Sentencia 20323 de julio 24 de 2003

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACION LABORAL

Rad. 20323

Acta 54

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Isaac Nader

Bogotá, D.C., veinticuatro de julio de dos mil tres.

Procede la Corte a resolver el recurso de casación interpuesto por el apoderado de MYRIAM RAMIREZ DE SOTO y EDISON JAVIER SOTO RAMIREZ contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. el 31 de mayo de 2002, dentro del proceso ordinario laboral que siguen los recurrentes a la SIDERURGICA DE BOYACA S.A. SIDEBOYACA S.A.

I. Antecedentes

1. MYRIAM RAMIREZ DE SOTO y EDISON JAVIER SOTO RAMIREZ iniciaron proceso a la SIDERURGICA DE BOYACA S.A. SIDEBOYACA S.A., con el fin de que fuera condenada a reconocerles lo siguiente: 1) La indemnización total y ordinaria por perjuicios materiales y morales ocasionados por la muerte del señor JORGE SOTO ROCHA, como consecuencia del accidente de trabajo del que fue víctima; 2) El valor de los salarios que le fueron descontados ilegalmente; 3) La indemnización moratoria y, 4) La indexación.

2. Como fundamento de sus pretensiones adujeron los siguientes hechos que interesan al recurso extraordinario: 1) El señor JORGE SOTO ROCHA, cónyuge de la señora MYRIAM RAMIREZ DE SOTO, laboró para la demandada desde el día 13 de noviembre de 1975 hasta el 30 de agosto de 1997; 2) El cargo desempeñado era el de Supervisor Grupo Mantenimiento Mecánico; 3) El último salario promedio mensual devengado ascendía a $1.044.582; 4) El 30 de agosto de 1997, cuando en compañía de otros trabajadores colaboraba bajando un transformador de más de 30 toneladas de peso para su mantenimiento, el cable de la grúa se distensionó y el brazo de ésta lo aprisionó ocasionándole la muerte instantáneamente; 5) Según el informe patronal del accidente de trabajo presentado por la empresa al ISS y la investigación que adelantó la ARP de dicho Instituto, la grúa alquilada por el empleador para llevar a cabo aquel procedimiento, no cumplía con las condiciones de mantenimiento y seguridad para levantar un aparato de semejante peso y, además, el personal que dirigió la operación no era el más calificado, por lo que hubo culpa patronal en el accidente de trabajo; 6) Como consecuencia del fallecimiento del señor SOTO, los demandantes han sufrido enormes perjuicios económicos y morales que deben ser resarcidos por la empresa demandada, en razón a que el salario del trabajador era el único sustento familiar.

3. Al contestar la demanda la empresa admitió los extremos de la relación y el salario devengado por el causante. Sobre los demás hechos dijo no constarle o no ser ciertos. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, compensación y prescripción.

II. Decisiones de instancia

Tramitada la primera instancia el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra. Apelada la sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que luego de aludir a la culpa patronal y a la obligación que tiene el demandante de demostrarla, procedió a transcribir parcialmente la investigación llevada a cabo por la demandada (Fls. 116 a 119 y 122 a 128), lo mismo que los testimonios de los señores Yesid Garzón Moreno, Oscar Cabo Sánchez, Edinson Luna y Marcos Correa, de las cuales concluyó que “…no hubo plena demostración de la culpa del empleador, es decir su falta de responsabilidad en la causación del accidente de trabajo, a más que los testimonios nos dejan deducir que el trabajador era una persona capacitada, con experiencia en esta materia, es decir, que el trabajo que estaba ejecutando en el momento del accidente no era nada nuevo sino de rutina del trabajador y del que estaba perfectamente enterado y capacitado.

“Y contrario a lo afirmado por la parte demandante las pruebas demuestran de manera clara y fehaciente que los equipos e instalaciones de la demandada se encontraba (sic) bien mantenidas, pues se hacía un proceso de mantenimiento de los equipos con la intervención de todas las áreas de la empresa. Además la grúa que se utilizó para el movimiento del transformador no era de propiedad de la empresa, sino de un contratista de la misma, quien no era la prima (sic) vez que realizaba estas maniobras, pues siempre que se iba a efectuar la maniobra igual o similar se contrataba a la empresa de Servicios de Grúas Telescópica. De las misma (sic) evidencias se puede colegir que el accidente de trabajo fue un hecho imprevisto y no culposo. No hubo descuido, decidía (sic) y la actividad desarrollada por el trabajador no era riesgosa, la empleadora contaba con todos los controles necesarios y personal adiestrado, con todas las medidas preventivas. No se infiere de las pruebas del informativo que a la sociedad demandada, le faltara la diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, es decir, no hay elementos de juicio que nos lleven a concluir la ausencia de previsión por parte de la entidad”.

III. Recurso de casación

Interpuesto por el apoderado de los demandantes, concedido por el Tribunal y admitido por esta Sala de la Corte, pretende la casación total de la sentencia para que en sede de instancia se revoque el fallo del a-quo y, en su lugar, se condene a la demandada a pagar la indemnización total y ordinaria del artículo 216 del CST., los perjuicios morales, indexación, indemnización moratoria y las costas del proceso.

Al efecto propone un cargo que fue oportunamente replicado, a través del cual, invocando la causal primera de casación, por la vía indirecta acusa a la sentencia de aplicar indebidamente el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 19, 57 numerales 1º y 2º y 204 del mismo Código; el 9º del Decreto 1295 de 1994; 145 del CPL y de la SS, en relación con los artículos 673, 1613, 1614, 2341, 2347 y 2356 del C.C.; artículos 177, 185 y 233 del CPC; artículo 8º de la Ley 153 de 1887; Decreto 3169 de 1964 y Decreto 3170 de 1964, a consecuencia de errores a errores de hecho por la errónea apreciación de unas pruebas y falta de apreciación de otras.

Le atribuye al Tribunal la comisión de los siguientes errores evidentes de hecho:

“1. No dar por demostrado, estándolo que la sociedad demandada tuvo culpa en el accidente de trabajo que le ocasionó la muerte al señor Jorge Soto Rocha.

“2. No dar por demostrado, estándolo, que a pesar de que el día anterior al accidente de trabajo no se pudo llevar a cabo la operación de movilización del transformador porque las grúas contratadas presentaron problemas de estabilidad, la empresa no adoptó las medidas de seguridad necesarias para que la operación que realizó el día siguiente no presentara el mismo riesgo de inestabilidad del equipo contratado.

“3. No dar por demostrado, estándolo, que la empresa demandada actuó con negligencia y descuido en la operación de movilización del transformador, al no revisar previamente a la operación el estado mecánico y de funcionamiento de la grúa para asegurarse de que la misma se encontraba en perfecto estado de funcionamiento, a sabiendas de que en el día anterior la operación de movilización no se pudo llevar a cabo por los problemas de estabilidad que presentaron las grúas contratadas.

“4. No dar por demostrado, estándolo, que la empresa actuó en forma negligente y no con la diligencia y cuidado que los hombres emplean en sus negocios propios, al no haber dado las instrucciones necesarias, ni advertir de los riesgos a los trabajadores que estuvieron en la labor de movilización del transformador ‘porque no implicaba ningún riesgo’ las comillas corresponden a la frase textual de un representante de la empresa cuando estaba atendiendo la diligencia de inspección judicial, folio 200 del expediente, quien estaba a cargo de la operación que le ocasionó la muerte al señor Jorge Soto Ramírez.

“5. No dar por demostrado, estándolo, que la empresa actuó en forma negligente, pues tal y como aparece en el informe rendido por el Comité Paritario de Salud Ocupacional de Siderúrgica de Boyacá S.A., se hicieron unas recomendaciones preventivas para ejecutar la labor de movilización del transformador, las cuales debió haber llevado a cabo la empresa antes de que se produjera el daño.

“6. Dar por demostrado, sin estarlo, que la operación que ocasionó el accidente de trabajo en donde perdió la vida el trabajador Jorge Soto Rocha, era una operación rutinaria.

“7. Dar por demostrado, sin estarlo, que la empresa le dio instrucciones a sus trabajadores antes de la operación y a fin de evitar un posible accidente de trabajo.

“8. No dar por demostrado, estándolo, que la demandada actuó con negligencia y omisión al no tomar las medidas necesarias de seguridad para evitar el accidente de trabajo que le ocasionó la muerte al señor Jorge Soto Rocha.

“9. Dar por demostrado, sin estarlo, que a la empresa no le asiste responsabilidad alguna por el uso de la grúa que utilizó en la operación de movilización del transformador.

“10. No dar por demostrado, estándolo, que la muerte del señor Jorge Soto Rocha se hubiere podido evitar y la empresa demandada no hizo nada para ello”.

Como pruebas erróneamente valoradas indica las siguientes:

La demanda inicial; su contestación; el contrato de trabajo; la liquidación de prestaciones sociales; certificación sobre tiempo de servicios y el salario del causante; la confesión del representante legal de la demandada en el interrogatorio de parte; el resultado de la investigación adelantada por la Gerencia Protección Riesgos Profesionales del ISS; el informe sobre el accidente de trabajo presentado por la empresa al ISS; la inspección judicial y, los testimonios de los señores Yesid Garzón Moreno, Oscar Cano Sánchez, Edison Luna y Marco Correa Suárez.

Como no apreciadas acusa los testimonios de los señores Marco Aurelio Celis y Eduardo Antonio Parra Aldana.

En la demostración del cargo aduce que si el Tribunal hubiera apreciado correctamente el informe rendido por la empresa al ISS sobre la ocurrencia de los hechos y el presentado por la Administradora de Riegos Profesionales de dicho Instituto, lo mismo que si hubiese valorado la inspección judicial, no habría concluido que los equipos e instalaciones de la demandada se encontraban bien mantenidos, porque contrario a la anterior aseveración, según estas pruebas, no se encontró documento alguno donde se pueda constatar la celebración de un contrato o una operación previa al mantenimiento del transformador, así mismo, que el responsable del movimiento del transformador era el propietario de la grúa y que a los trabajadores que estuvieron en esta labor no se les dio instrucción alguna sobre los riesgos que implicaba ese procedimiento porque el mismo no lo tenía.

En virtud de lo anterior, el ad quem no podía concluir que la empresa había actuado con la diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios, pues a pesar de que podía evitar el accidente de trabajo, no lo hizo.

Sostiene que el Tribunal también erró al afirmar que el accidente fue un hecho imprevisto y no culposo, pues de analizar correctamente el informe sobre la investigación que se adelantó, en donde se consignó el acta de la reunión extraordinaria del acta del Comité Paritario de Salud Ocupacional celebrado el 15 de septiembre de 1997 (Fls. 121 a 128), hubiera concluido que la operación había sido suspendida el día anterior del accidente porque las grúas no presentaban ni la capacidad ni la seguridad necesarias para mover el peso del transformador, en tanto presentaron problemas de estabilidad, circunstancia que conoció la empresa y, sin embargo, no tomó ninguna medida preventiva para evitar el riesgo que implicaba esa operación, simplemente se limitó a ordenar que se trajera otra grúa con capacidad para 50 toneladas, siendo menor a las que se tenía el día anterior, pues entre las dos sumaban una capacidad de 55 toneladas.

Así las cosas, aduce la censura, el contratar con un tercero el procedimiento para bajar el transformador para su posterior mantenimiento, no exime de culpa al empleador pues éste tenía la obligación de verificar el correcto funcionamiento y capacidad necesaria de la grúa, en tanto era su trabajador quien estaba al frente de la operación de movilización del transformador, además de que el accidente era previsible toda vez que las grúas contratadas habían presentado fallas el día anterior.

Como sustento de lo anterior, cita y reproduce apartes de las sentencias de esta Corte del 26 de mayo de 1936 y del 21 de mayo de 1992, Radicación 4680.

Agrega que de ser apreciado correctamente el informe de la ARP del ISS que obra a folio 115 a 119, en el cual se sugirió a la empresa cumplir con las recomendaciones que le hicieron en la investigación sobre el accidente de trabajo del señor Soto Rocha (Fls. 121 a 128), seguramente habría concluido que la empleadora no actuó con la debida diligencia y cuidado que implicaba la operación, toda vez que ninguna de las recomendaciones del Comité Paritario de Salud Ocupacional se pusieron en práctica antes de la movilización del mencionado transformador.

Asevera que la estimación correcta de la inspección judicial y de la confesión del representante legal de la empresa al absolver el interrogatorio de parte sobre el hecho de que el transformador no había sido desmotando en 10 años, significa que no era una operación frecuente, razón por la cual debió instruir al causante y a todos los trabajadores que participarían en dicha operación.

Con las pruebas estudiadas, manifiesta el recurrente, se demuestra que el transformador que iba a ser materia de mantenimiento se encontraba en perfecto estado de funcionamiento y, contrario a lo concluido por el ad quem, lo que queda manifiesto es la omisión del empleador de verificar que el equipo contratado se encontrara en óptimas condiciones de funcionamiento y que fuera el adecuado para soportar el peso del transformador, es decir, que el Tribunal al afirmar que los equipos e instalaciones de la demandada se encontraban bien mantenidos, confundió la grúa con el transformador.

De ser apreciada correctamente la contestación de la demanda, el fallador de segundo grado no hubiera incurrido en el anterior error, pues en esa pieza procesal se confesó que el causante desempeñaba el cargo de Supervisor Grupo Mantenimiento Mecánico, confesión que se ratifica con el documento de folios 13 a 15 y, de valorarse la documental que reposa a folios 89 a 93, habría concluido entonces que el referido procedimiento para llevar a cabo el mantenimiento del transformador, no era una operación rutinaria, pues no se hacía desde 1987, por tal razón, el señor SOTO no podía estar capacitado para esa clase operaciones, ni mucho menos que tuviera experiencia para la misma, en tanto era la primera vez que en la empresa se movilizaba el transformador mencionado.

Frente a la afirmación que hizo el Tribunal en relación con que la actividad desplegada por el trabajador fallecido no era riesgosa, basta tener en cuenta que la actividad de mover un transformador de más de 30 toneladas, que se encontraba a más de 7 metros de altura, que era la primera vez que se bajaba después de 10 años de haberse instalado y que el día anterior la operación fue suspendido porque las grúas contratadas presentaron problemas de estabilidad por el peso del transformador y la dificultad de la operación, no es propiamente una actividad de rutina ni se puede afirmar que no ofrece ningún riesgo, puesto que el peligro no está en la actividad propia sino en la operación física, manual o intelectual que se ejecute.

Como sustento de sus aseveraciones, trae a colación apartes de la sentencia de esta Corte del 24 de septiembre de 1992, Radicación 5229.

A continuación, su exposición se dirige a demostrar el yerro apreciativo del juzgador sobre la prueba testimonial, haciendo notar lo que califica como contradicción de los deponentes a lo largo de cada una de las declaraciones rendidas y de las que también se valió el Tribunal para llegar a la decisión absolutoria gravada en casación.

Critica igualmente que el ad quem no hubiera apreciado los testimonios de los señores Marco Aurelio Celis y Eduardo Antonio Parra Aldana, lo mismo que la prueba testimonial trasladada remitida por la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales de Circuito de Soacha (Fls. 75 a 79 y 110 a 101 del cuaderno anexo), la cual reúne las exigencias formales del artículo 185 del C. de P.C.

IV. La replica

A su turno, la parte opositora se opone a la prosperidad del cargo, sostiene que el hecho de que la grúa encargada de movilizar el transformador hubiera presentado problemas, no significa que la empresa no tomó las medidas de seguridad adoptadas para que la operación realizada al día siguiente no presentara riesgos de inestabilidad en el equipo contratado, razón por la cual, no es de recibo afirmar que la empresa actuó con negligencia.

Si bien es cierto que la movilización del transformador no se hacía en forma rutinaria, también lo es que está demostrado en el proceso que la utilización de las grúas de la empresa Servicios de Grúas Telescópica se hacía con regularidad.

De otra parte, afirma que según la prueba trasladada que curiosamente el censor acusa de no apreciada, el testigo Marco Aurelio Celis expresa que a los trabajadores sí se les impartió instrucciones y, además, que el señor Soto Rocha no fue comisionado por la empresa para desarrollar la labor que finalmente ocasionó el accidente de trabajo, en ese momento el mencionado señor estaba observando, curioseando, pues él pertenecía a otro departamento de mantenimiento de la empresa, es decir, no tenía porque (sic) estar allí.

Además, conforme al resultado de la investigación adelantada por el ISS, Gerencia Protección Riesgos Profesionales, del informe sobre el accidente de trabajo presentado por la empresa a este Instituto y de la prueba testimonial, se puede establecer que los demás trabajadores que se encontraban presentes cuando se movilizaba el transformador tuvieron tiempo suficiente para retirarse del lugar.

Finalmente manifiesta que de la prueba no calificada, esto es, la testimonial, tampoco se deduce que el sentenciador hubiera incurrido en error alguno.

V. Consideraciones de la Corte

El Tribunal en la decisión acusada, lo primero que hizo fue señalar lo que debe entenderse por culpa, y para ello acudió al artículo 216 del CST y a la jurisprudencia de esta Corte, concluyendo que es la falta de diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, ya que no se está, así lo dijo, en presencia de una indemnización basada en el riesgo, sino en la culpa comprobada, quedando a cargo de la parte demandante la demostración de la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente.

Seguidamente destacó que no estaba fehacientemente demostrada esa culpa del empleador, pues que según el informe sobre la investigación adelantada por el Comité Paritario de Salud Ocupacional de la empresa sobre el accidente de trabajo y, el presentado por la Gerencia Nacional de Salud Ocupacional del ISS sobre el mismo hecho, vistos a folios 116 a 128, la causa inmediata o primaria del accidente obedeció a la “falla mecánica que generó el rompimiento de los tornillos de la base giratoria de la grúa Lorain contratada, en su movimiento de caída, dio un período de tiempo para que las personas se movilizaran.

“De igual manera se señalaron como causas la ubicación impropia del trabajador, el desprendimiento del brazo de la grúa”.

Entre tanto, de la prueba testimonial concluyó que “el trabajador era una persona capacitada, con experiencia en esta materia, es decir, que el trabajo que estaba ejecutando en el momento del accidente no era nada nuevo sino de rutina del trabajador y del que estaba perfectamente enterado y capacitado”.

Remató estimando que contrario a la afirmación de la parte demandante “las pruebas demuestran de manera clara y fehaciente que los equipos e instalaciones de la demandada se encontraban bien mantenidas, pues se hacía un proceso de mantenimiento de los equipos con la intervención de todas las áreas de la empresa. Además la grúa que se utilizó para el movimiento del transformador no era de propiedad de la empresa, sino de un contratista de la misma, quien no era la prima (sic) vez que realizaba estas maniobras, pues siempre que se iba a efectuar una maniobra igual o similar se contrataba a la empresa Servicios Grúas Telescópica. De las misma (sic) evidencias se puede colegir que el accidente de trabajo fue un hecho imprevisto y no culposo. No hubo descuido, decidía (sic) y la actividad desarrollada por el trabajador no era riesgosa, la empleadora contaba con todos los controles necesarios y personal adiestrado, con todas las medidas preventivas”.

Sea lo primero advertir que el documento que contiene el informe acerca de la investigación del accidente de trabajo elaborado por un ingeniero industrial de la Gerencia Nacional de Salud Ocupacional del Instituto de Seguros Sociales que obra a folios 116 a 119, señalado por la censura como equivocadamente apreciado por el ad-quem, solo contiene una declaración de tercero, el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 del C. de P.C. es apreciable como testimonio y por tal razón no funda cargo en casación laboral de acuerdo a lo establecido en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.

Ahora, en el informe de investigación adelantado por el Comité Paritario de Salud Ocupacional de la Empresa sobre el accidente de trabajo, se afirma que si bien es cierto que la actividad que ejecutaba el causante al momento del accidente era propia de su oficio porque era Supervisor de Mantenimiento Mecánico, también lo es que dicho informe igualmente concluye que el trabajador “no estaba asignado al movimiento del transformador”. (Fl. 123), luego de esto no se evidencia la comisión de un error fáctico por parte del Tribunal cuando apreció el mencionado documento, pues es admisible concluir del mismo la ausencia de culpa del empleador, dado que el trabajador no había sido asignado por la empresa en el procedimiento tendiente a la movilización del transformador. 

Desde esta óptica, para la Sala es claro que no se dan los presupuestos exigidos por el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo acusado, en tanto no existe culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia de los hechos que ocasionaron el fallecimiento del trabajador.

Con relación al informe del Ingeniero Oscar Sánchez, Jefe de Proyectos y Mantenimiento de la demandada (Fls. 127 y 128), el cual hace parte del presentado por el Comité Paritario de Salud Ocupacional de la Empresa, del mismo tampoco se desprende yerro fáctico alguno del Tribunal acerca de la conclusión respecto de ausencia de prueba sobre la culpa patronal, pues del susodicho informe simplemente se infiere que en razón a que las grúas con capacidad de 30 y 25 toneladas con las que se pretendía realizar el movimiento del transformador que pesaba aproximadamente 34 toneladas, presentaron problemas de estabilidad el día anterior a la fecha en que sucedió el accidente de trabajo, hubo necesidad de cambiarlas por otra con capacidad de 50 toneladas, medida preventiva que por el contrario, pone de presente la diligencia de la parte demandada.

Así las cosas, la apreciación que hizo el Tribunal de esta prueba tampoco se demuestra error evidente alguno.

En cuanto a la consideración adicional del Tribunal en el sentido de que la exoneración de culpa del empleador se daba por cuanto la grúa no era de su propiedad sino de un tercero, el recurrente asevera que en relación con el tema, lo que debió manifestar el ad quem es que “si bien el servicio de la grúa lo había contratado con un tercero, la obligación para la empresa, si hubiera actuado con la diligencia y cuidado que emplean los hombres ordinariamente en sus propios negocios, era la de verificar que la grúa contratada no iría a producir un daño porque se encontraba en perfecto estado de mantenimiento y su operario era diestro para ello, y ello no fue así”, es un argumento jurídico que no puede ser abordado por el sendero fáctico escogido por el recurrente, pues independientemente de si la consideración que hizo el Tribunal es acertada o no, la misma comporta la creación de una regla jurídica según la cual, por no ser el empleador propietario de la grúa, ello lo exonera de responsabilidad en el accidente de trabajo que le costó la vida al señor Soto Rocha.

De otra parte, el hecho de que quien atendió la diligencia de inspección judicial hubiera admitido no tener a la mano el documento o el contrato o una operación previa al mantenimiento del transformador, ni la respuesta afirmativa del representante legal de la empresa al absolver el interrogatorio de parte, sobre el hecho de que el transformador no se movilizaba desde su montaje en el año de 1987, no conlleva una confesión que favorezca a la parte contraria, pues estas afirmaciones en sí mismas consideradas no demuestran que el empleador no tomó ninguna medida preventiva para evitar el riesgo, o que no ilustró a los trabajadores sobre la manera cómo debía realizarse el desmonte del mencionado transformador o que no ofrecía riesgo alguno.

Se observa, entonces, que de estas pruebas no se desprende una confesión acerca de hecho alguno que pueda determinar la culpa patronal aducida en el cargo, porque ello implicaba que las manifestaciones produjeran consecuencias jurídicas que favorecieran al demandante o que resultaran adversas a la entidad accionada (C. de P. C, art. 195); pero ninguna de tales circunstancias se patentiza, en tanto las aludidas afirmaciones solo admiten que no se hizo un contrato previo para la movilización del transformador y que éste era la primera vez que lo bajaban de su sitio, de cuya estimación no aflora un desacierto del juzgador y menos con el carácter de ostensible.

Por último, para la Sala resulta intrascendente la crítica que el censor hace a la sentencia gravada, en cuanto atribuye al Tribunal haberse equivocado cuando afirmó que la actividad relacionada con el desmonte del transformador no era riesgosa, y se dice irrelevante porque independientemente de que efectivamente fuera riesgosa, la verdad es que era prioritario demostrar suficientemente la culpa patronal como fuente generadora de la indemnización plena y ordinaria de perjuicios reclamada, según lo dispone el artículo 216 del C. S. del T., lo cual no se logró.

Así las cosas y como quiera que de la prueba calificada acusada no se evidencia la culpa patronal, no puede la Corte adentrarse en el examen de la no apta en casación, por consiguiente, debe concluirse que no existe un yerro fáctico ostensible conducente a quebrantar la decisión acusada.

Por lo tanto, el cargo no prospera.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 31 de mayo de 2000 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D.C. dentro del proceso ordinario adelantado por los señores MYRIAM RAMIREZ DE SOTO y EDISON JAVIER SOTO RAMIREZ contra la SIDERURGICA DE BOYACA S.A. SIDEBOYACA S.A.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. Oportunamente devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Magistrados: Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Luis Gonzalo Toro Correa—German G. Valdés Sánchez—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez Botero.

Secretaria: Laura Margarita Manotas González.