Sentencia 2017-01716 de diciembre 1º de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Magistrado Ponente:

Ariel Salazar Ramírez

Rad.: 11001-02-04-000-2017-01716-01

(Aprobado en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete)

Bogotá, D.C., primero (01) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acción de tutela promovida por Jorge Eliécer Rueda Velásquez, contra la Sala de Casación Laboral de esta corporación; trámite al que se vinculó a la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y al Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión de la misma ciudad, así como a las partes e intervinientes en el proceso objeto de queja constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. La pretensión

El accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social, igualdad, debido proceso (principios de confianza legítima, seguridad jurídica y buena fe) y acceso a la administración de justicia, que considera vulnerados por los accionados con ocasión de los fallos emitidos en el juicio fuente del reclamo, dado que absolvieron a EMCALI EICE ESP de reliquidar el monto de la mesada pensional que le fue reconocida por vejez.

En consecuencia, pretende que se tutelen los derechos fundamentales invocados, se declaren sin valor ni efecto los pronunciamientos cuestionados para que, en su lugar, las accionadas profieran una nueva decisión ajustada a la legalidad [fls. 1-10, cdno. 1].

B. Los hechos.

1. El 4 de abril de 2004, las Empresas Municipales de Cali, EMCALI, EICE-ESP y SINTRAEMCALI depositaron ante el Ministerio de Protección Social la convención colectiva de trabajo, con vigencia entre el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2008.

2. Jorge Eliécer Rueda Velásquez demandó a las Empresas Municipales de Cali, Emcali, EICE-ESP, para que se reliquide el monto de su pensión de jubilación, con el propósito de que se incluyeran las primas de antigüedad y de vacaciones recibidas el 15 de junio de 2004, junto con los incrementos y le cancelaran indexadas las diferencias resultantes.

3. EMCALI se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones de falta de jurisdicción y competencia, prescripción, presunción de legalidad, pleito pendiente, inexistencia del derecho y pago.

4. En sentencia de 30 de noviembre de 2007, el Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión del Circuito de Cali declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y de pago de lo no debido, por ende, negó las pretensiones de la demanda.

5. La aludida decisión fue recurrida en apelación por el promotor.

6. En fallo de 12 de marzo de 2009, la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Cali, confirmó la determinación de primer grado.

7. Inconforme, el actor propuso el recurso extraordinario de casación.

8. La Sala de Casación Laboral de esta corporación, en providencia de 19 de julio de 2011, resolvió no casar la sentencia impugnada, con fundamento en que el fallador de segundo grado no incurrió en el desatino fáctico que le señala el impugnante, pues el parágrafo transitorio del artículo 28 convencional 2004-2008 aclaró que “las primas de vacaciones, de antigüedad,.....factores de salario que dejaron de serlo y que hayan sido pagados al trabajador «antes de la firma de la presente convención colectiva de trabajo» sí constituirán factor de salario para todas las liquidaciones...” , por tanto, si la convención se firmó el 4 de mayo de 2004 y las primas de vacaciones y de antigüedad le fueron pagadas en junio de 2004, es evidente que estos rubros no hacen parte de la liquidación de la pensión.

9. El accionante considera que se vulneraron los derechos invocados con ocasión de los fallos emitidos en el juicio cuestionado, toda vez que constituyen vía de hecho al desconocer el precedente judicial sobre la materia, trazado por la Corte Constitucional, a través de los pronunciamientos SU-1185-2001 y SU-241-2015.

De igual manera, estimó que se le vulneró el derecho a la igualdad, dado que, en otros casos, la Sala tomó decisiones distintas con un tratamiento discriminatorio frente a situaciones que se muestran sustancial y fácticamente iguales.

C. El trámite de la primera instancia.

1. Por auto del 9 de octubre de 2017, se admitió la acción de tutela, se ordenó enterar a los accionados y vincular a los intervinientes del proceso objeto de reclamo constitucional [fls. 52-53, cdno. 1].

2. Dentro de la oportunidad concedida, la Sala de Casación Laboral de esta corporación solicitó negar la salvaguarda deprecada, de un lado, en razón a que la sentencia de 19 de julio de 2011 se ajusta a derecho, y del otro, porque la petición no atiende el principio de la inmediatez, pues han transcurrido más de seis años desde la emisión de la decisión cuestionada.

Por su parte, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali remitió copia de la sentencia emitida por la Sala de Descongestión de esa Corporación, en la que se plasmaron los fundamentos de derecho que soportaron la decisión tomada, a los cuales se remitió para el ejercicio de su derecho de contradicción y defensa.

Entre tanto, la empresa EMCALI EICE-ESP pidió negar el amparo, puesto que no se cumple con el presupuesto de la inmediatez, ya que existe una tardanza injustificada al impugnar las providencias judiciales en mención, así que se torna improcedente la protección constitucional implorada.

3. En sentencia de 19 de octubre de 2017, la Sala de Casación Penal de esta corporación denegó el amparo al considerar que las decisiones censuradas no pueden ser calificadas como arbitrarias o irracionales, en la medida en que tienen como fundamento una acertada interpretación y aplicación de la normatividad que consagra la prestación social cuya inclusión como factor salarial pretendía el reclamante, por consiguiente, cualquier inconformidad al respecto puede activar el medio de control de reparación directa ante la jurisdicción contencioso administrativa para que sea indemnizado por el menoscabo que el actor dice haber percibido [fls. 92-102, cdno. 1].

4. Inconforme con esta determinación, el peticionario la impugnó, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en su escrito inicial e hizo énfasis en que no se puede desconocer el principio de favorabilidad en materia laboral, previsto en el artículo 53 de la Constitución Política [fls. 111-118, cdno. 1].

II. CONSIDERACIONES

1. De manera invariable la jurisprudencia de esta Corte ha señalado que, por regla general, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, sólo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneración a los derechos fundamentales de los asociados.

Pero en cualquier caso su eventual concesión estará supeditada a la verificación de ciertas condiciones de procedibilidad, entre las cuales se encuentra el cumplimiento de los requisitos de subsidiaridad e inmediatez.

En cuanto al cumplimiento de este último presupuesto, advierte esta Sala, que aunque la acción se dirige contra la sentencia dictada el 19 de julio de 2011 por la Sala de Casación Laboral de la Corte, donde se le negó al accionante la pretensión de reliquidar su pensión con base en lo normado en el artículo 48 de la convención colectiva de trabajo 2004-2008, suscrita entre EMCALI EICE-ESP y SINTRAEMCALI, en concordancia con el artículo 104 de la convención colectiva de trabajo 2000-2003, lo cierto es que por tratarse de un derecho pensional, el cual tiene carácter imprescriptible e irrenunciable, su vulneración siempre será actual, tal como lo estableció la Corte Constitucional en la Sentencia SU-1073 de 2012, al señalar que:

«En lo que tiene que ver con el requisito de inmediatez, la acción de tutela resulta procedente en todos los casos estudiados, pues: (i) a pesar del paso del tiempo, es claro que conforme a la jurisprudencia de esta corporación, las mesadas pensionales son imprescriptibles y (ii) la jurisprudencia constitucional ha referido que esta característica hace que la vulneración tenga el carácter de actual, incluso luego de pasados varios años de haberse proferido la decisión judicial. 

En cuanto a la imprescriptibilidad del derecho a la indexación de la primera mesada pensional y su relación con el requisito de la inmediatez, señaló la Corte Constitucional en Sentencia T-042 de 2011 que la negativa a su reconocimiento “(...) puede originar la vulneración, amenaza o desconocimiento de un derecho que implica una prestación periódica, por lo que su afectación, en caso de presentarse alguna, se habría mantenido durante todo el tiempo, siendo soportada incluso hoy en día por los ex trabajadores y ahora pensionados de la accionada. Son estas las razones que llevan a la Sala a concluir que la vulneración señalada, en caso de presentarse, tiene un carácter de actualidad, lo que confirma que en esta específica situación se cumple con el requisito de la inmediatez y, por consiguiente, se satisfacen los presupuestos exigidos para declarar procedente la acción”. 

En este sentido, se debe entender que los casos objeto de análisis de la presente providencia, cumplen con este requisito general de procedibilidad de la acción de tutela, puesto que todos los accionantes tienen una pensión de vejez reconocida, y están viendo negado su derecho a la indexación de su primera mesada pensional. Es así como, tratándose de un derecho fundamental imprescriptible, y habiendo cumplido los accionantes con el requisito de acudir previamente a la jurisdicción ordinaria, no entrará a analizar la Corte el tiempo transcurrido entre las decisiones que negaron el derecho a la indexación y la presentación de la acción de tutela por parte de los accionantes, pues en este caso se debe entender que la afectación al derecho fundamental tiene un carácter de actualidad». 

Con fundamento en lo anterior, la Sala estima satisfecho el requisito de procedibilidad de la acción a que se ha hecho alusión y reconsidera el criterio que al respecto se expuso en la sentencia de tutela dictada el 2 de octubre de 2015, dentro del radicado 11001-02-04-000-2015-01594-01 (STC13449-2015), por tratarse de un asunto de análogas características al que es objeto de pronunciamiento.

2. En relación con la prerrogativa superior a la igualdad por vía de la aplicación del precedente jurisprudencial, el máximo órgano de la justicia constitucional ha precisado que cuando se resuelven casos semejantes de manera disímil, se incurre en desconocimiento a esa garantía fundamental:

«...La Sentencia C-816 de 2011[37] recuerda la línea jurisprudencial sobre la obligatoriedad de la jurisprudencia y los límites de los órganos de cierre jurisdiccional. Retoma las tensiones con la autonomía judicial y enfatiza en el respeto a la igualdad como fundamento de la vinculatoriedad del precedente. La Sentencia T-918 de 2010[38] muestra un panorama de la jurisprudencia vigente en esas materias y recuerda que, de conformidad con los artículos 228 y 230 de la Constitución, los jueces gozan de autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones.

En ese sentido, la autonomía judicial en el proceso de interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta, uno de sus principales límites se encuentra en el derecho de toda persona a recibir el mismo tratamiento por parte de las autoridades judiciales[39] que supone igualdad en la interpretación y en la aplicación de la ley.[40] En efecto, existe un problema de relevancia constitucional “cuando en franco desconocimiento del derecho a la igualdad, con base en la prerrogativa de la autonomía e independencia de la función judicial[41], los jueces adoptan decisiones disímiles frente a casos semejantes[42]”.

Sobre el punto dijo la Sentencia T-698 de 2004[43] que la contradicción en sede judicial impacta gravemente la seguridad jurídica, en tanto que 

“[...] los fallos de las autoridades llamadas a asegurar la protección de los derechos de las personas, o llamadas a definir la interpretación normativa para casos concretos, delimitan parte del engranaje del ordenamiento jurídico. De allí que, sentencias contradictorias de las autoridades judiciales en circunstancias en que aparentemente debería darse un trato igualitario, generan indefinición en elementos del ordenamiento y favorecen la contradicción o el desconocimiento del derecho a la igualdad de los asociados”. 

Las decisiones judiciales contradictorias no sólo vulneran el derecho a la igualdad, también comprometen los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y buena fe[44]. La Sentencia SU-120 de 2003[45], se refirió al asunto en cuanto a la labor de unificación de jurisprudencia que ejerce la Corte Suprema de Justicia que pretende dar consistencia al ordenamiento jurídico y que debe ser considerada: 

“i) como una muestra fehaciente de que todas las personas son iguales ante la ley —porque las situaciones idénticas son resueltas de la misma manera—, ii) como un presupuesto indispensable en el ejercicio de la libertad individual —por cuanto es la certeza de poder alcanzar una meta [sic] permite a los hombres elaborar un proyecto de vida realizable y trabajar por conseguirlo—, y iii) como la garantía de que las autoridades judiciales actúan de buena fe, porque no asaltan a las partes con decisiones intempestivas, sino que, en caso de tener que modificar un planteamiento, siempre estarán presentes los intereses particulares en litigio”. 

(...) 

De la recopilación anterior surge una síntesis de argumentos que soportan el carácter vinculante del precedente judicial: 

26.1. El principio de igualdad es vinculante y exige que supuestos fácticos iguales tengan la misma consecuencia jurídica; 

26.2. El principio de cosa juzgada contribuye a la seguridad jurídica y a la previsibilidad de la interpretación, pues debe existir un grado de certeza razonable sobre las decisiones futuras; 

26.3. La autonomía judicial no puede desconocer la naturaleza reglada de la decisión judicial. Por eso debe armonizar los conceptos centrales sobre el rol del poder judicial que se encuentren involucrados; 

26.4. Los principios de buena fe y de confianza legítima imponen a la administración la necesidad de otorgar a la ciudadanía un grado de seguridad y consistencia en las decisiones a fin de cumplir con el objetivo de lograr protección jurídica; y 

26.5. Es necesario un mínimo de coherencia interna que de racionalidad al sistema jurídico[51]» (C.C. SU-241 de 2015).

Ahora bien, en torno al papel que cumple el tribunal de casación en la guarda de los derechos constitucionales de quienes someten sus conflictos a la consideración de la administración de justicia, la jurisprudencia constitucional le ha reconocido un valor de altísima importancia, dada la necesidad de que las personas tengan cierta certeza acerca de que serán tratados de manera igualitaria en la resolución de sus asuntos, siempre que éstos guarden simetría con otros fallados con antelación:

«“El recurso de casación, en su base política y jurídica, tiene por objeto velar por la recta y genuina aplicación e interpretación de la ley, corrigiendo la infracción de la misma, y logrando en esta misión, al ser ejercida por un mismo y sólo tribunal, la uniformidad de la jurisprudencia. Esta finalidad de interés público, el respeto de la ley, sobrepasa en importancia a aquella otra de orden privado, cual es la reparación de los agravios que se puede inferir a las partes con las resoluciones violatorias de la ley (C-252 de 2011(1)). 

De conformidad con esta comprensión, el recurso extraordinario de casación no es “sólo un mecanismo procesal de control de validez de las providencias judiciales, sino que se constituye en un elemento esencial en la aplicación igualitaria de la ley, en la defensa de la legalidad y en la garantía de la vigencia de la Constitución, incluidos los derechos fundamentales”(2). 

Por eso, esta corporación ha resaltado el deber que tienen las diversas salas de casación de hacer realidad los derechos fundamentales de los recurrentes a través de la superación de “la concepción formalista de la administración de justicia vinculada al simple propósito del respeto a la legalidad, por una concepción más amplia y garantista, en la cual la justicia propende por el efectivo amparo de los derechos de los asociados”(3). Sobre el nuevo paradigma de la casación como dispositivo de justicia material 

(...) 

Del recuento anterior pueden extraerse varias conclusiones sobre la jurisprudencia constitucional vigente en las materias referidas en este caso: las convenciones colectivas son normas y por tanto en su interpretación resulta aplicable el principio de favorabilidad. Además, se configura una violación del derecho a la igualdad si no se respeta el precedente o si los operadores judiciales se alejan del mismo sin la suficiente motivación —que debe ser explícita y razonada— ya sea que se trate del precedente horizontal o del vertical. La generación y el acatamiento del precedente ostentan particularidades en el caso de los órganos de cierre, como la Corte Suprema de Justicia, por la relevancia sistémica de sus funciones que también incluyen la materialización de los derechos fundamentales. En efecto el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria debe aplicar los principios de igualdad frente a la ley, buena fe y confianza legítima a través de sus fallos; unificar la jurisprudencia en el marco de sus competencias; dar seguridad jurídica a la ciudadanía y velar por la efectividad de los derechos fundamentales a través del conocimiento del recurso extraordinario de casación» (Sent. SU-241 de 2015).

En esta materia, de manera más detallada, la Corte Constitucional puntualizó lo siguiente, acerca de la naturaleza jurídica de las Convenciones Colectivas de Trabajo y la labor de interpretación de los Jueces, al aplicarlas:

«Por tener la convención colectiva un claro contenido regulador y constituir sus cláusulas derecho objetivo, la misma adquiere el carácter de fuente formal del derecho. No obstante, por razón de su contenido, se considera que es una norma jurídica de efecto restringido, aplicable tan sólo a las partes firmantes del acuerdo y eventualmente a otros trabajadores de la empresa. El alcance normativo de la convención colectiva, que se proyecta al contenido propio de los contratos de trabajo, se genera según la clase de sindicato que interviene en la negociación, por tal motivo, puede ser de empresa, industria, gremial o de oficios varios, siguiendo las definiciones que para el efecto señala el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo, pero nunca va a tener un alcance nacional, toda vez que este efecto se reserva para la ley. Al tratarse de una norma jurídica, la convención se convierte en fuente del derecho laboral, es decir, en el precepto regulador de las relaciones laborales. 

(...) 

La convención colectiva no pierde su carácter de fuente formal de derecho y por lo tanto de norma jurídica, por el mero hecho de ser aportada como prueba en un proceso judicial. Es importante resaltar, que la finalidad de la prueba es verificar la existencia de un acto jurídico, como lo es la convención colectiva, pero una vez se ha probado y determinado la existencia y contenido de este acto normativo, sus efectos obligatorios y generales no son susceptibles de ser desconocidos por las autoridades judiciales. Ahora bien, las autoridades judiciales tienen el deber de interpretar y aplicar la convención colectiva como norma jurídica, aun cuando la Constitución Política les otorga autonomía en el ejercicio de estas funciones jurídicas. No obstante, esa autonomía judicial no es absoluta, ya que se encuentra limitada por los valores materiales del ordenamiento jurídico, los principios generales del derecho y los derechos fundamentales. 

(...) 

Es cierto que al juez de la causa le corresponde fijarle el alcance a la norma que aplica, pero no puede hacerlo en oposición a los valores, principios y derechos constitucionales, de manera que, debiendo seleccionar entre dos o más entendimientos posibles, debe forzosamente acoger aquél que en todo se ajuste a la Carta política. La autonomía y libertad que se le reconoce a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar los textos jurídicos, no puede entonces comprender, en ningún caso, aquellas manifestaciones de autoridad que supongan un desconocimiento de los derechos fundamentales de las personas. Según lo ha expresado la propia jurisprudencia, toda trasgresión a esta regla Superior en el curso de un proceso constituye una vía de hecho judicial, la cual debe ser declarada por el juez constitucional cuando no existan otros medios de impugnación para reparar esta clase de actuaciones ilegítimas, contrarias a los postulados que orientan la Constitución Política. 

(...) 

Bajo el nuevo esquema constitucional, no es suficiente con que los trabajadores gocen de los mismos derechos y prerrogativas reconocidos en el ordenamiento jurídico, ni que sus conflictos de orden laboral sean conocidos y fallados por unos mismos jueces. También es imprescindible que en la aplicación de las fuentes formales de derecho, reciban un tratamiento igualitario y que, en caso de duda sobre el contenido de las mismas, se opte por la interpretación que les resulte más favorable. En consecuencia, ante las posibles dudas que pueden surgir sobre el sentido y alcance de una norma convencional, y frente a las diversas interpretaciones que de la misma se formulen, es deber del juez priorizar aquella que interprete en mejor medida los derechos laborales. Así, el hecho de que la Corte Suprema de Justicia haya alterado el valor normativo de la preceptiva convencional objeto de la litis, y sin un fundamento razonable y válido hubiese modificado su propia jurisprudencia en contravía de los intereses y derechos del demandante, conlleva una flagrante violación de los principios de igualdad de trato y favorabilidad en materia laboral. Si el derecho a la igualdad exige como presupuesto de aplicación material, el que las autoridades dispensen la misma protección y trato a quienes se encuentren bajo idéntica situación de hecho, no cabe duda que éste se transgrede cuando un mismo órgano judicial modifica sin fundamento sólido el sentido de sus decisiones en casos que se muestran sustancial y fácticamente iguales» (Sent. SU-1185 de 2001).

3. En este asunto, se tiene que la queja fue interpuesta por un ex trabajador de EMCALI EICE-ESP, empresa que le reconoció el derecho a la pensión de jubilación a partir del 1º de junio de 2005, sin tener en cuenta lo previsto en el artículo 104 del anexo 1 de la convención colectiva de trabajo 2000-2003, por efecto del régimen de transición previsto en el artículo 48 de la convención colectiva de trabajo 2004-2008, circunstancia que motivó la interposición de la respectiva demanda laboral, resuelta de manera adversa a sus pretensiones, pese a que en casos idénticos había prosperado. Todo lo anterior motivó la presentación de la acción constitucional que nos ocupa.

Como sustento de su queja, el tutelante afirmó que sus derechos fundamentales a la seguridad social, acceso a la administración de justicia y debido proceso (principios de favorabilidad, confianza legítima, seguridad jurídica y buena fe), se encuentran vulnerados por las autoridades judiciales que conocieron y fallaron su caso, toda vez que interpretaron de manera desfavorable y restrictiva la mencionada norma convencional (art. 48), acudiendo a reglas inaplicables e impertinentes para resolver su solicitud, lo cual conllevó a que el monto mensual de su pensión disminuyera significativamente, en menoscabo de su derecho fundamental a ser tratado de manera igualitaria por los Jueces de la República.

En ese sentido, censuró que en casos idénticos al suyo, la judicatura resolviera favorablemente las súplicas de los trabajadores, pero que ese criterio no se hiciera extensivo a su proceso, cuando es evidente que la situación fáctica por él planteada es semejante a la de los demandantes en los procesos radicados con los Nos. 40897, 43852, 40893, 43394, 44196, 44118, 46606, 47437, 40254, 41881, 42515, 43923, 43860, 47219, 40029, 40217, 43260, 40890, 43305, 39168, 44965, 46607, 47519, 40223, 42548, 47394, 46605, 40880, 47435, 47604, 40904, 45921, 44117 y 37533, entre otros, cuyas súplicas fueron acogidas.

Particularmente, cuestionó la postura jurídica asumida por la Corte Suprema de Justicia relativa a su carencia de facultades para inmiscuirse en la interpretación que los jueces de instancia hacen frente a una convención colectiva de trabajo, por desconocer el precedente jurisprudencial que la Corte Constitucional sentó sobre esa materia en la Sentencia SU-1185 de 2001, reiterada en la SU-241 de 2015, a través de las cuales estableció el deber del Tribunal de casación, de velar porque la interpretación que los jueces hagan a los mencionados convenios laborales, sea la más favorable para el trabajador, pues ostentan el carácter de fuentes formales de derecho una vez incorporadas al proceso de acuerdo a las ritualidades correspondientes.

Pues bien, para la Sala es innegable la ostensible violación al derecho fundamental a la igualdad del accionante, toda vez que pese a encontrarse en una situación idéntica a los señores Adolfo León García Sandoval (Rad. 43852), Adolfo León Gómez Gómez (Rad. 44117), Alex Lehover López Laverde (Rad. 38.819), Alfredo Ibarra Valencia (Rad. . 42283), Antonio Muñoz Molano, (Rad. 40488), Arnulfo Tovar Ramírez (Rad. 40254), Aura del Pilar Matta (Rad. 40890), Beatriz Salamanca Garrido (Rad. 37533), Daniel García Potes y Gustavo García Gil (SL10635-2014), Diego Campo Velasco (Rad. 41881), Fabián Antonio Sánchez Medina (Rad. 40029), Fabio Enrique Montaño Lourido (Rad. 40223), Fredy Lasprilla (Rad. 47519), Gerardo Alberto Quintero Rodríguez (Rad. 47219), Gloria Moreno Santos (Rad. 40893), Gustavo Adolfo Quintero Marín (Rad. 46607), Harold Antonio Fiesco Arenas (Rad. 40904), Harold Torijano Cárdenas (SL16274-2015), Humberto Domínguez Escobar (Rad. 44116), Jairo Villegas García (Rad. 42515), Janeth Cartagena Valencia (Rad. 43005), Jesús Albán Zuluaga Sánchez (SL496-2013), Jesús William Carabalí Hernández (Rad. 47604), Jorge Eliécer Arias Beltrán (Rad. 44965), Jorge Enrique Bolaños (Rad. 43260), José Angelino Ospina Cardona (Rad. 43923), José Domingo Asprilla (Rad. 40897), José Gilberto Túquerres Díaz (Rad. 42822), Julio Enrique Jimenez Agudelo (Rad. 46605), Luis Eduardo Benavidez (Rad. 47435), Luis Eduardo González Gómez (Rad. 44113), Luis Fernando Vidal Perdomo (Rad. 40217), Luis Hernando Mina (Rad. 39168), Luz Marina Ramírez (Rad. 43921), Manuel Salvador Quijano (Rad. 47394), Marco Antonio Aldana Olave (Rad. 45048), Marco Tulio Arango Barona (Rad. 43261), María Helen Silva Gordillo (Rad. 43394), María Nelma Higuita Duque (Rad. 44196), María Teresa Molina De La Roche (Rad. 44118), Nancy Gaviria Osorio (Rad. 47437), Pablo Miguel Mendoza Campiño (Rad. 42548), Patricia Franco Gómez (Rad. 46606), Pedro Tomás Cortés (Rad. 44110), Ricardo Ramos Cadena (Rad. 43860), Saúl Ríos Arenas (Rad. 40880) y Wilmario Parra Anduquia (Rad. 40218), su caso fue resuelto de manera diversa, como consecuencia de la disparidad de criterios que existió entre los jueces laborales al interpretar y aplicar la convención colectiva del trabajo, situación que no fue solucionada por parte de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia al resolver el recurso extraordinario del censor.

En efecto, tanto el tutelante como los demandantes en los procesos laborales referenciados a espacio, fueron trabajadores de Empresas Municipales de Cali, Emcali, y a todos ellos, les fue reconocido su derecho al régimen de transición previsto en el artículo 48 de la convención colectiva de trabajo de 2004, que establecía que “el régimen de transición de jubilación aplicable es el dispuesto por la convención colectiva de trabajo entre EMCALI EICE-ESP y SINTRAEMCALI el 9 de marzo de 1999 (vigencia 1999-2000) conforme con el anexo 1 jubilaciones.”

A su turno, el artículo 104 de la convención 1999-2000, señaló: “EMCALI EICE ESP jubilará al personal que cumpla los requisitos establecidos en la ley y la convención colectiva de Trabajo vigente en EMCALI EICE ESP con el 90% del promedio de los salarios y primas de toda especie devengados por el trabajador en el último año de servicio”.

Con base en estas normas todos los ciudadanos enlistados y el actor de esta súplica, invocaron la reliquidación de su mesada pensional, toda vez que EMCALI EICE ESP, al momento de reconocerles su derecho pensional, liquidó las respectivas mesadas, sin incluir las primas de antigüedad y vacaciones percibidas durante el último año de servicios, con soporte en lo dispuesto en el artículo 28 de la convención colectiva de 2004, del siguiente tenor:

«...A partir de la firma de la presente convención colectiva de trabajo en EMCALI EICE ESP, constituyen salario no solo la remuneración fija u ordinaria, sino todo lo que perciba el trabajador en dinero o en especie y que implique retribución ordinaria de servicios sea cual fuere la forma de remuneración que se adopte. 

Parágrafo Primero: A partir de la firma de la presente convención colectiva de trabajo la prima de vacaciones y la prima de antigüedad no constituirán factor de salario. 

Parágrafo Transitorio: Las primas de vacaciones, de antigüedad, de continuidad y todos los demás factores de salario que dejaron de serlo y que hayan sido pagados al trabajador antes de la firma de la presente Convención Colectiva de trabajo sí constituirán factor de salario para todas las liquidaciones que se efectúen dentro del año inmediatamente siguiente a la fecha en que se efectúe el pago». 

Los jueces de primera y segunda instancia que conocieron los procesos aludidos en precedencia acogieron para la solución del asunto sometido a su consideración la interpretación de los trabajadores, esto es, que al ser beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 48 de la convención de 2004, que establecía que el régimen de jubilación para ellos era el previsto en la convención del 9 de marzo de 1999, debía darse aplicación a lo previsto en el artículo 104 de la última recopilación normativa, que contemplaba la inclusión como factor salarial de “...los salarios y primas de toda especie devengados por el trabajador en el último año de servicio”.

De ahí que las demandas laborales de dichas personas fueron despachadas favorablemente por los jueces de instancia y EMCALI EICE ESP se vio en la necesidad de recurrir en casación las respectivas sentencias.

Para desatar los recursos, la Sala de Casación Laboral de esta corporación, de manera homogénea sostuvo que:

«...no es función suya en la esfera casacional fijar el sentido de las convenciones colectivas, puesto que, no obstante la gran importancia que tienen en las relaciones obrero patronales y en la formación del derecho del trabajo, jamás pueden participar de las características de las normas legales de alcance nacional y, por esa misma razón, son las partes en primer término las llamadas a determinar su sentido y alcance, por lo que, en tanto actúa como tribunal de casación, lo único que puede hacer, y ello siempre y cuando las características del desatino sean de tal envergadura que puedan considerarse errores de hecho manifiestos, es corregir la errada valoración como prueba de tales convenios normativos de condiciones generales de trabajo en el ámbito de su aplicación».  

Y adicionó a sus consideraciones:

«“En efecto, al pronunciarse sobre la interpretación de las cláusulas convencionales a las que se alude en el cargo, la Sala ha considerado que si el artículo 48 de ese convenio, que consagra un régimen de transición, remite al régimen aplicable en la convención colectiva suscrita el 9 de marzo de 1999, no constituye una interpretación disparatada del precepto entender que ello supone la aplicación, en su integridad, de las reglas pensionales allí establecidas, incluyendo, desde luego, la referente a los factores salariales. Así lo explicó en la sentencia del 31 de agosto de 2010, radicación 43852, en la que dijo:  

“Examinados los textos convencionales que se acusan de erróneamente valorados, la Sala considera que el ad quem no incurrió en un error manifiesto que permita quebrantar la decisión de segunda instancia, pues en el parágrafo primero del artículo 28 convencional se estipuló que ‘A partir de la firma de la presente convención colectiva de trabajo la prima de vacaciones y la primas de antigüedad no constituyen factor de salario’ sin embargo, a continuación el parágrafo transitorio estableció que ‘las primas de vacaciones, de antigüedad, de continuidad y todos los demás factores de salario que dejaron de serlo y que hayan sido pagados al trabajador antes de la firma de la presente convención colectiva de trabajo, sí constituirán factor de salario para todas las liquidaciones que se efectúen dentro del año inmediatamente siguiente a la fecha en que se efectuó el pago’.  

“Y el artículo 48 del acuerdo convencional, dispone: 

‘Se establece un régimen de transición, exceptuado y especial de jubilación para los trabajadores oficiales que tengan contrato de trabajo con EMCALI EICE ESP al entrar en vigencia esta convención colectiva de trabajo en los siguientes términos:  

‘A. El régimen de transición de jubilación aplicable es el dispuesto por la convención colectiva de trabajo suscrita entre EMCALI EICE ESP y SINTRAEMCALI el 9 de marzo de 1999 (vigencia 1999-2000) conforme al anexo No 1 Jubilaciones.  

‘B. Son beneficiarios de éste régimen de transición los trabajadores oficiales que adquieran el derecho a la jubilación y cumplan con los requisitos y las condiciones de la convención (1999-2000) entre el 1° de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2007 inclusive, contenido en el anexo Nº 1 Jubilaciones’. 

“De estas estipulaciones, se repite, no surge un desatino fáctico ostensible si se considera que el actor se encontraba amparado por el régimen de transición reseñado, y merecedor a una pensión especial, pues cumplió los requisitos exigidos en el artículo 48 convencional, beneficio de transición que señaló una vigencia entre el 1º de enero de 2003 y 31 de diciembre de 2007, en cuanto dispuso que la prestación se liquidará de conformidad con el anexo 1; tampoco se podría entender que el citado artículo y el 28 convencional deban ser armonizados con los artículos 32, 33 y 65 convencionales que señalan que las primas de antigüedad y vacaciones no serán factor salarial, ni se tendrán en cuenta al momento de la liquidación de prestaciones, porque las citadas disposiciones, no chocan, menos descartan la aplicación del régimen de transición arriba señalado, y de allí que sea de recibo la apreciación que el sustanciador hizo de los textos convencionales” (Rad. 40218, 19 de julio de 2011).

Sin embargo, también hubo procesos, como el del reclamante, que aunque presentaban idénticas aristas fácticas, fueron decididos de manera adversa a lo pedido por los trabajadores por los falladores cognoscentes, situación que provocó la interposición de los correspondientes recursos de casación, esta vez por parte del extremo activo de cada litigio.

Concretamente, mediante sentencias dictadas los días 30 de noviembre de 2007 y 12 de marzo de 2009, por el Juzgado Séptimo Laboral de Descongestión de Cali y la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de ese mismo Distrito Judicial, respectivamente, fue negada la reliquidación de la mesada pensional al accionante, quien demandaba el reconocimiento de las primas de antigüedad y vacaciones pagadas dentro del último año de servicios, como factor salarial para el cálculo de su mensualidad de retiro.

Interpuesto y sustentado en término el recurso extraordinario de casación, la homóloga laboral lo resolvió mediante fallo de julio 19 de 2011, a través del cual, pese a que el asunto guardaba plena simetría con los auscultados en las sentencias ya referenciadas, donde se habían acogido las demandas de los trabajadores, consideró que la interpretación de los juzgadores era razonable:

«...el fallador de segundo grado no incurrió en el desatino fáctico que le señala el impugnante, pues como lo destaca el sentenciador de alzada, partiendo de que el parágrafo transitorio del artículo 28 convencional 2004-2008 aclaró que “las primas de vacaciones, de antigüedad,.....factores de salario que dejaron de serlo y que hayan sido pagados al trabajador «antes de la firma de la presente convención colectiva de trabajo» sí constituirán factor de salario para todas las liquidaciones...”; que la señalada convención colectiva de trabajo se firmó el «4 de mayo de 2004»; y que las primas de vacaciones y de antigüedad le fueron pagadas a Rueda Velásquez en «junio de 2004», la lectura que el ad quem le imprimió a tal probanza coincide con el texto del parágrafo transitorio del indicado artículo 28 convencional de marras «vigencia 2004-2008», que precisó que los rubros que dejaron de constituir factor de salario, entre ellos las primas de vacaciones y de antigüedad, continuarían siéndolo siempre que se hubieran pagado “antes de la firma” de la convención para la vigencia 2004-2008, es evidente que éstos rubros no hacen parte de la liquidación de la pensión del actor Rueda Velásquez, en tanto Emcali y Sintraemcali, partes celebrantes de la convención colectiva de trabajo de marras, acordaron tal parámetro —que tales primas que dejaron de constituir factor de salario, lo serían siempre que se— «hubieran pagado al trabajador antes de la firma de la convención en comento», firma que como se evidenció, ocurrió el 4 de mayo de 2004, en tanto que las primas [d]e vacaciones y de antigüedad se pagaron a Rueda Velásquez en «junio de 2004», amén de que tales aserciones del fallador de apelación no fueron destruidas por la censura. 

Frente a que el fallador de segundo grado “obvió y omitió referirse o analizar el contenido del artículo 104 de ese anexo 1”, contrario a tal aseveración, el sentenciador de alzada una vez historió el artículo 48 del acuerdo convencional 2004 – 2008 que copió, precisó que era necesario clarificar que en el “literal a) del mencionado artículo se expresa que el régimen de transición aplicable” era el “dispuesto por la convención...1999-2000”, conforme al “régimen de transición que según ese anexo sólo se conservó en cuanto a los requisitos para adquirir el derecho a la pensión”, pero que “nada se dijo sobre la forma como se debía liquidar la pensión” y “menos se habla de factores salariales”, por lo que en “cuanto a [e]ste tema necesariamente había que remitirse al artículo 28 de la convención colectiva 2004-2008 [d]onde quedó claramente consignada la intención de las partes relacionad[a] con el tema de los factores salariales para todo tipo de liquidaciones”, que “obviamente debe comprender la relativa a la pensión de jubilación al no quedar exceptuada expresamente”. Así, no es que el fallador de alzada omitiera al decir del impugnante, analizar el señalado artículo 104 del anexo No.1, sino que consideró que por parte alguna de tal normativa se refirió a la ”forma como se debía liquidar la pensión” y “menos se habla de factores salariales”. 

Resulta pertinente rememorar el pronunciamiento de esta Sala de la Corte al decidir un asunto de similares características al debatido, donde se discutía igual situación a la que plantea el recurrente en el sub judice, en el que se dijo: 

“...En el análisis del asunto concreto, resulta factible la interpretación del ad quem de que el régimen de transición del artículo 48 de la convención... 2004-2008 remitió al anexo N° 1...para efectos de los requisitos de la pensión, los descuentos por permisos o incapacidades, la continuidad entre el sueldo y la pensión y el plazo del pago de ésta, por lo que, al no haber regulación sobre la forma y factores de liquidación de la misma, debía aplicarse el artículo 28 de la convención en mención, el cual consagró, en primer lugar, qué se entendería como factor salarial a partir de la fecha de su vigencia, en segunda medida, la exclusión de las primas de antigüedad y de vacaciones como constitutivas del salario y, en tercera instancia, que el carácter salarial de las mismas se conservaría cuando se cumplieran dos condiciones, esto era, que se hubiese pagado al trabajador con anterioridad a la vigencia del texto convencional y que la liquidación se efectuara en el año inmediatamente siguiente a la fecha del pago de aquellas. 

“Así mismo no es descabellado entender, como lo hizo el tribunal que, al no haberse configurado en el caso de la demandante la primera condición citada para predicar el carácter salarial de las primas de antigüedad y proporcional de vacaciones, pues éstas fueron pagadas a aquella el 30 de noviembre de 2004, es decir, con posterioridad al 4 de mayo de 2004, inicio de la vigencia del texto convencional, era por lo que dichas primas quedaban por fuera de la base salarial para la liquidación pensional. 

“De esta manera, aunque la apreciación del texto convencional que propone la censura es igualmente válida, no puede predicarse que el fallador de instancia hubiese cometido un yerro fáctico de carácter evidente y trascendente en la decisión recurrida, que permita desvirtuar la misma, dado que su interpretación de la convención colectiva de trabajo, vigente para el período 2004-2008 resulta razonada y plausible, sin que la misma vulnere el principio de favorabilidad como lo sostiene la censura...” (Rad. 43005 del 20 de octubre de 2010). (Rad. 41119, 19 de julio de 2011).

Evidentemente, las dos interpretaciones expuestas son contrarias y excluyentes entre sí, pues admiten, frente a idénticos supuestos de hecho distintas soluciones de derecho, cosa que está proscrita en nuestra Carta Política, tal como ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional desde tiempos inmemoriales:

«El principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática. La igualdad material es la situación objetiva concreta que prohíbe la arbitrariedad. 

La igualdad de todas las personas ante la ley y las autoridades, constituye un derecho constitucional fundamental tanto por su consagración como tal en el capítulo I, título II de la Constitución Nacional, como por su exaltación como derecho de vigencia inmediata en el artículo 85 de la Carta Política, y también por el valor trascendente que tiene para el hombre, sobre todo dentro de una nación que persigue garantizar a sus habitantes una vida convivente dentro de lineamientos democráticos y participativos que aseguren un sistema político, económico y social justo» (C.C. Sentencia T-432 de 1992).

Como quedó expuesto en líneas anteriores, una de las funciones de la Corte Suprema de Justicia en todas sus Salas de Casación, al desatar las impugnaciones de su competencia, es unificar la jurisprudencia y conjurar la violación de garantías fundamentales cuando con sus decisiones los jueces de instancia desconocen principios rectores del derecho como, en materia laboral, el previsto en el artículo 53 de la Constitución Nacional, desarrollado por el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo y que hace alusión al deber de acoger la interpretación que resulte más favorable para los intereses del trabajador, en caso de duda o conflicto normativo.

Siendo esto así, no cabe duda de la incursión de la homóloga Laboral en el yerro atribuido por el tutelante, por inaplicación del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional —Sentencia T-1185 de 2001— que le imponía, ante dos interpretaciones disímiles de una misma convención colectiva de trabajo, fijar la más favorable como criterio regulador de la situación fáctica planteada en los asuntos semejantes puestos a su consideración, en tanto su carácter, una vez incorporada en legal forma al proceso, no es el de una prueba, sino el de una fuente formal de derecho llamada a orientar las relaciones laborales cobijadas por ella.

Así lo estableció la Corte Constitucional en un asunto de similares características al que ahora nos ocupa, donde la Sala de Casación Laboral se abstuvo de resolver de fondo las controversias revisadas en sede de casación, argumentando que no es su función fijar la interpretación que los jueces deben realizar a determinado convenio laboral, pues no se trata de una ley, sino de una prueba, campo en el que el funcionario judicial cognoscente goza de plena autonomía hermenéutica:

«Por tales razones, esta Corte considera fundamental analizar la violación del derecho a la igualdad y referirse a la generación y el acatamiento del precedente en el caso de los órganos de cierre. Efectivamente el carácter complejo y sistémico de la función de la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de su jurisdicción, en este caso de la jurisdicción ordinaria en materia laboral, ostenta características especiales y de suma importancia en nuestro ordenamiento. Como fue mencionado previamente, este máximo tribunal debe aplicar los principios de igualdad frente a la ley, buena fe y confianza legítima a través de sus fallos; unificar la jurisprudencia en el marco de sus competencias; dar seguridad jurídica a la ciudadanía y velar por la efectividad de los derechos fundamentales a través del conocimiento del recurso extraordinario de casación.  

49. A pesar de la evidente incoherencia jurisprudencial en el tribunal, no se ha unificado la jurisprudencia. En efecto, ante las decisiones contradictorias de las diversas salas del Tribunal, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia no ha unificado los criterios y se mantuvo en silencio sobre el tema cuando conoció del recurso de casación presentado por el actor. Toda esta situación tuvo como resultado la afectación de la seguridad jurídica y la consecuente negación del derecho fundamental a la igualdad frente a la ley del señor Pérez Arteta. Del mismo modo la Sala Laboral vulneró los principios de buena fe y confianza legítima ya que su actitud omisiva para la unificación de jurisprudencia a través de la casación no contribuyó a la seguridad jurídica ni a la efectividad de los derechos fundamentales del señor Pérez Arteta.  

En tal virtud, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia vulneró los derechos del demandante al no otorgarle igualdad de trato jurídico. En efecto, las sentencias con los radicados 42703 del 22 de enero de 2013(4) y 33475 del 4 de junio de 2008(5) decidieron previamente casos similares en un sentido distinto al de la sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que ahora se estudia (fechada el 8 de mayo de 2013) y que decidió la demanda del señor Pérez Arteta. En estos dos casos la Corte Suprema acogió otro criterio hermenéutico, distinto al aplicado al ahora demandante, a pesar de que los sujetos se encontraban en circunstancias similares y con base en ello otorgó un trato disímil a pesar de lo común de las situaciones. Efectivamente el caso del actor en tutela y los decididos en los procesos de casación de la referencia son idénticos: (i) los tres casos se refieren a la aplicación de la Convención colectiva de trabajo firmada entre SINTRATEL y la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla ESP; (ii) en las tres situaciones los demandantes pretendían el reconocimiento del beneficio pensional contenido en la citada convención; (iii) los tres trabajadores laboraron en la Empresa el tiempo de servicios requerido para aspirar a la obtención de la pensión convencional de jubilación; (iv) ninguno de los demandantes en estos tres procesos fue despedido por justa causa; (v) los tres trabajadores cumplieron 50 años de edad después de terminada la relación laboral.

Con todo, a pesar de que los tres sujetos se encontraban en idéntica situación con respecto a los elementos relevantes, en dos casos la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió a favor de los peticionarios y en el caso del señor Pérez Arteta decidió en contra de su pretensión. Este trato disímil no tiene sustento alguno y parece demostrar que no existe un precedente claro en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia cuando conoció el recurso de casación interpuesto por el señor Pérez Arteta a pesar de haber fallado previamente casos similares en sentido diferente.

Con todo, es importante reiterar que independientemente de la aparente inexistencia de un precedente claro en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la favorabilidad debe ser guía de interpretación y entendimiento de las convenciones colectivas y la única opción hermenéutica posible es aquella que favorezca al trabajador». 

4. En ese orden, la protección invocada debe prodigarse y en consecuencia, se revocará la sentencia impugnada para en su lugar, ordenar a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas, deje sin efectos la sentencia de casación dictada el 19 de julio de 2011 y profiera un nuevo pronunciamiento a través del cual resuelva el recurso extraordinario planteado por el tutelante contra la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, con observancia de las consideraciones expuestas en el cuerpo de este fallo y en el precedente constitucional aplicable al asunto.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia impugnada y en su lugar, dispone:

1. CONCEDER la protección constitucional invocada a los derechos fundamentales a la igualdad y debido proceso del accionante.

2. ORDENAR a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas, deje sin efectos la sentencia de casación dictada el 19 de julio de 2011 y profiera un nuevo pronunciamiento a través del cual resuelva el recurso extraordinario planteado por el tutelante contra la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, con observancia de las consideraciones expuestas en el cuerpo de este fallo y en el precedente constitucional aplicable al asunto.

3. COMUNÍQUESE telegráficamente lo aquí resuelto a las partes; y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

Magistrados: Luis Alonso Rico Puerta, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco—Álvaro Fernando García Restrepo—Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo—Ariel Salazar Ramírez—Octavio Augusto Tejeiro Duque—Luis Armando Tolosa Villabona.

1 M.P. Carlos Gaviria.

2 Corte Constitucional, Sentencia C-372 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt.

3 Sentencia C-372 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt.

4 M.P. Jorge Mauricio Burgos.

5 M.P. Luis Javier Osorio López.