Sentencia 20326 de mayo 25 de 2006 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SECUESTRO EXTORSIVO

Se configura en el llamado “paseo millonario”.

EXTRACTOS: «Con todo, como se observa el esfuerzo del libelista por hacer entender que la retención temporal de las señoras a quienes se despojó de sus tarjetas bancarias no comportó atentado alguno contra la libertad individual de ellas, sino que se les impidió la movilidad física para lograr la perpetración del hurto, que por lo mismo sería hurto calificado por la violencia, la Sala encuentra que el censor se equivoca en su apreciación, dado que en el caso que se examina se verificó probatoriamente que las víctimas fueron privadas de la libertad por varias horas, retención que ya no era necesaria para el despojo violento de sus propiedades, por lo cual la conducta delictiva trascendió de un hurto calificado por la violencia, hacia la configuración del delito de secuestro.

(...).

Insistiendo en que la retención forzada de las mujeres se prolongó durante varias horas, durante las cuales los implicados se dedicaron a la exacción de las cuentas bancarias de ellas, el a quo observó que era manifiesta la conciencia y la voluntad de impedir su movilidad física, “con el fin de obtener un provecho ilícito”, de donde concluyó que se trataba de un secuestro extorsivo.

De este modo continuó la reflexión del juez de primera instancia:

“¿No hay conciencia y voluntad de retener a una persona con el fin de obtener provecho ilícito?

¿No se está llenando cabalmente ese ingrediente de orden subjetivo que establece el canon legal?

A juicio de este despacho y, en eso debemos ser claros en tanto que, la variable temporal es lo que nos demuestra que sí hay conciencia y voluntad en llevar a cabo la conducta punible descrita en el artículo 169 del Código Penal (secuestro extorsivo), pues semejante lapso no puede entenderse, aún por una persona de muy bajo nivel cultural, que sólo se está ejerciendo violencia y que esta es la necesaria para lograr el aseguramiento de lo hurtado” (fl. 228, cdno. 3)

Vale decir, para la estructuración del secuestro extorsivo, el a quo concedió importancia al tiempo de la retención, cercano a las cinco horas, y entendió que la finalidad de la inmovilización de las víctimas era obtener un provecho ilícito. De ahí que condenó por secuestro extorsivo en concurso homogéneo, y también por concierto para delinquir.

En la sentencia de segunda instancia, el Tribunal Superior de Medellín, sobre la modalidad de secuestro cometida por los copartícipes señaló:

“Ahora bien, sabemos igualmente que cuando los apoderamientos se han consumado o perfeccionado, esto es, cuando ya no es necesario un comportamiento posterior por parte del ladrón para eliminar la resistencia al apoderamiento de los bienes y el mismo se da, como ocurrió en el sub lite, reteniendo a las víctimas y obligándolas a aportar las claves de sus tarjetas, creemos que estamos también en presencia del punible de secuestro extorsivo (...).

Por supuesto que como la retención de las dos damas se llevó a efecto a cambio de que entregaran las claves de sus tarjetas, es que resulta completamente obvia la tipificación de dos punibles de secuestro extorsivo: el que... retenga u oculte a una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo...'', era lo que estipulaba el anterior Código Penal y estipula el actual al definir dicho punible” (el tribunal destaca, fls. 287 y 288 cdno.).

Se observa que el ad quem entendió que el hurto ya había sido consumado cuando se despojó a una de las señoras de sus joyas y a ambas de sus tarjetas bancarias; y que a partir de ese momento, y en adelante, la retención ya no era necesaria para sustraer el dinero de las cuentas, por lo cual los implicados ingresaron al ámbito del secuestro; y como la retención se verificó para que entregaran las claves de sus tarjetas, entonces el secuestro fue extorsivo, porque se las privó de la libertad individual para que hicieran algo, esto es, para que facilitaran los números claves de las mismas.

Como se demostrará, es correcta la postura de los jueces de instancia, y por tanto no le asiste razón al casacionista, toda vez que, de conformidad con lo probado en el expediente, la banda que intervino en los hechos investigados, integrada entre otros por Germán Felipe Arango Bedoya, incurrió en el delito de secuestro extorsivo y no en el de secuestro simple.

2. Como se observa, en el fallo, integrado por las sentencias de instancia convergentes, se tomó el tiempo de la retención de las víctimas como elemento estructurante del secuestro, pues se constató que realmente las titulares de las cuentas bancarias fueron inmovilizadas contra su voluntad por varias horas, vulnerando ciertamente su bien jurídico de la libertad individual.

Desde el ámbito de protección de las normas que reprimen los atentados contra la libertad individual, se constata sin dificultad que no tienen razón quienes descartan la configuración del delito de secuestro, asegurando que, en todo caso, la inmovilización de la víctima se admite como la violencia necesaria para el ilícito contra la propiedad, violencia que califica el delito de hurto, cualquiera fuere la cantidad de tiempo que la víctima sea retenida contra su voluntad por el sujeto activo, siempre que ese lapso sea indispensable para consumar el hurto.

De admitirse tal postulado, podría llegarse a extremos oprobiosos, que darían al traste con el ámbito protector de las normas penales que salvaguardan la libertad personal. Piénsese, por ejemplo, que la víctima sea retenida contra su voluntad mientras los sujetos activos, que se proponen básicamente hurtar dinero, se dan a la tarea de efectuar complejas transacciones bancarias, no sólo en Colombia, sino también en el exterior, empleando en ello días o inclusive semanas. Así las cosas, negar el atentado contra la libertad individual desde el punto de vista naturalístico sería necio, y también lo sería desde la órbita jurídica, en tanto el derecho penal especial para esos casos fue concebido precisamente para garantizar, desde la prevención, la indemnidad de la garantía constitucional que tienen las personas de desplazarse libremente. Tampoco tiene sentido esperar que la prerrogativa superior de libre movilidad física quede en suspenso respecto de la protección jurídica por las normas especiales, mientras los sujetos activos de otro delito alcanzan sus propósitos.

El intento de algunos, entre ellos el censor en el primer cargo, por convencer de que, en todos los casos, la retención de la víctima contra su voluntad se subsume en la violencia que califica el delito de hurto, y que intentan sostener invocando la “teoría finalista del delito”, es, por decir lo menos, desfasada, pues lo que la doctrina logró concebir fue en realidad “la teoría final de la acción”, no siendo factible confundir o tomar por lo mismo, sin caer en el sofisma, el delito con la acción, ni la idea de acción final, con la idea de los propósitos perseguidos por el delincuente.

La teoría de la acción final no fue concebida precisamente para solucionar concursos aparentes de tipos, sino, esencialmente, como un cuerpo ideológico moderno que trata de explicar racionalmente, desde la dogmática, el papel que desempeña en la estructura del delito cada uno de sus componentes primordiales según el esquema tripartita, esto es, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, proponiendo una redefinición de la teoría del delito tomando como punto de partida la acción humana, que es acción final, o acción dirigida hacia una finalidad específica.

“Para esta teoría, la ''esencia'' de la acción, que determina toda la estructura sistemática, estriba en que, mediante su anticipación mental y la correspondiente selección de medíos, el hombre controla el curso causal dirigiéndolo hacia un determinado objetivo, es decir, lo ‘supradetermina de modo final’” (3) .

Es así que, si para conseguir la finalidad propuesta se seleccionan medios que lesionan diversos bienes jurídicamente tutelados, nada obsta para que el concurso de delitos pueda predicarse, dependiendo, claro está, de las particularidades de los casos concretos. Se dice pues, con razón, que la intención del sujeto activo del delito no desdibuja los recorridos típicos que demande su iter criminis. Es sencillo comprender que, si para asaltar un banco se asesina al celador, quien así actúe responderá por homicidio y hurto, aunque su cometido final sea únicamente apoderarse del dinero, pues si los medios seleccionados son a la vez delictivos, el concurso es inminente.

Ahora bien, como el legislador no exige como ingrediente de los tipos penales de secuestro (simple o extorsivo) que la privación de la libertad tenga una duración mínima determinada, es suficiente que se demuestre que la víctima permaneció efectivamente detenida en contra de su voluntad durante un lapso razonable para entender que los implicados le impidieron desplazarse libremente.

Esa razonabilidad permite distinguir el delito de secuestro del ilícito de hurto calificado por la violencia ejercida sobre las personas, en tanto éste comporta un contacto con la víctima que se retiene por el lapso necesario mientras es despojada de sus efectos personales, pero inmediatamente después puede continuar ejerciendo su derecho de locomoción.

Los tiempos posteriores o adicionales al despojo de los bienes que la víctima lleva consigo, en que permanezca retenida por obra de los implicados en el delito, ya configuran el delito de secuestro, puesto que implican de suyo un atentado contra la libertad individual, así esa retención se utilice para asegurar el producto del ilícito inicial o de otro ilícito, o para incrementar el botín a través de otro tipo de gestiones, o para facilitar la fuga, o para seguir cometiendo delitos diferentes, como ocurre en el caso del hurto calificado por la violencia cuando se continúa delinquiendo, utilizando elementos conseguidos con el primer despojo, todo mientras el sujeto pasivo de la delincuencia sigue sin poder moverse a su arbitrio porque la fuerza de los implicados se lo impide.

3. En cualquiera de las hipótesis anteriores, como se dijo, si la víctima es retenida más allá de lo razonable al despojo de sus efectos personales, se configura un atentado contra la libertad individual, que se denomina secuestro.

El problema consiste en determinar si se trata de un secuestro simple, o si se está frente a un delito de secuestro extorsivo, labor que podrá arrojar resultados diversos en los distintos casos, aunque las hipótesis delictivas se parezcan en algunos aspectos, pues tal determinación necesariamente dependerá de lo que indiquen los medios de convicción. Ello explica por qué ni la doctrina ni la jurisprudencia sientan subreglas generales, porque son las pruebas las que en cada evento conducen a saber cuál modalidad de secuestro fue activada por la delincuencia, sin que existan fórmulas lógicas o jurídicas construidas artificialmente que pudiesen utilizarse válidamente para una determinación ex ante.

4. En el presente asunto, en cuanto a la retención de las víctimas y sus consecuencias jurídicas, la prueba esencial está constituida por la declaración de cada una de las afectadas.

La denunciante, señora Martha (...) indicó que luego de tomar un taxi, aproximadamente a las 7:30 de la noche, este vehículo fue abordado por dos hombres que, amenazándola con un revólver, la despojaron de sus joyas y le exigieron sus tarjetas bancarias y las claves de las mismas; y que luego de obtener las claves uno de ellos se bajó del vehículo a verificar los datos. Después continuaron con ella retenida en el taxi mientras hacían transacciones, aproximadamente hasta las 10:45 minutos de la misma noche (fls. 2 y 39 cdno. 1).

Por su parte, la señora Yolanda (...) relató que le hicieron “un paseo millonario”. Que después de tomar un taxi para ir a su casa, aproximadamente a las siete de la noche, el vehículo fue abordado por un hombre que intimidándola con un arma de fuego le arrebató su bolso, de ahí sacó las tarjetas bancarias y le solicitó las claves: “yo se las dí inmediatamente”; que más adelante otro hombre subió al carro y empezaron a hacer un recorrido, con paradas intermitentes, sacaron dinero de los cajeros e hicieron transferencias, hasta la madrugada del día siguiente, cuando la liberaron (fl. 64, cdno. 1).

Como se observa, dichos testimonios enseñan que las señoras asaltadas informaron los números claves de sus tarjetas bancarias instantes después de iniciar el proceso delictivo, sin ofrecer resistencia debido a la intimidación, y sin que hubiera sido necesaria la retención por algún tiempo accesorio para que ellas entregaran dichas claves. El lapso restante lo ocuparon los implicados en las transacciones para retirar o transferir el dinero.

Se constata, pues, que las señoras que utilizaban el servicio de taxi hacia sus residencias, fueron asaltadas por los implicados, quienes se hicieron rápidamente con las tarjetas de crédito y con las claves, emprendieron un recorrido por los cajeros electrónicos desde los cuales hicieron varias transacciones. Durante ese tiempo impidieron la movilidad de las víctimas, para asegurar el éxito del hurto. Es decir, la finalidad de la retención fue extorsiva, porque condicionaron su liberación al logro de un provecho, en este caso de índole económica; y también porque la retención se prolongó para impedirles hacer algo, es decir, para evitar que acudieran ante las autoridades o ante la ciudadanía en búsqueda de auxilio, y para que no bloquearan las tarjetas bancarias.

El tipo de secuestro extorsivo, entre otras hipótesis delictivas, requiere que la retención de una persona se haga “con el propósito de exigir por su libertad un provecho” (art. 169 Código Penal, L. 599/2000). Suele creerse, equivocadamente, que esa exigencia debe hacerse necesaria y exclusivamente a terceras personas y no a la propia víctima.

Esa comprensión del ingrediente del tipo de secuestro extorsivo no es precisa ni atinada, puesto que equivaldría a adicionar un requisito que el fin protector de la norma no contempla. Por ejemplo, es evidente que si se retiene a una persona en contra de su voluntad, se le exige a ella misma una suma de dinero, y luego se deja en libertad para que salga a conseguir esa cifra, el secuestro es, sin duda, extorsivo, aunque no intervengan terceras personas en calidad de destinatarias de la exigencia.

En ese orden de ideas, lógico es concluir que en el presente asunto se configuró un concurso de secuestros extorsivos; en concreto, porque los implicados supeditaron la liberación de las víctimas a la obtención de un provecho económico, y porque las retuvieron para que dejaran de hacer algo - verbi gratia, pedir auxilio, denunciarlos o bloquear las tarjetas bancarias.

Debe quedar claro en todo caso, que las reflexiones anteriores aplican a los asuntos como el presente, que el comentario común ha dado en llamar “paseo millonario”, por la frecuencia con que se está reproduciendo ese flagelo que atemoriza a la comunidad, donde es jurídicamente atinado predicar el secuestro extorsivo cuando convergen varias notas características: i) el propósito de los implicados de obtener un provecho de naturaleza económica; ii) la utilización de la retención de los sujetos pasivos en contra de su voluntad como medio para lograrlo; iii) la restricción de la libertad física de las víctimas se emplea para evitar que acudan —de múltiples maneras— en defensa de su patrimonio; y iv) que la liberación de las víctimas se supedita o condiciona a la obtención del provecho económico; aunque no necesariamente lo consigan, ya que es factible que el influjo de alguna circunstancia ajena a la voluntad de los copartícipes evite que alcancen su cometido».

(Sentencia de casación, 25 de mayo de 2006. Radicación 20326. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Lombana Trujillo).

(3) Roxin Claus. Derecho Penal. Parte general. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Editorial Civitas S.A. Madrid. 1997, pág. 199.

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