Sentencia 2018-00009 de junio 14 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera Ponente:

Rocío Araújo Oñate

Bogotá, D.C., catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018).

Rad.: 08001-23-33-000-2018-00009-01

Actor: Cooperativa de Pescadores de Malambo, Atlántico

Demandado: Nación – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otros

Asunto: Acción de tutela. Fallo de segunda instancia

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra el fallo del 5 de abril de 2018, por el cual la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo.

Mediante escrito radicado el 13 de marzo de 2018(1), en la secretaría general del Tribunal Administrativo del Atlántico, la Cooperativa de Pescadores de Malambo, quien actúa por medio de apoderado judicial(2), ejerció acción de tutela contra el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corporación Autónoma Regional del Atlántico, Empresa de Aguas de Malambo S.A. ESP, Parque Industrial de Malambo y el Juzgado 12 Administrativo de Barranquilla, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales “a la vida, al trabajo, a la alimentación, al medio ambiente”.

Las anteriores prerrogativas las estimaron transgredidas por cuanto no se ha decidido por parte del Juzgado 12 Administrativo de Barranquilla, la acción popular que presentaron desde el año 2014 con el fin de detener las licencias de construcción en la zona de pesca.

A título de amparo, el accionante solicitó que se le protejan los derechos fundamentales invocados y:

“...se ordene al señor alcalde del Municipio de Malambo (Atlántico), suspender de inmediato el otorgamiento de licencias urbanísticas sobre los terrenos adyacentes a la laguna de Ciénaga Grande de Malambo, que viene siendo objeto de desecamiento y relleno con escombros para posteriormente utilizar dichos terrenos en construcciones industriales. 

Ordenar a las autoridades ambientales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA), tomar las medidas necesarias tendientes a agilizar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de dicho municipio e iniciar el proceso de recuperación de la misma. 

Ordenarle al Municipio de Malambo y a la empresa de aguas de Malambo S.A. ESP, iniciar un proceso de desarrollo social mediante auxilios económicos de un salario mínimo legal mensual, dirigido a los pescadores artesanales de Malambo como compensación para su subsistencia económica por la contaminación de la Ciénaga Grande de Malambo, por parte de dichas entidades, y mientras se da su recuperación total durante un término calculado por la autoridad ambiental regional según estudios científicos aplicables al caso concreto. 

Ordenarle al Parque Industrial de Malambo, PIMSA, y a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA, diseñar y construir los diques y caños que le permitan nuevamente la entrada de agua del río Magdalena a las citadas lagunas (Ciénaga Grande de Malambo y a la Ciénaga de El Convenio (...). 

Ordenarle al Municipio de Malambo y a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA, implementar un proceso de capacitación a los pescadores artesanales de Malambo y a sus familias, como alternativa de realizar otras actividades mientras se logra la recuperación ambiental y productiva de las ciénagas. Ciénaga Grande de Malambo y El Convenio”. 

2. Hechos probados y/o admitidos.

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

• El 19 de agosto de 2014 la Cooperativa de Pescadores de Malambo presentó acción popular contra el Municipio de Malambo, Corporación Autónoma Regional del Atlántico, Empresa de Aguas de Malambo y el Parque Industrial de Malambo.

• En la referida acción solicitaron medida cautelar con el fin de detener las licencias de construcción en la zona de pesca.

• El Juzgado 12 Administrativo de Barranquilla, admitió la demanda y con Auto del 10 de octubre de 2014(3) negó la medida cautelar solicitada por cuanto manifestó que en el trámite inicial del proceso no es posible definir las causas de la problemática ambiental y la de establecer responsabilidades.

• El Juzgado 12 Administrativo de Barranquilla con Auto del 7 de noviembre de 2014 vinculó al proceso al Departamento del Atlántico y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA.

• El 16 de noviembre de 2017 la Cooperativa de Pescadores de Malambo solicitó mediante memorial impulso procesal ante la no resolutiva de la acción popular por parte de la autoridad judicial.

• La cooperativa de pescadores estimó que el proceso de acción popular durará dos años más para ser resuelto en su primera instancia y dos más en su segunda instancia, lo que evidencia un daño irreversible a la laguna y a los pescadores.

3. Actuaciones procesales relevantes.

3.1. Admisión de la demanda.

Por auto del 14 de marzo de 2018(4), el Tribunal Administrativo del Atlántico, admitió la demanda de tutela y ordenó notificar al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, a la Empresa de Aguas de Malambo, al Parque Industrial de Malambo, al Alcalde del Municipio de Malambo y al Juez 12 Administrativo de Barranquilla.

De otra parte, se ofició a la secretaría general del Juzgado 12 Administrativo de Barranquilla para que allegara en calidad de préstamo el expediente del proceso Nº 08001-33-33-012-2014-00399-00 contentivo de la acción popular.

4. Intervenciones.

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles a folios 58 a 69, se presentaron las siguientes intervenciones:

4.1. Juzgado 12 Administrativo de Barranquilla.

Relató las actuaciones realizadas dentro del trámite de la acción popular, añadió que la totalidad de pruebas no han sido recaudadas, por lo que con Auto del 21 de julio de 2017 se prorrogó el periodo probatorio, requiriendo nuevamente las pruebas faltantes el 26 de enero de 2018.

Indicó que se encuentra en el recaudo de la totalidad del material probatorio, puesto que la complejidad del asunto requiere informes técnicos de los expertos en materia ambiental.

Manifestó que no habiendo asomo de vulneración de derechos fundamentales a la vida, a la alimentación, al medio ambiente y al trabajo, resulta improcedente la acción constitucional, pues no es consecuente con el carácter excepcional de la misma.

4.2. Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.(5) 

A través de apoderado se opuso a las pretensiones de la acción constitucional, toda vez que la corporación que representa no ha tenido injerencia alguna en los hechos narrados por el accionante configurando la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no existe prueba alguna que lo comprometa.

4.3. Parque Industrial de Malambo S.A., PIMSA.

A través de apoderado consideró que existe un medio de defensa judicial idóneo y eficaz, el cual está siendo utilizado por el accionante, y que actualmente se encuentra en trámite ante las autoridades judiciales.

4.4. Aguas de Malambo S.A ESP.

Resaltó que actualmente se encuentra en trámite la acción popular, sobre la cual aún no hay decisión de fondo, lo que invalida la acción de tutela pues la tornaría improcedente frente a un proceso judicial en curso. Añadió que la parte accionante pretende la protección de derechos colectivos a través de una acción de tutela, no siendo el mecanismo idóneo para tal fin.

4.5. Corporación Autónoma Regional del Atlántico.

Solicitó se declare la improcedencia de la acción de tutela en virtud de que no existe vulneración de derechos fundamentales al accionante, pues dentro de la actuación desplegada por el Juzgado que conoce la acción popular se han respetado todas las garantías a los accionantes.

Indicó que la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo para revivir términos o acciones legales, para surtir el procedimiento constitucional de la acción popular.

5. El fallo impugnado.

La Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del 5 de abril de 2018(6), declaró la improcedencia de la acción, al considerar que como lo pretendido por el actor es el amparo de los derechos fundamentales, en razón a la conducta omisiva del Juzgado 12 Administrativo de Barranquilla relacionada con abstenerse de decidir de fondo sobre la acción popular, el actor cuenta con otro mecanismo de defensa.

Estimó el juez de la primera instancia constitucional que para oponerse a la actuación desplegada por el juzgado que conoce la acción popular relativa a “mora o dilación injustificada con el impulso de la acción popular, radicación Nº 08001-33-33-012-2014-00399-00” el demandante dispone de otro mecanismo de defensa judicial a su alcance consistente en la “vigilancia judicial” en cabeza del Consejo Seccional de la Judicatura-Sala Administrativa, entidad encargada de conocer las vigilancias judiciales y las quejas disciplinarias por situaciones ocurridas dentro del ámbito de su jurisdicción.

Anotó que la vigilancia judicial es un mecanismo administrativo de carácter permanente, que tiene por objeto asegurar que los servidores de la Rama Judicial desarrollen de manera oportuna y eficaz sus funciones, siendo entonces la herramienta idónea para solicitar el adecuado cumplimiento de las funciones asignadas los jueces en territorio nacional, relacionadas con los procesos judiciales que sean tramitados por estos cuando se advierta una “mora o dilación injustificada”.

6. Impugnación.(7) 

El apoderado judicial de la parte actora, con escrito del 19 de abril de 2018, impugnó la decisión de primera instancia para que se revocara y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la tutela.

Manifestó que la decisión de primera instancia, incurre en una “vía de hecho”.

Indicó que la acción de tutela por conexidad con los derechos fundamentales de los pescadores es procedente y desplaza a la acción popular “que se haya en curso y en morosidad en el juzgado doce administrativo oral del circuito de Barranquilla”.

Sostuvo que se hace a un lado las pruebas aportadas a la demanda de tutela, donde se demuestra la violación grave de los derechos fundamentales de los pescadores, lo cual constituye un perjuicio irremediable, por las siguientes razones:

“a) Contaminación a las fuentes de agua donde mis poderdantes realizan la labor Aguas de Malambo S. A. ESP. 

b) La construcción de terraplén por parte de la empresa PIMSA que le corta el ingreso del agua del río Magdalena a las mencionadas lagunas. 

c) El desecamiento y relleno de la laguna ciénaga Grande de Malambo, por parte de particulares, y su posterior construcción de bodegas y locales comerciales y residenciales en detrimento del medio ambiente y de unos humildes pescadores que quedan sin su alimentación diaria. Estas acciones constituyen delitos de lesa humanidad de conocimiento de la Corte Penal Internacional. 

d) La actitud omisiva y ciega de las entidades ambientales de control, que no oyen, no ven ni entienden este gravísimo problema ambiental. 

e) La lentitud peligrosa de la acción popular que los citados pescadores presentaron en el juzgado doce administrativo oral del circuito de Barranquilla, expediente Nº 080013333012-2014-00399-00, que lleva casi 4 años, con todos los perjuicios irremediables e irreparables causados a mis poderdantes por esa falla del servicio judicial”. 

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia.

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia proferida por la Sección C de del Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y 1069 de 2015 modificado por el Decreto 1983 de 2017 y el artículo 2 del acuerdo 55 de 2003 de Sala Plena de esta corporación.

2. Problema jurídico.

Corresponde determinar si se confirma, modifica o revoca el fallo del 5 de abril de 2018, proferido por la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico, el cual declaró la improcedencia de la solicitud de amparo interpuesta por la Cooperativa de Pescadores de Malambo-Atlántico. Así, el problema jurídico a resolver es:

¿Es procedente la acción de tutela para restablecer los derechos fundamentales supuestamente vulnerados por el Juzgado 12 Administrativo de Barranquilla al no resolver de fondo y oportunamente la acción popular con radicado 08001-33-33-012-2014-00399-00 instaurada por la parte actora?

3. Razones Jurídicas de la decisión.

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) las generalidades de la acción de tutela; (ii) mora judicial; (iii) naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la misma cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces y, (iv) análisis del caso concreto.

3.1. Generalidades de la acción de tutela.

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamental que se dice vulnerado o amenazado.

El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental.

3.2. Mora judicial.(8) 

El artículo 4º de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, establece: “La administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar”.

El precepto anterior fue declarado exequible por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, en el entendido de que es requisito indispensable que el juez propugne por la vigencia del principio de la seguridad jurídica, es decir, que asuma el compromiso de resolver en forma diligente y oportuna los conflictos a él sometidos. Ello, dentro de los plazos que define el legislador. Lo anterior, en consideración a que es parte integrante del derecho al debido proceso el “derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos”.

La Corte Constitucional, reiteradamente, ha señalado que las dilaciones injustificadas en los procesos judiciales pueden causar amenaza o vulneración del derecho fundamental al debido proceso.(9) Sobre el particular, en una determinada oportunidad, se manifestó en los siguientes términos:

Como se advierte toda persona tiene derecho a que los trámites judiciales en que participe como demandante, demandado e incluso como tercero no se vean afectados por retrasos injustificados, pues ello iría en detrimento no solo del derecho al debido proceso sin dilaciones injustificadas sino al derecho al acceso a una real y efectiva administración de justicia, dado que la resolución tardía de las controversias judiciales equivale a una falta de tutela judicial efectiva.(10) 

Así, el derecho al acceso a la administración de justicia no puede interpretarse como algo desligado del tiempo en que deben ser adoptadas las decisiones judiciales durante las diferentes etapas del proceso por parte de los funcionarios, sino que ha de ser comprendido en el sentido de que se garantice dentro de los plazos fijados en la ley. 

Una interpretación en sentido contrario implicaría que cada uno de los magistrados, jueces y fiscales podrían, a su leal saber y entender, proferir en cualquier tiempo las providencias judiciales, lo cual desconoce lo ordenado en el artículo 123 de la Carta Política en cuanto dispone que los servidores públicos, y dentro de esta categoría los funcionarios judiciales,(11) deben ejercer sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley o el reglamento. 

Como se ve existe una estrecha relación entre el acceso a la administración de justicia y el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas no obstante, no puede perderse de vista que el contenido esencial de este último difiere del de aquél, puesto que éste se refiere no a la posibilidad de acceso a la jurisdicción ni a la obtención práctica de una respuesta jurídica a las pretensiones formuladas, sino a una razonable dimensión temporal del procedimiento necesario para resolver y ejecutar lo resuelto. Esta razonabilidad es establecida, en principio, por el legislador al expedir las normas que regulan los plazos para el desarrollo de los diferentes procesos y la adopción de las decisiones dentro de los mismos.(12) 

Siguiendo el hilo conductor trazado en los pasajes anteriormente transcritos, la Corte Constitucional ha calificado, como parte integrante de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, el “derecho fundamental de las personas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos”(13). Por su parte, esta corporación ha señalado que, en caso de comprobarse una dilación injustificada del proceso, la acción de tutela resulta procedente a fin de ampararlos.(14)

Al respecto, la Sala ha indicado que:

La mora judicial o administrativa que configura vulneración del derecho fundamental al debido proceso se caracteriza por: (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente; (ii) que la mora desborde el concepto de plazo razonable que involucra: análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y el análisis global de procedimiento y (iii) la falta de motivo o justificación razonable en la demora.(15) 

Así mismo, se ha entendido que, atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos, el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Esto, en consideración a la complejidad del asunto, el cual puede requerir de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, sea para valorar pruebas o analizar la normatividad existente. Por ello, cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

En conclusión, la mora judicial no atiende a la simple tardanza en el trámite de los procesos judiciales, a las demoras que se presentan por la complejidad del caso, ni a las excesivas cargas de trabajo y a los rezagos que enfrentan los jueces. En realidad, esta se predica de aquellos eventos en que los retrasos se deben a la negligencia de los funcionarios y a la omisión de sus deberes.(16)

Al respecto, la Sala ha asumido una posición reiterada en relación con la existencia de mora judicial. De acuerdo con esta, el fenómeno en comento sólo se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. De ese modo, de acreditarse tal evento, la conducta en particular constituye violación, tanto al derecho de acceso a la administración de justicia, como al debido proceso de las partes.(17)

3.3. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la misma cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces.

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia(18).

Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de aquellos.

Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son de la esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2º del artículo 2º de la Constitución, de ahí que la garantía de los derechos fundamentales de las personas no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que es vinculante para cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado y en cualquiera de los ámbitos funcionales del mismo.

3.4. Análisis del caso concreto.

En el sub judice, se advierte que los cuestionamientos de la Cooperativa de Pescadores de Malambo, van dirigidos a atacar la tardanza judicial, en tanto no se ha decido por parte del Juzgado 12 Administrativo de Barranquilla, la acción popular que presentaron desde el año 2014 con el fin de detener las licencias de construcción en la zona de pesca.

Considera la parte actora que la acción de tutela en conexidad con los derechos fundamentales de los pescadores es procedente y desplaza a la acción popular.

En efecto, lo que pretende el tutelante con la presente acción constitucional es que se ordene a las autoridades administrativas y ambientales tomar las medidas necesarias tendientes a suspender de inmediato el otorgamiento de licencias urbanísticas sobre los terrenos adyacentes a la laguna de Ciénaga Grande de Malambo, que viene siendo objeto de desecamiento y relleno con escombros, la de agilizar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, la de agilizar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, así como la de implementar un proceso de capacitación a los pescadores artesanales. Lo anterior, por cuanto a juicio del actor, la acción popular se encuentra “en morosidad en el Juzgado Doce Administrativo oral del circuito de Barranquilla”.

Por lo anterior expuesto, esta Sala considera necesario poner de presente las distintas actuaciones que se han presentado al interior del mismo con el fin de determinar si la autoridad judicial accionada incurrió en mora judicial.

Una vez revisado el sistema siglo XXI, se encuentra probado, a alturas de esta acción de tutela, que el Juez 12 Administrativo de Barranquilla, autoridad judicial que actualmente conoce la acción popular con radicado Nº 08001-33-33-012-2014-00399-00, ha registrado, literalmente, las siguientes actuaciones procesales:

S2018-00009CE fig 1
 

Adicional a lo anterior, el Juzgado 12 Administrativo al rendir informe respecto de la acción de tutela, relacionó las siguientes actuaciones adelantadas en el trámite de la acción popular 2014-00399, como sigue:

“2. Con auto de fecha 22 de agosto de 2014, se admitió la demanda, ordenándose la notificación a las demandadas Municipio de Malambo, a la Corporación Autónoma Regional CRA, a la empresa Aguas de Malambo, al Parque Industrial de Malambo PIMSA y al Ministerio Público. Fls. 78 al 88. 

3. Con escrito obrante a folio 89, el Dr. FRANCISCO CUELLO DUARTE, en calidad de apoderado de la parte actora presentó recurso de reposición y en subsidio apelación contra el auto admisorio de la demanda, por omitir el Despacho emitir pronunciamiento respecto de las medidas cautelares solicitadas con la demanda, recurso el cual fijado en lista el 2 de septiembre de 2014 (fl. 90). 

4. Mediante auto de fecha 10 de octubre de 2014, este Despacho resuelve no reponer el auto de fecha 22 de agosto de 2014, rechaza por improcedente el recurso de apelación y deniega la medida cautelar solicitada decisión contra la cual no se interpuso recurso alguno. Fl. 281 al 282. 

5. Con auto de fecha 7 de noviembre de 2014, se ordena la vinculación como demandados al presente proceso del DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA (fl. 283).

6. Mediante proveído del 9 de febrero de 2015, se fijó el día 26 de febrero de 2015 a las 2: 30 pm, para llevar a cabo audiencia de pacto de cumplimiento de que trata el artículo 27 de la Ley 472 de 1998. Fl. 320. 

7.-En la hora y fecha señalada en el auto anteriormente descrito, se llevó a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento, la cual se declaró fallida conforme a lo establecido en el literal a) del inciso 6 º del artículo 27 de la Ley 472 de 1998, ante la inasistencia del apoderado del Municipio de Malambo. Fl. 335. 

8. En auto de fecha 25 de septiembre de 2015, se dispuso la vinculación al proceso de la CORPORACIÓN REGIONAL DEL RIO MAGDALENA, CORMAGDALENA, del MATADERO MUNICIPAL DE MALAMBO, del MUNICIPIO DE SABANAGRANDE y de la EMPRESA INDUSTRIA QUÍMICA DE SABANAGRANDE INSA LTDA y se requirió a la actora a fin que aportará la dirección de la empresa INYUCAL, dado que se desconocía el lugar de notificación. Fl. 349 al 350. 

9. Mediante proveído del 6 de octubre de 2015, nuevamente se requirió a la actora a fin que remitiera en el término de cinco (5) días, los traslados de ley a fin de surtir las notificaciones de ley a la CORPORACIÓN REGIONAL DEL RIO MAGDALENA, CORMAGDALENA, del MATADERO MUNICIPAL DE MALAMBO, del MUNICIPIO DE SABANAGRANDE y de la EMPRESA INDUSTRIA QUÍMICA DE SABANAGRANDE INSA LTDA, así mismo se le requiere nuevamente a la actora a fin que remita dirección de notificación de la empresa INYUCAL (fl. 375). 

10. Con escrito de fecha 15 de septiembre de 2015 obrante a folio 348, el Dr. FRANCISCO CUELLO DUARTE, renunció al poder otorgado por los actores. 

11. Con auto de fecha 16 de octubre de 2015, se aceptó la renuncia del poder conferido al Dr. FRANCISCO CUELLO DUARTE, comunicándole a los accionantes de dicha renuncia (fl. 395). 

12. Así mismo, dentro del auto anteriormente descrito se ordenó oficiar a la Cámara de Comercio de Barranquilla, a fin que se remitiera copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa INDUSTRIA QUÍMICA DE SABANAGRANDE INSA, MATADERO MUNICIPAL DE MALAMBO y FÁBRICA INYUCAL, por último ordenó a través del Director Seccional Administrativa Judicial de Barranquilla, surtir las fotocopias de los traslados necesarios para la notificación personal de los vinculados a través de proveído del 25 de septiembre de 2015. Fl. 395. 

13. Con escrito de fecha 30 de octubre de 2015, la cámara de Comercio, informa que a la empresa INYUCAL, no reporta NIT. 

14. Solo hasta el 5 de abril de 2016, la Dra. ESPERANZA CHAVEZ ORTEGA, allega poderes otorgados por los accionantes e informa la dirección de la empresa INYUCAL hoy INGREDION (fls. 513 al 539). 

15. Con auto del 22 de abril de 2016, se reconoció personería a la Dra. ESPERANZA CHAVEZ ORTEGA, como nueva apoderada de los actores y se ordenó la vinculación de la empresa INYUCAL hoy INGREDION como demandada dentro del presente proceso. Fl. 540. 

16. Con oficio 442, el cual obra a folio 582, se notificó personalmente a la empresa INGREDION. 

17. Con escrito de fecha 31 de mayo de 2016, a través de apoderado la empresa INGREDION, contestó la demanda, proponiendo la excepción de agotamiento de la jurisdicción por cuanto en el Juzgado Trece Administrativo cursaba demanda con radicado 08-001-33-3831-011-2008-00058-00, con iguales pretensiones a la que cursa en este despacho. 

18 con auto del 1 de julio de 2016, se ordenó requerir al Juzgado Trece Administrativo de Barranquilla, a fin que remita certificación que constar la fecha de presentación de demanda con radicado 08-001-33-33-31-01 1-2008-00058-00, atendiendo a la excepción de agotamiento de la jurisdicción propuesta por el apoderado de INGREDION. Fl. 901. 

19. El Juzgado Trece Administrativo de Barranquilla, mediante oficio de fecha 2 de septiembre de 2016 (fl. 917), dio respuesta al requerimiento realizado por el Despacho el 1 de julio de 2016. 

20. Mediante auto de fecha 1 de febrero de 2017, se abrió a pruebas, decretando las pruebas solicitadas, supeditando la Inspección judicial solicitada por la Corporación Autónoma Regional CRA y el parque Industrial PIMSA, atendiendo que la inspección judicial deber ser acompañada de peritos ingenieros, por cuanto los hechos materia de litigio requieren el análisis de personas con conocimientos científicos y técnicos de los cuales carece el juez, designándose para tal fin a la Facultad de Biología de la Universidad del Atlántico, para tal fin. Fls. 951 al 952. 

21. Con auto de fecha 2 de mayo de 2017, se resuelve no reponer el auto de pruebas, y se rechaza por improcedente el recurso de apelación y se adiciona el auto de fecha 10 de febrero de 2017, por medio del cual se abrió a pruebas el proceso. 

22. El 15 de junio de 2017, se llevó a cabo audiencia pública, a fin de recepcionar los testimonios de los señores KARINA PAOLA REYES ARIETA y ROMBER JOE BARRAZA RODRÍGUEZ, quienes no comparecieron a la misma. Fl. 1113. 

23. Con auto del 21 de julio de 2017 se prorrogó el periodo probatorio., atendiendo que la Facultad de Biología de la universidad del Atlántico, no había dado respuesta al requerimiento realizado, requiriéndose por segunda vez. Fl. 1115. 

24 Con auto del 20 de enero de 2018, se requirió por TERCERA VEZ a la coordinadora del Programa de Biología de la Universidad del Atlántico, a fin que le dé cumplimiento a lo ordenado en auto que abrió a pruebas. Fl. 1204”. 

Del recuento realizado en precedencia, la Sala observa que si bien el Juzgado 12 Administrativo de Barranquilla al rendir informe respecto de la acción de tutela, relacionó las anteriores actuaciones en el trámite de la acción popular 2014-00399, lo cierto es que las mismas no se encuentran registradas, pues al verificar en el sistema de información de gestión de procesos y manejo documental (Justicia XXI) se puede observar que la última actuación registrada es del 16 de octubre de 2015, de manera que al no existir pruebas que acrediten que la tardanza para resolver la acción popular está justificada, se debe acceder al amparo solicitado ante la presencia de una mora judicial.

Adicional a lo anterior en el auto admisorio de la demanda de tutela el Tribunal Administrativa del Atlántico requirió al Juzgado 12 Administrativo de Barranquilla para que allegara en calidad de préstamo el expediente contentivo de la acción popular, pero lo cierto es que tal orden no se cumplió, lo que significa que el juzgado tenía la carga de desvirtuar los reproches de la parte actora.

De acuerdo con lo expuesto se observa que el juzgado en su informe relacionó las actuaciones procesales que se han efectuado en el trámite de la acción popular, lo cierto es, que las mismas no están probadas. Sin embargo, de ser así, como lo expone el juzgado, la Sala advierte ha incumplido con la obligación de registrar las actuaciones en el sistema de información de gestión de procesos y manejo documental (justicia XXI). Esto, porque no se han registrado las actuaciones posteriores al 16 de octubre de 2015, situación que atenta contra las garantías procesales de las partes, como el principio de publicidad, por cuanto el registro es de uso obligatorio para los servidores judiciales, so pena de la sanciones disciplinarias y administrativas a que haya lugar, como se indica en el artículo 5º del Acuerdo 1591 de 2002(19).

La Constitución Política consagra los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales abarcan dentro de su ámbito de protección: (i) el derecho que tiene toda persona de poner en funcionamiento el aparato judicial; (ii) el derecho a obtener una respuesta oportuna frente a las pretensiones que se hayan formulado; y (iii) el derecho a que no se incurran en omisiones o dilaciones injustificadas en las actuaciones judiciales.

Al respecto, la Sala pone de presente que la mora judicial, como precepto constitucional exige a la administración de justicia actuar con diligencia y atendiendo a los términos procesales, la Carta hace referencia expresa al derecho fundamental a “un debido proceso público sin dilaciones injustificadas”, principio obligatorio como un parámetro esencial para garantizar la materialización de los principios constitucionales del ordenamiento jurídico.

Por su parte la Ley 270 de 1996 Estatutaria de Administración de Justicia incorporó las garantías que le asisten a las partes, como principios orientadores de la administración de justicia, cuya efectividad se predica del deber del operador judicial de emitir sus providencias dentro de los plazos establecidos en el ordenamiento jurídico.

“ART. 4º—Celeridad. La administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a las que haya lugar. Lo mismo se aplicará respecto de los titulares de la función disciplinaria”. 

Así las cosas, es claro la complejidad del asunto puesto a conocimiento del Juzgado 12 Administrativo de Barranquilla, sin embargo, el funcionario que pretenda justificar la mora debe acreditar que ésta se dio a pesar del cumplimiento oportuno y cabal de sus funciones, y que se generó por razones objetivas insuperables que no pudo prever ni evitar, por lo que se reitera, el juzgado en primer lugar no allegó copia del expediente de la acción popular y tampoco se encuentra registradas en el sistema de información las actividades desplegadas como lo indicó en su informe.

Conforme a lo anterior, es evidente que desde el 19 de agosto de 2014, fecha en la cual se radicó el proceso de la acción popular, a la fecha han transcurrido en total cerca de cuatro 4 años —(3 años y 10 meses)—.

Ahora, la última actuación registrada en el sistema de sistema de información de gestión de procesos y manejo documental (justicia XXI), data del 16 de octubre de 2015, sin que a la fecha de esta sentencia haya dictado actuación alguna, pues no se evidencian los motivos por los cuales se ha incurrido en dicha tardanza, y si ella corresponden a fallas estructurales en el funcionamiento de esa corporación, es evidente que con tal actuar se incurrió en una mora judicial no justificada, pues de ninguna manera se dieron elementos de juicio a esta Sala que permitan establecer que la omisión en adoptar la decisión frente a la acción popular, cuente con una justificación objetiva que implique más de 2 años para decidir.

Por lo anterior, y en gracia de discusión, respecto de las actuaciones que indicó como surtidas el Juzgado 12 Administrativo de Barranquilla en el informe allegado, se evidenció de ellas, que con auto del 21 de julio de 2017 se prorrogó el periodo probatorio, atendiendo a que la facultad de biología de la Universidad del Atlántico no había rendido el informe requerido, y que como consecuencia de ello, se requirió por “tercera vez” mediante proveído del 20 de enero de 2018, con el fin que le dé cumplimiento a lo ordenado, resulta entonces, que sumado a las circunstancias ya descritas en líneas precedentes, que desde julio de 2017 a enero de 2018, han transcurrido 6 meses aproximadamente, sin que el juez de conocimiento pueda acceder a la prueba referida, ello no comporta que la etapa probatoria quede sometida a que las entidades vinculadas acudan o no a rendir sus informes, lo que desnaturaliza la acción popular, pues la característica esencial de ese medio constitucional es que contiene un trámite preferente de conformidad con lo señalado en el artículo 6º de la Ley 472 de 1998(20).

De lo expuesto, es evidente que le asiste razón a la accionante, pues no resulta válido para esta Sala que se siga posponiendo la decisión de fondo esperada por la Cooperativa de Pescadores.

Así las cosas, al evidenciar una mora injustificada, la Sala dispondrá instar al Juzgado 12 Administrativo de Barranquilla para que se pronuncie sobre la acción popular presentada por la Cooperativa de Pescadores de Malambo-Atlántico, presentada el 19 de agosto de 2014.

De igual manera, en el caso concreto se evidencia la necesidad de utilizar el mecanismo administrativo de vigilancia judicial que se surte ante la Sala Administrativa del respectivo Consejo Seccional de la Judicatura, consagrado en la Ley 270 de 1996 “Estatutaria de Administración de Justicia” y el Acuerdo PSAA11-8716 de 6 de octubre de 2011(21)reglamentó el ejercicio de la vigilancia judicial, así:

Ley 270 de 1996 - artículo 101. Funciones de las salas administrativas de los consejos seccionales.

“Las salas administrativas de los consejos seccionales de la Judicatura tendrán las siguientes funciones: 

(...) 

6. Ejercer la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de esta Rama. 

7. Poner en conocimiento de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria por intermedio de su presidente o de sus miembros, las situaciones y conductas que puedan constituir faltas disciplinarias, así como a las autoridades penales, las que puedan configurar delitos”. 

Por su parte el Acuerdo PSAA11-8716 de 6 de octubre de 2011 mediante el cual se reglamentó el ejercicio de la vigilancia judicial, dispone:

ART. PRIMERO.—Competencia. De conformidad con el numeral 6º del artículo 101 de la Ley 270 de 1996, corresponde a la sala administrativa de los consejos seccionales de la judicatura del país, ejercer la vigilancia judicial administrativa para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de los despachos judiciales ubicados en el ámbito de su circunscripción territorial. Se exceptúan los servidores de la Fiscalía General de la Nación, entidad que goza de autonomía administrativa, de conformidad con el artículo 28 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.  

La vigilancia judicial es diferente de la acción disciplinaria a cargo de las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura y de la facultad de control disciplinario de la Procuraduría General de la Nación. 

ART. SEGUNDO.—Procedimiento. Para el trámite de la solicitud de vigilancia judicial administrativa se seguirá el siguiente procedimiento: a) Formulación de la solicitud de vigilancia judicial administrativa; b) Reparto; c) Recopilación de información; d) Apertura, comunicación, traslado y derecho de defensa. e) Proyecto de decisión. f) Notificación y recurso. g) Comunicaciones. Cuando se inicie de oficio, ésta no se someterá a reparto. 

ART. TERCERO.—Formulación de la solicitud de vigilancia judicial administrativa. La vigilancia judicial administrativa se ejercerá de oficio o a petición de quien aduzca interés legítimo y recaerá sobre acciones u omisiones específicas en procesos singularmente determinados.  

(...)

ART. SÉPTIMO.—Decisión. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de los términos señalados en el artículo anterior, para dar explicaciones, el Magistrado que conoce del asunto sustanciará y someterá a consideración de la Sala Administrativa, el proyecto de decisión sobre la vigilancia judicial administrativa practicada, teniendo en cuenta los hechos, pruebas recopiladas y explicaciones dadas por los sujetos vigilados. Dentro del término previsto en este artículo, la respectiva Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, decidirá si ha habido un desempeño contrario a la administración oportuna y eficaz de la justicia en el preciso y específico proceso o actuación judicial de que se trate. 

Para el efecto se tendrá en cuenta que el hecho no obedezca a situaciones originadas en deficiencias operativas del despacho judicial, no atribuibles al servidor judicial, así como los factores reales e inmediatos de congestión no producidos por la acción u omisión del funcionario o empleado requerido, todo lo cual lo exime de los correctivos y anotaciones respectivas. 

(...) 

Por lo anterior se ordenará a la Sala Administrativa del respectivo Consejo Seccional de la Judicatura, adelantar la vigilancia judicial respecto de la acción popular que se encuentra en trámite en el Juzgado 12 Administrativo de Barranquilla por la mora injustificada en decidir el asunto puesto a su conocimiento, ya que de ninguna manera se dieron elementos de juicio a esta Sala que permitan establecer que la omisión en adoptar la decisión frente a la acción popular, cuente con una justificación objetiva.

Ahora, respecto de la subsidiariedad, la Cooperativa de Pescadores de Malambo-Atlántico cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, idóneo y eficaz, para discutir la conducta que cuestiona de las autoridades administrativas demandadas, —acción popular— el cual se encuentra en trámite y no se ha proferido la decisión que defina la controversia planteada en el medio ordinario debido a que se está recopilando el material probatorio idóneo para ello, por lo tanto, el juez de tutela no puede sustituir al juez natural de la especialidad.

Se reitera que lo que pretende la tutelante con la presente acción constitucional es que se ordene a las autoridades administrativas y ambientales tomar las medidas necesarias tendientes suspender de inmediato el otorgamiento de licencias urbanísticas sobre los terrenos adyacentes a la laguna de Ciénaga Grande de Malambo, que viene siendo objeto de desecamiento y relleno con escombros, la de agilizar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, la de agilizar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, así como la de implementar un proceso de capacitación a los pescadores artesanales.

Resulta entonces, que la solicitud de amparo no procede cuando el asunto, en salvaguarda de los derechos que le asisten a los demandantes se encuentra en trámite, lo que vuelve improcedente la acción constitucional, toda vez que la tutela no es un mecanismo paralelo a los demás mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico.

Esta Sala en reiterados pronunciamientos ha señalado que es procedente la acción de tutela siempre y cuando se utilice para evitar un perjuicio irremediable, el cual comprometa la vulneración de derechos fundamentales. Perjuicio que la actora en la presente acción constitucional no probó, pues una vez revisado el material probatorio allegado a este trámite constitucional no se evidencia cual es la afectación de la Cooperativa de Pescadores de Malambo, solo se limitó el actor en enumerar literalmente en el acápite de pruebas: los poderes de los demandantes; copia de certificado de existencia y representación legal de la Cooperativa de Pescadores; copia de boletín de prensa; copia de demanda de la acción popular; copia del auto admisorio; copia del auto que niega medida cautelar, copia del auto que vinculó al Departamento del Atlántico; y copia del auto de la última actuación del Juzgado Doce Administrativo de Barranquilla.

Así las cosas, la intervención del juez constitucional queda limitada, toda vez que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo o paralelo para resolver los asuntos, que de suyo, deben ser resueltos al interior del trámite ordinario, lo anterior con el fin de evitar que este mecanismo excepcional, se convierta en principal.

Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir mecanismos idóneos de defensa y/o para revivir términos, pues una interpretación contraria nos llevaría a que ésta fuera empleada como un instrumento para desplazar las competencias ordinarias, lo que de suyo desnaturalizaría esta acción que es eminentemente protectora de derechos fundamentales.

Como ya se indicó, este tipo de pretensiones escapan al conocimiento del juez de la acción de tutela y hacen improcedente el amparo, razones por las cuales se confirmara la decisión de primera instancia en relación a la improcedencia de la solicitud de amparo y negar frente a la mora judicial.

De conformidad con lo anterior, esta Sala confirmará la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró improcedente la acción de tutela, en atención a las consideraciones expuestas en el presente proveído y accede al amparo frente a la mora judicial.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. CONFIRMAR la sentencia del 5 de abril de 2018, por medio de la cual la Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico declaró improcedente la acción de tutela impetrada por la Cooperativa de Pescadores de Malambo, Atlántico y CONCEDER el amparo frente a la mora judicial, en atención a las razones expuestas en la parte considerativa de la presente decisión.

2. INSTAR al Juzgado 12 Administrativo de Barranquilla para que se pronuncie sobre la acción popular presentada por la Cooperativa de Pescadores de Malambo-Atlántico, presentada el 19 de agosto de 2014.

3. Por secretaría general remítase copia de la presente decisión a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico para que inicie el trámite administrativo de vigilancia judicial por la mora injustificada del Juzgado 12 Administrativo de Barranquilla en el trámite de la acción popular con radicado 08001-33-33-012-2014-00399-00.

4. NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

4(sic). REMITIR el expediente a la Corte constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, previo envío de copia de la misma al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Rocío Araújo Oñate, Presidente—Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez—Carlos Enrique Moreno Rubio—Alberto Yepes Barreiro.

1 Fl. 55 del expediente.

2 La Cooperativa de Pescadores de Malambo, Atlántico, otorgó poder especial, amplio y suficiente al abogado Francisco Cuello Duarte, para que la represente en la presente acción de tutela (fl. 8 del expediente).

3 Fls. 41 y 42.

4 Fl. 57 del expediente.

5 Fls. 70 a 74 del expediente.

6 Fls. 144 a 153 del expediente.

7 Fls. 172 a 175 del expediente.

8 Una versión similar del presente acápite aparece contenida en la sentencia del 21 de septiembre de 2016, Exp. 2015-781-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.

9 Ver, por ejemplo: Corte Constitucional, Sentencia T-747 del 19 de octubre de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

10 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 28, la cual se transcribe literalmente: “Vale recordar que desde la perspectiva del Derecho Comparado y concretamente en el español se consagra el derecho fundamental (art. 24.1 C.E.) a la tutela judicial efectiva, el cual, como lo ha precisado el Tribunal Constitucional de ese país, se satisface, en esencia, “con la respuesta jurídicamente fundada, motivada y razonable de los órganos jurisdiccionales a las pretensiones de quien acude a ellos para la defensa de sus intereses” (Cfr. Entre otras, las sentencias STC 13/1981, 61/1982, 103/1986, 23/1987, 146/1990, 22/1994 y 324/1994)”.

11 El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 29, la cual se transcribe literalmente: “Cfr. Ley 270 de 1996, artículo 125”.

12 Corte Constitucional. Sentencia T-030 del 21 de enero de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

13 Corte Constitucional. Sentencia T-006 del 12 de mayo de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

14 Por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 30 de enero de 2003, Exp. 2002-1267-01(AC-309), C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 26 de enero de 2012, Exp. 2011-00480-01, C.P. Susana Buitrago Valencia.

16 Corte Constitucional, sentencias T-030 del 21 de enero de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-747 del 19 de octubre de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-1019 del 9 de diciembre de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, y T-230 del 18 de abril de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

17 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencias del 10 de agosto de 2012, Exp. 2012-1093-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro (E); 19 de junio 2014, Exp. 2014-415-01, C.P. Susana Buitrago Valencia. Dichos fallos fueron citados por la siguiente decisión judicial proferida por la Sala: 24 de noviembre de 2016, Exp. 2016-224-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Así mismo, puede consultarse la sentencia del 15 de septiembre de 2016, Exp. 2016-1880-00, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

18 En Sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones”.

19 Por el cual se establece el sistema de información de gestión de procesos y manejo documental (Justicia XXI). ART. 5º—Una vez instalado el sistema de que trata el artículo primero del presente acuerdo o el módulo o módulos del mismo, su utilización será obligatoria para los servidores judiciales, so pena de las sanciones disciplinarias y administrativas a que haya lugar, como lo disponen la Ley 734 de 2002 y el Acuerdo 1392 de 2002”.

20 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. “ART. 6º—Trámite preferencial. Las acciones populares preventivas se tramitarán con preferencia a las demás que conozca el juez competente, excepto el recurso de habeas corpus, la acción de tutela y la acción de cumplimiento”.

21 “Por el cual se reglamenta el ejercicio de la Vigilancia Judicial Administrativa consagrada en el artículo 101, numeral 6º, de la Ley 270 de 1996”.