Sentencia 20373 de septiembre 8 de 2004 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

DOLO EVENTUAL

EXAMEN DE LAS CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS QUE RODEARON LOS HECHOS

EXTRACTOS: «1. En la sentencia impugnada, entendiéndose por tal los fallos de primera y segunda instancia en cuanto constituyen una unidad jurídica inescindible, se declaró probado que Andrey Gustavo Ramos motivó la riña al propasarse con Lina Johana Devies, que Hélverth Arturo Ardila lo enfrentó sin armas por esa razón y que, cuando ya se encontraban separados los contendientes, Diego Hernán Rodríguez Aguilera le apuntó al último con la pistola que llevaba consigo sin permiso para portarla —era de Ramos— y le disparó: el proyectil ingresó a su cuerpo a la altura de la clavícula izquierda, salió por la región supraescapular derecha y se introdujo en el cuello de Anderson Sánchez, ubicado justo detrás de Ardila, alojándose finalmente en la cuarta vértebra cervical del joven quien segundos antes aconsejaba al irritado novio para que no continuara con la pelea.

2. Las instancias declararon responsable al agresor por los delitos de porte ilegal de armas, tentativa de homicidio simple del cual fue víctima Hélverth Arturo Ardila y homicidio doloso respecto de Sánchez.

Como la inconformidad del casacionista se encuentra vinculada exclusivamente a objetar la imputación a título de dolo eventual del homicidio consumado, es pertinente reseñar los argumentos que sobre el particular se adujeron en las instancias:

2.1. Los siguientes corresponden a la sentencia de primer grado:

2.1.1. Se demostró que el sindicado, al decidirse a disparar en contra de Hélverth Ardila, tenía buena visibilidad porque ningún obstáculo se cruzaba en la línea de tiro y, por ende,

“tuvo la oportunidad de darse cuenta que detrás de éste, se encontraba una tercera persona que trataba de contribuir para que la riña no continuara”.

2.1.2. Estaba decidido a darle muerte “al agresor de su patrón” sin importarle las consecuencias de su acción:

“...no vaciló en efectuar el disparo a sabiendas de que se encontraba en un recinto cerrado en donde había bastante gente, y más aún conciente de que con ese disparo igualmente corría peligro la vida de la persona que se localizaba precisamente detrás de éste”.

2.1.3. Había prestado el servicio militar y, por lo tanto, conocía bien la potencialidad destructiva del proyectil 9 mm que disparó.

2.1.4. La muerte de Ánderson Sánchez le era previsible y evitable. Y si bien es cierto no se encontraba en condiciones de determinar la trayectoria que seguiría el proyectil y la clase de herida que sufriría el occiso.

“... esta situación no lo exime del dolo eventual, porque los segundos que tuvo para accionar el arma de fuego, fueron suficientes para representarse el segundo resultado, en la medida en que sabía que ese proyectil 9 mm fácilmente podía traspasar el cuerpo de Hélverth Arturo (Ardila) e impactar en la humanidad de Anderson (Sánchez), máxime cuando vio claramente los dos cuerpos casi unidos, uno detrás del otro. No cabe duda pues, que se lo representó en su mente, así hubiese sido de manera fugaz, y sin embargo decidió correr el riesgo”.

2.2. Los del tribunal se encuentran, en esencia, en el siguiente aparte del pronunciamiento impugnado:

“En el propósito del acriminado, no hay equivocación de ninguna índole: quiso matar y lo logró, pero desdichadamente en quien era ajeno a la camorra, en tanto que, a quien con tal intención quiso segarle la vida, no lo consiguió, por hecho ajeno a su voluntad. Así, simultáneamente, fluye el elemento directo y eventual respecto de los dos resultados, porque el inculpado tenía conocimiento y dominio que abarca el dolo, que no quedó en la sola potencialidad, sino en la efectividad, o posibilidad de advertir algo relativo a su acción, tanto en su momento cognitivo, como volitivo o conativo, reiteramos que, efectivo y actual o actualizable. A nadie escapa que, quien en un sitio atiborrado de público, dispara con arma tan letal y potente, como es una pistola calibre 9 mm, como la utilizada en el caso que nos ocupa, no tenga conocimiento de las consecuencias que pueda acarrear”.

3. La censura, más allá de la impropiedad que traduce plantear que el hecho se produjo como consecuencia de un caso fortuito y al tiempo reclamar que la condena sea por el delito de homicidio culposo, es claramente la oposición del casacionista a la apreciación probatoria efectuada en la sentencia:

Para los juzgadores, como quedó visto, el procesado se representó el segundo resultado y, pese a ello, no hizo nada para evitarlo.

El censor, aunque había advertido la ocurrencia de una interpretación jurídica equivocada de la figura del dolo eventual, terminó simplemente afirmando que las instancias dejaron de lado el análisis probatorio relacionado con la previsibilidad de la contingencia y que en el contexto de lo sucedido “nunca se le pasó por la mente” a su representado matar a la persona ubicada detrás del objetivo de su disparo.

Esas afirmaciones, sin embargo, se desvirtúan con la propia demanda al admitir el abogado que los falladores derivaron el dolo de las circunstancias en las cuales sucedieron los hechos y, seguro para no desbordar el marco lógico de la causal de casación invocada, que es innegable que su defendido —dada la experiencia que tenía en el manejo de armas— debió prever que con la pistola empleada y a tan corta distancia, “el disparo dirigido hacia el agresor de su patrón podía generar otro resultado típico”.

Pero aún a pesar de dichas inconsistencias y de la contradicción evidente que surge al aceptar que Rodríguez Balaguera se imaginó el resultado y proponer que actuó con culpa sin representación, lo cierto en definitiva es que el recurrente desaprueba el examen probatorio que condujo al juzgador a concluir que el acusado previó esa probabilidad y admitió su producción al no realizar ningún acto orientado a evitarla. A su juicio, a partir de una lectura personal de las evidencias, el procesado no se representó el resultado porque era difícil o imposible que lo hiciera debido a lo repentino de los acontecimientos, a la oscuridad del lugar que le impedía observar las personas que departían en la mesa que Ardila Ospina tapaba con su cuerpo y al temor y a la “rabia” que lo embargaban porque su patrono había sido golpeado.

4. Es evidente, aunque advirtió que no lo haría, que desconoció la apreciación probatoria de la sentencia y olvidó que la violación directa de la ley sustancial en la cual fundamenta el ataque, es la consecuencia inmediata de un error estrictamente jurídico que se origina en la aplicación indebida de la norma sustancial, en su falta de aplicación o en su interpretación errónea, cuya demostración supone aceptar en su integridad los hechos que se declararon probados en el fallo así como la estimación de los medios de convicción.

5. Se equivocó el casacionista, entonces, al involucrar el tema probatorio en una censura sólo disponible para la discusión de errores de naturaleza jurídica. Y si su intención era demostrar que el juzgador se equivocó al dar por probado que el procesado se representó el resultado, debió no sólo fundar el cargo en la segunda parte de la causal primera de casación sino precisar y demostrar el error in iudicando en el cual incurrió y así mismo su trascendencia. Como no se refirió a ninguno sino que simplemente se limitó a oponer su criterio al de las instancias, es manifiesta la improsperidad de la censura.

6. Advierte la Corte, no obstante lo anterior, que la atribución a título de dolo eventual del homicidio causado a Anderson David Sánchez David es acertada:

Según el artículo 22 del Código Penal la conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización, e igualmente cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar.

La primera parte de la norma corresponde a la definición legal del denominado dolo directo y la segunda a la del eventual, el cual se configura cuando el sujeto se representa una probabilidad concreta de realizar una conducta punible que no hace parte de su propósito criminal y que, sin embargo, integra a su voluntad al no intentar evitarla y dejar su no producción librada a la suerte.

La determinación procesal del dolo eventual, al igual que sucede con el dolo directo, aunque se puede lograr en ciertos casos a través de la confesión del acusado debidamente respaldada por la realidad acreditada con los demás medios de prueba (2) , en la mayoría de las veces, en tanto fenómeno sicológico no objetivable, se alcanza a partir del examen de las circunstancias externas que rodearon los hechos.

Que una persona actuó con la intención de causar la lesión al bien jurídico o que se representó un resultado distinto del querido y lo asumió al no hacer nada para evitarlo, entonces, son realidades internas del individuo que se deducen de los datos físicos que el juez consigue conocer a través de los medios probatorios autorizados por la ley.

Y fue lo que sucedió en el presente caso: ante la imposibilidad actual de conocer qué realmente pensó e incorporó a su voluntad el procesado cuando le apuntó y le disparó a Hélverth Arturo Ardila, las instancias consideraron el suceso en su contexto y le atribuyeron dolo en relación con el segundo resultado a partir de una regla de experiencia que es más o menos del siguiente tenor: Siempre que alguien dispara un arma de fuego en un sitio concurrido en contra de una persona determinada, necesariamente sabe que alguien más puede resultar lesionado o muerto con su acción.

Se trata para la Sala de un razonamiento absolutamente adecuado a partir del cual cabe concluir que Rodríguez Balaguera, al decidirse a disparar la pistola que llevaba consigo en un lugar donde había muchas personas, sabía de la probabilidad concreta de causar un resultado delictivo distinto a aquél que motivó su actuar y pese a ello no hizo nada para evitarlo. Eso significa, por lo tanto, la aceptación del evento probable en caso de producirse y que ciertamente debía responder por el segundo resultado a título de dolo».

(Sentencia de casación, 8 de septiembre de 2004. Magistrado Ponente: Dr. Yesid Ramírez Bastidas).

(2) En ese sentido: Corte Suprema de Justicia. Sentencia Casación - 21.050, febrero 4 de 2004. M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego.

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