SENTENCIA 2017-02607 DE NOVIEMBRE 9 DE 2017

 

Sentencia 2017-02607 de noviembre 9 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110010102000201702607 00

Aprobado según acta 97 de la misma fecha

Magistrado Ponente:

Dr. Julio César Villamil Hernández

Bogotá D.C., nueve de noviembre de dos mil diecisiete.

Asunto a tratar

Procede la sala a dirimir el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Contencioso Administrativa representada por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla y la Jurisdicción Ordinaria representada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barranquilla, con ocasión del conocimiento de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada mediante apoderada por la señora Indira Mildret Camacho Saavedra, contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Hechos y pretensiones

1. Situación fáctica.

El 27 de noviembre de 2014, el abogado Armando Rivas Caballero, apoderada de la señora Indira Mildret Camacho Saavedra, entabló acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el fin de que se declare la nulidad del oficio 2014788 de julio 23 de 2014, frente a la petición presentada el día 4 de julio del mismo año, en cuanto negó el derecho a pagar la sanción por mora a su mandante prevista por la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006.

Afirmó la apoderada que su representada solicitó al Ministerio de Educación Nacional el día 27 de abril de 2010, el reconocimiento y pago de las cesantías a que tenía derecho por prestar sus servicios al Distrito de Barranquilla como docente oficial.

Por medio de la Resolución 706 del 3 de agosto de 2010, le fue reconocida la cesantía en forma parcial solicitada, la cual fue cancelada el 4 de noviembre de 2011.

Afirmó que la señora Indira Mildret Camacho Saavedra, solicitó las cesantías el 27 de abril de 2010, las cuales fueron canceladas el 4 de noviembre de 2011, por lo que transcurrieron 460 días de mora, equivalente a la suma de $ 23.703.907.

Adicionalmente adujo que el día 4 de julio de 2014, se solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria a la entidad convocada y la misma resolvió negativamente las pretensiones invocadas mediante oficio 2014788 del 23 de julio de 2014.

2. Actuación procesal.

Por reparto le correspondió al Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla quien mediante auto del 8 de febrero de 2017, resolvió declarar la nulidad de lo actuado y como consecuencia de ello declaró la falta de jurisdicción para conocer del asunto y estimó que el competente para conocer el proceso era los jueces laborales del circuito judicial de Barranquilla.

Por reparto le correspondió conocer al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barraquilla, el cual mediante auto del 1º de junio de 2017, declaró la falta de jurisdicción y el conflicto negativo de competencias.

Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla.

Después de estudiar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, encontró que frente a los hechos expuestos se debe recurrir a la justicia ordinaria, toda vez que el acto demandado son de aquellos que señalan una obligación expresa, clara y exigible proveniente de un lado de un acto administrativo (reconocimiento de cesantías parciales) y de otro lado de la (L. 244/95 sanción moratoria).

Así mismo puso de presente el pronunciamiento de esta corporación de fecha 3 de diciembre de 2014, sobre un conflicto negativo entre la jurisdicción administrativa y la ordinaria, en la cual se referenció lo siguiente:

“Debe acotarse sobre el hecho que, como lo pretendido es el pago de una obligación legal, como es la mora en la cancelación de las cesantías reconocidas, pues la Resolución 468 del 30 de diciembre de 2011 tan solo fue cancelada el 14 de mayo de 2012, sanción que estando previstas y debidamente reglada en su cuantía según los días de mora, se torna indiscutible que el monto es fácilmente determinable, para que en concordancia con el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, pueda hablarse de estar en presencia de un título ejecutivo, de donde es viable su ejecución por parte del beneficiario a través de acción ejecutiva.

Diferente fuera que se estuviera discutiendo el reconocimiento de las cesantías como litigio a resolver por alguna de las jurisdicciones enfrentadas, pero una vez declarado y reconocido el derecho de las primeras, le ley, como se dijo, estipula la cuantía como castigo que se debe pagar por no cancelar dentro del periodo de gracia para ello concebido, consagración esta que refuerza el argumento de estar frente a cuantías determinadas y ejecutables, no por otra vía distinta a la laboral ordinaria”.

Así mismo manifestó, que el Consejo de Estado dentro del radicado 200002513-01, expuso “en las hipótesis en que no haya controversia sobre el derecho, por existir la resolución de reconocimiento y la constancia o prueba del pago tardía que en principio, podrían constituir un título ejecutivo complejo de carácter laboral, el interesado puede acudir directamente ante la justicia ordinaria para obtener el pago mediante acción ejecutiva”.

Por lo anterior concluyó, que es claro en el presente caso, la competencia recae sobre la jurisdicción laboral, pues no se busca la declaratoria de un derecho sino la ejecución de un reconocimiento prestacional y legal.

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barraquilla.

Afirmó que la pretensión de la señora Indira Mildret Camacho Saavedra, “es atacar la integridad jurídica del acto expreso o ficto que negó la solicitud de reconocimiento y pago de la misma esto es el oficio 2014788 del 23 de julio de 2014 ante lo cual la acción a interponer será la nulidad y restablecimiento del derecho y por lo tanto la jurisdicción contenciosa administrativa es competente para conocer de este tipo de asuntos cuando exista un acto administrativo susceptible de ser atacado; para el caso, este bien puede ser los que reconozcan las cesantías, así como los fictos o expresos que resuelven sobre la solicitud del interesado para obtener el pago de la sanción”.

Así mismo manifestó lo siguiente: “Para la obtención judicial del pago de la sanción por mora que establece la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, se logra por dos vías: sea por la contenciosa administrativa y la ejecutiva laboral. La primera se da cuando lo pretendido sea atacar la integridad jurídica del acto expreso o ficto que negó la solicitud de reconocimiento y pago de la misma en tanto que, la segunda cuando no esté en controversia la viabilidad del pago, y el interesado acude directamente al juez laboral para obtener el libramiento de pago a su favor, en cuyo caso habrá de integrarse el título ejecutivo complejo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 100 del Código Procesal del Trabajo”.

Motivo de lo anterior, concluyó que la jurisdicción competente es la contenciosa administrativo, toda vez que lo pretendido es la declaratoria de nulidad de una Resolución 2014788 del 23 de julio de 2014.

Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 6º(1) del artículo 256 de la Constitución Política, y en armonía con lo preceptuado por el numeral 2º(2) del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para dirimir conflictos de competencia que se susciten entre distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les ha atribuido funciones jurisdiccionales, salvo las consagradas en el numeral 3º(3) del artículo 114 de la Ley 270 de 1996.

Del mismo modo, la Corte Constitucional en el auto de Sala Plena 278 del 9 de julio de 2015, al interpretar lo dispuesto en los artículos 14 a 19 del Acto Legislativo 2 de 2015, sostuvo que la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura continuará ejerciendo sus funciones, hasta tanto no se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

2. Problema jurídico a resolver y metodología a seguir para solucionarlo.

Le corresponde a esta Sala definir si le compete a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa o a la Ordinaria Laboral, conocer sobre la demanda dirigida hacia el reconocimiento y pago de la sanción moratoria reclamada por la demandante debido a la cancelación tardía de las sumas de dinero correspondientes a sus cesantías reconocidas por la Secretaría de Educación de Medellín, mediante Resolución 08565 del 24 de octubre de 2007 la cual fue aclarada por la Resolución 3736 del 28 de marzo de 2008.

La Sala precisa que el problema jurídico planteado, se resolverá aplicando la normatividad que guía el asunto y la Jurisprudencia del Consejo de Estado(4), así como el precedente horizontal de esta Sala sobre la materia, vertido en la providencia del 16 de febrero de 2017, radicado 110010102000201602995 00(5), en la cual reorientó su jurisprudencia sobre la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías a los servidores públicos y unificó la posición al respecto.

A partir de ese momento esta Sala seguirá su precedente horizontal(6), el cual deberá mantenerse, mientras no se presente una nueva posición cumpliendo con los requisitos de transparencia y de razón suficiente, esto es, indicar expresamente la tesis anterior y explicar las razones informantes o de derrotabilidad a partir de nuevos criterios re interpretativos de las normas constitucionales y legales(7).

3. Siguiendo el precedente horizontal de esta Sala se asignará el asunto a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa.

En la providencia mencionada que sirve de precedente horizontal, esta Sala se refirió expresamente a las tesis sobre la materia que venía sosteniendo hasta ese momento y advirtió la disparidad de criterios mantenidos, lo que generaba un aumento de conflictos negativos de competencia entre las jurisdicciones de lo contencioso administrativa y ordinaria laboral por el conocimiento de las demandas en las que se pretende el pago de indemnización moratoria por falta de pago oportuno de las cesantías reconocidas, debido a la incertidumbre imperante en los despachos judiciales a nivel nacional.

Fue por ello que se expresaron argumentos suficientes para la orientación de una posición coherente que ofreciera a los ciudadanos y a los despachos judiciales certidumbre sobre el mecanismo idóneo para reclamar el pago de la aludida acreencia laboral.

Previo análisis del contenido y alcance de lo regulado en la Ley 244 de 1995 (modificada por L. 1071/2006) sobre la regulación de la indemnización moratoria por el no pago oportuno del auxilio de cesantía a favor del trabajador, a cargo del empleador moroso, la Sala expuso las siguientes reglas jurisprudenciales:

La pretensión formalmente manifestada por los demandantes canalizada mediante el medio de control nulidad y restablecimiento del derecho —nulidad del acto expreso o ficto— no determina por sí sola la jurisdicción competente para este tipo de litigios, cuando las normas jurídicas de derecho objetivo que delimitan la jurisdicción y competencia son de orden público y, por ello no pueden desconocerse por las partes del proceso, así como tampoco por las autoridades judiciales, a quienes no les está permitido convalidar tal voluntad cuando resulta contraria al ordenamiento jurídico.

Basta recordar que en el parágrafo del artículo 5º de la Ley 1071 de 2006, el legislador dispuso directa e inmediatamente que la entidad obligada reconocerá y cancelará la sanción moratoria al beneficiario, consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en esa norma.

No es el nomen iuris de la demanda lo que determina la jurisdicción a tramitar el proceso, sino la pretensión real y el objeto del litigio, integrando las circunstancias de hecho y de derecho que la rodean y condicionan, la que permite establecer la autoridad judicial competente para su conocimiento y definición; pero tampoco es competencia de esta Sala, ajustar la demanda presentada, esto es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a una ejecutiva, por ejemplo, para decidir si es la jurisdicción administrativa o la ordinaria laboral la competente en estos casos.

Lo pretendido desde el punto de vista sustancial o material, es obtener por vía judicial el pago de la sanción moratoria prevista en la ley por el pago inoportuno de las cesantías que ya han sido reconocidas y pagadas o con orden de pago, por parte de la entidad estatal demandada.

El litigio o controversia judicial que surge tiene como elemento central determinante la consecuencia jurídica por el hecho de la mora en el pago efectivo de las cesantías del servidor público, de tal suerte que el pretendido debate sobre el control de legalidad a la respuesta negativa dada por la autoridad administrativa obligada por ley al pago de la sanción moratoria, es accesoria, innecesaria o irrelevante, pues la sanción prevista en el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006 opera por ministerio de la ley y el derecho a su pago no depende, de reconocimiento o declaración por parte del obligado, ni tampoco de autoridad judicial.

Por lo anterior, no puede la jurisdicción ordinaria laboral, asumir conocimiento de un asunto que no le corresponde dirimir, ya que la competencia en términos constitucionales y legales, es el conjunto de atribuciones y funciones conferidas a los órganos administrativos y judiciales, pues dada su multiplicidad es necesario delimitarles funciones bien sea por naturaleza de asunto, la cuantía de lo que se reclama, la calidad de las partes y en general todas aquellas situaciones descritas en la ley les define o distribuye determinados asuntos.

El Consejo de Estado, como se dijo precedentemente, confirma la competencia a los jueces administrativos frente a la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, por ello, la actora debe acudir a la jurisdicción administrativa, señalando que la vía procesal adecuada es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que es en últimas lo que se pretende en la demanda.

Por todo lo anterior, esta Sala unificó el criterio, en el sentido de exaltar lo que realmente pretende la parte actora, desde el punto de vista sustancial o material, lo cual es obtener por vía judicial el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la ley, por el no pago oportuno de las cesantías reconocidas por parte de la entidad demandada, siendo así la jurisdicción administrativa la competente para conocer del asunto.

Finalmente, considera la Sala que la posición fijada permite garantizar de la mejor manera posible al Tribunal Supremo de Conflictos de Competencia entre distintas jurisdicciones, el derecho fundamental de toda persona para acceder a la administración de justicia, en los términos del artículo 229 de la Carta Política y la jurisprudencia de la Corte Constitucional relativa al acceso, no sólo formal sino sustancial, real y efectivo a la justicia.

3.1. Aplicación del precedente horizontal de la Sala al caso concreto.

En el caso examinado, la Sala encuentra que la pretensión real de la demanda incoada mediante apoderada judicial por la señora Indira Mildret Camacho Saavedra, tiende indudablemente a obtener el pago de la sanción moratoria a su favor, por la cancelación presuntamente extemporánea de las cesantías parciales, cuyo reconocimiento, liquidación y pago fue ordenado por la Secretaria de Educación del Distrito de Barranquilla mediante Resolución 706 del 3 de agosto de 2010, cuyo desembolso se realizó el día 4 de noviembre de 2011.

La controversia objeto de estudio surge alrededor del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin que se declare nulo el acto administrativo que negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora y en su lugar, se ordene el reconocimiento y pago de la mencionada sanción.

En relación con lo anterior, dispone el artículo 100 del Código Sustantivo del Trabajo, que “será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral en firme”.

Por su parte, el numeral 5º del canon 2º de la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 2º del Código de Procedimiento Laboral, dispone que la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social, conoce de “la ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad”.

En el asunto sub examine, la demandante aportó copia de la Resolución 706 del 3 de agosto de 2010, en la cual la Secretaria de Educación del Distrito de Barranquilla reconoció unas cesantías parciales de la demandante, por lo tanto ajusta el valor de las cesantías parciales reconocidas y pagadas a la demandante por valor de $ 9.947.861, así mismo mediante oficio 2014788 de julio 24 de 2014, la demandada negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, motivo por el cual se adelantó conciliación ante la Procuraduría 61 para asuntos administrativos de la ciudad de Barranquilla.

Así las cosas, es pertinente afirmar que la acreencia laboral cuyo pago reclama la demandante no fue reconocida por la Secretaria de Educación del Distrito de Barranquilla, por ello y considerando la negación al reconocimiento y pago de la sanción por cancelación tardía de las cesantías, se estaría ante la discusión de la legalidad de dicho acto administrativo.

En tal sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado(8), entre otras, por medio de la sentencia proferida al interior del expediente 200801581, y el ya mencionado inicialmente; 201300480 02, en los cuales afirmó que la vía judicial para reclamar la mora en el pago de cesantías es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contenciosa, siempre que se ataque el acto administrativo, así: “En suma la vía procesal adecuada para discutir las cesantías y el reconocimiento de la sanción moratoria es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, salvo que exista certeza del derecho y de la sanción, porque, se repite, en estos eventos procede la ejecución del título complejo”.

Igualmente se indicó en la sentencia del Consejo de Estado, que (i) El acto de reconocimiento de las cesantías definitivas puede ser controvertido, cuando el administrado no está de acuerdo con la liquidación, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; (ii) ese mismo acto constituye título ejecutivo y puede ser reclamado por la vía judicial correspondiente, que es la acción ejecutiva, pero en lo que respecta a la sanción moratoria deberá demostrarse, además, que no se ha pagado o que se pagó en forma tardía; (iii) el acto de reconocimiento de la sanción moratoria puede ser cuestionado a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho si el administrado se encuentra inconforme con él, pero si hay acuerdo sobre su contenido y no se produce el pago de la sanción la vía indicada es la acción ejecutiva; (iv) cuando se suscite discusión sobre alguno de los elementos que conforman el título ejecutivo, como que no sean claros, expresos y exigibles, debe acudirse ante esta jurisdicción para que defina el tema. De lo contrario la obligación puede ser ejecutada ante la jurisdicción ordinaria por la acción pertinente.

Por último, se indicó en la sentencia referenciada, que “conviene precisar que en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho siempre existirá un acto atacable. Los expresos de reconocimiento de las cesantías definitivas y de reconocimiento de la sanción moratoria, o los fictos frente a la petición de reconocimiento de las cesantías definitivas o frente a la petición de reconocimiento y pago de la indemnización moratoria, por lo que la acción que debe impetrarse es la de nulidad y restablecimiento del derecho (…)” (negrilla y subrayado fuera de texto)

De otra parte, se debe entender que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consiste en que una persona perjudicada por un acto administrativo solicita al juez que decrete la nulidad de ese acto por ser contrario a una norma jurídica superior, pero que, además, se le restablezca en su derecho o se le repare el daño(9). En el caso concreto, vemos como la pretensión del demandante se ajusta a estas características, lo cual hace idónea su solicitud y por ende la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativa para resolverla.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con las manifestaciones expuestas en la demanda, se tiene claro, que la misma se encuentra dirigida a la protección directa de derechos subjetivos, presuntamente vulnerados o desconocidos por el acto de la administración y, busca la condena de ésta para que sea efectivo ese restablecimiento, aspectos estos que hacen aún más palpable la necesidad de aplicar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, por ende, que la competencia sea abrogada a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Así las cosas, es preciso tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, mediante el cual se define la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, norma que interpretada armónicamente con el artículo 104 ibídem, permiten colegir en casos como el expuesto a través de la demanda formulada por la señora Indira Mildret Camacho Saavedra, que la jurisdicción competente para definirlo es la de lo contencioso administrativa, pues lo pretendido es la declaratoria de nulidad de un acto administrativo y, su consecuente restablecimiento del derecho; es decir, no existe un título ejecutivo que indique la procedencia de una acción de carácter ejecutiva, pues de existir, como ya se dijo, la consecuencia sería la asignación del conocimiento a la jurisdicción ordinaria laboral.

Ahora bien, es preciso aclarar que el numeral 6º del artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que esa jurisdicción conocerá de procesos ejecutivos, pero advierte que lo será de aquellos que se generen de condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas en sede de lo contencioso administrativo, así como de los laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública, e igualmente los originados en los contratos celebrados por entidades públicas; entonces, se hace más claro aún, que no se trata de una acción ejecutiva tal como lo expuso el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla.

En conclusión, se considera que en el caso de autos frente a la existencia de un acto administrativo, que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria, la jurisdicción competente para conocer de las presentes diligencias es la contencioso administrativa, a la que en efecto se remitirá la competencia.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Superior, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones suscitado entre lo contencioso administrativa y la ordinaria laboral, en el sentido de asignar a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, representada por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla el conocimiento de este proceso, de conformidad con los razonamientos expuestos en este proveído.

2. REMITIR el expediente al Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla, para su conocimiento, y copia de esta decisión al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Barraquilla, para su información.

Por la secretaría judicial, se comunicará a los sujetos procesales lo aquí decidido.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, presidente.—Julia Emma Garzón de Gómez, vicepresidenta.—Magda Victoria Acosta Walteros.—Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal.—María Lourdes Hernández Mindiola.—Camilo Montoya Reyes.—Julio César Villamil Hernández.

Yira Lucía Olarte Ávila, secretaria judicial.

(1) Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: (…) Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones (…)”.

(2) Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén en el artículo 114, numeral 3º, de esta ley y entre los consejos seccionales o entre dos salas de un mismo Consejo Seccional.

(3) Corresponde a las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura: (…) Dirimir los conflictos de competencia que dentro de su jurisdicción se susciten entre jueces o fiscales e inspectores de policía.

(4) Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de fecha 16 de julio de 2015, proceso radicado 150012333000201300480 02, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

(5) M.P. José Ovidio Claros Polanco.

(6) Sobre el seguimiento del citado precedente, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: del 16 de febrero de 2017, Sala 16, rad. 201601798-00, M.P. José Ovidio Claros Polanco; del 24 de febrero de 2017, Sala 17, rad. 201603344-00, M.P. José Ovidio Claros Polanco.

(7) Sobre el tema, la Corte Constitucional en las sentencias T-1625 de 2000, T-698 de 2004, T-683 de 2006 y T-766 de 2008 y, T-161 de 2010, sostuvo: “Para efectos de separarse del precedente (…) son necesarios dos elementos. De una parte referirse al precedente anterior y, por otra, ofrecer un argumento suficiente para el abandono o cambio. El primer requisito es respuesta al principio de interdicción de la arbitrariedad, pues sólo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia. El ciudadano tiene derecho a que sus jueces tengan en mente las reglas judiciales fijadas con anterioridad, pues ello garantiza que sus decisiones no son producto De apreciaciones ex novo, sino que recogen una tradición jurídica que ha generado expectativas legítimas. Proceder de manera contraria, esto es, hacer caso omiso, sea de manera intencional o por desconocimiento, introduce un margen de discrecionalidad incompatible con el principio de seguridad jurídica, ahora sí, producto de decisiones que han hecho tránsito a cosa juzgada y que han definido rationes decidendi, que los ciudadanos legítimamente siguen.
A partir de la referencia al precedente anterior, es posible entrar a ofrecer argumentos suficientes que justifiquen su abandono o revisión. No se trata, en este orden de ideas, simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta indispensable demostrar que los argumentos que soportan el precedente no son válidos, suficientes, correctos, etc. El juez tiene la obligación de motivar sus decisiones. Ello implica el justificar su postura frente a otras consideraciones que han sido base de decisiones anteriores. Sólo este proceso permite superar la barrera que el derecho a la igualdad impone en la aplicación e interpretación del derecho. Sin dichas razones, el cambio de jurisprudencia será simplemente la introducción de un acto discriminatorio, incompatible con la Constitución. En el fundamento 10 b) de esa sentencia se han presentado razones que hacen válido y admisible el cambio o separación del precedente”.

(8) Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de fecha 28 de abril de 2011, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez; sentencia de fecha 16 de julio de 2015, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

(9) Rodríguez Rodríguez, Libardo. Derecho administrativo general y colombiano, editorial Temis, XIII edición, 2002, p. 258.