Sentencia 2017-01892 de junio 1º de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera Ponente:

Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Bogotá, D.C., primero (1º) de junio de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 25000-23-42-000-2017-01892-01 (AC)

Actor: Camilo José Guzmán Guevara

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Dirección de reclutamiento y control de reservas del Ejército Nacional – Decimotercera zona de reclutamiento de Bogotá – Distrito Militar Nº 51 de Bogotá

Procede la Sala a resolver la impugnación que interpuso el actor, por intermedio de apoderado, contra la sentencia de 2 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. La tutela.

El señor CAMILO JOSÉ GUZMÁN GUEVARA, mediante apoderado, ejerció acción de tutela contra la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL DE RESERVAS DEL EJÉRCITO NACIONAL – DECIMOTERCERA ZONA DE RECLUTAMIENTO DE BOGOTÁ – DISTRITO MILITAR Nº 51 DE BOGOTÁ, en procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso “y otros por factor de conexidad”.

Consideró vulnerados sus derechos con la Resolución Nº 887 del 3 de octubre de 2016, en la que se levantó la condición de remiso y se le ordenó el pago de una multa de 16 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2. Hechos.

La solicitud de amparo se fundó en los siguientes supuestos fácticos:

Indicó que fue presentado por su plantel educativo para prestar el servicio militar obligatorio, ante el Distrito Militar Nº 51 adscrito a la Decimotercera Zona de Reclutamiento de Bogotá, por lo que adquirió la calidad de “conscripto”.

Precisó que por falta de información no asistió a la concentración e incorporación y quedó como “infractor-remiso”, por lo que, solicitó la realización de una junta para remisos, con el argumento de que nunca fue “informado por parte del distrito militar el día, la hora y el lugar en el que se llevaría a cabo la concentración o convocatoria”(1) la misma se realizó el 3 de octubre de 2016 y dio como resultado la expedición de la Resolución Nº 887, en la que se le levantó la calidad de “infractor-remiso” y se le ordenó el pago 16 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

3. Fundamentos de la acción.

El tutelante sostuvo que la autoridad demandada programó; pero no informó de la realización de la convocatoria de concentración e incorporación del 27 de julio de 2009, motivo por el cual no se presentó.

Señaló que la Resolución Administrativa Nº 887 del 3 de octubre de 2016, suscrita por el Comandante del Distrito Militar Nº 51, en la que se le levantó la calidad de “infractor-remiso” y se le impuso unas multas que, considera impagables, es un “acto administrativo ilegal y arbitrario”.

Por lo anterior, solicitó:

“1. TUTELAR los derechos fundamentales inalienables de Camilo José Guzmán Guevara alegado dentro de la presente acción pública de tutela.

(...)

4. Declarar ilegal y arbitraria la calidad de infractor-remiso de Camilo José Guzmán Guevara.

5. Declarar ilegales y arbitrarias las multas de remiso impuestas mediante Resolución Administrativa a Camilo José Guzmán Guevara.

6. Que se defina legalmente la situación militar del ACCIONANTE (...)”(2).

4. Trámite.

Mediante auto del 19 de abril de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C admitió la acción y ordenó notificar de la misma al Ministerio de Defensa Nacional, al Director de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional, al Comandante de la Decimotercera Zona de Reclutamiento de Bogotá y al Comandante del Distrito Militar Nº51 de Bogotá.

5. Contestación.

El Comandante del Distrito Militar Nº 51(3) manifestó que en ningún momento se han vulnerado los derechos fundamentales del señor CAMILO JOSÉ GUZMÁN GUEVARA.

Precisó que verificado el sistema de información de reclutamiento “FENIX”, el accionante se encuentra en estado de “LIQUIDACIÓN - POR LIQUIDAR”, esto quiere decir que el ciudadano debe subir a la plataforma www.libretamilitar.mil.co los documentos y soportes para la liquidación de la cuota de compensación militar, en los términos indicados en la Ley 1184 de 2008 y el Decreto 2124 del mismo año.

Señaló que el actor se inscribió en el Distrito Militar Nº 51, con el fin de definir su situación militar, de conformidad con lo señalado en el artículo 10 y 14 de la Ley 48 de 1993, el día 18 de noviembre de 2008.

Indicó que el Distrito Militar Nº 51, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 48 de 1993, durante el proceso de definición de situación militar del actor, lo citó el 28 de julio de 2009 a concentración(4), fecha en la cual el señor CAMILO JOSÉ GUZMÁN GUEVARA no asistió y, por lo cual, las autoridades de reclutamiento procedieron a dar aplicación a lo indicado en el artículo 41 literal (g).

Posteriormente, se realizó la junta de remisos, la cual se llevó a cabo el día 3 de octubre de 2016, sin que el ciudadano anexara soporte probatorio que justificara su inasistencia a la concentración, motivo por el cual las autoridades de reclutamiento procedieron a sancionarlo conforme lo determina el artículo 42, literal (e), ejusdem, con 8 multas equivalentes a la suma de 16 smlmv, a través de la Resolución Nº 887, la cual le fue notificada de manera personal.

Recalcó que el actor no presentó los recursos de ley contra el acto administrativo que ataca en sede de tutela.

Aclaró que el examen médico se practica el día de la concentración, es decir, en la etapa en que el comité sicofísico determina si el actor es apto o no para prestar el servicio militar, por lo que, al no asistir el tutelante a la convocatoria, este no le fue realizado.

Finalizó precisando que solo siete años después de la citación el señor Camilo José Guzmán Guevara retoma el trámite de definición de su situación militar, vulnerando el principio de inmediatez, para lo cual allegó copia de todo el expediente del accionante.

6. La sentencia impugnada.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, mediante sentencia de 2 de mayo de 2017, declaró improcedente la acción de tutela.

Como fundamento de su decisión concluyó que:

“(...), tal como quedó establecido en el numeral quinto de la resolución citada (fl. 51), contra dicho acto administrativo procedían los recursos de reposición y de apelación, recursos de los cuales no hizo uso el actor, puesto que no se aportó documento alguno que así lo acredite y además, la entidad accionada en el escrito de contestación manifestó que el accionante no interpuso dichos recursos, sin que el actor haya controvertido tal aseveración.

Respecto de la pretensión de dejar sin efectos la Resolución 887, no es procedente, teniendo en cuenta que el accionante no ejercitó los recursos de reposición y de apelación que tenía a su disposición con el fin de manifestar las inconformidades respecto de dicho acto administrativo.

Es del caso precisar, que las inconformidades que plantea el señor Guzmán Guevara a través de este mecanismo excepcional, pudo haberlas ventilado en los recursos de reposición y apelación que omitió interponer, siendo ésta la forma adecuada de ejercer su derecho defensa y contradicción, para controvertir la legalidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades públicas, lo cual torna improcedente esta acción de tutela”.(5)

7. La impugnación.

La parte tutelante presentó escrito de impugnación(6) en el que señaló que:

“Con la presente acción de tutela jamás pretendemos reemplazar las figuras procesales existentes, ni mucho menos subsanar la negligencia del accionante quien no hizo uso de los recursos de ley que proceden contra la resolución administrativa que impuso las multas de remiso como lo pretende hacer ver el tribunal en la parte considerativa del fallo de tutela.

Alegamos en la tutela que, Camilo José Guzmán Guevara no fue citado de manera formal por parte de quienes debían hacerlo para efectos de la convocatoria del artículo 20 de la Ley 48 de 1993. Jamás hemos alegado indebida notificación del acto sancionatorio “resolución administrativa”, como lo pretende hacer ver el tribunal en la parte considerativa del fallo de tutela acápite de “IV caso concreto”, que es su único argumento del tribunal para sustentar el fallo, no vemos otro.

Alegamos en la tutela que, el Distrito Militar Nº 51 adscrito a la decimotercera zona de reclutamiento de Bogotá no practicó de manera responsable y estricta el “primer examen médico” a Camilo José Guzmán Guevara, lo que en últimas probaría su aptitud psicofísica para prestar el servicio militar. Si este examen no se hizo conforme a lo ordenado en la Ley 48 de 1993 y su Decreto Reglamentario 2048 de 1993 artículos 16, no podían citarle para efectos de la convocatoria del artículo 20 de la Ley 48 de 1993. Es deber del Distrito Militar Nº 51 dentro de esta demanda pública de tutela probar la aptitud psicofísica del accionante, en caso contrario sería arbitraria e ilegal la citación del antedicho para efectos de la concentración e incorporación”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia.

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación de la tutela instaurada por la parte actora, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015, Decreto 2591 de 1991.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección C, por medio de la cual declaró la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que el actor no agotó todos los recursos que tenía a su alcance.

3. De la acción de tutela. Generalidades.

Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuandoquiera que resulten amenasados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente, de particulares.

Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, caso en el que se habilita su ejercicio como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

En ese orden de ideas, resulta evidente que el mecanismo de amparo demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse en determinada controversia.

Lo anterior tiene como objetivo salvaguardarla de un uso inadecuado, irracional y desmesurado, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

4. De la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela.

La tutela fue establecida por el constituyente con el objeto de proveer una protección inmediata de los derechos fundamentales conculcados, lo que supone su amparo rápido, urgente, actual y eficaz.

Ha señalado la jurisprudencia constitucional que en virtud del principio de subsidiariedad de la tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en principio, por las vías jurisdiccionales de manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción de amparo constitucional.

El carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia del mecanismo de amparo establecido en el artículo 86 Superior.

Ahora, frente a las pretensiones expuestas por el señor CAMILO JOSÉ GUZMÁN GUEVARA, cabe aclarar que, además de solicitar el amparo a los derechos fundamentales vulnerados, solicitó se anule la Resolución Nº 887 del 3 de octubre de 2016. No obstante, al revisar el caso en concreto, se advierte que la sanción contenida en la resolución referida fue fruto de un procedimiento administrativo en el que no se surtieron todas las etapas propias del mismo, puesto que nunca le notificaron la citación.

Así las cosas, pese a que existe una actuación administrativa que puede ser controvertida en sede ordinaria(7), es claro que la vulneración al debido proceso se deriva no solo de ésta, sino de todas las actuaciones administrativas ejercidas por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Dirección de reclutamiento y control de reservas del Ejército Nacional – Decimotercera zona de reclutamiento de Bogotá – Distrito Militar Nº 51, en especial con la falta de notificación de la citación a la convocatoria de concentración e incorporación por lo que esta Sala procederá a estudiar de fondo la controversia planteada, para evitar así un perjuicio irremediable que podría sufrir el actor en diferentes ámbitos de su vida, en especial la laboral.

5. Procedimiento para definir la situación militar de un ciudadano.

La Ley 48 de 1993 “Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización” trae determinadas etapas que se deben surtir al momento de definir la situación militar de un ciudadano, las cuales alega el señor CAMILO JOSÉ GUZMÁN GUEVARA en su caso no se agotaron.

El proceso inicia con la inscripción, la cual debe realizar los ciudadanos, el artículo 14 de la mentada ley dispone:

ART. 14.—Inscripción. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> Todo varón colombiano tiene la obligación de inscribirse para definir su situación militar dentro del lapso del año anterior en que cumpla la mayoría de edad, requisito sin el cual no podrá formular solicitudes de exención o aplazamiento. Cuando se llegue a la mayoría de edad sin haberse dado cumplimiento a esta obligación, la autoridad podrá compelerlo sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que se establecen en la presente ley.

PAR. 1º—Los alumnos de último año de estudios secundarios, sin importar la edad, deberán inscribirse durante el transcurso del año lectivo por intermedio del respectivo plantel educativo, en coordinación con la dirección de reclutamiento y control reservas del Ejército.

Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional solicitarán las cuotas de bachilleres para su incorporación a la dirección de reclutamiento y control reservas del Ejército, único organismo con facultad para cumplir tal actividad.

PAR. 2º—La inscripción militar prescribe al término de un (1) año, vencido este plazo, surge la obligación de inscribirse nuevamente”.

A continuación, la Ley 48 de 1993 señala que los inscritos se deben someter a la realización de tres exámenes médicos de aptitud sicofísica:

ART. 16.—Primer examen. El primer examen de aptitud sicofísica será practicado por oficiales de sanidad o profesionales especialistas al servicio de las Fuerzas Militares en el lugar y hora fijados por las autoridades de reclutamiento.

Este examen determinará la aptitud para el servicio militar, de acuerdo con el reglamento expedido por el Ministerio de Defensa Nacional para tal fin.

ART. 17.—Segundo examen. Se cumplirá un segundo examen médico opcional, por determinación de las autoridades de Reclutamiento o a solicitud del inscrito el cual decidirá en última instancia la aptitud sicofísica para la definición de la situación militar.

ART. 18.—Tercer examen. Entre los 45 y 90 días posteriores la incorporación de un contingente, se practicará un tercer examen de aptitud sicofísica para verificar que los soldados no presenten inhabilidades incompatibles con la prestación del servicio militar”.

Posteriormente, se señala la realización de un sorteo, entre los conscriptos aptos, para determinar quiénes ingresarán a prestar el servicio militar.

ART. 19.—Sorteo. La elección para ingresar al servicio militar se hará por el procedimiento de sorteo entre los conscriptos aptos, el cual podrá cumplirse en cualquier etapa del proceso de acuerdo con el potencial humano disponible y las necesidades de reemplazos en las Fuerzas Militares.

Por cada principal se sorteará un suplente. Los sorteos serán públicos.

No habrá lugar a sorteo cuando no sea suficiente el número de conscriptos.

El personal voluntario tendrá prelación para el servicio, sobre los que resulten seleccionados en el sorteo.

Los reclamos que se presenten después del sorteo y hasta quince (15) días antes de la incorporación, será resueltos mediante la presentación de pruebas sumarias por parte del interesado; quien no comprobare su inhabilidad o causal de exención será aplazado por un (1) año, al término del cual se efectuará su clasificación o incorporación.

Después, viene la citación(8) a la etapa de concentración e incorporación en la que se debe indicar el lugar, fecha y hora en la que aquella se realizará. Al respecto, señala la referida ley:

“ART. 20.—Concentración e incorporación. Cumplidos los requisitos de ley, los conscriptos aptos elegidos se citan en el lugar, fecha y hora determinados por las autoridades de reclutamiento, con fines de selección e ingreso, lo que constituye su incorporación a filas para la prestación del servicio militar.

PAR.—La incorporación se podrá efectuar a partir de la mayoría de edad del conscripto hasta cuando cumpla 28* años, salvo las excepciones establecidas en la presente ley para bachilleres”.

En cuanto a la condición de remiso y considerando el fundamento normativo, la ley otorga esta calidad, una vez se incumpla el deber de asistencia a la citación a la concentración. Al respecto, la citada ley dispone:

“ART. 41.—Infractores. Son infractores los siguientes:

a. Los que no cumplan con el mandato de inscripción en los términos establecidos por la presente ley.

b. Los que habiéndose inscrito no concurran a uno de los dos primeros exámenes de aptitud sicofísica en la fecha y hora señaladas por las autoridades de reclutamiento.

c. Los que no concurran al sorteo sin causa justa.

d. Los que después de notificarse del acta de clasificación, no cancelen dentro de los treinta (30) días siguientes la cuota de compensación militar.

e. Los funcionarios del servicio de reclutamiento sea militar, civil o soldado que por acción y omisión no diere cumplimiento a las normas de la presente ley.

f. Los que en cualquier forma traten de impedir que las autoridades del servicio de reclutamiento y movilización cumplan con sus funciones.

g. Los que habiendo sido citados a concentración no se presenten en la fecha, hora y lugar indicados por las autoridades de reclutamiento, son declarados remisos.

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Los remisos podrán ser compelidos por la Fuerza Pública, en orden al cumplimiento de sus obligaciones militares, previa orden impartida por las autoridades del servicio de reclutamiento.

h. Las entidades públicas, mixtas, privadas, particulares, centros o institutos docentes de enseñanza superior o técnica que vinculen o reciban personas sin haber definido su situación militar, o que no reintegren en sus cargos, previa solicitud a quienes terminen el servicio militar, dentro de los seis (6) meses siguientes a su licenciamiento”.

Igualmente, impone las siguientes sanciones a los anteriores infractores:

ART. 42.—Sanciones. Las personas contempladas en el artículo anterior, se harán acreedoras a las siguientes sanciones:

a. El infractor de que trata el literal a), será sancionado con multa del 20% de un salario mínimo mensual vigente, por cada año o fracción que dejara de inscribirse reglamentariamente, sin que sobrepase el valor correspondiente a dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes.

En caso de que el infractor sea incorporado al servicio militar, quedará exento del pago de la multa.

Para los bachilleres, la multa se contabilizará a partir de la fecha en que se gradúen como tales.

Jurisprudencia Vigencia(sic)

b. Los infractores de que tratan los literales b) y c) pagarán una multa correspondiente al 20% de un salario mínimo mensual legal vigente.

c. El infractor de que trata el literal d) será sancionado con multa del 25% sobre el valor decretado inicialmente como ordinario. Si no paga esta cuota extraordinaria, será reclasificado y se incrementará en otro 25%.

d. Los infractores determinados en los literales e) y f) serán sancionados de acuerdo con las normas establecidas en las leyes penales o en el reglamento de régimen disciplinario para las Fuerzas Militares.

e. Los infractores contemplados en el literal g), serán sancionados con multa equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por cada año de retardo o fracción, sin exceder 20 salarios.

El remiso que sea incorporado al servicio militar quedará exento de pagar dicha multa.

f. Los infractores contemplados en el literal h) serán sancionados con multa de cinco (5) salarios mínimos mensuales vigentes, por cada ciudadano vinculado ilegalmente o que no reintegre en sus respectivos cargos, a partir de la vigencia de la presente ley.

Sumado a lo anterior, la ley expresa, en su artículo 43, que el remiso definirá su situación militar si presta el servicio militar, de esta manera:

“ART. 43.—Junta para remisos. El remiso definirá su situación militar mediante incorporación para prestar el servicio militar, salvo las excepciones legales determinadas por la junta para remisos. El Ministerio de Defensa reglamentará la organización y funcionamiento de la Junta para remisos.”.

6. Análisis del caso concreto.

En el sub lite, el accionante acude al presente mecanismo constitucional porque considera que la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Dirección de reclutamiento y control de reservas del Ejército Nacional – Decimotercera zona de reclutamiento de Bogotá – Distrito Militar Nº 51, al dictar la Resolución Nº 887 del 3 de octubre de 2016, vulneró sus derechos fundamentales al imponerle multa para poder levantar la calidad de infractor-remiso, sin tener en cuenta que no fue citado formalmente.

Así mismo, alegó que nunca le realizaron el examen médico para determinar si era apto para prestar el servicio militar.

Por lo que solicitó, por vía de esta acción, se deje sin efectos la Resolución Administrativa Nº 887 del 3 de octubre de 2016, suscrita por el comandante del Distrito Militar Nº 51 y se le defina la situación militar.

El a quo declaró improcedente la solicitud de amparo por encontrar que el señor CAMILO JOSÉ GUZMÁN GUEVARA tenía a su alcance, para cuestionar la resolución que ataca en esta sede, los recursos de reposición y apelación en el proceso administrativo y no hizo uso de los mismos.

Para la Sección Quinta, la decisión del juez de tutela de primera instancia debe revocarse para, en su lugar, amparar el derecho al debido proceso del actor y dejar sin efectos todas las actuaciones administrativas emanadas por la autoridad accionada, habida cuenta que era deber del Ejército Nacional notificar la hora, fecha y lugar en la que se realizaría la concentración e incorporación, en aras de que pudiera llevarse a cabo, en debida forma, el trámite correspondiente.

Igualmente, no se surtió el proceso como lo señala la Ley 48 de 1993, puesto que, según su artículo 20, a la concentración e incorporación se citan a los “conscriptos aptos elegidos” y, según lo dicho por el actor, reafirmado por el Distrito Militar Nº 51 en su contestación, al señor CAMILO JOSÉ GUZMÁN GUEVARA nunca le realizó el primer examen médico, bajo el argumento que este se practica en el momento de la concentración

Conforme a lo expuesto, la inscripción se llevó a cabo por parte del ciudadano; pero dada la omisión del deber de notificación de la autoridad accionada fue imposible continuar con las siguientes etapas. Así las cosas, la sanción se impuso sin considerar que era necesario que se citara al señor CAMILO JOSÉ GUZMÁN GUEVARA para que asistiera a los exámenes médicos y a la concentración, ya que su inasistencia dio como resultado su calificación como remiso.

Se evidencia que la sanción impuesta por la Junta para Remisos se asignó con violación al debido proceso del actor, ya que las autoridades de Reclutamiento no lo notificaron de la citación al examen médico de aptitud sicofísica ni a la diligencia de concentración e incorporación. Por tanto, no se le puede endilgar al actor la culpa de la interrupción del proceso de reclutamiento.

Lo anterior tiene sustento en que la parte accionada no logró demostrar ninguna notificación en cuanto a la citación del examen ni a la concentración.

De conformidad con las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia de 2 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que declaró la improcedencia de la acción, para, en su lugar, amparar el derecho fundamental al debido proceso del actor. Por lo que se ordenará dejar sin efectos todas la actuaciones adelantadas por la autoridad accionada en contra del señor CAMILO JOSÉ GUZMÁN GUEVARA y que se reinicie todo el proceso tendiente a definir su situación militar.

III. DECISIÓN

En consecuencia, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR la sentencia del 2 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, y en su lugar, AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso invocado por el señor CAMILO JOSÉ GUZMÁN GUEVARA.

2. DEJAR SIN EFECTOS las actuaciones administrativas adelantadas por la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Dirección de reclutamiento y control de reservas del Ejército Nacional – Decimotercera zona de reclutamiento de Bogotá – Distrito Militar Nº 51 de Bogotá, en contra del señor CAMILO JOSÉ GUZMÁN GUEVARA.

3. ORDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Dirección de reclutamiento y control de reservas del Ejército Nacional – Decimotercera zona de reclutamiento de Bogotá – Distrito Militar Nº 51 de Bogotá que, en el término de diez (10) días, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, en aras de definir la situación militar del señor CAMILO JOSÉ GUZMÁN GUEVARA.

4. NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

5. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, previo envío de copia de la misma al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Carlos Enrique Moreno Rubio, Presidente—Rocío Araújo Oñate—Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez—Alberto Yepes Barreiro.

1 Fl. 47.

2 Fls. 11-12.

3 Fls. 38 a 44.

4 Situación que no se acreditó en el proceso.

5 Fls. 57-61.

6 El 8 de mayo visible a folio 67 al 68.

7 Indudablemente el tutelante tiene la posibilidad de accionar en contra del acto demandado sin embrago para la Sala resulta desproporcionado someterlo al trámite procesal que corresponde imprimir al proceso ordinario.

8 Citación que debe ser notificada al interesado.