Sentencia 2017-03011 de enero 25 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 11001-03-15-000-2017-03011-00

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio

Actora: Carolina Ramírez Loaiza

Demandados: Tribunal Administrativo del Quindío y otro

Asunto: Acción de tutela - fallo de primera instancia

Bogotá, D.C., enero veinticinco de dos mil dieciocho.

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la señora Carolina Ramírez Loaiza, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

I. Antecedentes

1. Petición de amparo constitucional.

Mediante escrito recibido en la secretaría general de esta corporación el 9 de noviembre de 2017, la señora Carolina Ramírez Loaiza, a través de apoderado, presentó solicitud de amparo en contra del Tribunal Administrativo del Quindío y el Juzgado 1º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia, con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, así como “(…) al principio de confianza legítima y al no cambio de jurisprudencia”, los cuales consideró vulnerados con las providencias del 26 de agosto de 2016 y 1º de junio de 2017, a través de las cuales se negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada en contra del municipio de Armenia, con la finalidad de que, en atención a su calidad de docente, se le reconociera y pagara la prima de servicios.

En concreto, pidió lo siguiente:

“(…).

2) (…) ordenar al Tribunal Administrativo del Quindío, revocar en su totalidad la Sentencia 005-2017-132, del 1º de junio de 2017.

3) Ordenar al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Armenia, se expida una nueva sentencia que conforme a la jurisprudencia existente al momento de interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho conceda la prima de servicios a (…) Carolina Ramirez Loiza”.

La solicitud tuvo como fundamento, los siguientes

2. Hechos.

Sostuvo que labora como docente en el municipio de Armenia, donde ha percibido por concepto de prestaciones sociales únicamente las primas de vacaciones y la de navidad.

Indicó que el 5 de febrero de 2015 presentó una solicitud ante dicha entidad con la finalidad de que se le reconociera y pagara la prima de servicios.

Agregó que mediante oficio SE-PSE-DS-355 del 6 de febrero de 2015, se le negó el emolumento deprecado, por lo que contra dicha decisión interpuso los recursos de reposición y apelación, los cuales se resolvieron con las resoluciones 551 del 18 de febrero de 2015 y 612 del 15 de mayo de 2015.

Adujo que el 22 de septiembre de 2015 presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de los mencionados actos administrativos, para que se declarara la nulidad de los mismos y, a título de restablecimiento del derecho, se accediera a la prestación solicitada.

Añadió que dicho proceso correspondió en primera instancia al Juzgado 1º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia, el cual mediante sentencia del 26 de agosto de 2016, negó las pretensiones de la demanda.

Afirmó que la accionante interpuso un recurso de apelación en contra de la anterior decisión, la cual confirmó el Tribunal Administrativo del Quindío mediante sentencia del 1º de junio de 2017, bajo las siguientes motivaciones:

“Siguiendo lo anterior, y los parámetros jurisprudenciales expuestos (…) en especial los contenidos en la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 14 de abril de 2016, resulta claro que la demandante no tiene derecho al reconocimiento de la prima de servicios con fundamento en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues como quedó visto su vinculación como docente al servicio del ente territorial demandado se produjo a partir del 7 de julio de 2008, bajo la vigencia de la Ley 812 de 2003 y con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989.

Además ha de precisarse que ni la decisión de unificación proferida por el Consejo de Estado, ni la postura asumida por esta corporación a partir del año 2016 desconoce lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-1066/12, pues en dicha providencia, a diferencia de lo que parece concluir la parte recurrente, la Corte simplemente concluyó que la interpretación que hacía el Tribunal Administrativo del Quindío sobre el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y la posibilidad de reconocer a los docentes la prima de servicios con fundamento en dicha norma era razonable, pero en ningún momento determinó que era la única interpretación plausible de la norma ni estableció o señaló que esa era la interpretación que los demás órganos de la jurisdicción contencioso Administrativa debían adoptar.

(…).

De otra parte, en cuanto a la presunta vulneración al derecho a la igualdad de la demandante frente a muchos docentes del departamento del Quindío y del municipio de Armenia a quienes se les ha reconocido y pagado la prima de servicios, la sala considera que tampoco se configura, pues a partir del año 2014 a todo el personal docente de dichos entes territoriales se les reconoce la prima de servicios con fundamento en el Decreto 1545 de 2013, por lo que en la práctica, teniendo en cuenta el fenómeno prescriptivo, lo único que se habría dejado de reconocer a la demandante, de haberse seguido aplicando la tesis sostenida antes de abril de 2016 por la corporación sería la prima causada en los años 2012 y 2013, no evidenciándose entonces la vulneración alegada, máxime cuando dicha prestación no se reconoció en dichos períodos a la totalidad de docentes vinculados al municipio de Armenia sino únicamente a quienes obtuvieron declaración judicial a su favor y en la actualidad todos los docentes devengan la prima de servicios en los términos fijados en el Decreto 1545 de 2013.

Finalmente, en cuanto a la posibilidad que en virtud al principio de la confianza legítima se reconozca la prima de servicios a la demandante como se venía haciendo al momento de la presentación de la demanda, la sala considera que no puede accederse a tal solicitud, pues aun cuando la confianza legítima opera frente a decisiones de las autoridades judiciales, dicho principio no es absoluto y en ocasiones debe ceder ante el interés general (…).

Además, tampoco resultan aplicables al sub examine las referencias jurisprudenciales citadas por el actor conforme a las cuales el Consejo de Estado determinó que debía aplicarse el precedente vigente al momento de interponerse la demanda en virtud del principio de confianza legítima, pues dichos pronunciamientos se refieren a aspectos procesales y específicamente al tipo de acción bajo el cual debían tramitarse ciertas pretensiones después de que el Consejo de Estado modificara su postura frente a la procesal adecuada para resolver determinada controversia (…)”.

Esta decisión se notificó el 2 de junio de 2017, de conformidad con la información suministrada en la página de internet de la rama judicial.

3. Sustento de la vulneración.

La parte actora sostuvo que se vulneraron sus garantías constitucionales, por cuanto las autoridades judiciales demandadas incurrieron en el desconocimiento de la jurisprudencia vigente al momento en que interpuso la demanda ordinaria, por ser más favorable, y no la existente al momento de proferir el fallo, ello en virtud del principio de confianza legítima.

Sostuvo que desde la Sentencia T-1066 de 2012, tal y como lo reconoció la autoridad judicial demandada, resulta procedente el reconocimiento de la prima de servicios al personal docente, el cual era el lineamiento que algunos operadores judiciales seguían para acceder a similares pretensiones.

Indicó que, a pesar de dicho pronunciamiento, el Consejo de Estado mediante la sentencia del 14 de abril de 2016, unificó la jurisprudencia para negar el reconocimiento y pago de la mencionada prima al personal docente.

Resaltó que en virtud del principio de confianza legítima, los cambios jurisprudenciales no pueden suponer la afectación del derecho al acceso a la administración de justicia, de manera que el tribunal demandado debía aplicar el lineamiento que se encontraba vigente antes de la referida sentencia de unificación.

4. Trámite de la solicitud de amparo.

Mediante auto del 22 de noviembre de 2017 se admitió la solicitud de tutela y se ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Quindío y al juez Primero Administrativo del Circuito Judicial de Armenia, como demandados.

Asimismo, se vinculó como terceros interesados al alcalde de Armenia, o al funcionario en el que este haya delegado la facultad de recibir notificaciones. Finalmente, se solicitó en calidad de préstamo el expediente correspondiente al proceso ordinario en cita.

5. Argumentos de defensa.

5.1. Magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Quindío.

Esta autoridad judicial, a pesar de su notificación(1), guardó silencio.

5.2. Juzgado 1º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Armenia.

Mediante escrito recibido electrónicamente el 4 de diciembre de 2017, dicha autoridad judicial se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar que las decisiones cuestionadas se ajustaron a derecho.

Precisó que con anterioridad a la expedición de la providencia de unificación del Consejo de Estado del 14 de abril de 2016, se reconocía y ordenaba el pago de la prima de servicios a favor de los docentes, con base en el parágrafo 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

Afirmó que con dicho pronunciamiento se estableció que los docentes nacionales vinculados antes o con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989 no tienen derecho a la prima de servicios.

Indicó que con la aludida sentencia también se señaló que sí podían percibirla los docentes nacionalizados (antes territoriales), por cuanto fue la respectiva entidad la que la creó a través de una norma de carácter territorial, y que en todo caso, a partir del Decreto 1545 de 2013, sin distingo alguno, los docentes oficiales tienen derecho a su reconocimiento a partir del año 2014.

5.3. Secretaría de Educación municipal de Armenia.

A través de escrito recibido electrónicamente el 4 de diciembre de 2017, el representante de la aludida entidad, contestó la solicitud de amparo, bajo los siguientes argumentos:

Sostuvo que existe una mala interpretación de la Ley 91 de 1989, ya que esta no regula las prestaciones sociales o los factores salariales que deben ser reconocidos a los docentes, pues solo se refiere expresamente a los pagos de los cuales el fondo no se hace cargo, los cuales se remiten a la Nación.

Resaltó que de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 38 de la Ley 715 de 2001, es clara la imposibilidad de reconocer a los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos que se financien con recursos del sistema general de participaciones, prestaciones sociales distintas a las establecidas por la legislación nacional.

Manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva, en relación con el derecho sustancial pretendido, así como respecto de lo solicitado con la presente acción de tutela, puesto que ello corresponde es al tribunal demandado, que confirmó la decisión de primer instancia, la cual no accedió a las súplicas de la demanda ordinaria.

II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en atención a lo consagrado por los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

2. Problema jurídico.

Corresponde a la sala determinar, en el presente evento, si las autoridades judiciales demandadas vulneraron con sus providencias las garantías constitucionales de la parte accionante, al desconocer la jurisprudencia vigente al momento en que interpuso la demanda ordinaria, por ser más favorable y en virtud del principio de confianza legítima, y no la existente al momento de proferir el fallo cuestionado.

Para abordar el problema jurídico planteado se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) estudio sobre los requisitos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados los requisitos adjetivos de procedencia, se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012(2), mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales(3), conforme al cual:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (exp. AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.(4).

La corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “(…) fijados hasta el momento jurisprudencialmente (…)”.

Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia(5) a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia sustantiva) y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto (procedencia adjetiva).

En tales condiciones, debe verificarse en primer término que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez y iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

4. Examen de los requisitos de procedibilidad de las acciones de tutela contra providencias judiciales. Procedencia adjetiva.

Para comenzar el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la sala encuentra que las decisiones judiciales demandadas se profirieron dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Asimismo, se advierte que no existe otro mecanismo de defensa judicial ordinario para controvertirla, ya que se demanda también la sentencia de segunda instancia emitida dentro del referido medio de control.

Tampoco se observa que los reproches formulados por la tutelante tengan identidad con las causales que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión o el de unificación de jurisprudencia.

Además, se cumple el requisito de que no se trate de tutela contra tutela, lo anterior porque a través de esta acción constitucional se cuestionan unas decisiones judiciales dictadas dentro de un proceso ordinario.

En lo que respecta al parámetro de la inmediatez, la sala advierte que se cumple porque la providencia de segunda instancia cuestionada fue proferida el 1º de junio de 2017, se notificó 2 de junio de la misma anualidad, por lo que cobró ejecutoria 3 días después de notificadas(6), mientras que la solicitud de amparo fue radicada el 9 de noviembre de 2017, es decir, un poco más de 5 meses después de que dicha decisión cobrara ejecutoria, lo que implica un pronto ejercicio de la tutela.

Así las cosas, como la presente solicitud de amparo superó los requisitos generales de procedibilidad de la tutela, la sala resolverá si se vulneraron o no los derechos fundamentales invocados.

5. Estudio de fondo del caso.

La parte demandante sostuvo que se vulneraron sus garantías constitucionales, pues, a su juicio, las autoridades judiciales demandadas incurrieron en el desconocimiento de la jurisprudencia vigente al momento en que interpuso la demanda ordinaria, por ser más favorable, y no la existente al momento de proferir el fallo, ello en virtud del principio de confianza legítima.

En concreto, sostuvo la demandante que desde la Sentencia T-1066 de 2012, resulta procedente el reconocimiento de la prima de servicios al personal docente, de manera que, en virtud del principio de confianza legítima, con las sentencias cuestionadas no podían acoger el lineamiento trazado por el Consejo de Estado mediante sentencia del 14 de abril de 2016, que unificó la jurisprudencia para negar el reconocimiento y pago de la mencionada prima al personal docente, ya que su demanda ordinaria la presentó con anterioridad a dicho pronunciamiento, esto es, 22 de septiembre de 2015.

Así las cosas, se advierte que la posición que ha sostenido esta sala frente a un presunto defecto por desconocimiento de precedente, corresponde al siguiente:

“(…) es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi constituye la regla (…) que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido’(7), y que el desconocimiento de este se materializa ‘(…) cuando el fallador —Alta Corporación—, sin motivación —omite referirse a un caso anterior— o sin una motivación suficiente y razonable, decide separarse o modificar la subregla de derecho expuesta por él en un caso anterior, o cuando el juez de inferior jerarquía no lo aplica pese a estar obligado a ello”(8).

Es importante tener en cuenta que la Corte Constitucional se ha referido al precedente de la siguiente manera:

“La Corte Constitucional se ha referido a la figura del precedente como el conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver, el cual debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia, teniendo en cuenta su pertinencia para la resolución de un problema jurídico. El precedente debe ser anterior a la decisión en la que se pretende aplicar y, además, debe presentarse una semejanza de problemas jurídicos, escenarios fácticos y normativos(9). (negrilla fuera del texto).

Adicionalmente, debe precisarse que las providencias proferidas por las altas cortes en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad o con el propósito de unificar el sistema jurídico que contengan una regla o subregla constituyen precedente, el cual es de obligatorio cumplimiento por las demás autoridades judiciales.

La finalidad de dicha labor se centra en brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y operadores judiciales, al definir directrices que permiten resolver la controversia y que la misma pueda aplicarse a otros asuntos con supuestos jurídicos y fácticos similares, bajo la primacía de la Constitución Política.

Por tanto, la parte que invoca el desconocimiento de un precedente jurisprudencial, debe cumplir con la carga mínima de i) identificar la decisión que considera desatendida, ii) la ratio de la misma aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior, y iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.

Por tanto, debe indicarse que la sentencia de tutela T-1066 de 2012, que invoca la parte accionante, no contiene una regla o subregla en los términos antes expuestos, por lo que si bien corresponde a un criterio auxiliar de interpretación, no constituye precedente.

Ahora bien, no puede dejarse de lado que la postura en relación con el reconocimiento y pago de la prima de servicio para el personal docente antes de la citada sentencia de unificación no era pacífica, con ocasión de los distintos sentidos de las decisiones que se proferían en los tribunales y juzgados administrativos del país.

Al respecto, se precisa que los jueces en sus providencias son autónomos y se encuentran facultados para adoptar la posición que de acuerdo con su criterio legal considera como la más ajustada a derecho, previa exposición de manera motivada, coherente y suficiente de las razones por las que procede en uno u otro sentido.

En tal sentido, la sala encuentra razonable que el tribunal demandado haya considerado que de conformidad con la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 14 de abril de 2016, la demandante no tenía derecho al reconocimiento de la prima de servicios con fundamento en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, puesto que su vinculación como docente al servicio del ente territorial demandado se produjo a partir del 7 de julio de 2008, bajo la vigencia de la Ley 812 de 2003 y con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989.

Asimismo, se observa que dicha autoridad judicial indicó que la postura asumida por dicha Corporación a partir del año 2016 no desconoce lo resuelto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-1066 de 2012, pues sostuvo que en dicha providencia, la Corte simplemente había concluido que la interpretación que hacía el Tribunal Administrativo del Quindío sobre el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y la posibilidad de reconocer a los docentes la prima de servicios con fundamento en dicha norma era razonable, pero en ningún momento determinó que era la única interpretación plausible de la norma ni estableció o señaló que esa era la interpretación que los demás órganos de la jurisdicción contencioso administrativa debían adoptar.

Por tanto, la sala observa que, tal como lo advirtió el tribunal demandado, no podía accederse a la solicitud de que la controversia se definiera con el criterio o la postura más favorable a la demandante al momento de la presentación de la demanda, pues dicho principio no es absoluto y además, se reitera, dicha controversia no era pacífica.

Por lo anterior, la sala no encuentra vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por la accionante, pues tanto el juzgado como el tribunal demandado analizaron de fondo la controversia suscitada entre las partes, para concluir que no había lugar a acceder al reconocimiento y pago de la prima de servicios, por no haber acreditado los requisitos legales para ello.

Por tanto, se negará el amparo solicitado, puesto que se desvirtúa la existencia del defecto invocado con la solicitud de amparo, en tanto que las autoridades judiciales al no acceder a las pretensiones de la demanda ordinaria, luego de analizar el asunto de forma razonada y congruente con lo pedido, y sin desconocer los pronunciamientos judiciales de las Altas Cortes relacionados con la prima de servicios deprecada por la demandante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NIÉGASE la acción de tutela presentada por la señora Carolina Ramírez Loaiza por las razones anotadas en precedencia.

2. NOTIFÍQUESE a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

3. Si en el término de 3 días siguientes a su notificación no fuere impugnada esta decisión, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente al de la ejecutoria de esta providencia.

4. Ejecutoriada esta providencia, por secretaría, devuélvase el proceso que fue remitido en préstamo al despacho de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Rocío Araújo Oñate, Presidente—Lucy Jeannette Bermúdez BermúdezCarlos Enrique Moreno RubioAlberto Yepes Barreiro.

1 Fl. 59 y anverso.

2 Consejo de Estado. Sala Plena. Exp.: 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.

3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.

4 Ibídem.

5 Entre otras, se citan las sentencias T-949 de 2003, T-774 de 2004 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.

6 Conforme lo establece el artículo 302 del Código General del Proceso.

7 Sentencia del 19 de febrero de 2015, Consejo de Estado, Sección Quinta, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, exp. 2013-02690-01.

8 Ibídem.

9 Corte Constitucional. Sentencia T-762 de 2011.