiene la accionante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A incurrió, con su providencia de 2 de marzo de 2017, en el desconocimiento del precedente judicial erigido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, relativo a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993(23), y en especial de los beneficios que dicha norma acarrea para quien resulta ser beneficiario del régimen de transición que allí se contempla.

En ese orden, la parte actora estima que el régimen de transición conlleva la aplicación de los presupuestos de edad, tiempo o semanas de cotización y monto de la pensión —lo que incluye el Ingreso Base de Liquidación (IBL)— de los regímenes pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993, con fundamento en la tesis acogida por la Sección Segunda de esta Corporación, en sus sentencias de unificación de 4 de agosto de 2010(24) y 25 de febrero de 2016(25), por lo que tiene derecho a que su prestación de vejez sea liquidada teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados durante el último año de prestación del servicio.

En contraposición, la autoridad jurisdiccional accionada, así como la UGPP consideran que la transición no comporta el IBL, que debe regirse por los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicios y, específicamente, sobre los factores salariales sobre los cuales el beneficiario de la prestación económica efectuó aportes. Lo anterior con base en las decisiones C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 y otras, dictadas por la Corte Constitucional.

Toda vez que el problema jurídico relacionado con el desconocimiento del precedente judicial de la Sección Segunda del Consejo de Estado frente, en lo que atañe al IBL de los regímenes especiales aplicables por la transición consagrada en la Ley 100, ha sido abordado por esta Sala de Decisión en oportunidades anteriores(26), se procederá a reiterar integralmente la postura de la Sección Quinta en tales ocasiones, lo que implica amparar los derechos fundamentales del tutelante.

En efecto, al resolver los mismos cargos que ahora se analizan, formulados en contra del Tribunal Administrativo de Nariño, la sentencia de 22 de junio de 2017, con ponencia del Consejero Carlos Enrique Moreno Rubio(27), ratificó la posición de esta Sala de Decisión en la materia, por lo que se acogerán, in extenso, los planteamientos allí expresados, tal y como se sigue:

“Sobre el particular, la Sala debe advertir, a la luz del principio de transparencia, y con el fin de salvaguardar los derechos pensionales adquiridos de los ciudadanos, que el criterio adoptado en asuntos similares al presente se rectificó(28), no en lo que respecta a la supremacía de las decisiones de la Corte Constitucional, sino frente a las situaciones a las cuales se le debe aplicar el respectivo precedente.

(…).

Así las cosas, se encuentra que el criterio reiterado de esta Sección(29) se circunscribía a que debía acatarse la regla que fijó la Corte Constitucional en la Sentencia de C-258 de 2013 y que hizo extensiva en la SU-230 de 2015 al resto de los regímenes especiales de pensión, que consiste en que el IBL no es un aspecto sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Lo anterior deviene del carácter prevalente de los precedentes constitucionales y la doctrina que ellos envuelven. Por ello, se tiene que la jurisprudencia dictada en sede constitucional es: i) fuente de derecho en el ordenamiento nacional y ii) precedente para el ejercicio de la función judicial. Y estos, a la vez, están determinados por la obligatoriedad del precedente constitucional para los jueces y su desconocimiento como causal de procedibilidad de la acción de tutela.

De manera que, a partir de la sentencia de la Corte Constitucional SU-230 de 2015, corresponde a las autoridades administrativas y judiciales, independientemente del régimen especial, calcular el IBL de los beneficiarios del régimen de transición, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo a los parámetros fijados por dicha Corporación en el numeral 4.3.6.3 de las consideraciones de la Sentencia C-258 de 2013, también lo es, que la resolución de cada caso concreto, en observancia de dicho lineamiento, depende del momento en que se causó el derecho pensional.

Así las cosas, las pautas fijadas por la aludida Corporación en las sentencias citadas, por regla general, son de obligatorio cumplimiento por todos los operadores judiciales desde el momento mismo de su conocimiento, pues, la primera, estableció la “coherencia de una norma con la Constitución Política” y, la segunda, “unificó el alcance e interpretación de un derecho fundamental para casos que tengan un marco fáctico similar y compartan problemas jurídicos”.

Por tanto, el precedente de la Corte Constitucional en materia del IBL, en principio, opera desde el momento mismo en que se conoce de la decisión de unificación, pues con ella se hizo extensible la conclusión frente al examen de constitucionalidad para todos los regímenes pensionales.

Sin embargo, por involucrar derechos adquiridos(30), ese carácter vinculante que se predica de las sentencias emitidas por el máximo órgano constitucional, debe aplicarse en atención al principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, dentro del cual se encuentran las garantías establecidas en el artículo 53 de la Constitución Política(31).

Ahora, en virtud de la autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones, se puede considerar que, en aplicación del principio de favorabilidad en materia laboral, contemplado en el artículo 53 Superior, la jurisprudencia vigente para el caso concreto es aquella emitida al momento en que se causó el derecho”(32).

Se desprende entonces del aparte trascrito que el carácter obligatorio, vinculante y preponderante de la jurisprudencia constitucional en el orden jurídico interno, encuentra como garante a la Sección Quinta del Consejo de Estado, pues reconoce, en la materia, que, a partir de la sentencia de unificación 230 de 2015, las autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales deben computar la base de liquidación de las referidas prestaciones económicas, de conformidad con los parámetros y presupuestos contenidos en el sistema general de pensiones, sin perjuicio de que la observancia de este lineamiento deba ser determinada en cada caso concreto, teniendo como referente la causación del derecho pensional en favor del ciudadano.

En otros términos, el punto de inflexión, para determinar la intelección jurisprudencial a la cual deben ser sometidos los diferentes asuntos en los que se ventila el IBL aplicable a los beneficiarios del régimen de transición pensional, está en la génesis del derecho prestacional de la persona que acude a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con el propósito de solicitar la reliquidación de su mesada pensional.

Lo anterior, conlleva que, en el asunto de autos, esta Sala de Decisión deba establecer la preponderancia de la tesis jurisprudencial, entre aquella del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, vigente para el momento en que la accionante adquirió el status pensional, a saber, el 3 de enero de 2002(33).

La respuesta a este interrogante puede ser absuelta si se toma en cuenta la literalidad de la propia sentencia de unificación SU-230 de 2015, que admite, con absoluta firmeza, que la posición pretoriana vigente, con anterioridad, a la Sentencia C-258 de 2013, era aquella según la cual el régimen de transición acarreaba en favor de los beneficiarios del mismo, la aplicación del IBL plasmado en el régimen especial del cual era titular, con lo que se exceptuaban los parámetros erigidos en la materia por parte de la Ley 100 de 1993.

En palabras de la Corte Constitucional:

“En síntesis, son tres los parámetros aplicables al reconocimiento de las pensiones regidas por normas anteriores a la Ley 100 de 1993, los que a su vez constituyen el régimen de transición:

(i) La edad para consolidar el acceso al beneficio prestacional.

(ii) El tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas para el efecto.

(iii) El monto de la misma.

Estos son aplicables a las personas que al 1º de abril de 1994, tuvieran la edad de treinta y cinco (35) años en el caso de las mujeres; cuarenta (40) años o más en el evento de los hombres; o quince (15) o más años de servicios en cualquier caso.

Ahora bien, respecto de la aplicación de los dos primeros lineamientos no ha existido ningún tipo de controversia. Sin embargo, el tercer aspecto, esto es, la noción de “monto”, ha sido objeto de amplios debates a nivel doctrinario y jurisprudencial.

Por su parte, la Corte Constitucional ha indicado que cuando se trata de pensiones de regímenes especiales aplicables por transición, como por ejemplo el de los empleados de la Rama Judicial o el de los servidores públicos regidos por la Ley 33 de 1985, entre otros, el concepto de monto debe comprender tanto el porcentaje aplicable como la base reguladora señalada en dicho régimen, ya que resultaría quebrantado el principio de inescindiblilidad de la norma si se liquidara el monto de las mesadas pensionales de conformidad con lo consagrado en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Precepto este que solo resultaría aplicable en el evento en que el régimen especial hubiese omitido fijar el método de encontrar la base reguladora”(34).

(…)

Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013(35) fijó el precedente que debe ser aplicado al caso que se estudia, en cuanto a la interpretación otorgada sobre el monto y el ingreso base de liquidación en el marco del régimen de transición, y por ende, a todos los beneficiarios de regímenes especiales”.

De esta manera, la posición jurisprudencial vigente para el momento en que la accionante adquirió su status pensional —3 de enero de 2002— consistía en admitir que, producto del principio de la inescindibilidad de la normatividad en materia prestacional, el régimen de transición, del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, comportaba no sólo la aplicación en favor suyo de los requisitos para el reconocimiento del derecho —edad y tiempo de servicio o semanas de cotización— sino el monto consagrado en el régimen pensional anterior. Dicho monto correspondía tanto a la tasa de retorno como a la base de liquidación, la cual, en lo que respecta a los empleados públicos, comprendía la inclusión de todos los factores salariales devengados por éstos en el último año de servicio, de conformidad con el régimen especial del Departamento de Seguridad (DAS)(36), tesis acogida en las sentencias de unificación de la Sección Segunda que la parte actora alega como desconocidas por la autoridad jurisdiccional accionada.

Lo anterior, se traduce entonces en la prevalencia de la jurisprudencia propia del órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, previa a la expedición de la sentencia de unificación por parte de la Corte Constitucional —que extendió los efectos de la Sentencia C-258 de 2013 al conjunto de regímenes especiales en el sistema jurídico colombiano— comoquiera que se trató de la tesis vigente para la época en que la aquí demandante adquirió su derecho prestacional, tal y como se desprende de la literalidad de la propia SU-230 de 2015.

Bajo este panorama y, descendiendo al caso en concreto, se tiene que, en la providencia de 2 de marzo de 2017, el 3 de marzo de 2017 planteó el siguiente problema jurídico para absolver el cuestionamiento elevado con el recurso de apelación en contra de la sentencia de 29 de abril de 2015, proferida por el Juzgado Único Administrativo de Mocoa:

“De conformidad con la relación fáctica, pruebas, pretensiones involucradas en la demanda y el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, esta Corporación tiene por objeto y finalidad establecer sí la pensión de jubilación reconocida a la parte actora se debe reliquidar aplicando el régimen especial del Decreto 1933 de 1989, es decir, con el 75% de lo que se devengó en el último año de servicios; además cuáles son los factores que deben incluirse al calcular el monto pensional”(37).

Como respuesta a éste, la autoridad jurisdiccional accionada expuso(38):

“(…)

2.5.3. Aplicación del precedente al caso concreto

Así las cosas, la regla que fijó la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 y que hizo extensiva en la SU-230 de 2015 consiste en que el ingreso base de liquidación no era un aspecto sujeto a transición y, por tanto, existe sujeción sobre esta materia a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, a quienes son beneficiarios del régimen de transición establecido en la mencionada ley se les calculará el IBL con base en lo dispuesto por la Ley 100 de 1993, esto es, con el promedio de los factores salariales devengados durante los últimos 10 años de servicio”.

Finalmente, el año pasado esa misma Sección, con fundamento en lo anteriormente expuesto, profirió un fallo de segunda instancia en un proceso de tutela por desconocimiento del precedente judicial de la Sentencia SU-230 de 230 {sic}, revocando la decisión denegatoria y ordenando a la Sección segunda del honorable Consejo de Estado, amparar los derechos de la UGPP11(sic).

Recientemente la Sala Plena de la Corte Constitucional en Sentencia SU-427 del 11 de agosto de 201612(sic) reiteró que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra un régimen de transición con el fin de salvaguardar las expectativas legítimas que pudieran verse afectadas con la creación del sistema general de seguridad social, y que dicho beneficio consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación.

Partiendo entonces del presupuesto anterior, según el cual el IBL no es un elemento del régimen de transición, se modifica la postura del Tribunal en el sentido de considerarse que la liquidación debe hacerse con el promedio de los salarios devengados “que sirvieron de base para los aportes” durante los últimos 10 años, o el promedio de lo devengado en el tiempo que le haga falta para adquirir el derecho o el cotizado durante todo el tiempo, si fuere superior, cuando le falte menos de 10 años.

La parte actora pretende por el contrario tanto en vía gubernativa como en el escrito de demanda, que la liquidación de su mesada pensional se haga con fundamento en el régimen especial del DAS; por lo que, de conformidad con las consideraciones ya expuestas, se revocará la decisión de primera instancia que concedió las pretensiones de la demanda; y en su lugar, se denegaran, toda vez que examinado el expediente se advierte que la pensión de jubilación de la parte actora fue reconocida a partir del cumplimiento los requisitos de 20 años al servicio del estado y 55 años de edad, en un porcentaje del 75% (monto), con el IBL del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta exclusivamente los factores salariales sobre los cuales se aportó; es decir, de conformidad con la posición esta Sala, por lo que se considera que los actos administrativos demandados fueron expedidos de conformidad con la normatividad aplicable al sub lite(39).

Así las cosas, encuentra la Sala que, en el asunto de autos, se configura el desconocimiento del precedente judicial alegado, esto debido a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A no consideró, para la aplicación de las reglas normativas que se desprenden del precedente constitucional mencionado, el momento en que se consolidó el derecho pensional, lo que conllevaba concluir que las mismas no le eran oponibles al tutelante.

En concordancia con lo anterior, la Sala concluye que la autoridad judicial cuestionada, si bien conoció y respetó las reglas que, respecto al tema que nos ocupa, fijó la Corte Constitucional en las sentencias C-258 del 2013; la SU-230 de 2015 y SU-427 de 2016, lo cierto es que no tuvo en cuenta que su aplicación dependía entonces de la época en que se consolidó el derecho pensional de la persona(40), momento que, valga señalar, se enmarcaba por el precedente jurisprudencial fijado por la Sección Segunda del Consejo de Estado, contenido en la sentencia de 4 de agosto de 2010, C.P. Víctor Alvarado Ardila(41).

Aunado a lo anterior, es preciso poner de presente que el Tribunal tutelado, de conformidad con los artículos 228, 230, 241 y 243 de la Constitución Política de Colombia, goza de autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones y, en sus providencias, solo está sometido al imperio de la ley, pero ello debe ocurrir sin que se vean irrespetados los derechos del pensionado, quien logró materializar de manera legal su derecho pensional y, por ello, mal podría aplicarse de forma retroactiva una tesis sobre la interpretación normativa del régimen de transición propuesta años después de la consolidación de su derecho.

Ahora bien, no pasa por alto esta Sala de Decisión el hecho de que en un comunicado de prensa del pasado 22 de junio del presente año, la Corte Constitucional informó de la expedición de la sentencia de unificación 395 de 2017, en la que concluyó que la Sección Segunda del Consejo de Estado había incurrido, con ocasión de ciertos de sus fallos, en defecto sustantivo y en vulneración directa de la Constitución, pues debía entenderse que el IBL no era uno de los beneficios que acarreaba el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sin que se conozcan los pormenores de la decisión, pues la misma no ha sido publicada en la página web de la Corte Constitucional —medio de difusión de las providencias que profiere el Alto Tribunal constitucional, tal y como lo ha sostenido su relatoría en requerimientos hechos por esta Sección(42)— por lo cual no puede ser tenida en cuenta para resolver el presente asunto, hasta tanto no sea publicitada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso del accionante Carlos Libardo Gutiérrez Hernández, consagrados en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política, respectivamente.

2. Dejar sin efectos la sentencia de 2 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-014-2013-00634-02, que promovido contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

3. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que, en el término de treinta (30) días siguientes a la notificación de la presente providencia, profiera una nueva decisión, dentro del proceso en cita, en atención de las consideraciones expuestas en esta sentencia.

4. Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

5. En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

6. Devolver el expediente ordinario allegado en calidad de préstamo, de conformidad con el oficio visible a folio 135 del expediente.

Notifíquese y cúmplase».

1 Sobre la materia se pueden consultar los siguientes fallos de tutela de esta Sección, preferidos durante el presente año: julio 19, rad. 11001-03-15-000-2017-01588-00, Accionante: Martha Cecilia Cerón, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; marzo 30, tutela 11001-03-15-000-2016-03732-01, Actor: José Efraín Córdoba Caicedo, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; marzo 23, exp. 11001-03-15-000-2016-03366-01, Tutelante: Martha Nelly Benavides Noguera, C.P. Ídem.

15 Sala Plena, Consejo de Estado, Ref.: exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello, C.P. María Elizabeth García González.

16 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.

17 Negrilla con subrayado no es del texto original.

18 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.

19 Fls. 215-217, del expediente ordinario allegado en calidad de préstamo (en adelante exp. ord.).

20 Fl. 1.

21 Fl. 38, exp. ord.

22 Decreto 2209 del 30 de enero de 2016, publicado en el Diario Oficial, año CLII, Nº 50102, página 580. Fijó el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2017 en $ 737.717.

23 Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley”.

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, rad. 25000-23-25-000-2006-07509-01, C.P. Víctor Alvarado Ardila.

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, rad. 25000-23-42-000-2013-01541-01, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 6 de abril de 20174, rad. 11001-03-15-000-2016-03241-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez, Actora: Ana Isabel Luna Caicedo, Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño.

27 Rad. 11001-03-15-000-2016-03469-01.

28 “Sentencia del 30 de marzo de 2017, Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2016-03732-01”.

29 “Sentencias de tutela proferidas durante el año 2016: 25 de febrero, tutela 11001-03-15-000-2016-00103-00; 7 de abril, rad. 11001-03-15-000-2015-03415-01; 19 de mayo, exp. 11001-03-15-000-2016-00225-01; en todos ellos el actor fue Pensiones de Antioquia y el C.P. Alberto Yepes Barreiro.
-7 de abril de 2016, rad. 11001-03-15-000-2016-00100-00 y accionante Pensiones de Antioquia; 16 de junio de 2016, exp. 11001-03-15-000-2016-00127-01 y demandante la UGPP; ambas con ponencia de la M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez”.

30 “Y en consonancia con lo dispuesto en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por Colombia mediante Ley 16 de 1972 y el artículo del 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado por Ley 74 de 1968”.

31 “ART. 53.—El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores”.

32 Énfasis propio.

33 Fl. 3, exp. ord.

34 “Sentencia T-386 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil”.

35 “M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chlajub”.

36 Contenido en los decretos 3135 de 1968; 1848 de 1969; 1045 de 1978; 451 de 194 y el 1933 de 1989. Fls. 1 y 30, exp. ord.

37 Fl. 197, exp. ord.

38 Fls. 208-209, ídem.

39 Negrillas y cursiva del original.

40 A esta misma conclusión arribó la Sala en los expedientes de tutela 2016-03732-01, sentencia del 30 de marzo del 2017; y expediente 2016-03366-01, sentencia del 23 de marzo del 2017.

41 Expediente 2500-23-25-000-2006-07509-01, Actor: Luis Mario Velandia. Por otro lado, se recomienda consultar el fallo de tutela proferido por esta Sección el 2 de mayo de 2017, exp. 11001-03-15-000-2017-00770-00, Actor: Joselín Castro Antolinez, C.P. Rocío Araujo Oñate, donde se analizó el desconocimiento de sentencia de unificación sobre prima de riesgo para detectives del DAS como factor salarial.

42 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, rad. 11001-03-15-000-2015-02564-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Actor: Ministerio de Defensa Nacional. En este mismo orden, ver: Rad. 11001-03-15-000-2015-01371-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.