Sentencia 20376 de enero 21 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta 05

Magistrada Ponente:

Marina Pulido de Barón

Bogotá, D.C., veintiuno de enero de dos mil tres.

Vistos

La Sala decide el conflicto negativo de competencia que surgió entre el Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná y el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar respecto del conocimiento del proceso que se adelanta contra Fredy Elí Santiago Carrascal por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Antecedentes

El 17 de junio del 2002, la Fiscalía 22 Seccional de Chiriguaná, profirió resolución de acusación contra Fredy Elí Santiago Carrascal como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, por los hechos que relató en los siguientes términos:

“... en la residencia habitual del sindicado Fredy Santiago Carrascal, ubicada en la población de La Jagua de Ibirico, Cesar, el día cinco (5) de septiembre de dos mil uno (2001), al ser requisada la misma, fueron halladas tres (3) granadas de fragmentación, un proveedor para fusil, calibre 5.56 y treinta y dos (32) cartuchos para el mismo, al igual que dos puñales tipo rambo”.

El conflicto

Al recibir la actuación, el Juzgado Único Penal del Circuito de Chiriguaná rechazó el conocimiento de esta causa, por cuanto, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 24 del artículo 1º del Decreto 2001 del 2002, la competencia para conocer de los delitos descritos en el artículo 366 del Código Penal es de los juzgados penales del circuito especializados, salvo que se trate de los verbos rectores “portar” y “conservar”, que sí corresponden a la justicia ordinaria. Después de descartar la hipótesis conductual del “porte”, confrontó el proceder del implicado con los verbos “conservar” y “almacenar” y lo adecuó al último, con base en la cantidad de armas y municiones incautadas, la cual, en opinión del funcionario colisionante, demuestra que el fin propuesto era almacenarlas, no guardarlas, para “por lo menos usarlos contra alguien, efectivamente o como medio de intimidación”.

Por su parte, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar aceptó el conflicto, pues considera que el juez que propone el incidente es el competente para conocer del presente proceso por cuanto la conducta realizada por el acusado es la de “conservar” las armas y municiones incautadas, ya que en el expediente no hay prueba de que la voluntad del acusado fuera la de guardar las armas para utilizarlas después o para amedrentar, como que permanecieron en el lugar en donde fueron halladas; y tampoco fueron sacadas de su sitio durante el altercado en el cual dijo que activaría una granada de fragmentación.

Consideraciones

El artículo 18 transitorio del Código de Procedimiento Penal asignó a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la atribución de resolver los conflictos de competencia que se presenten en asuntos de jurisdicción penal entre los jueces penales del circuito especializados y un juez penal del circuito.

Los operadores judiciales que intervienen en el incidente comparten la adecuación de la conducta de Fredy Elí Santiago Carrascal al tipo penal del artículo 366 del Código Penal realizada por la fiscalía de instancia, pero disienten en cuanto a la modalidad de acción realizada, dado que se trata de un delito que contempla diversas alternativas.

Lo anterior, en razón de que el numeral 24 del artículo 1º del Decreto 2001 del 2002, asigna a los jueces penales del circuito especializados el conocimiento de los delitos señalados en el citado artículo, salvo que se trate del “porte o conservación de armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas”; de ahí que el Juez Penal del Circuito de Chiriguaná argumente que se trata de “almacenar” y el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Valledupar aduzca que el implicado simplemente conservó las armas y municiones.

La Sala ha sostenido que la definición de un conflicto debe adoptarse teniendo como punto de referencia el pliego de cargos, porque es allí donde aparecen delimitados los factores que determinan la competencia del juez, básicamente, la situación fáctica y la calificación jurídica provisional (1) .

(1) Auto, febrero 5 de 2002. Radicación 19.128, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego. Auto, julio 2 de 2002. Radicación 19.362, M.P. Jorge Córdoba Poveda. Auto, diciembre 18 de 2001. Radicación 19.014, M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón.

En el caso que se analiza, la resolución de acusación no contribuye a dilucidar el punto en discusión, por cuanto, en la parte motiva alude al verbo “portar” no obstante que el procesado no llevaba consigo las armas y municiones ni las tenía a su alcance para defensa personal, que es el sentido y el contenido que el artículo 17 del Decreto 2535 de 1993 le da a esa expresión verbal; además, la providencia calificatoria tampoco aborda las conductas que hoy tiene enfrentados a los jueces, esto es, las consistentes en conservar y almacenar.

Con todo, para dirimir el asunto, la Sala se apoyará en la realidad fáctica y jurídica del pliego de cargos y en la precisión del significado y alcance de los verbos rectores “conservar” y “almacenar” ya efectuada en pronunciamiento anterior, cuando se explicó:

“En efecto, partiendo de la base gramatical, se tiene que de conformidad con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, conservar significa en la acepción apropiada para los efectos que ahora nos ocupan, “mantener una cosa o cuidar de su permanencia, mantener vivo y sin daño a alguien, guardar con cuidado una cosa” mientras que por almacenar se entiende “poner o guardar en almacén, reunir o guardar muchas cosas” y por almacén, “casa o edificio donde se venden o guardan cualesquiera géneros”, siendo evidente que desde la primaria exégesis ya se evidencien importantes diferenciaciones entre una y otra dicción, pues, mientras en la conservación el fin de quien realiza la conducta es el de buscar la inmutabilidad de determinado objeto, en el almacenamiento necesariamente se exige una pluralidad de objetos que se van aumentando o por lo menos, ese es fin inmediato que determina una tal acción, pero no para perseguir su inmutabilidad, sino por el contrario, “su venta”, en la acepción gramatical, o lo que llevado a la contextualización y dinámica de los objetos de que trata la norma en análisis, esto es las armas y municiones, bien su ilegal comercio o su uso, claro está, también ilegal.

“Son, entonces, dos los aspectos que se impone precisar en estas acciones para establecer sus elementos diferenciadores; de una parte, el objeto en cuanto a que la conservación exige la ausencia de actividad de lo conservado, entretanto, que el almacenamiento impone una imprescindible dinámica del objeto, pues no es el cuidado para su permanencia lo que la caracteriza; y de otra, que es la que determina la precedente, concretada en la acción y más específicamente en el contenido de ésta, o sea, la voluntad que implica el fin perseguido por el actor, toda vez, que es el fin propuesto y evidenciado probatoriamente en sus resultados, es lo que hace se pueda diferenciar cuando un objeto sólo se quería conservar y no almacenar o al contrario.

“No obstante, esta dinámica propia de la conducta no puede conducir a considerarla en abstracto, o dicho en otra forma, que no esté dirigida y concretada en un objeto, en el caso de ya que hacia él está teleológicamente encausada y por tanto, el medio utilizado debe ser idóneo para su exteriorización. Así, no se podría admitir la voluntad de almacenar un objeto independientemente, mas sí es posible almacenar cumpliendo al mismo tiempo con la conservación del mismo y no es que en estos casos concurran típicamente las dos conductas, sino que el “fin último” por así decirlo, es el de almacenar, para la cual se estima como necesario cuidar los objetos; pero obsérvese que este objetivo no es el último y va perdiendo relevancia típica por pasar a ser un acto medio en la dinámica progresiva del propósito del fin a obtener y obtenido“. (Auto, mar. 13/96. Rad. 11.297. M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote).

Bajo ese deslinde conceptual, queda claro que “conservar” es un vocablo que traduce una actitud de pasividad frente a un objeto, hasta el punto que bien podría describir la simple tenencia, desprovista de una finalidad específica. Por el contrario, “almacenar” denota un despliegue de actos frente a una variedad de objetos cuyo propósito va más allá de la simple acumulación, acercando la noción a un movimiento de naturaleza comercial.

En el proceso que se sigue contra Fredy Santiago, los elementos de juicio allegados no revelan una secuencia ni una finalidad de almacenamiento, la cual tampoco puede deducirse del número de elementos incautados; más bien, plasman una situación de pasividad frente a armas y municiones mantenidos en la casa de habitación del acusado, sin una destinación inmediata específica, lo que conduce a la Sala a entender que la conducta asumida por él concuerda con el vocablo “conservar”.

Por lo anterior, el delito por el cual se juzga a Fredy Elí Santiago Carrascal es de aquellos que el numeral 24 del artículo 1º del Decreto 2001 del 2002, excluyó del conocimiento de los juzgados penales del circuito especializados, y, en consecuencia la competencia, en la situación en concreto analizada, radica en el Juez Penal del Circuito de Chiriguaná, a quien se le asignará el juzgamiento.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

ASIGNAR al Juzgado Penal del Circuito de Chiriguaná la competencia para conocer de este proceso.

COMUNICAR esta decisión al Jugado Penal del Circuito Especializado de Valledupar, enviándole copia de este pronunciamiento.

Cúmplase.

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