Sentencia 2017-03460 de mayo 9 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Radicación: 11001-03-15-000-2017-03460-00(AC)

Actor: Ministerio de Defensa, Policía Nacional

Demandado: Tribunal Administrativo de Arauca

Consejero Ponente:

Dr. César Palomino Cortés

Bogotá D.C., nueve de mayo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017.

2. Problema jurídico.

La Sala debe decidir si el Tribunal Administrativo de Arauca al proferir la sentencia del 8 de mayo de 2017 incurrió en vía de hecho por defecto fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente jurisprudencial y violación directa de la constitución al condenar a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional al pago de una indemnización por concepto de lucro cesante a favor de los demandantes dentro del proceso de reparación directa(4) con radicado 2006-00045-01 por la suma de $ 27.080.679.623.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Tratándose de la acción de tutela contra providencia judicial la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional(5) y el Consejo de Estado(6) ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).

Al respecto, la Corte Constitucional en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993, analizó la procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales en los eventos que se prueba la configuración de una vía de hecho. Dicha posición fue redefinida por la misma corporación a través de la sentencia C-590 de 2005, decisión en la cual se fijaron las reglas de procedibilidad de este mecanismo constitucional contra decisiones judiciales como se conocen actualmente.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia del doctor Jorge Octavio Ramírez, precisó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales, siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos destacados por la Corte Constitucional. Así:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la acción de tutela. Estos requisitos son los siguientes: (i) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) Se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) Se cumple el requisito de inmediatez; (iv) No se argumentó una irregularidad procesal; (v) Se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y (vi) La providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes(7): a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) Defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) Defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir decisión; d) Defecto material o sustantivo, el cual se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) Error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) Decisión sin motivación; g) Desconocimiento del precedente judicial y h) Violación directa de la Constitución Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para conceder el amparo constitucional.

4. Caso concreto.

4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad.

La Sala advierte que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que los defectos alegados pueden llevar consigo una violación de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad los cuales constituyen un bien jurídico constitucionalmente amparado.

No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial con los cuales el accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados, pues se adelantaron las dos instancias dentro del proceso de reparación directa instaurado por el señor Alirio Valencia Gómez y otros contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional, el municipio de Tame, el departamento de Arauca y no se configura ninguna de las causales para hacer uso del recurso extraordinario de revisión(8).

Respecto al cumplimiento del requisito de inmediatez, se observa que la providencia proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Arauca que hoy se cuestiona en tutela, esto es, la sentencia de 8 de mayo de 2017 se notificó a las partes por edicto fijado el 11 de mayo y desfijado el 15 de mayo de 2017 (fl. 868 expediente proceso ordinario) y la demanda de tutela se presentó el 15 de diciembre de 2017 (fl. 1), es decir, dentro de un término superior a 6 meses.

Aunque, la solicitud de amparo no atiende el término de inmediatez para hacer uso de la acción de tutela, como lo ha fijado por la jurisprudencia de esta corporación(9), teniendo en cuenta la gravedad de los hechos alegados por la tutelante y los derechos invocados, la Sala considera necesario efectuar un análisis a fondo de la situación, para determinar la presunta vulneración o no de los derechos fundamentales de la demandante.

Se debe señalar que la jurisprudencia constitucional ha precisado que el término, la inmediatez es un principio orientado a la protección de la seguridad jurídica y los intereses de terceros, y no una regla o término de caducidad, posibilidad opuesta a la literalidad del artículo 86 de la Constitución, por lo que el análisis de este requisito debe hacerse bajo el concepto de plazo razonable y en atención a las circunstancias de cada caso concreto, pues esa “razonabilidad” se relaciona con la finalidad de la acción, que supone a su vez la protección urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental(10).

Adicionalmente, se observa que el accionante plantea de forma clara los hechos por los cuales considera que se vulneraron sus derechos fundamentales; y que las providencias que se cuestionan en el asunto de la referencia no fueron proferidas dentro de una acción de tutela, sino que se dictó dentro de un proceso de reparación directa.

4.2. La actuación judicial que dio origen a la acción de tutela.

• Los señores Alirio Valencia Gómez, Norha Celina Llanes Granados, Alirio Valencia Llanes, Silvia Natalia Llanes y César Javier Valencia Llanes, el 13 de septiembre de 2006 presentaron demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional, el departamento de Arauca y el municipio de Tame, solicitando la declaratoria de responsabilidad de las demandadas, por el desplazamiento forzado y el hurto de ganado del que fueron víctimas durante los años 2002 y 2004 (marzo y septiembre) (fls. 1-14 cuaderno proceso ordinario).

• El apoderado de los señores Alirio Valencia Gómez, Norha Celina Llanes Granados, Alirio Valencia Llanes, Silvia Natalia Llanes y César Javier Valencia Llanes en el escrito de demanda definió la cuantía y la competencia del asunto en los siguientes términos (fl. 13 cuaderno proceso ordinario).

“(…) Estimo la cuantía a la fecha de la presentación de la demanda, en más de CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($ 180.000.000) por la siguiente razón:

Porque el valor comercial de cada cabeza de ganado es de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS, siendo esta el valor de la pretensión mayor.

(…)

De acuerdo con la cuantía alegada y en razón a donde sucedieron los hechos, la competencia para conocer de este asunto en primera instancia será el juzgado administrativo de Arauca, y en segunda Instancia será el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca”.

• La demanda fue asignada al juzgado primero administrativo de Arauca, que mediante Auto de 3 de octubre de 2006 la admitió y ordenó notificar a las entidades demandadas y al Ministerio Público (fls. 18-19 cuaderno proceso ordinario).

• La Policía Nacional presentó escrito contestando la demanda (fls. 63-65 y 156-159 del proceso ordinario).

• El apoderado de los demandantes, mediante escrito de 6 de septiembre de 2010 reformó la demanda, en cuyo contenido solicitó la práctica de pruebas documentales, testimoniales y periciales, está última así (fls. 171-200 cuaderno proceso ordinario):

“(…) Dictamen pericial.

1. Que se ordene la práctica de esta prueba, para que expertos en la materia, se sirvan establecer los valores de los DAÑOS EMERGENTES CONSOLIDADOS Y FUTUROS Y DEL LUCRO CESANTE DE CADA UNA DE LAS PRETENSIONES FORMULADAS, teniendo en cuenta cada uno de los hechos, cada una de las pretensiones, las cuantía de las mismas, las fechas de los acontecimientos hasta la ejecutoria de la sentencia, los costos por pérdidas de oportunidad para celebrar contratos de compraventa de ganado (…) la edad de cada animal, la raza, la vida probable, los periodos para la reproducción de un año, la venta de ganado de engorde o ceba, el ganado de levante, la calidad de la ganadería (….).

2. (…) se tendrán en cuenta los registros de ASOCEBU, los programas de selección y mejoramiento genérico, los padres, las ferias, en las cuales participaron, la pérdida de oportunidad y todas las circunstancias que se manifiesten en la presente demanda.

3. De igual manera, los peritos se pronunciarán sobre los valores de los inmuebles SABANETA (…).

4. ACTUALIZACIONES E INTERESES MORATORIOS (…)”.

Adicionalmente, en el escrito de reforma de la demanda, el abogado modificó la cuantía en los siguientes términos:

“(…) Estimo la cuantía a la fecha de la presentación de la demanda, más de DOS MIL CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 2.113.550.000), por la siguiente razón:

• Porque el valor de la pretensión mayor es la propia de la víctima Alirio Valencia Gómez, que reclama sólo para él, el equivalente a CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, por perjuicios morales; CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, por la alteración a las condiciones de existencia, los cuales suman OCHOCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, equivalente a CUATROCIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS ($ 412.000.000).

• Porque los perjuicios materiales los estimo a la fecha de la presentación de la demanda en más de MIL SETECIENTOS Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 1.701.550.000) M/CTE, por la pérdida del ganado en los días 12 de marzo y 13 de septiembre de 2004 (…)”.

• El juzgado primero administrativo de Arauca mediante Auto de 11 de octubre de 2010 admitió la reforma de la demanda y ordenó la notificación de la decisión a las entidades demandadas y al Ministerio Público (fl. 454 proceso ordinario).

• El municipio de Tame en el escrito de contestación de la reforma de la demanda propuso la excepción de falta de competencia, considerando que “(…) la sumatoria de las pretensiones conforme al artículo 20 del CPC modificado por la Ley 1285 de 2009, y la cuantía de la acción de reparación directa 500 slmlv, será competencia en primera instancia del Honorable Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca” (fls. 489-492 proceso ordinario).

• El juzgado primero administrativo de Arauca mediante Auto de 5 de agosto de 2011 decretó la práctica de algunas pruebas documentales, testimoniales y parciales solicitadas por las partes (fls. 495-498).

• En relación con la prueba pericial solicitada por la parte demandante, el juzgado primero administrativo de Arauca dispuso:

“(…) Decrétese DICTAMEN PERICIAL, a fin de que un perito experto verifique la existencia de los predios relacionados en el acápite denominado “Inspección judicial”, si se trata de predios rurales, urbanos o suburbanos, de qué modo fueron adquiridos por sus propietarios, cuál es su estado actual, el valor comercial de los mismos, la explotación económica por actividades agrícolas y ganaderas, si se encuentran abandonadas o habitadas, cuáles son sus linderos, si los demandantes ejercen la posesión sobre los predios (haciendas) y demás aspectos de interés relacionados con los hechos de la demanda.

Así mismo, decrétese el dictamen pericial solicitado a folio 197 y siguientes del expediente, a fin de que se resuelvan las cuestiones allí señaladas por la parte solicitante de la prueba.

Para tal fin, NÓMBRESE como perito a Prudencio Eliseo Tovar Cisneros, quien deberá tomar posesión del cargo el próximo treinta (30) de agosto de 2011, a las 10.00 am (…)”.

• El auxiliar de la justicia, Prudencio Eliseo Tovar Cisneros mediante oficio de 22 de agosto de 2012 presentó ante el juzgado primero administrativo de Arauca el dictamen pericial ordenado en el Auto de pruebas de 5 de agosto de 2011, en el cual concluyó lo siguiente (fls. 202-256 cuaderno 1 pruebas proceso ordinario):

“(…)

• A mediados del 2002 comienza una cadena de eventos adversos para la integridad física, económica y/o patrimonial de la familia Valencia Llanes propietarios de la hacienda La Sabaneta, materializándose especialmente en los hechos ocurridos en marzo y septiembre de 2004 con el hurto de ganado bovino tipo cebú brahmán americano (492 ejemplares) y equino cuarto de milla (5 ejemplares), de bienes muebles y amenazas que forzaron el desplazamiento de todo el núcleo familiar fuera del país, la suspensión de la actividad comercial propia de la ganadería, el abandono de la hacienda La Sabaneta y demás bienes y consecuentes perjuicios tanto morales como materiales o económicos (…).

• Luego de analizar la información aportada por los afectados en la demanda, se procede a cuantificar la valoración de los bienes que ya hacían parte del patrimonio. En el presente informe se identifican los daños emergentes definidos por los perjuicios patrimoniales luego del hurto de ejemplares bovinos y equinos ocurridos en fechas 12 de marzo y 13 de septiembre de 2004, inventarios que a precios de 2004 conjuntamente asciende a la suma de mil seiscientos cincuenta y cinco millones, noventa y ocho mil seiscientos cuarenta pesos m/cte. $ 1.655.098.640, e indexados con corte a junio de 2012 considerando los IPC’s certificados por el DANE, ascienden a la suma de dos mil trescientos treinta y ocho millones, cuatrocientos cuarenta y nueve mil setecientos dieciocho pesos m/cte. ($ 2.338.449.718).

• Es claro que la actividad comercial ganadera de la hacienda La Sabaneta (venta de carne y leche) con ejemplares tipo cebú brahmán americano, luego de más de 18 años de experiencia, esfuerzos tecnológicos, económicos y humanos, logro hacer de esta, una actividad plenamente lucrativa a la parte de los estándares nacionales. Así las cosas en el presente informe se procedieron a simular las utilidades que normalmente pudieron haber obtenido este negocio, considerando los parámetros genotípicos, reproductivos del ganado hurtado y las variables que afectan la producción. De esta forma la valoración total de los lucros cesantes dejados de percibir desde el año 2004 a julio de 2012 ascienden a la suma e indexados representa (sic) la suma de quince mil ciento veintitrés millones seiscientos seis mil sesenta y tres pesos m/cte. ($ 15.123.606.063) e indexados con corte de junio de 2012 representa la suma de dieciséis mil trescientos cincuenta y seis millones ochocientos cuarenta y seis mil seiscientos tres pesos m/cte. ($ 16.356.846.603).

• Igualmente bajo la órbita del ejercicio normal de la actividad en estudio, se proyectó el inventario final que la hacienda La Sabaneta debería contar dentro de su patrimonio, concluyendo que de una total de 492 ejemplares bovinos hurtados en el 2004, la simulación arroja un total de 3440 ejemplares en el 2012, representando un incremento del 599% y que valorados a precios del presente estudio representarían la suma de diez mil setecientos veintitrés millones ochocientos treinta y tres mil veintiún pesos m/cte. ($ 10.723.833.021).

• La sumatoria de los perjuicios patrimoniales económicos, que deben ser indemnizados a los propietarios de la hacienda La Sabaneta ascienden a la suma de veintinueve mil cuatrocientos diecinueve millones ciento veintinueve mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte. ($ 29.419.123.341).

• Luego de presentados los alegatos de conclusión por cada una de las partes vinculadas al proceso de reparación directa, el juzgado primero administrativo de Arauca profirió sentencia de primera instancia, el 6 de marzo de 2015 en los siguientes términos (fls. 28-85 expediente de tutela).

“(…) 1. DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por el departamento de Arauca, por las razones en precedencia.

2. DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable, en forma solidaria, a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, Policía Nacional y municipio de Tame, de los perjuicios causados al señor Alirio Valencia Gómez, por el constante hurto de ganado bovino y caballar de su propiedad, y por haber sido desplazado por la violencia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia.

3. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, Policía Nacional y municipio de Tame, a pagar en forma solidaria y a título de indemnización, las siguientes cantidades de dinero, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia:

1. Por concepto de PERJUICIOS MATERIALES:

Daño emergente:

Para el señor Alirio Valencia Gómez, la suma de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.338.449.718).

Lucro cesante:

Para el señor, Alirio Valencia Gómez, la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS ($ 840.790.109,12).

Las sumas anteriores deberán actualizarse tomando como índice inicial de precios al consumidor certificado por el DANE el correspondiente al mes de junio de 2012 (fecha del dictamen) y el índice final de precios al consumidor correspondiente para la fecha efectiva del pago; conforme la siguiente fórmula: V (valor actual) = a Vh (valor histórico) multiplicado por el factor que resulte de dividir el IFPC (índice final de precios al consumidor) por el I.I.P.C. (índice inicial de precios al consumidor).

4. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

5. No condenar en costas a la parte demandada.

(…)

8. DAR cumplimiento a lo dispuesto en esta sentencia, observando para tal efecto, lo establecido en los artículos 176 y 177 del CCA (…)”.

• La parte demandante y demandada presentaron recurso de apelación contra la sentencia proferida por el juzgado primero administrativo de Arauca (fls. 774-792 expediente proceso ordinario).

• El Tribunal Administrativo de Arauca mediante sentencia de 8 de mayo de 2017 confirmó el fallo de 6 de marzo de 2015 proferido por el juzgado primero administrativo de Arauca, excepto el numeral tercero, en lo referente al lucro cesante, para revocar lo decidido, a efectos de definirlo así:

“(…) Lucro cesante:

Para el señor Alirio Valencia Gómez, la suma de VEINTISIETE MIL MILLONES, OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($ 27.080.679.623).

Se adiciona el ORDINAL 2: Por concepto de Perjuicio morales:

A favor de Alirio Valencia Gómez, Norha Celina Llanes Granados, Alirio Valencia Llanes, Silvia Natalia Llanes Y Cesar Javier Valencia Llanes, una indemnización por daño moral en cuantía equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno.

Se MODIFICA todos los numerales en que aparece la condena en contra del municipio de Tame, sobre el cual se DECLARA que no es responsable de los hechos, objeto de indemnización (…)”.

La anterior decisión se fundamentó en los siguientes argumentos:

“(…) Cargos de en relación con la parte demandante

En resumen pretende que el lucro cesante fijado por la sentencia, tomando una presunción de rendimiento de acuerdo con el interés legal, se modifique haciendo énfasis en el dictamen pericial, para conservar la prueba en su solidez y validez y hacer realidad el principio de la reparación integral de los daños.

A ello se suma el reconocimiento de los daños morales y a la vida de relación, los que fueron negados en primera instancia.

(…)

El juzgado de primera instancia le imprime valor al concepto pericial llevado a cabo en el presente proceso, pero en lo referente al daño emergente, sin mayores razonamientos de convicción desecha lo concerniente al lucro cesante, para tomar como referencia otro sistema de reconocimiento que parte del valor del daño emergente reconocido aplicando la presunción de ingresos por intereses legales.

La Sala no comparte este criterio, primero, porque no es admisible partir el concepto y alcance de la prueba en dos partes: bueno, objetivo y conducente en cuanto al reconocimiento del lucro cesante y nulo en cuanto al lucro cesante (sic).

(…) Al contrario de lo afirmado en la sentencia, objeto de la apelación, se nota dentro del acervo probatorio que el concepto pericial, prueba legal, fue debidamente sustentado, con antecedentes previos precisos como fue el reconocimiento de los bienes perdidos, el análisis de los hechos, personal en cuanto lo rindió el señor perito Prudencio Eliseo Tovar Cisneros (con licencia oficial de perito), auxiliar de la justicia, no hay motivos para dudar de su imparcialidad y en este caso tampoco el juez hace un pronunciamiento preciso y razonable, no se probó alguna objeción, es claro, firme, detallado, conducente, se respaldó de pruebas técnicas y científicas, de informes probatorios previos, consecuente y pertinente.

(…)

La prueba pericial está basada en la realidad previa del hurto de ganado, el que se demostró estaba perfectamente registrado como propiedad de los demandantes, pero en todo debe considerarse teniendo en cuenta que el daño emergente fue declarado por la sentencia de primera instancia, indicando que hace tránsito a plena prueba y sobre la cual no hacen reparos las partes en la segunda instancia, y por el principio de la reformatio in pejus no es posible pronunciarse por esta judicatura.

El daño emergente está debidamente indexado, con los mismos parámetros que hace el señor perito en relación el lucro cesante que va desde 2004 a 2012.

No hubo objeciones graves, ni probado algún pronunciamiento de parte de los sujetos procesales, lo cual lo hace más idóneo.

El concepto pericial se base en documentos objetivos, primero en la prueba sobre el hurto del ganado, en las características especiales de la ganadería Sabaneta, la calidad del ganado de explotación económica y en documentos y certificaciones de ASOCEBÚ, ICA, FEDEGAN, Universidad de Antioquia.

Las utilidades finales fueron las que se deducen después de descontar los gastos y costos, también documentados, por lo que no es verdad el pronunciamiento de la primera instancia, que a la ligera manifiesta que el lucro cesante no tiene ni antecedentes técnicos y contables o financieros y descuentos de la misma característica de los egresos por concepto de costos y gastos.

En conclusión, las sumas que se derivan y que parten de los bienes hurtados, y su explotación económica, menos los costos de producción son coherentes, razonables y proporcionales, por lo que no se tomarán en cuenta para realizar las condenas correspondientes y revocar el numeral que las niega.

De otra parte, con una falta de coherencia total, la sentencia de primera instancia adopta la prueba pericial en lo que respecta con el daño emergente dándole la calidad de prueba objetiva, cierta y plena. En ello comprende que el daño emergente es precisamente lo probado en relación con los ejemplares que fueron hurtados.

Sin embargo, de manera extraña al rechazar el concepto pericial respecto del lucro cesante, el juez de primera instancia no fundamenta el concepto de esta indemnización y lo rechaza con la frase muy ligera de que “por ello tampoco es posible reconocer este perjuicio sobre cifras inciertas” y en otra parte indica “Pues nada garantiza que así sea máxime cuando la actividad ganadera no puede estimar resultados con exactitud”.

Al contrario de los simples señalamientos de la primera instancia, partió el perito de bases sólidas, es decir, de los semovientes perdidos y que fueron reconocidos, luego las proyecciones se sostienen por la actividad de la finca ganadera, teniendo en mira sus características de verdades empresa o unidad de producción conocida en la región, posteriormente verificó la alta calidad del ganado perdido, una especie que fueron desarrollando a partir de la importación de ejemplares de alta pureza, en seguida tomó como referencia en la producción tanto leche como de carne estadísticas y parámetros que ofrece la Asociación de Ganado Cebú, la Federación de Ganaderos, el mercado agropecuario, el ICA y otras entidades, para arribar a los valores de venta según las certificaciones obtenidas. De igual manera se calcularon los costos de producción.

Ahora bien, la historia de la actividad ganadera está suficientemente documentada y con esas bases, se hicieron los cálculos que son estimativos, como requiere el concepto de lucro cesante, es decir, ingresos dejados de percibir, cuya realidad es un cálculo técnico proyectado sobre supuestos y algunos reales, como el hurto de ganado, y otro bajo criterio científico en cuanto a las crías que puede producir una especie de ganado, dados los antecedentes.

Con esto, se deja sin piso la afirmación de la estimación exacta de la actividad ganadera, pues de ser así el lucro cesante se desnaturalizaría para integrar otro tipo de concepto como sería el de los ingresos facturados y debidamente consolidado y causado.

Es por ello que se dice que el lucro cesante, como supuesto lógico y basado en matrices de proyección razonablemente posibles demuestra que es un daño futuro, cierto y determinable y, por tanto, se aleja de las meras ilusiones, o de esperanzas.

Aún más, el lucro cesante se origina de cosas verosímilmente probables que atienden al curso normal de los acontecimientos, por lo que es una probabilidad dentro del campo del conocimiento, ya que no son simples posibilidades.

En el caso sub exame (sic), contrario a lo manifestado por el juez de primera instancia, se hicieron los inventarios del ganado hurtado, cosa cierta, se buscó la fuente de una actividad ganadera similar a la desarrollada por la finca La Sabaneta, la cantidad de crías promedio en un determinado tiempo según estadísticas de entidades oficiales y fondos y asociaciones de ganaderos, y el precio de venta de los productos en los términos establecidos (años fiscales) por dichas entidades, todo lo cual arroja un conocimiento pleno de probabilidades verosímiles atendiendo al curso normal de los acontecimientos.

En suma, entonces, no le asiste al juez desechar el concepto pericial que se une más a la realidad de las cosas sino hubiera el hecho dañoso, que a los ingresos por intereses de lucro cesante.

(…)

En consecuencia, el valor del lucro cesante se establece en la suma de $ 27.080.679.623 la que deberá ser pagada de manera solidaria por la Nación - Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional, y La Nación - Policía Nacional (…)”.

5. Análisis del caso en concreto.

La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional plantea la vulneración de los derechos al debido proceso e igualdad porque considera que la sentencia de 8 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo De Arauca incurrió en vía de hecho por defecto fáctico, al no valorar en debida forma el dictamen pericial allegado al proceso ordinario, toda vez que el mismo no permitía evidenciar con claridad el origen de los gastos y el detrimento patrimonial que se ocasionó a las victimas (señores Alirio Valencia Gómez, Norha Celina Llanes Granados, Alirio Valencia Llanes, Silvia Natalia Llanes y César Javier Valencia Llanes), por lo que la decisión cuestionada carece de sustento probatorio para condenar a la entidad, por concepto de lucro cesante.

Agrega que el reconocimiento que se les dio a los demandantes en la sentencia del 8 de mayo de 2017, por concepto de los perjuicios materiales e inmateriales sobrepasan los topes establecidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado en el “Documento final aprobado mediante Acta de 28/08/20014, referentes para la reparación de perjuicios inmateriales”.

Aduce que el Tribunal Administrativo de Arauca en la providencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo, porque no tuvo en cuenta la normativa que regula el principio de sostenibilidad fiscal para delimitar la condena impuesta a la Nación, toda vez que condenó al pago de una indemnización por una suma equivalente a $ 27.080.679.623, sin que existiera prueba que permita establecer con claridad el daño emergente y el lucro cesante que se causó al señor Alirio Valencia Gómez y su familia.

Añade que la decisión acusada también incurrió en una vía de hecho por violación directa de la constitución, en la medida que desconoció el principio de sostenibilidad fiscal, pues la cifra exorbitante que le fue impuesta por concepto del lucro cesante a las entidades demandadas, evidencian que no tuvo en cuenta la capacidad fiscal del Estado.

Con el fin de resolver las inconformidades de la accionante la Sala estima necesario precisar los siguientes aspectos:

5.1. La indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

El artículo 1613 del Código Civil establece que “La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante”, y el artículo 1614 del referido código prevé que: “Entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento”.

En este orden, el lucro cesante, corresponde a la ganancia o provecho que dejó de reportarse a consecuencia de la concreción del daño antijurídico, por lo que sus principales características es que el daño sea futuro, cierto y determinable. Doctrinaria y jurisprudencialmente se ha sostenido que el lucro cesante, puede presentar las variantes de consolidado (cierto y real) y futuro (determinable, que se pueda establecer los ingresos que dejo de percibir la víctima), y este ha sido definido como “el reflejo futuro de un acto ilícito sobre el patrimonio de la víctima, que justamente por ser un daño futuro exige mayor cuidado en caracterización o cuantificación”(11).

El criterio jurisprudencial que ha sostenido el Consejo de Estado, Sección Tercera tratándose de la reparación directa por daños ocasionados con el hurto de ganado es que, el lucro cesante por la ausencia de producción de la actividad comercial debe reconocerse por un término de seis meses, pues se entiende que este es un término razonable para que la víctima pueda recomponerse de la situación adversa a la que estuvo sometida. Al respecto, la Sección Tercera de esta corporación en reiterados pronunciamientos ha manifestado lo siguiente:

“(…) Por su parte, en relación con el lucro cesante, se acreditó que el señor Herrera se dedicaba a la ganadería, no se demostraron en concreto las actividades específicas a las que se dedicaba (cría, leche, carne, comercio), empero, es evidente para la Sala que el hurtó debió generarle la imposibilidad de ejecutar su actividad al verse despojado de ese capital de trabajo, mientras realizaba las acciones tendientes a reponerse del daño sufrido.

Ha considerado la Sala que en tales eventos corresponde reconoce las posibles utilidades dejadas de percibir durante el lapso razonable en que la víctima tenía la carga de reponerse de las condiciones adversas, conforme lo ha aplicado la Sección en diversos eventos de lucro cesante de actividades comerciales, que se ha estimado en seis meses. En este evento y ante la ausencia de elementos objetivos para su tasación, el perito no estimó los posibles ingresos del demandante derivados de su actividad ganadera; sin embargo, también encuentra la Sala que en sus declaraciones de renta de los años inmediatamente anteriores al hurto del ganado quedó consignado el valor de los ingresos anuales totales, que para el año 2002 fueron de $ 45.411.00 declarado por concepto de otros ingresos, esto es, no conllevan suma alguna recibida por salarios u honorarios, de donde se estima que correspondían a lo devengado por el ejercicio de la actividad ganadera en cualquiera de sus modalidades.

Así las cosas, se tasará el lucro cesante en el 50% de dicha suma, que corresponde al total de los ingresos en un lapso de seis meses”(12) (negrilla y subrayado fuera de texto).

En recientes pronunciamientos, la Sección Tercera de esta corporación, teniendo en cuenta el anterior criterio ha señalado:

“(…) En relación con el lucro cesante solicitado, se advierte que en consideración a que no se acreditó que el señor Martínez Vergara hubiese obtenido un ingreso económico adicional de las reses robadas —como por ejemplo, que produjeran leche y que se demuestre que de esa producción el demandante efectivamente recibía un dinero extra—, para lo que no se puede tener en cuenta el valor que habría recibido a partir de su venta, puesto que ello ya es objeto de indemnización por concepto de daño emergente, la indemnización de dicho detrimento, cuya causación se puede inferir por el tipo de bien que representa el ganado, será equivalente al interés legal del valor de las vacas hurtadas —daño emergente—, el cual será liquidado por el término de 6 meses, postura que ha asumida con anterioridad por esta Subsección, al aseverar que: (v) En ausencia de prueba alguna aportada al plenario sobre el lucro cesante reclamado, esto es, sobre las utilidades que la actividad ganadera generaba a los actores, este se determinará aplicando el interés legal civil al valor que se obtenga como daño emergente, liquidado por un término de seis meses(13) (…)(14)(15) (subrayado fuera de texto).

El anterior argumento, tiene como sustento las sentencias de 25 de febrero de 1999, (Exp. 14.655) y de 12 de septiembre de 2002, (Exp. 13.395), C.P. Ricardo Hoyos Duque en las cuales se manifiesta que el término prudencial que tendría el afectado para recomponer la actividad económica que desarrollaba con el bien destruido sería de seis meses, con fundamento en el siguiente criterio:

“En relación con el daño sufrido por la pérdida o deterioro de las cosas materiales, se considera que la víctima debe desarrollar una actividad tendiente a limitar en el tiempo dicho perjuicio. Cuando no se conoce con certeza su duración, ese límite debe ser apreciado y determinado en cada caso concreto por el fallador, ya que “la lógica del juez colombiano en este aspecto es la de impedir que la víctima se quede impasible ante su daño. Se parte, pues, de un principio sano en el sentido de que no se avala la tragedia eterna y, por el contrario, se advierte a la víctima que su deber es reaccionar frente al hecho dañino y sobreponerse…. Llegar, en efecto, a la posibilidad de que las consecuencias de la situación dañina se extiendan indefinidamente sería patrocinar la lógica de la desesperanza, de la tragedia eterna y de un aprovechamiento indebido”(16).

En el presente asunto, la Sala observa que el Tribunal Administrativo de Arauca en la sentencia cuestionada de 8 de mayo de 2017 dispuso el reconocimiento de unos perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor del señor Alirio Valencia Gómez y su familia, por la suma de $ 27.080.679.623, tomando como fundamento el dictamen pericial allegado al proceso de reparación directa, que a su juicio realizaba un análisis integral de la actividad económica ganadera que desarrollaba la propiedad de los demandantes (finca La Sabaneta) y se fundamentaba en documentos ciertos y reales de la Asociación de Ganado Cebú, la Federación Nacional de Ganaderos, el ICA y el mercado agropecuario entre otros, por lo que las estadísticas y el cálculo técnico proyectado en el informe constituía plena prueba para ordenar el pago de la indemnización reclamada por la parte actora del proceso ordinario.

Para la Sala, aunque un dictamen pericial puede constituir prueba válida para determinar el monto a reconocer en un proceso de responsabilidad patrimonial, lo cierto, es que el tribunal accionado no podía desconocer el criterio jurisprudencial establecido por esta corporación sobre el tiempo a tener en cuenta para el reconocimiento de perjuicios materiales por la modalidad de lucro cesante, toda vez que el mismo obedece a parámetros de razonabilidad y sostenibilidad fiscal.

En este sentido, el Tribunal Administrativo de Arauca tenía el deber de analizar tanto el material probatorio allegado al expediente del proceso ordinario, como la jurisprudencia proferida por el Consejo de Estado, para concluir que el término máximo que se debía tener en cuenta para reconocer la indemnización por lucro cesante a favor de los demandantes del proceso de reparación directa, era de 6 meses, teniendo en cuenta que a juicio de esta corporación, se trata de un plazo razonable para que las víctimas pudieran recomponer la actividad económica que desarrollaban con los bienes afectados.

Es importante resaltar, que si bien, los jueces de la república están sometidos al imperio de la ley, también es cierto que en sus decisiones deben atender los pronunciamientos jurisprudenciales que han emitido las instancias superiores(17), pues a través de ellos se busca unificar la jurisprudencia, con el objeto de garantizar principios constitucionales como la confianza en las decisiones de los jueces, seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento jurídico.

Conforme con lo anterior, la Sala considera que la sentencia de 8 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca incurrió en una vía de hecho por defecto sustantivo(18) y desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, Sección Tercera porque no tuvo en cuenta los criterios establecidos por esta corporación para la liquidación de perjuicios materiales por lucro cesante, en la medida en que omitió justificar con suficiencia las razones de hecho y derecho por las cuales se apartaba de los pronunciamientos del Consejo de Estado, sobre la materia.

5.2. El dictamen pericial.

De acuerdo con las actuaciones surtidas al interior del proceso de reparación directa, se tiene, que el apoderado del señor Alirio Valencia Gómez en el acápite de pruebas del escrito de reforma de la demanda solicitó la práctica de un dictamen pericial, con el fin de establecer el valor de los daños emergentes y lucro cesante casados a los demandantes.

Por su parte el juzgado primero administrativo de Arauca mediante Auto de 5 agosto de 2011 ordenó la práctica de un dictamen pericial, nombrando para el efecto, al auxiliar de la justicia, el señor Prudencio Eliseo Tovar.

El señor Prudencio Eliseo Tovar, el día 22 de agosto de 2012 presentó ante el juzgado primero administrativo de Arauca el dictamen pericial solicitado, en cuyo contenido desarrolló un análisis de las características de la finca, la actividad comercial y efectuó unas proyecciones económicas de la misma, valorando la magnitud del daño emergente y lucro cesante ocasionado al señor Alirio Valencia Gómez y su familia, por el hurto de ganado ocurrido en los meses de marzo y septiembre de 2004 en la hacienda La Sabaneta de su propiedad, por lo que concluyó que la sumatoria de los perjuicios económicos, que debían ser indemnizados a las víctimas ascienden a la suma de $ 29.419.129.341 (fls. 202-256 cuaderno 1 pruebas proceso ordinario).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil(19), “la peritación es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos”. Por su parte el numeral 1º del artículo 238 del CPC “Del dictamen se correrá traslado a las partes por tres días durante los cuales podrán pedir que se complemente o aclare, u objetarlo por error grave (…)”.

El referido artículo 238 del CPC le impone una carga al juez de correr traslado del dictamen pericial a las partes, para que estos puedan solicitar complementación, aclaración u objetarlo por error grave, pues esta actuación procesal constituye una garantía de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción, en la medida en que permite a los sujetos procesales tener acceso, conocimiento e interacción con la prueba, la cual puede llegar a ser determinante en el proceso para definir el derecho sustancial objeto de litigio.

Revisado el expediente del proceso de reparación directa con radicado 2006-00045, cuestionado en esta acción constitucional, se observa que, el 22 de agosto de 2012 se presentó ante el juzgado primero administrativo de Arauca el dictamen pericial, sin embargo, no se evidencia que la referida autoridad judicial haya proferido auto corriendo traslado del dictamen a las partes, desconociendo la carga procesal que le imponía el artículo 238 del CPC de dar a conocer el resultado de la prueba pericial, para que los sujetos procesales afectados pudieran pronunciarse sobre el mismo.

Es importante aclarar que, si bien, el juzgado primero administrativo de Arauca desconoció el procedimiento previsto en el artículo 238 del CPC, al no garantizar la contradicción del dictamen pericial dentro del trámite de primera instancia, también es cierto que el Tribunal Administrativo de Arauca como juez de segunda instancia y director del proceso, no advirtió ese hecho, ni tomó las medidas necesarias para subsanar esa situación.

Conforme con lo anterior, para la Sala no es de recibo que el Tribunal Administrativo de Arauca, en la providencia de 8 de mayo de 2017 haya afirmado que el dictamen pericial constituía plena prueba para probar los daños causados a los demandantes, pues la misma no tuvo la debida contradicción dentro del proceso.

En ese sentido, esta Subsección estima que la utilización de los poderes y facultades del juez como director del proceso y como persona encargada de esclarecer la verdad dentro del mismo, en materia probatoria de ninguna forma puede reñir con los derechos con que cuentan las partes, por lo que en el caso bajo estudio no se podía tener como plena prueba el dictamen pericial allegado al proceso, sin haberle surtido la contradicción respectiva que establece la ley.

Bajo estas consideraciones, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de Arauca, vulneró los derechos al debido proceso, defensa y contradicción de la entidad tutelante, al darle la connotación de plena prueba al dictamen pericial, sin garantizar la contradicción del mismo, ni adoptar las medidas pertinentes dentro del trámite de segunda instancia, para subsanar dicha situación, lo cual configura una vía de hecho por defecto procedimental.

5.3. La competencia por razón de la cuantía.

En el expediente del proceso ordinario se encuentra acreditado que los señores Alirio Valencia Gómez, Norha Celina Llanes Granados, Alirio Valencia Llanes, Silvia Natalia Llanes y César Javier Valencia Llanes, a través de apoderado presentaron demanda de reparación directa, el día 13 de septiembre de 2006, estimando el valor de las pretensiones en la suma de $ 180.000.000 (fls. 1-14 cuaderno proceso ordinario).

La cuantía fijada por los demandantes permitía atribuirle la competencia del asunto a los juzgados administrativos, conforme con lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 134 B del Código Contencioso Administrativo, el cual establece que “Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 6. De los de reparación directa cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales (…)”, toda vez el valor de lo pretendido por los demandantes no superaba los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época(20).

Teniendo en cuenta los aspectos señalados en el escrito de la demanda, el juzgado primero administrativo de Arauca, mediante Auto de 3 de octubre de 2006 la admitió y ordenó la notificación a las entidades demandadas y al Ministerio Público.

Sin embargo, el día 6 de septiembre de 2010, el apoderado de los demandantes radicó ante el juzgado un escrito reformando la demanda, en cuyo contenido aclaraba hechos, solicitaba extensamente un número de pruebas y modificaba el valor de la cuantía, la cual estimó en $ 2.113.550.000 en los siguientes términos (fls. 171-200 cuaderno proceso ordinario):

“(…) Estimo la cuantía a la fecha de la presentación de la demanda, más de DOS MIL CIENTO TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 2.113.550.000), por la siguiente razón:

• Porque el valor de la pretensión mayores es la propia de la víctima Alirio Valencia Gómez, que reclama sólo para él, el equivalente a CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, por perjuicios morales; CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, por la alteración a las condiciones de existencia, los cuales suman OCHOCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES, equivalente a CUATROCIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS ($ 412.000.000).

• Porque los perjuicios materiales los estimo a la fecha de la presentación de la demanda en más de MIL SETECIENTOS Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 1.701.550.000) M/CTE, por la pérdida del ganado en los días 12 de marzo y 13 de septiembre de 2004 (…)”.

Lo expuesto permite colegir que la modificación realizada por el apoderado de los demandantes en el escrito de reforma de la demanda, en relación con la cuantía alteraba la competencia, toda vez que, si bien, el valor inicial presentado no excedía los 500 salarios mínimos legales vigentes y asignaba el asunto a los juzgados administrativos, lo cierto es que, la suma descrita en el libelo de la reforma superaba considerablemente ese monto(21), otorgándole el conocimiento a los tribunales administrativos.

De esta manera, la cuantía estimada por los demandantes en el escrito de reforma de la demanda permitía atribuir la competencia del asunto al Tribunal Administrativo de Arauca, en primera instancia, conforme con lo dispuesto en el artículo 132 del CCA, que establece: “Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 6. De los de reparación directa cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales (…)”.

El artículo 27(22) del Código General del Proceso(23) como lo hacía el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil regula el tema de la conservación y alteración de la competencia y su interpretación permite advertir que, “(…) quien comience la actuación conservará su competencia, por tanto, el juez no podrá variarla o modificarla por factores distintos al de la cuantía (…)”(24).

Por su parte, la doctrina al referirse a las consecuencias de la norma con relación al principio de la perpetuatio jurisdictionis, ha señalado que: “Si el demandante corrige la demanda y como consecuencia de las nuevas peticiones o de la estimación de las anteriores, el pleito sube del valor máximo que le atribuye la ley a la competencia del juez, éste quedará sin competencia para seguir conociendo. Entonces, en realidad, se tiene una nueva demanda cuya apreciación se hace en el momento de ser presentada y lo actuado por el juez mientras era competente, permanece válido, y el expediente debe ser remitido al superior”(25) (negrilla y subrayado fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que el juzgado primero administrativo de Arauca con el escrito de reforma de la demanda perdió la competencia para resolver el litigio y en consecuencia, tenía el deber de remitir el asunto al Tribunal Administrativo de Arauca, para que decidiera en primera instancia el proceso, sin perjuicio que lo actuado hasta entonces conservará su validez.

No obstante, se observa que el juzgado primero administrativo de Arauca a pesar de la modificación de la cuantía realizada por la parte demandante, dio trámite al proceso y profirió sentencia de primera instancia, el 6 de marzo de 2015, la cual fue apelada y conocida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Arauca, quien continuó con la actuación judicial y profirió providencia definitiva, el 8 de mayo de 2017, sin advertir esa irregularidad, ni tomar las medidas pertinentes para remediar esa situación, desconociendo que actuaba como superior funcional y director del proceso.

Bajo estas consideraciones se advierte que la sentencia de 8 de mayo de 2017, proferida, por el Tribunal Administrativo de Arauca, se encuentra viciada de nulidad, por cuanto fue emitida por autoridad sin competencia, pues no tuvo en cuenta aspectos fundamentales de orden procesal como el factor funcional y la cuantía, para concluir que la competencia del litigio en primera instancia correspondía, al Tribunal Administrativo de Arauca y en segunda instancia, al Consejo de Estado, lo cual ocasionó que se configurara una vulneración del derecho al debido proceso de la entidad tutelante.

En este orden de ideas la Sala concluye que, el Tribunal Administrativo de Arauca, al proferir la sentencia de 8 de mayo de 2017 vulneró los derechos al debido proceso e igualdad de la entidad tutelante porque: i) No tuvo en cuenta los criterios jurisprudenciales del Consejo de Estado, Sección Tercera para liquidar los perjuicios materiales por lucro cesante; ii) Decidió tener como plena prueba el dictamen pericial el dictamen pericial, sin garantizar la contradicción del mismo; y iii) Profirió decisión en segunda instancia, sin competencia funcional.

Adicionalmente, llama la atención, que la Sala del Tribunal Administrativo de Arauca, que resolvió el litigio se conformó a través de conjueces, quienes en su análisis jurídico y probatorio omitieron estudiar adecuadamente la normativa procesal aplicable, así como los criterios jurídicos fijados por la misma corporación y el Consejo de Estado sobre la materia.

lll. Decisión

Por las razones expuestas, la Sala accederá al amparo de los derechos al debido proceso e igualdad de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, se declarará la nulidad de todo lo actuado en el proceso de reparación directa con radicado 2006-0045, a partir del Auto de 14 de julio de 2015, inclusive, proferido por el Tribunal Administrativo de Arauca, mediante el cual admitió el recurso de apelación interpuesto por las partes, contra la sentencia de 6 de marzo de 2015 dictada por el juzgado primero administrativo de Arauca; y se ordenará remitir el expediente del proceso ordinario al Tribunal Administrativo de Arauca, para que surta las actuaciones a que haya lugar.

Lo anterior, sin perjuicio de verificar la caducidad que se pueda deprecar de las pretensiones invocadas por la parte demandante en la demanda de reparación directa, teniendo en cuenta que se solicita la reparación económica por el hurto de ganado ocurrido en dos momentos distintos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad invocados por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 8 de mayo de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca; y DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en el proceso de reparación directa con radicado 2006-0045, a partir Auto de 14 de julio de 2015, inclusive, proferido por el Tribunal Administrativo de Arauca, mediante el cual se admitió el recurso de apelación interpuesto por las partes, contra la sentencia de 6 de marzo de 2015 dictada por el juzgado primero administrativo de Arauca.

3. Por Secretaría, DEVOLVER al despacho del Consejero de Estado Milton Chaves García, el expediente de reparación directa allegado en préstamo, proveniente de la tutela con radicado 2017-02967-01 y una vez se termine su estudio, se proceda a REMITIR el referido expediente del proceso ordinario al Tribunal Administrativo de Arauca, para que lleve a cabo las anotaciones de rigor y proceda a enviar el asunto al juzgado primero administrativo de Arauca, a efectos que profiera las decisiones a que haya lugar, con fundamento en las consideraciones expuestas en esta decisión.

De no ser recurrida la presente providencia, por Secretaría remitir a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase».

4 Los señores Alirio Valencia Gómez, Norha Celina Llanes Granados, Alirio Valencia Llanes, Silvia Natalia Valencia Llanes y Cesar Javier Valencia Llanes.

5 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.

6 Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

7 Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, entre otras.

8 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 250.

9 La Sala Plena del Consejo de Estado, mediante Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, explicó que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran en juego los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por lo anterior, esta corporación en dicha providencia acogió, como regla general, un plazo de seis meses contados a partir de la notificación de la sentencia.

10 Corte Constitucional, Sentencia T-246 de 30 de abril de 2015. M.P. María Victoria Sáchica Méndez.

11 CAVALIERI FILHO, Sergio, Programa de responsabilidad civil, 6ª Edición., Malheiros editores, Sao Paulo, 2005, pág. 97.

12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 20 de octubre de 2015, Exp. 2004-00196 (35185). C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

13 [18] Conforme a la jurisprudencia de la corporación, en el afectado recae una carga de recomponer la actividad económica que desarrollaba y por ende, se ha estimado que el término de seis meses constituye un lapso prudencial para su recuperación. Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de diciembre de 2013, Exp. 27.966. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Ver además: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 3 de septiembre de 2015, Exp. 35.834. M.P. Stella Conto Díaz Del Castillo, Sentencia de 11 de mayo de 2006, Exp. 14.694. C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1º de junio de 2017, Exp. 07001-23-31-000-2004-00198-01(35197). C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 20 de abril de 2017, actor: Enrique Martínez Vergara y otros, Exp. 7000123310000200300500 01 (38718). C.P. Danilo Rojas Betancourth. Reiterado en sentencia de 14 de marzo de 2018, Exp. 200012331000 2002 145 01 (33118), actor: Elbert Augusto Araújo Morón. C.P. Danilo Rojas Betancourth.

16 JUAN CARLOS HENAO PÉREZ. El Daño. Santafé de Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998. págs. 156-157.

17 Corte Constitucional, Sentencia T-102 de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, en la cual se explicó lo siguiente “(…) La primera razón de la obligatoriedad del precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción (…)”.

18 Corte Constitucional, sentencias T-049 de 2007. M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-288 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-464 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-794 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio, C-634 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, en las cuales se ha señalado que: “también el desconocimiento sin debida justificación del precedente judicial configura un defecto sustantivo, en la medida en que su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales —sea éste precedente horizontal o vertical—, en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena fe”.

19 Normativa vigente para la época en que se ordenó la práctica de la prueba y se emitió el dictamen pericial en el proceso de reparación directa objeto de estudio.

20 Se aclara que para el año 2006 el valor del salario mínimo correspondía a la suma de $ 408.000, por lo que el valor (500 smlmv) que permitía atribuir competencia a los juzgados administrativos ascendía a la suma de $ 204.000.000).

21 Teniendo en cuenta el valor del salario del año 2006 e incluso el del 2010, pues para el año 2010, el valor del salario mínimo correspondía a la suma de $ 515.000, por lo que el valor (500 smlmv) que permitía atribuir competencia a los juzgados administrativos ascendía a la suma de $ 257.500.000.

22 “ART. 27.—Conservación y alteración de la competencia. La competencia no variará por la intervención sobreviniente de personas que tengan fuero especial o porque dejaren de ser parte en el proceso, salvo cuando se trate de un estado extranjero o un agente diplomático acreditado ante el Gobierno de la República frente a los cuales la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia tenga competencia.
La competencia por razón de la cuantía podrá modificarse solo en los procesos contenciosos que se tramitan ante juez municipal, por causa de reforma de demanda, demanda de reconvención o acumulación de procesos o de demandas.
Cuando se altere la competencia con arreglo a lo dispuesto en este artículo, lo actuado hasta entonces conservará su validez y el juez lo remitirá a quien resulte competente. (…)”.

23 Para la Sala la norma enunciada resultaba aplicable al caso concreto, pues se encontraba vigente para el momento en que el juzgado primero administrativo de Arauca profirió sentencia el 6 de marzo de 2015, dentro del proceso de reparación directa objeto de estudio con radicado 2006-00045, por virtud de lo dispuesto por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en el Auto del 25 de junio de 2014, Rad. 25000-23-36-000-2012-00395-01 (IJ) N.I.: 49299, demandante: Café Salud Entidad Promotora de Salud S.A, el cual estableció que el Código General del Proceso (CGP) (Ley 1564 del 2012) tiene vigencia plena desde el 1º de enero del 2014.
Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual establece que: “Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.

24 Criterio jurídico expuesto por la Corte Suprema de Justicia en Auto 312 de 15 de diciembre de 2003, Rad. 00231-01); y reiterado en providencias de 11 de marzo y 05 de septiembre de 2011, Rads. 2010-01617-00 y 2011-01697-00, entre otras.

25 Devis Echandía, Hernando, Tratado De Derecho Procesal Civil, T. II, pág. 113, Ed. 1962.