Sentencia 2026-99 de julio 22 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Ref.: Expediente 2026-99

Consejero Ponente:

Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda

Bogotá D.C., veintidós de julio de dos mil cuatro.

Actor: Asociación Colombiana de Notarios.

Acción de nulidad

Se decide la acción de nulidad promovida por la Asociación Colombiana de Notarios, en la que se acusaron los siguientes actos administrativos:

1. Artículos 1º del Decreto 1038 del 11 de junio de 1999, “Por el cual se reglamenta el decreto Ley 960 de 1970 y se modifica el Decreto 2148 de 1983”, dictado por el Presidente de la República; 7º y 8º del Acuerdo 7 del 28 de junio de 1999, “por el cual se fijan las bases para realizar el concurso abierto al servicio notarial” proferido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial (demanda fl. 5).

2. Inciso 4º del artículo 7º y artículo 8º del Acuerdo 9 del 20 de septiembre de 1999 del Consejo Superior de la Carrera Notarial, “por el cual se reglamenta el concurso público y abierto para designar notarios en propiedad, convocado par el Acuerdo 1º del 18 de diciembre de 1998” (adición de demanda, fls. 27 y 28).

3. Artículos 1º a 3º del Acuerdo 2 del 2 de febrero de 1999, “por el cual se modifica el artículo 3º del Acuerdo 1 del 18 de diciembre de 1998”; artículos 1º y 2º del Acuerdo 3 del 9 de marzo de 1999, “por el cual se modifica el artículo 1º del Acuerdo 2 del 2 de febrero de 1999”; artículos 1º y 2º del Acuerdo 4 del 23 de marzo de 1999, “por el cual se modifica el artículo 1º del Acuerdo 3 del 9 de marzo de 1999”; artículos 1º y 2º del Acuerdo 5 del 4 de mayo de 1999, “por el cual se modifica el artículo 1º del Acuerdo 4 del 23 de marzo de 1999”; artículos 1º y 2º del Acuerdo 6 del 28 de mayo de 1999, “por el cual se modifica el artículo 1º del Acuerdo 5 del 4 de mayo de 1999”; artículos 1º a 15 del Acuerdo 7 del 28 de junio de 1999, “por el cual se fijan las bases para realizar el concurso abierto al servicio notarial”; artículos 1º y 2º del Acuerdo 8 del 30 de agosto de 1999, “por el cual se suspende el concurso para designar notarios en el país de que tratan los acuerdos 1 º de 1998 y 7º de 1999 del Consejo Superior de la Carrera Notarial”; y artículos 1º al 12 del Acuerdo 9 del 20 de septiembre de 1999, “por el cual se reglamenta el concurso público y abierto para designar notarios en propiedad, convocado por el Acuerdo 1º del 18 de diciembre de 1998”, acuerdos todos expedidos por el Consejo Superior de la Carrera Notarial (corrección de demanda, fls. 56-57).

Antecedentes:

En los hechos de la demanda, la asociación actora refirió que como consecuencia de la Sentencia SU-250 de 1998 de la Corte Constitucional “el Consejo Superior de la Administración de Justicia” (sic) convocó el 18 de diciembre de 1998 a concurso público y abierto para designar notarios en propiedad; que el Presidente de la República, en ejercicio de la potestad reglamentaria, con el propósito de reglamentar el artículo 163 del Decreto-Ley 960 de 1970, expidió el Decreto 1038 de 1999, cuyo artículo 1º transcribió; que el Consejo Superior de la Carrera Notarial, creado por el Decreto-Ley 110 de 1999, fijó las bases para la realización del concurso público abierto para proveer la mayoría de las notarías del país, de acuerdo con la convocatoria hecha el 18 de diciembre de 1998, por medio del artículo 7º del Acuerdo 7 del 28 de junio de 1999, que igualmente reprodujo, lo mismo que el artículo 8º.

Como norma violada se invocó el artículo 163 del Decreto-Ley 960 de 1970.

La explicación del concepto de la violación se hizo en los términos que corren a folios 9 a 22, 30 a 34, 43 y 44 y 58 del expediente, reiterándose la consistente en que como la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del Decreto-Ley 110 de 1999, desde su promulgación, ello generó la ilegalidad consecuente de los actos que fueron dictados por el órgano cuya creación se declaró inexequible, “pues ni este, ni los actos por él proferidos, nacieron jamás a la vida jurídica”.

En la contestación de la demanda, la Nación alegó, en síntesis, que cualquier decisión acerca de los actos acusados resultaría inane, por cuanto que la Ley 588 del 5 de julio de 2000, artículo 4º, derogó tanto el artículo 163 del Decreto-Ley 960 de 1970, como el decreto acusado 1038 de 1999, amén de que el artículo 10 ibídem, dispuso que cualquier concurso para nombrar notarios que en la actualidad se esté adelantando tendrá que ajustarse a lo dispuesto en esa ley, por lo cual el Consejo Superior de la Carrera Notarial expidió el Acuerdo 3 del 17 de octubre de 2000, que declaró inaplicable y sin efectos el concurso público y abierto que se había convocado con esa finalidad.

El Ministerio Público opinó que el artículo 1º del Decreto 1038 de 1999 que reglamentó el artículo 163 del Decreto-Ley 960 de 1970, excedió la potestad reglamentaria y que los acuerdos 2º a 9º de 1999 proferidos por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, al ser proferidos por tal cuerpo cuya composición respondió a un estatuto declarado inexequible (D.-L.110/99) desde su promulgación, debe entenderse que en tales condiciones carecen de toda validez, y por lo tanto, deben ser declarados nulos.

Para resolver se considera:

1. Varias han sido las jurisprudencias que ha adoptado el Consejo de Estado en relación con la posibilidad de declarar la nulidad de actos administrativos, que al momento de presentarse la demanda o antes de proferir sentencia, ya no están produciendo efectos, por haber sido derogados o haber perdido su fuerza ejecutoria, pero la actualmente vigente es la de que sí es procedente hacerlo, teniendo en cuenta que la nulidad contenciosa administrativa, opera ex tunc, vale decir, desde el momento de la expedición del acto, en orden a suprimir las consecuencias jurídicas que se hubieran producido frente a los gobernados y para garantizar la seguridad jurídica.

El Ministerio Público, se mostró partidario de la tesis expuesta.

2. El artículo 1º del Decreto 1038 de 1999. Su texto es el que sigue:

“Para los efectos del artículo 163 del Decreto-Ley 960 de 1970, la prueba de conocimientos se aprobará con un puntaje igual o superior al 60% del valor total asignado a esta prueba dentro del concurso. Su aprobación es requisito para que al concursante se le efectúe la valoración de méritos o antecedentes y pueda ser llamado a entrevista. Quien no la apruebe perderá el concurso”.

La norma reglamentada, el artículo 163 del Decreto-Ley 960 de 1970, había dispuesto:

“En toda clase de concursos habrá análisis y evaluación de experiencia, rendimiento en las actividades y capacidad demostrada en ellas con relación al servicio notarial; de los estudios de postgrado o de capacitación y adiestramiento, especialmente los relacionados con el notariado, la judicatura y el foro; del ejercicio de la cátedra, preferentemente la universitaria y en particular en materias relacionadas con el notariado y administración de justicia; de las obras de investigación y divulgación publicadas en los mismos sentidos y se concederá valor propio a la antigüedad y permanencia en el servicio notarial, y a los resultados obtenidos en todos los anteriores concursos en que se haya participado.

“Los concursos incluirán, además, entrevistas personales, y según las circunstancias, exámenes orales o escritos o combinado, sobre conocimientos generales de derecho y de técnica notarial, y cursos de capacitación o adiestramiento”.

La simple comparación de las dos normas legal y reglamentaria, le dan la razón a la asociación demandante, pues como ella lo denunció, se infringió el artículo 163 transcrito, que en parte alguna había dispuesto que la aprobación de la prueba de conocimientos fuera condición para ser llamado a entrevista y para que se evaluaran los méritos del concursante, y menos para perder el concurso, por esa sola causa.

Por consiguiente, se declarará la nulidad del decreto acusado.

3. Los acuerdos 2 a 9 de 1999 demandados.

El primero es del 2 de febrero de 1999 y el último del 20 de septiembre ibídem, y todos fueron expedidos por el “Consejo Superior de la Carrera Notarial”, cuando se encontraba vigente el Decreto-Ley 110 de 1999, que le dio origen, como tal.

No obstante, dicho decreto ley, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, desde su promulgación, ocurrida el 18 de enero de 1999, por medio de la Sentencia C-845 del 27 de octubre del mismo año, la cual en sus consideraciones sobre sus efectos temporales, advirtió que la norma retirada del ordenamiento jurídico, “no puede producir efecto alguno”.

Vale decir, que el Consejo Superior de la Carrera Notarial y sus acuerdos 2 a 9, jurídicamente no existieron, pero aun así, como los gobernados podrían haber intentado acciones judiciales sobre la base de la presunta lesión de sus derechos, la Sala, en guarda de la seguridad jurídica, como ya lo dijo, declarará su nulidad, como, además, lo solicitó el Ministerio Público.

En mérito de lo expuesto, la subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, administrando justicia como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

DECLÁRASE que son nulos el Decreto 1038 del 18 de junio de 1999, expedido por el Presidente de la República, y los acuerdos 2 a 9 del mismo año, dictados por el Consejo Superior de la Carrera Notarial.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, archívese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Magistrados: Alberto Arango Mantilla—Ana Margarita Olaya Forero—Nicolás Pájaro Peñaranda.

Miryam Viracachá Sandoval, Secretaria (e).

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