Sentencia 20185 de octubre 17 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 20185

Acta Nº 66

Magistrado Ponente:

Luis Gonzalo Toro Correa

Bogotá, D.C., diecisiete de octubre de dos mil tres.

EXTRACTOS: «Se considera

El tribunal, con argumentos de tipo jurídico, expuso que, acorde con lo previsto por e! artículo 16 del Decreto 1295 de 1994, el no pago de dos o más cotizaciones periódicas implica, además de las sanciones legales, la desafiliación automática del sistema general de riesgos profesionales, quedando a cargo del respectivo empleador la responsabilidad del cubrimiento de los riesgos profesionales; y que, conforme con el artículo 10 del Decreto 1772 de 1994, tal desafiliación debe hacerse de acuerdo con el reglamento de afiliación y cobranzas de la correspondiente entidad administradora, por lo que, luego de citar y transcribir apartes de la sentencia dictada por esta Sala, el 5 de marzo de 2002, radicación 17118, concluyó que no obra constancia de que la administradora de riesgos profesionales se hubiera acogido a la desafiliación automática prevista, ni de que así se lo hubiera comunicado tanto al afiliado como a su empleador.

Frente a lo anterior, estima la Sala que presentada la mora en el pago de las cotizaciones por parte del empleador a la ARP, bajo las circunstancias previstas por el artículo 16 del Decreto 1295 de 1994, la responsabilidad en el cubrimiento del pago de los riesgos profesionales corre a cargo de aquel y no de esta, sin que exista la necesidad de que la ARP dicte o expida acto alguno acogiéndose a la desafiliación automática, y menos, que deba comunicarlo al afiliado o a la entidad cotizante, como lo exigió el tribunal, puesto que en verdad eso no es lo que se desprende del tenor literal de la norma acusada.

Además, no sobra agregar que la posición asumida por la Sala en la sentencia referenciada por el ad quem fue recogida a través de la sentencia recientemente dictada el día 24 de julio de 2003, radicación 20332, cuyos pasajes pertinentes son los siguientes:

“Ciertamente, para que el empleador quede legalmente subrogado por la administradora de riesgos profesionales en la atención de las prestaciones económicas ocasionadas por un accidente de trabajo de sus empleados, es necesario que aquel, como lo dispone el Decreto-Ley 1295 de 1994 (art. 4º, letras c) y d)), afilie a estos a una de dichas entidades y efectúe cumplidamente las cotizaciones definidas en la ley (art. 16), pues, de no proceder así, queda a cargo del empleador la responsabilidad del cubrimiento de los riesgos profesionales.

“En efecto, el artículo 16 del Decreto 1295 de 1994, prevé la obligatoriedad de las cotizaciones al sistema general de riesgos profesionales a cargo del empleador y frente a la mora de su pago establece:

`... El no pago de dos o más cotizaciones periódicas, implica, además de las sanciones legales, la desafiliación automática del sistema general de riesgos profesionales, quedando a cargo del respectivo empleador la responsabilidad del cubrimiento de los riesgos profesionales. Para la afiliación a una entidad administradora se requerirá copia de los recibos de pago respectivos del trimestre inmediatamente anterior, cuando sea el caso ...´.

“No se desconoce que el régimen de los riesgos profesionales (D.L. 1295/94, art. 23 y D.R. 1772/94, art. 17) contempla mecanismos efectivos para que las entidades administradoras de tales riesgos cobren a sus afiliados, con sus respectivos intereses de mora, las cotizaciones dejadas de hacer, por lo que no se justificaría que el trabajador destinatario de la seguridad social, quien normalmente desconoce la situación de incumplimiento de su empleador, quedara ante un posible desamparo frente a la ocurrencia de un siniestro, ya que el empleador no cuenta con los mismos elementos ni con la misma estabilidad de una entidad de seguridad social, por lo que resulta consecuente colegir que las dichas administradoras cuentan con medios a los que deben acudir en procura de impedir el desequilibrio en lo que significa un régimen contributivo, para que funcione en la forma como ha sido diseñado.

Pero lo anterior no impide aceptar la perentoriedad con que la norma transcrita contempla el traslado de la responsabilidad por la materialización de los riesgos profesionales para ubicarla en cabeza del empleador cuando este incurre en la situación de la mora allí prevista, lo cual resulta más claro en un caso como el presente en el que el incumplimiento patronal no admite ninguna posibilidad de disculpa dado que desde la afiliación de su empleado no realizó ninguno de los pagos a los que estaba obligado.

Es pertinente destacar, que se trata de un sistema, el de riesgos profesionales, en el que se cubren unas contingencias que surgen específicamente del hecho de prestarse el servicio para el cual el trabajador ha sido contratado, por lo que existe un nexo necesario entre la actividad empresarial del empleador y la potencialidad del daño que de la misma pueda resultar para el empleado, lo cual brinda una explicación a la mecánica de cubrimiento que supone ubicar la carga de las cotizaciones exclusivamente en cabeza del empresario, a la vez que le adjudica al mismo la facultad de decisión sobre la administradora a la cual se vincule para que ella atienda a sus trabajadores.

Lo expuesto conduce a aceptar el planteamiento del cargo, pues efectivamente el tribunal derivó de la norma, unos condicionamientos para que la misma opere que ella no contempla, incurriendo así en su equivocado entendimiento, sin que el mismo pueda superarse con base en el artículo 8º del Decreto 1530 de 1996, pues el mismo cubre una situación diferente a la que atiende el artículo 16 del Decreto 1295 de 1994, pues este supone el acaecimiento del accidente o enfermedad después de presentada la mora y aquel se refiere al insuceso ocurrido antes de la misma.

En la forma anterior la Sala recoge el entendimiento que plasmó sobre la disposición analizada en las sentencias dictadas con fechas 2 de noviembre de 2001 y 5 de marzo de 2002, radicaciones 163-44 y 17118 consecutivamente”.

Sin más consideraciones el cargo prospera y en ese orden se casará la sentencia recurrida.

Consideraciones de instancia

No obstante que el juzgado admitió que el municipio se encontraba desafiliado al régimen “por el no pago de las cotizaciones”, ya que encontró únicamente aportes hasta el mes de octubre, lo cierto es que al revisar el expediente observa la Sala que no es la aludida mora la que constituye razón fundamental para absolver a la Administradora de Riesgos Profesionales de Seguros Colpatria S.A., sino la de que dentro del plenario no milita prueba alguna que demuestre siquiera que el municipio de Cañasgordas canceló las cotizaciones a la susodicha ARP.

En efecto, tanto el fallador de primera como el de segunda instancia no se percataron que desde la propia contestación de la demanda, la citada ARP, alegó su diferencia con Colpatria Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías (contestación hecho 3º, fl. 54), así como que en la Resolución 073 del 13 de mayo de 1999, el pago de las cotizaciones se hizo en forma tardía al fondo de pensiones y no a ella como ARP (contestación hecho 14, fl. 56).

La resolución en comento, en el aparte d) de sus considerandos (fl. 19, cdno. 1), alude al pago de cotizaciones al fondo de solidaridad pensional y los formularios de autoliquidación (fls. 118 a 130, cdno. 1), corresponden al Fondo de Pensiones Colpatria Sociedad Administradora de Fondos de Cesantías y Pensiones S.A.”, lo que lleva a concluir que los aportes que hizo el municipio y con los que pretendió liberarse de la obligación de pagar la pensión derivada del accidente de trabajo y que le ocasionó la muerte a José Luis Loaiza Correa, no fueron hechos a la administradora de riesgos profesionales demandada, sino al fondo de pensiones, cubriendo el riesgo de IVM, ello porque si se observa con atención el monto cotizado corresponde exactamente al 13.5% del ingreso base de cotización que para ese momento era el vigente. Artículo 21 inciso tercero del Decreto 692 de 1994.

Valga agregar que existe diferencia entre el sistema general de pensiones y el sistema general de riesgos profesionales, en cuanto el primero, según lo prevé el artículo 10 de la Ley 100 de 1993, ampara contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte; mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones determinadas en dicha ley, mientras que el segundo cubre los riesgos, derivados del accidente de trabajo, reconociendo al efecto las pensiones de invalidez y de sobrevivientes, según lo consagran los artículos 249 y siguientes ibídem.

De modo que frente a la ausencia de pago de aportes a la ARP demandada, se impone la confirmación del fallo de primer grado que condenó al municipio al pago de la pensión reclamada.

Sin costas en el recurso extraordinario.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CASA la sentencia dictada el 11 de septiembre de 2002 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral que le adelanta Carmenza Duarte Loaiza contra la recurrente y el municipio de Cañasgordas (Antioquia). En sede de instancia se confirma el fallo de primer grado.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

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