Sentencia 2017-01823 de marzo 5 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Milton Chaves García

Bogotá, D.C., cinco (5) de marzo de dos mil dieciocho (2018).

Ref.: Acción de tutela

Rad.: 25000-23-36-000-2017-01823-01

Demandante: S. A. C. L.

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de Colombia

Temas: Tutela contra acto administrativo de traslado. Requisitos de procedibilidad. Requisito de subsidiariedad. Perjuicio irremediable. Revoca sentencia. Ampara.

(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)

Sentencia segunda instancia

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 24 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección tercera, Subsección B, que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad.

ANTECEDENTES

Pretensiones

El señor S. A. C. L., a través de apoderado, ejerció acción de tutela en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Dirección de sanidad y dirección de talento humano, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la salud-continuidad del tratamiento médico, al debido proceso, a la estabilidad laboral como persona de especial protección por ser víctima de conflicto armado, a la familia, al mínimo vital y a la dignidad humana. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:(1)

PRIMERO: Conceder el amparo constitucional integral solicitado en mi favor con el propósito de evitar un perjuicio irremediable, amparando el derecho fundamental, a la salud, al debido proceso, a la familia, al mínimo vital, mi calidad de víctima del conflicto armado y a la dignidad humana. 

SEGUNDO: Que se ORDENE a la POLICÍA NACIONAL, DIRECTOR DE SANIDAD – DIRECTOR DE TALENTO HUMANO POLICÍA NACIONAL, suspender los trámites administrativos, tendientes a trasladarme al Departamento de Santander Seccional de Sanidad, al violar flagrantemente el debido proceso por no tener en cuenta mi situación como víctima del conflicto armado y mi recuperación de salud, continuidad de tratamientos médicos realizados en Bogotá como de igual forma las personas a cargo como mi menor hija quien convive conmigo tiene sus estudios en la ciudad y mis padres mayores de 70 años. 

TERCERO: ORDENAR a mis superiores, que no tomen represarías por exigir mis derechos que en estos momentos se encuentran en riesgo inminente por la discrecionalidad de solicitar mi traslado aludiendo necesidad del servicio sin que esto fuere real ya que en la POLICÍA NACIONAL y DIRECCIÓN DE SANIDAD, laboran muchos compañeros con aptitud para el servicio, estudios y sin hijos menores, esto es una represaría por ser No apto con reubicación laboral sin que se tenga en cuenta que en mi juventud entregue todo en los combates contra las FARC y operativamente y que en la actualidad no tengo ni llamados de atención, investigaciones por lo contrario felicitaciones especiales de desempeño laboral y medalla al valor por actos heroicos del servicio”. 

Hechos.

Se advierten como hechos relevantes, los siguientes:

El señor S. A. C. L. trabaja al servicio de la Policía Nacional desde hace 13 años, actualmente ocupa el grado de Subintendente y ejerce labores administrativas en la Dirección de Sanidad de Bogotá.

El 6 de febrero de 2006, durante las labores de seguridad para erradicar los cultivos de coca y proteger a la sociedad civil de la zona que conforma el Parque Natural “Sierra de la Macarena”, se presentó un ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia, FARC y, como consecuencia, el Subintendente resultó herido con arma de fuego en el cuello y esquirlas de granada no convencionales en miembros inferiores. Hecho que conllevó a que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas incluyera al señor S. A. C. L. en el Registro Único de Víctimas (RUV)(2).

La Junta Médico Laboral Nº 9968 de 11 de julio de 2007(3), lo clasificó como no apto para la prestación del servicio debido a que tuvo una pérdida de la capacidad laboral del 36.78%, por lo que recomendó su reubicación en labores administrativas. Ello, porque fue diagnosticado, entre otras, con “apnea del sueño” y el tratamiento formulado por el médico tratante [máscara CPAP para evitar un paro cardio-respiratorio], aún se encuentra pendiente de autorización.

Sostuvo que es padre cabeza de familia y vive en Mosquera, Cundinamarca, con su hija menor de edad y sus padres, adultos mayores de 70 años, quienes le ayudan con su recuperación, especialmente, con las terapias del sueño en las noches. Además, dependen económicamente de él.

Por correo del 5 de septiembre de 2017, el general Oscar Atehortúa Duque, director de sanidad de la Policía Nacional solicitó el traslado del subintendente de Bogotá a la seccional de sanidad de Santander, argumentando necesidad en el servicio.

Nº Mediante Acta Administrativa Nº 1-179 de 25 de septiembre de 2017, el director general de la Policía Nacional ordenó el traslado del subintendente S. A. C. L. de la DISAN GRUPO CONTRATOS HOCEN a la DISAN SECCIONAL SANTANDER.

Por correo del 5 de octubre de 2017, la dirección de talento humano le ordenó al demandante entregar su cargo y presentarse a la nueva unidad (dirección de sanidad de la seccional de Santander).

Argumentos de la tutela.

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada solicitó el traslado de la dirección de sanidad de Bogotá a la seccional Santander, sin tener en cuenta que se trata de una víctima del conflicto armado y que tiene una condición especial de salud.

Aunado a lo anterior, sostuvo que el apoyo y colaboración de los familiares con quienes vive es primordial para su recuperación, en especial, por los trastornos del sueño que sufre en la noche.

Indicó que la decisión adoptada transgrede sus derechos fundamentales a la vida y a la salud, porque en la seccional de Santander no cuentan con los especialistas ni con la infraestructura necesaria para la atención médica, el agendamiento eficaz de citas médicas y la prestación de los tratamientos que se requieran.

Intervenciones.

Policía Nacional.

El director de sanidad de la Policía Nacional, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela de la referencia, porque no se ha expedido acto administrativo alguno que ordene el traslado del subintendente S. A. C. L. al Departamento de Policía de Santander, ni se ha publicado orden administrativa del director general que indique el movimiento de personal.

Sostuvo que solamente existe solicitud de traslado por necesidades del servicio ante el director de talento humano para la seccional de sanidad de Santander, en virtud de la facultad discrecional de la Policía Nacional para realizar los traslados que considere necesarios para garantizar la prestación del servicio.

Igualmente, señaló que el acto administrativo que ordena el traslado no es susceptible de recurso alguno conforme lo previsto en el artículo 40 del Decreto 1791 de 2000.

Por último, precisó que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, toda vez que la tutela no procede para evitar hechos futuros e inciertos, máxime cuando no se ha expedido el acto administrativo de traslado.

Sentencia impugnada.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante sentencia de 10 de octubre de 2017, declaró improcedente la acción de tutela. Por las siguientes razones:

Adujo que de las pruebas obrantes en el expediente, el director de sanidad solicitó al director de talento humano de la Policía Nacional el traslado por necesidad del servicio del subintendente S. A. L., a la seccional de sanidad de Santander. Procedimiento que se materializó con la Orden Administrativa 1-179 de 25 de septiembre de 2017.

Señaló que tratándose de un acto administrativo, la acción de tutela resulta improcedente ante la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para controvertir su legalidad. Además, no acreditó el perjuicio irremediable que sea cierto, inminente, grave y requiera de atención urgente.

Impugnación.

La parte actora impugnó(4) la decisión de primera instancia, insistió en la vulneración de los derechos fundamentales y señaló que:

El amparo solicitado tiene por objeto evitar un perjuicio irremediable, pues el traslado del subintendente a la seccional de sanidad de Santander no tiene en cuenta la situación particular del trabajador, en especial, las condiciones de salud y de víctima del conflicto armado.

La actuación de la autoridad judicial accionada afecta la continuidad del servicio y los tratamientos médicos que requiere el actor. Así mismo, la unidad familiar, en la medida en que convive con sus padres (adultos mayores de 70 años) y su hija menor de edad, quienes tienen dependencia económica de los recursos que percibe y le prestan apoyo y colaboración para su recuperación.

En suma, manifiesta que el director de talento humano de la Policía Nacional mediante correo de 5 de octubre de 2017, ordenó al Subintendente entregar su cargo y presentarse en la unidad de sanidad de Santander. Lo anterior, con fundamento en el concepto solicitado por el tribunal al médico siquiatra del Hospital Central de la Policía Nacional, en el que se precisó que el trastorno que tiene el paciente en siquiatría no limita su traslado.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico.

Corresponde a la Sala establecer si estuvo ajustada a derecho la decisión del a quo, al concluir que la acción de tutela es improcedente porque no cumple con el requisito de subsidiariedad, o si por el contrario, debe determinar si en virtud del traslado del actor se vulneró un derecho fundamental o si existe un perjuicio irremediable que requiera de la intervención del juez constitucional.

El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela.

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, la tutela solo procede cuando no existen otros medios de defensa para reclamar la protección de los derechos fundamentales invocados o, en su defecto, cuando es necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el que procederá como mecanismo transitorio de protección.

A su turno, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 dan la posibilidad al juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros medios que permiten solicitar la protección de los derechos fundamentales del actor.

La jurisprudencia constitucional ha considerado que la existencia de otros medios de defensa no hace que automáticamente la acción de tutela se torne improcedente, pues bajo ciertas circunstancias el carácter subsidiario y residual puede llegar a tener algunas excepciones. La Corte Constitucional, en Sentencia SU-263 de 2015(5), precisó que ello puede ocurrir “(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados; (ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales y (iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular consideración por parte del juez de tutela”.(6)

El carácter subsidiario y residual de la acción de tutela reconoce que el sistema jurídico permite a las personas valerse de otros medios de defensa que pueden ser eficaces para la defensa de los derechos(7). En todo caso, si bien la regla de la subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de la acción de tutela, lo cierto es que el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos casos en los que se demuestre alguna de las siguientes circunstancias: (i) que el otro medio de defensa no es idóneo ni eficaz, (ii) que puede ocurrir un perjuicio irremediable o (iii) que el accionante es sujeto de especial protección constitucional.

En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio de defensa, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable, circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del amparo constitucional.

Traslado de los miembros de la Policía Nacional.

De acuerdo con el numeral 2º del artículo 40 del Decreto 1791 de 2000(8), el traslado es “el acto de autoridad competente por el cual se cambia de unidad o dependencia policial, con el fin de desempeñar un cargo o la prestación de un servicio. (...) Contra el acto administrativo que ordena el traslado no procede recurso alguno (...)”.

Por su parte, el artículo 42 del mismo ordenamiento, señala: “(...) Las destinaciones, traslados, comisiones y encargos, se dispondrán en la siguiente forma: (...) 3. Por orden administrativa de la dirección general de la Policía Nacional. (...) b. Destinaciones y traslados de oficiales subalternos, del nivel ejecutivo, suboficiales y agentes. (...)”.

De acuerdo con el Instructivo 041 /DIPON-DITAH-70 de 6 de octubre de 2011, los traslados de los miembros de la Policía Nacional se pueden ocasionar mediante dos tipos documentales: (i) mediante orden administrativa del personal OAP y (ii) mediante orden interna O.I.

En el primer caso es el director general de la Policía Nacional quien autoriza traslados de una unidad a otra, mientras que en el segundo, es el director o comandante de la respectiva unidad quien autoriza el traslado, pero dentro de la misma unidad.

El instructivo dispone que para traslados por orden administrativa de personal los requisitos son: (i) el concepto del director o comandante de la unidad; (ii) diligenciar el formato de solicitud de traslado 2PP-FR 001; (iii) tramitar la solicitud a través del grupo de talento humano de la unidad; (iv) el tiempo de permanencia del funcionario en una unidad debe ser mínimo dos años laborados, salvo casos especiales y necesidades del servicio; (v) existir la necesidad de talento humano en la unidad a la cual desee pertenecer y; (vi) el concepto favorable de la junta de traslados.

Estudio y solución del caso concreto.

En el presente caso, el señor S. A. C. L. pretende la protección de los derechos fundamentales a la salud-continuidad del tratamiento médico, al debido proceso, a la estabilidad laboral como sujeto de especial protección por ser víctima de conflicto armado, a la familia, al mínimo vital y a la dignidad humana, que considera vulnerados por la Policía Nacional – dirección de sanidad – dirección de talento humano, porque la entidad ordenó el traslado de la DISAN GRUPO CONTRATOS HOCEN a la DISAN SECCIONAL SANTANDER sin tener en cuenta que el actor tiene condiciones especiales de salud y la calidad de víctima del conflicto armado.

Precisa que la entidad demandada argumentó el traslado por necesidad en el servicio, sin embargo, este fundamento no corresponde a la realidad, toda vez que existen otros policías aptos, con estudios para suplir dicha necesidad y que trabajan en la DISAN de Bogotá que podrían ser trasladados sin ningún problema.

Además, la decisión adoptada transgrede sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la unidad familiar, porque sus padres e hija dependen económicamente de él y le colaboran para su recuperación, especialmente, en las noches porque sufre de apnea del sueño.

El a quo declaró improcedente la acción de tutela de la referencia porque, a su juicio, no se cumplió con el requisito general de subsidiariedad, toda vez que el actor cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar el acto administrativo que ordenó el traslado y, además, no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

El actor impugnó la anterior decisión, insistió en la afectación de sus derechos fundamentales y señaló que la actuación de la entidad accionada vulnera sus derechos fundamentales al ordenar el traslado a pesar de que es sujeto de especial protección por tratarse de una víctima del conflicto armado, por su estado de salud requiere tratamientos médicos y el acompañamiento de su familia para su recuperación. Además, reitera que dependen económicamente de él.

Al respecto, la Sala advierte que la acción de tutela no constituye el mecanismo ordinario para controvertir los actos administrativos que ordenan el traslado de lugar de trabajo, toda vez que existe el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Sin embargo, la Corte Constitucional ha reconocido, excepcionalmente, la procedencia de la tutela en los eventos en que (i) las razones de traslado son ostensiblemente arbitrarias, (ii) se amenace o vulnere de forma clara, grave y directa los derechos fundamentales del accionante o su grupo familiar, y (iii) haya una desmejora en las condiciones del trabajador(9).

La jurisprudencia constitucional ha establecido que todo servidor público que vea amenazados gravemente sus derechos fundamentales por un acto administrativo que disponga su traslado, puede acudir a la acción de tutela para efectos de garantizar su protección y evitar la consumación de dicho perjuicio. Sumado a que debe entenderse que esta situación de vulnerabilidad puede presentarse cuando se vean amenazados sus derechos fundamentales a la salud, a la unidad familiar y la vida e integridad física, tanto propia como de familiares(10).

Con el fin de establecer la procedencia excepcional de la acción de tutela, la Sala se permite trascribir los documentos que encuentra relevantes dentro del expediente, así:

(i) Informe de la Dirección de la Policía Antinarcóticos, en el que se dejó constancia del ataque realizado el 6 de febrero de 2006 por las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia, FARC, y en el que como resultado quedó herido el Subintendente(11).

(ii) Junta Médico Laboral Nº 996 de 11 de julio de 2007, en la que determinó una disminución de la capacidad laboral del Señor S. A. C. L., en un 36,78%. Además, se sugirió una reubicación laboral en tareas administrativas(12).

(iii) Resolución Nº 2015-217059 de 22 de septiembre de 2015(13), expedida por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por la cual incluyó al señor S. A. C. L. en el registro único de víctimas, porque demostró haber sufrido heridas y lesiones sicológicas y físicas dentro del marco de una infracción del derecho Internacional Humanitario.

(iv) Oficio ARAFI-GUTAH-40.45 de 5 de septiembre de 2017, en el que el director de sanidad solicitó al director de talento humano de la Policía Nacional el traslado, por necesidad del servicio, del subintendente S. A. C. L. de la dirección de sanidad – grupo de Contratos HOCEN (Hospital Central) a la seccional de sanidad de Santander(14).

(v) Proyecto 700 de 18 de septiembre de 2017, por el que se establece el traslado del personal, entre los cuales se encuentra el señor S. A. C. L. a la Dirección de Sanidad de Santander(15).

(vi) Polisomnografía en titulación CPAP Nasal realizada al actor el 2 de septiembre de 2017(16).

(vii) Indicaciones de 18 de septiembre de 2017, emitida por el Hospital Central de la Policía Nacional, en la que se precisa que es un paciente con tratamiento psiquiátrico para manejo de insomnio con mirtazapina, apneas, sueño irregular, cefaleas, entre otros.(17) Se formula máscara oronasal talla m como tratamiento(18).

(viii) Orden administrativa de personal Nº 1-179 de 25 de septiembre de 2017, en la que se ordena el traslado del señor S. A. C. L. de la DISAN GRUPO CONTRATOS HOCEN a la DISAN SECCIONAL SANTANDER(19).

(ix) Concepto emitido el 4 de octubre de 2017 por el doctor E. F. Q., en el que señala respecto al paciente S. A. C. L., que el trastorno que se maneja en siquiatría, no limita su traslado pues sus alteraciones en ánimo van a mejorar si sigue las recomendaciones formuladas(20).

(x) Hoja de vida del actor, en la que consta que ha tenido un buen desempeño laboral, junto con felicitaciones especiales y públicas.(21)

(xi) Declaración del señor F. F. C. P. ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El padre del actor manifiesta, en resumen, que apoya a su hijo enfermo en todo lo que necesita y que debe darle la droga en la noche porque se le corta la respiración(22).

(xii) Declaración de la señora C. L. de C. ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La madre del actor manifiesta, en resumen, que su esposo y ella se trasladaron de Girardot a Mosquera-Cundinamarca para poder colaborarle a su hijo, quien quedó muy lastimado debido al trauma que sufrió en el cuello y no ha recibido el tratamiento que necesita. Además, no duerme, se estresa y requiere de la ayuda de su familia en casi todo(23).

De acuerdo con lo anterior, si bien el solo hecho del traslado no constituye una vulneración de los derechos fundamentales invocados, sí lo es cuando se agrega que el demandante tiene un estado de salud delicado, es víctima del conflicto armado y padre cabeza de familia, que lo hace un sujeto de especial protección del Estado.

Por lo tanto, la Sala procede a emitir pronunciamiento de fondo sobre la solicitud de amparo, en tanto que, con el traslado del subintendente C. L. a la seccional de Santander, pueden verse amenazados los derechos fundamentales a la vida, a la salud y a la unidad familiar.

Es de resaltar que con la orden administrativa Nº 1-179 de 25 de septiembre de 2017, suscrita por el director de la Policía Nacional, se ordenó el traslado del subintendente S. A. C. L. de la dirección de sanidad – grupo de Contratos HOCEN en la ciudad de Bogotá a la seccional de sanidad de Santander.

Si bien es cierto que la Policía Nacional tiene la facultad discrecional para realizar los traslados por necesidad del servicio, de acuerdo con lo precisado por la Corte Constitucional(24), tal potestad debe ejercerse teniendo en cuenta cada caso en particular. Lo anterior, con la finalidad de evitar la vulneración de derechos fundamentales del trabajador y su núcleo familiar.

Debido a los antecedentes en este caso en particular, al momento de ordenar el traslado, la Policía Nacional debió analizar la situación particular del servidor con el fin de identificar la posible vulneración de algún derecho fundamental y teniendo en cuenta la condición especial de salud y de víctima del conflicto armado.

Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado que la acción de tutela es procedente para controvertir el traslado de un servidor público, en los casos en que afecte derechos fundamentales del servidor y su núcleo familiar, así(25):

“[...] Buscando una correcta ponderación entre los principios de subsidiariedad de la acción de tutela y efectividad de los derechos fundamentales, señaló que en ciertas circunstancias, de manera excepcional procede la acción de tutela en este escenario constitucional, cuando el acto administrativo que ordena el traslado “(i) sea ostensiblemente arbitrario, es decir, carezca de fundamento alguno en su expedición, (ii) fuere adoptado en forma intempestiva y (iii) afecte en forma clara, grave y directa los derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar”. Esto último sucede cuando la decisión de la administración amenace de manera grave la situación del trabajador o de su núcleo familiar, porque “(i) el traslado tenga como consecuencia necesaria la afectación de la salud del servidor público o de alguno de los miembros de su núcleo familiar, especialmente porque en la localidad de destino no existan condiciones adecuadas para brindarle el cuidado médico requerido; (ii) cuando la decisión de trasladar al trabajador es intempestiva y arbitraria y tiene como consecuencia necesaria la ruptura del núcleo familiar, siempre que no suponga simplemente una separación transitoria u originada en factores distintos al traslado o a circunstancias superables; (iii) cuando quede demostrado que el traslado pone en serio peligro la vida o la integridad personal del servidor público o de su familia. En los anteriores eventos, la Corte ha enfatizado que no toda implicación de orden familiar y económico del trabajador causada por el traslado, tiene relevancia constitucional y amerita la procedencia del amparo transitorio. Las circunstancias concretas deben revestir particular gravedad, de manera tal que sea necesario el concurso del juez constitucional para conjurar un perjuicio irremediable”. Únicamente en estas hipótesis es posible la intervención del juez de tutela para impugnar por vía constitucional un acto administrativo que ordene el traslado de un servidor público. Desbordar esta frontera, implica una intromisión ilegítima en la competencia del juez administrativo [...]”. 

Como se expuso, el señor S. A. C. L. sufrió heridas como consecuencia del ataque de las FARC en el año 2006, razón por la cual tuvo una pérdida de la capacidad laboral del 36,78% y fue asignado a realizar labores administrativas en la Institución. A su vez, por las secuelas que le dejó tal suceso, se encuentra incluido en el registro único de víctimas, según Resolución Nº 2015-217059 de 22 de septiembre de 2015, expedida por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Vale la pena destacar que, el actor como víctima del conflicto armado, es un sujeto de especial protección constitucional, ya que se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad y, por ello, requiere un trato especial por parte de las autoridades públicas, las cuales tienen la obligación de brindarle la ayuda necesaria para que recuperen sus condiciones mínimas de subsistencia.

Aunado a lo anterior, en el expediente quedó acreditado que el actor es padre cabeza de familia y necesita tratamientos médicos para las enfermedades que sufre a causa del hecho antes descrito, especialmente, porque padece de apnea del sueño y se encuentra a la espera de la autorización de la máscara CPAP que le ordenó el médico tratante para uso durante el sueño y con la finalidad de mejorar su calidad de vida(26).

En suma, debido a las condiciones de salud del actor, sus padres se trasladaron a la ciudad de Bogotá desde Girardot para ayudarlo con su recuperación y por los cuidados que demanda en horas de la noche por las pausas respiratorias.

Por ende, resulta de vital importancia permitir que el demandante continúe su proceso médico en Bogotá donde cuenta con el apoyo de sus padres para los cuidados requeridos y, además, porque la prestación de los servicios y procedimientos de salud en dicha ciudad garantiza la continuidad de la atención médica, pues detener ese proceso en este punto implicaría un retroceso en la recuperación del demandante y desintegración del núcleo familiar, ya que su hija menor de edad y sus padres son su apoyo en este proceso y dependen económicamente del actor.

Conforme con lo anterior, es procedente, de manera excepcional, la acción de tutela contra el acto de traslado, habida cuenta de que está comprometido el derecho fundamental a la salud del señor S. A. C. L.

Así las cosas, la Sala amparará el derecho fundamental a la salud del señor S. A. C. L. y, en consecuencia, ordenará a la Policía Nacional – Dirección de Sanidad y Dirección de Talento Humano, que se abstenga de trasladar al demandante y permanezca en su cargo en la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional en Bogotá, hasta tanto se haya decidido el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que deberá iniciar contra el acto administrativo de traslado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Revocar la sentencia del 10 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, objeto de impugnación. En su lugar, Conceder el amparo constitucional del derecho fundamental a la salud del señor S. A. C. L., como mecanismo transitorio, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Ordenar a la dirección de sanidad y a la dirección de talento humano de la Policía Nacional que, se abstenga de trasladar al Subintendente S. A. C. L., quien deberá permanecer en el cargo que desempeña en la ciudad de Bogotá hasta tanto se decida el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que deberá iniciar contra el acto administrativo de traslado.

3. Ordenar a la dirección de sanidad que, ordene y autorice los medicamentos, procedimientos e implementos que requiera el actor para el tratamiento de las enfermedades que padece, en especial de la máscara CPAP que le ordenó el médico tratante para uso durante el sueño.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

5. Notifíquese esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Magistrados: Milton Chaves García, Presidente de la Sección—Stella Jeannette Carvajal Basto—Julio Roberto Piza Rodríguez—Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

1 Fls. 3 y 4.

2 Resolución Nº 2015-217059 de 22 de septiembre de 2015. Fls. 27 a 29.

3 Fls. 13 a 15.

4 Fls. 132 a 135.

5 Véase al respecto: Corte Constitucional, Sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle Correa, Sentencia T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería, Sentencia T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.

6 Corte Constitucional, Sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.

8 Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional.

9 Al respecto, revisar las sentencias T-468 de 2002, T-346 de 2001, T-077 de 2001, T-1498 de 2000, T-965 de 2000, T-325 de 2010, T-175 de 2016, entre otras.

10 Sentencias T-825 de 2003, T-653 de 2011 y T-247 de 2012, T-175 de 2016, entre otras.

11 Fls. 16 a 22.

12 Fls. 13 a 15.

13 Fls. 27 a 29.

14 CD.

15 CD.

16 Fls. 32 y 33.

17 Fls. 30 y 31.

18 Fl. 34.

19 CD.

20 Fls. 93 y 94.

21 Fls. 24 y 25.

22 Fls. 56 y 57.

23 Fls. 58 y 59.

24 T-175 de 2016.

25 T-325 de 2010.

26 Fl. 31.