Sentencia 2017-03422 de junio 21 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 11001-03-15-000-2017-03422-01(AC)

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Actor: Reinel Barbosa Cajicá

Demandado: Tribunal Administrativo del Meta y Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Villavicencio

La Sala decide la impugnación interpuesta por Reinel Barbosa Cajicá, contra la sentencia del 8 de marzo de 2018, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, que en el trámite de la acción de tutela de la referencia, resolvió lo siguiente:

“1. NIÉGASE la acción de tutela formulada por el señor Reinel Barbosa Cajicá, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.”(1).

Bogotá, D.C., veintiuno de junio de dos mil dieciocho.

Antecedentes

El 13 de diciembre de 2017(2), el señor Reinel Barbosa Cajicá, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Meta y el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Villavicencio, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, circulación y locomoción, debido proceso, y por desconocimiento de los artículos 1.1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de los artículos 2.1., 14.1., y 26 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.

1. Pretensiones.

Las pretensiones de la acción de tutela son las siguientes:

“1. Conceda el amparo a los derechos fundamentales que me fueron vulnerados.

2. Que, como consecuencia de ello, deje sin efecto la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Meta el día 3 de mayo de 2017 y le ordene emitir la que en derecho corresponde.”(3).

2. Hechos.

Del expediente se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor Reinel Barbosa Cajicá y otros interpusieron demanda de reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y el departamento del Meta con el propósito de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por las lesiones sufridas por Rufino Camacho Real y Reinel Barbosa Cajicá por la explosión de una mina antipersonal en la vereda El Diamante del municipio La Uribe.

2.2. El Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión de Villavicencio, en sentencia del 30 de mayo de 2014, negó las súplicas de la demanda al considerar que no se logró demostrar la responsabilidad de la entidad demandada.

2.3. La anterior decisión fue apelada por la parte actora, quien manifestó su inconformidad con el sentido de la sentencia.

2.4. El 3 de agosto de 2017, el Tribunal Administrativo del Meta confirmó la providencia impugnada.

3. Fundamentos de la acción.

El actor presenta argumentos tendientes a acreditar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Frente a los requisitos especiales de procedibilidad, el actor se limita a exponer el alcance del defecto sustantivo y de la violación directa a la Constitución Política para concluir que la autoridad judicial acusada ha incurrido en estos yeros, sin embargo, no presenta argumentos que sustenten sus acusaciones.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. El 14 de diciembre de 2017, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación admitió la acción de tutela.

4.2. El 5 de febrero de 2017 se ordenó notificar el auto admisorio de la demanda a las personas que podían tener interés legítimo en las resultas del proceso.

4.3. El Tribunal Administrativo del Meta, por conducto del magistrado ponente de la providencia acusada, rindió el correspondiente informe oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones de la acción de tutela, con fundamento en los siguientes argumentos:

4.3.1. El accionante no expuso las razones por las cuales consideraba que la autoridad judicial acusada incurrió en defecto sustantivo y violación directa a la Constitución Política, por lo que considera que los defectos alegados se reducen a argumentos hipotéticos que no tienen fundamento jurídico. Agrega que el actor no indicó si la providencia censurada prescindió la valoración de alguna prueba, efectuó análisis normativo equivocado o incurrió en defectuosa valoración probatoria.

4.3.2. El asunto puesto en consideración no cumple con el requisito general de relevancia constitucional toda vez que no comporta un escenario de vulneración de derechos fundamentales.

Considera que la verdadera pretensión del accionante es revivir discusión sobre la valoración probatoria ya surtida, y destaca que la acción de tutela no debe ser tomada como una instancia adicional para exponer los desacuerdos de las partes con el sentido de la sentencia.

Advierte que el accionante contó con pluralidad de etapas para exponer un posible desacuerdo con la valoración de las pruebas.

4.3.3. La sentencia censurada está acorde con la normatividad y jurisprudencia vigente relacionada.

4.4. El departamento del Meta, a través de apoderado judicial, rindió informe frente a la acción de tutela de la referencia. Advirtió que el accionante no presentó hecho u omisión alguna atribuible a la entidad que representa, a partir de los cuales se pueda predicar la vulneración de sus derechos fundamentales.

Frente a las acusaciones en contra de las autoridades judiciales que conocieron el asunto en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, señaló que las providencias están debidamente motivadas en la Constitución y en la ley, sin que de ellas se derive arbitrariedad alguna que comprometa los derecho fundamentales del actor.

4.5. El Ministerio de Defensa Nacional rindió informe mediante memorial presentado el 23 de enero de 2018, en el que solicitó negar las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta que en el asunto puesto a consideración del juez de tutela no se encuentra comprometida la responsabilidad del Estado porque (i) no había antecedentes de minas antipersonal en el sector donde ocurrieron los hechos; (ii) la entidad había hecho barrido de minas en la zona; (iii) las víctimas decidieron tomar camino por la maraña y mitad del bosque; (iv) no se probó que en la zona hubiese enfrentamientos.

Como fundamento de su petición transcribió sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con Radicado 0500123310002011049301, en la cual se declaró probada la excepción de culpa exclusiva de un tercero en el caso en el que un civil pisó una mina antipersonal causándole lesiones.

5. Providencia impugnada.

Mediante providencia del 8 de marzo de 2018, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, negó el amparo solicitado por los accionantes, al concluir que el Tribunal Administrativo del Meta no incurrió en defecto sustantivo ni por violación directa a la Constitución Política, ya que la providencia acusada estuvo sustentada en el marco normativo y jurisprudencial aplicable al asunto puesto en su conocimiento.

6. Impugnación.

El accionante impugnó la anterior decisión y solicitó que se revoque la sentencia, teniendo en cuenta que la providencia acusada (i) desconoció las obligaciones de demarcación y destrucción de zonas minadas, en cabeza del Estado a partir de la ratificación de la Convención de Ottawa; y que (ii) la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha indicado de manera reiterada que cuando se ocasionen daños a civiles se configuran los elementos de responsabilidad del Estado en virtud a la posición de garante de este último.

En consecuencia, indica que la omisión del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales creó un riesgo que se materializó cuando el señor Reinel Barbosa pisó una mina antipersonal, lo que se erige como una falla en el servicio por omisión atribuible al Ejército Nacional.

Consideraciones de la Sala

1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales.

La acción de tutela es procedente contra providencias judiciales. Así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Sin embargo, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional. Por esto, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales(4) y especiales(5) que deben cumplirse de forma estricta. Si no se cumplen todos los requisitos generales y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales la acción no será procedente.

El análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso. En consecuencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de la acción.

3. Cuestión previa. Delimitación del análisis.

3.1. Advierte la Sala que uno de los defectos propuestos por el accionante, violación directa a la constitución, no fue debidamente sustentado ni en el escrito de tutela ni en el de impugnación. De la lectura del primer documento, se evidencia que el actor se limitó a indicar el alcance jurisprudencial del mencionado defecto y, en el escrito de impugnación, omitió exponer argumento alguno que lo sustente.

Es así que, en la demanda de tutela, el accionante indicó lo siguiente respecto del defecto por violación directa a la Constitución Política:

“La violación directa a la Constitución como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ha sido desarrollada por la Corte Constitucional de la siguiente manera:

Esta causal de procedencia encuentra fundamento en el actual modelo constitucional, en el cual se le otorga valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que sus mandatos y previsiones son de aplicación directa por las distintas autoridades públicas, y en determinados eventos por los particulares. (…).

Esto se puede materializar en los casos concretos cuando el juez actúa de las siguientes maneras:

1. Deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto (…).

Aplica la ley al margen de los dictados de la carta política, desconociendo que de conformidad con el artículo 4º ‘la constitución es norma de normas’ (…).

Conclusiones

De todo lo expuesto resulta que el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Villavicencio y el Tribunal Administrativo del Meta incurrieron en dos defectos en la providencia de segunda instancia atacada. Por un lado, se violó directamente la Constitución Política de Colombia y por el otro se omitió los tratados internacionales ratificados por Colombia (…).”(6).

De manera que, en criterio de la Sala, dicha omisión argumentativa es suficiente para denegar por improcedente la acción de tutela respecto del cargo por violación directa a la constitución, pues, como la Sección lo ha sostenido antes, es deber del interesado argumentar y demostrar que las providencias cuestionadas han incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de lo contrario, el juez de tutela estaría imposibilitado para determinar si la providencia judicial amenaza o vulnera derechos fundamentales que se alegan como vulnerados o amenazados.

La Sala insiste que no es competencia del juez de tutela realizar una revisión in integrum de las providencias judiciales, pues ello conduciría a desplazar a los jueces naturales de la causa, y finalmente, convertir la acción de tutela en una instancia adicional a las que establece la ley.

En consecuencia, la Sala se relevará del análisis del defecto por violación directa a la Constitución, teniendo en cuenta que el actor no expuso argumento alguno que permita al juez de tutela adelantar un estudio eficaz y concreto en torno a la presunta configuración de un yerro de estas características en la providencia acusada.

3.2. Por otra parte, tal como lo hizo el juez de tutela de primera instancia, el análisis de la acción de tutela se restringirá a lo decidido por el juez de segunda instancia en el proceso ordinario, i) porque es el pronunciamiento definitivo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo sobre el caso particular, y ii) porque la pretensión de la demanda de tutela se concreta en que se deje sin efectos la providencia del 3 de agosto de 2017 y que se profiera nueva sentencia que acoja las advertencias del actor.

4. Análisis del caso.

4.1. Corresponde a la Sala determinar si le asistió razón al juez de primera instancia al negar el amparo solicitado por el accionante al considerar que la autoridad judicial acusada no incurrió en el defecto sustantivo alegado por el actor porque, a su juicio, la sentencia del 3 de agosto de 2017 se fundamentó en el marco normativo y jurisprudencial aplicable al asunto.

4.2. Se observa que en el caso propuesto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales establecidos por la jurisprudencia constitucional, por tanto es procedente analizar el defecto sustantivo alegado por el actor.

5. Defecto material o sustantivo.

5.1. El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, que tiene una incidencia directa en la decisión y del que se puede predicar que de forma directa y autónoma lesiona los derechos fundamentales.

De esta forma, la jurisprudencia constitucional ha considerado este defecto se produce cuando: (i) existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso el juez toma una decisión con fundamento en normas inexistentes, inconstitucionales(7); (ii) la norma aplicada requiere una interpretación sistemática con otras normas(8); (iii) Se aplicó una norma constitucional pero inaplicable al caso concreto(9); (iv) la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión(10); (v) se aplica una norma cuya interpretación desconoce sentencias con efectos erga omnes(11); (vi) la normas no son interpretadas con enfoque constitucional(12).

Si bien puede presentarse este defecto cuando se interpreta una disposición de manera equivocada, y, por tanto, la interpretación dada por el juez resulta a todas luces improcedente, lo cierto es que, la jurisprudencia ha sido enfática en predicar que no cualquier interpretación inadecuada puede considerarse vulneradora del derecho al debido proceso, sino que esta debe ser abiertamente arbitraria y carecer de razonabilidad.

5.2. En el escrito de tutela, el actor alegó que en su providencia el tribunal accionado “omitió los tratados internacionales ratificados por Colombia (art. 93) Constitución Nacional”. Además, en la impugnación, se expuso que el “Tribunal Administrativo del Meta desconoció la obligación y el deber que la asiste al Estado colombiano, en el acatamiento de las normas internas y de los tratados internacionales firmados y ratificados por Colombia sobre minas antipersonal”.

Es claro entonces, que en consideración de la parte actora, el defecto sustantivo alegado se concreta en la omisión de la autoridad judicial de aplicar en su providencia el contenido de los tratados internacionales relacionados con minas antipersonal, Convención de Ottawa.

5.3. A juicio de la Sala, el defecto alegado no tiene vocación de prosperidad, teniendo en cuenta que de la lectura de la providencia acusada se extrae que el Tribunal Administrativo del Meta sí tuvo en cuenta las obligaciones derivadas de la Convención de Ottawa para el análisis del caso objeto de estudio.

La anterior afirmación es verificable de folios 9 a 13 de la providencia acusada, en la que se lee lo siguiente:

4.2. De la responsabilidad del Estado por los daños causados por Minas antipersonal.

El Estado colombiano, como miembro de las Naciones Unidas, suscribió el 18 de septiembre de 1997, la Convención de Ottawa con el fin de terminar con las muertes civiles causados por las minas antipersonales, encontrándose obligado, a cumplir los deberes establecidos, tales como …”.

De conformidad con lo expuesto en el artículo citado, se estableció el deber, de los Estados que suscribieron la Convención de Ottawa, de identificar las zonas bajo su jurisdicción donde tengaconocimientoosospeche que existan minas antipersonal y de adoptar todas las medidas posibles para que se demarquen estas zonas …”.

Posteriormente, mediante la Ley 554 de 2000, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, se aprobó la Convención de Ottawa y, realizado el control constitucional, seincorporóalordenamientojurídicointerno,obligándoseelEstadoColombianoasuobservancia …”.

[…].

Ahora bien, teniendo en cuenta que la responsabilidad de desminado en el territorio nacional corresponde a la Nación - Ministerio de Defensa, a través de las Fuerzas Armadas Militares, frente al régimen de imputación, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, expresó: […].

No obstante, de manera reciente tanto la Subsección A como la C, han precisado que el régimen de imputación en los supuestos daños causados por las minas antipersona es la fallaenelservicio o de régimen subjetivo.”. (Subraya fuera de texto).

Como se observa, no le asiste razón al accionante al acusar la omisión en la aplicación de la Convención de Ottawa en la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, por el contrario, la mencionada autoridad judicial expuso que Colombia está sujeta a las obligaciones del mencionado tratado internacional y que corresponde al Estado, a través del Ejército Nacional, identificar las zonas donde tenga conocimiento o sospeche que existen estos artefactos y adoptar medidas para su señalización, demarcación y de ser posible su destrucción.

5.4. Ahora, precisada la norma que consagra la obligación en cabeza del Estado de demarcación de zonas minadas y su destrucción, la corporación acusada analizó si el daño alegado era imputable a las demandadas bajo el título de falla en el servicio por omisión, concluyendo que no se probó que la institución hubiese tenido conocimiento efectivo sobre la presencia de minas en el lugar de ocurrencia de los hechos, y que a pesar de ello no adoptó las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población.

En palabras del Tribunal Administrativo del Meta:

“En ese orden de ideas, se advierte que la sola circunstancia que el suceso dañoso haya acaecido en el municipio de La Uribe, centro de actuación y operación de las FARC por muchos años, no puede suponer de manera automática la imputación del mismo a las entidades demandadas, pues tal postura supone desconocer que dentro del elemento de imputación es necesario precisar que el daño sufrido tuvo o tiene un vínculo de relación directo con la actividad, acción u omisión de la entidad demandada, elementoquelaSalaechademenosenelpresenteasunto, pues no existe medio de prueba alguno que pueda siquiera de manera indiciaria señalar que las entidades demandadas sabían que en el sector donde se materializó el daño existía un riesgo de la ubicación de minas antipersonas, o que en desarrollo de la actividad de inteligencia o desminado se conocía el peligro de la zona y por ende el resultado dañoso es atribuible a ellas.

Debe recordarse que el municipio de La Uribe tiene una extensión superficiaria de 7640 km2, por lo que admitir que la sola ocurrencia de evento de explosión de una mina antipersona en un área de esa magnitud, supondría imponeralEstadounaresponsabilidadquevamásalládesusposibilidadesyqueademásnosecorrespondeconlaconstruccióndogmáticadelainstitucióndelaresponsabilidaddelEstadosemanejaennuestroordenamientojurídico, que como ya se indicó, supone establecer un vínculo relacional entre el daño y la actuación u omisión de los entes públicos que son sujetos pasivos de la acción judicial.”(13).

De esta manera, se concluye que en la autoridad judicial acusada no desconoció las obligaciones en cabeza del Estado con ocasión a la ratificación de la Convención de Ottawa ni su inserción en el ordenamiento jurídico interno con fundamento en el bloque de constitucionalidad (C.P., art. 93), cuestión diferente es que al analizar el elemento de imputación del daño por omisión de sus deberes normativos (falla en la prestación del servicio) consideró que los medios de prueba no eran suficientes para acreditar que las entidades tenían conocimiento de la ubicación de minas antipersonal en el lugar de los hechos, por el contrario consideró el juez, a partir de la valoración probatoria, que el hecho fue imprevisible para las entidades demandadas.

5.5. También evidencia esta Sala que el accionante parte de una premisa equivocada al indicar que “la amplia jurisprudencia de la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado Sección Tercera (sic), ha sido reiterativa y enfática al señalar que cuando se ocasionan daños a civiles por pisar minas antipersona sembradas por grupos al margen de la ley, se configuran los presupuestos de responsabilidad extracontractual del Estado y el derecho de las víctimas por la posición de garante que le asiste al Estado Colombiano”.

Al respecto, se advierte que las Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado tienen criterios divididos en cuanto al análisis de la responsabilidad del Estado frente a los daños sufridos con ocasión de minas antipersonal, así pues, la Subsección A(14) ha indicado que este escenario fáctico debe analizarse en virtud del título de imputación de falla en el servicio verificando, a partir de las pruebas aportadas al proceso, si el hecho fue previsible para la entidad demanda; por otra parte, la Subsección C(15) ha establecido que si bien se debe analizar el escenario fáctico a la luz del título de imputación de falla en el servicio por omisión normativa, no se debe dejar de lado que el Estado en estos asuntos asume una posición de garante que se desprende del artículo 2º de la Constitución Política de Colombia; finalmente, la Subsección B(16) ha indicado que bajo determinadas circunstancias los daños a civiles por mina antipersonal debe analizarse como responsabilidad objetiva a través el título de riesgo excepcional.

Este escenario no fue desconocido por la autoridad judicial acusada, quien luego de hacer una exposición de las tesis de cada una de las Subsecciones de la Sección Tercera, indicó que de conformidad con las particularidades del caso objeto de estudio acogería la tesis según la cual estos hechos deben analizarse bajo el título de imputación de falla en el servicio por omisión y luego de un estudio de los medios de convicción, llegó a la conclusión que el daño no era imputable a las entidades demandas.

Se encuentra necesario aclarar que el análisis de la configuración de una causal especial de procedibilidad, se surte al margen de la posición que tenga esta Sala en relación con el título de imputación aplicable por daños causados a civiles con ocasión de la explosión de minas antipersonal, pues cuando se tiene la investidura de juez de tutela no le está permitido operador jurídico inmiscuirse en asuntos propios de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ese es un asunto que debe resolver por el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo a través de las herramientas que ha dispuesto el ordenamiento jurídico para la tal fin, como las providencias de unificación, sean estas de Sección o de Sala Plena. Es así que, el análisis del juez de tutela debe circunscribirse a verificar que la providencia judicial acusada no entrañe un error que comporte la vulneración de los derechos fundamentales del accionante.

En definitiva, y de conformidad con los argumentos expuestos, la Sala estima que en el asunto puesto en consideración no entraña el yerro acusado por el accionante, pues como se expuso, la providencia estuvo fundamentada en el ordenamiento jurídico interno e internacional y se motivó de conformidad con la jurisprudencia aplicable.

5.6. En consecuencia esta Sección confirmará la providencia impugnada, en virtud de la cual se negaron las pretensiones de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la decisión impugnada, proferida sentencia del 8 de marzo de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Consejeros: Milton Chaves García, Presidente de la Sala—Stella Jeannette Carvajal Basto—Julio Roberto Piza Rodríguez—Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

1 Fl. 109 del expediente de tutela.

2 Fl. 1 del expediente de tutela.

3 Fl. 10 del expediente de tutela.

4 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; y v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.

5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución.

6 Fls. 8 y 9 del expediente de tutela.

7 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-158 de 1999.

8 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-510 de 2011.

9 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-172 del 2000.

10 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-100 de 1998

11 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-790 de 2010.

12 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-067 de 2012 y C-011 de 1994.

13 Fl. 29 del expediente de tutela.

14 Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia con Radicado Interno Nº 50637 y 54118.

15 Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia con Radicado Interno 39347 y 51561.

16 Cfr. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia con Radicado Interno 34492