Sentencia 20378 de enero 28 de 2002 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Sentencia 20378 de 2002 

Aprobado acta 13

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil tres (2003).

Asunto

La Corte resuelve lo pertinente en relación con la solicitud de cambio de radicación elevada por la procesada Laura Lida Idrobo Medina bajo el cargo de falsa denuncia contra persona determinada en el juzgado 2º penal del circuito de Popayán.

Antecedentes

1. En el Juzgado 2º penal del circuito de Popayán se adelanta el juzgamiento de Laura Lida Idrobo Medina, acusada de la comisión del delito de falsa denuncia, contra persona determinada, donde figura como afectada Esperanza Velasco Cuéllar.

2. En memorial presentado ante ese juzgado, la procesada solicitó el cambio de radicación, con fundamento en los artículos 85 a 87 del Código de procedimiento penal, alegando que relaciones de afecto y camaradería con la doctora Esperanza Velasco Cuéllar, quien funge como juez penal municipal en Popayán, no permiten apreciar con objetividad y transparencia su caso, por lo que demanda la remoción del proceso “a otra jurisdicción”, donde se le pueda garantizar debidamente los derechos que le asisten, lo cual no es posible en la ciudad donde se encuentra radicada la causa.

2. El juez 2º penal del circuito entendió que la Corte Suprema de Justicia era competente para decidir la solicitud, y, en consecuencia, remitió el escrito que la contiene a esa Sala, acompañando copias de algunas piezas procesales, incluida la resolución de acusación dictada por la fiscalía 1ª seccional.

Consideraciones de la Corte

Si bien es cierto que la procesada solicitó el cambio de radicación a “otra jurisdicción”, ello no autoriza pensar que la competencia para resolver la petición de remoción del proceso corresponde a esta corporación.

Es en la ciudad de Popayán donde la solicitante circunscribe los motivos que la llevan a demandar el cambio de radicación, incluso porque así lo acepta el funcionario remitente cuando asegura que la procesada “solicita se traslade el proceso a otra ciudad, con el fin de garantizar una correcta decisión a la justa y jurídica petición”, lo cual sugiere la necesidad de examinar si, de ser cierta la causa que motiva la petición, puede ser neutralizada dentro del mismo distrito, caso en el cual el competente para adoptar la correspondiente decisión es la Sala de decisión del Tribunal Superior de Popayán, y no la Corte, cuya atribución en este campo se limita a decidir peticiones relacionadas con el cambio de radicación a otro distrito judicial (CPP., art. 75, núm. 8º).

No obstante, de estimarse que la pretensión de la procesada está dirigida a que la causa criminal se radique en otro distrito judicial, la Sala estima que corresponde también a dicho tribunal pronunciarse sobre la excepcional medida, pues cuando uno de los sujetos procesales eleva la solicitud directamente ante el juez que está conociendo del proceso, independientemente de su deseo de que el cambio se produzca a otro distrito judicial, el funcionario está en la obligación de “examinar su fundamentación previamente en aras de establecer, si la circunstancia o circunstancias aducidas son neutralizables en el propio distrito o en uno diferente. Si lo primero, lo remitirá al tribunal respectivo y, en caso contrario, a la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio de que la Sala, de no acceder al cambio de radicación, disponga la conveniencia de su examen por parte del tribunal respectivo”, como viene en juzgarlo la Corte en varios pronunciamientos (Cfr. autos de mayo 4/99 y oct. 22/02, —rad. 19964—, entre otros).

En dichos pronunciamientos, al efectuar un examen de conjunto de las normas del anterior estatuto procesal penal relativas a la medida, que en esencia son las mismas previstas en la Ley 600 de 2000, la Corte adoptó criterios concretos en orden a determinar ante quién debe presentarse la solicitud y cuál es el funcionario llamado legalmente a decidirla.

Si el cambio de radicación es promovido por uno de los sujetos procesales, como en este caso, la Sala ha advertido que pueden presentarse las siguientes eventualidades:

a) Que eleve la solicitud directamente ante la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el último inciso del artículo 86 del Código de Procedimiento Penal, caso en el cual debe entrar a resolver sobre su procedencia; si la niega, pero encuentra que sería viable su examen en torno a la posibilidad de disponer el cambio de radicación dentro del mismo distrito, enviará la petición al tribunal respectivo, para que, a su vez, emita el correspondiente pronunciamiento.

b) Que la presente ante el tribunal superior de distrito. En este evento, independientemente que el solicitante sugiera la conveniencia de radicar el proceso en otro distrito judicial, el tribunal debe examinar si la causa que motiva la petición puede ser neutralizada dentro del mismo distrito.

Únicamente cuando el tribunal concluya que las circunstancias aducidas por el sujeto procesal no sólo se circunscriben al respectivo municipio o circuito, sino también al distrito judicial del cual forma parte, debe remitir la petición a la Corte para que la resuelva.

c) Que el sujeto procesal presente la petición directamente ante el juez que esté conociendo del proceso. En tal caso se procede en la forma ya indicada, independientemente del deseo manifestado por el sujeto procesal.

En este evento, si bien es cierto que la procesada empleó mal la palabra “jurisdicción” para asimilarla a “distrito”, aún de entenderse que su pretensión va encaminada a que el proceso se radique en otro distrito judicial, el juez estaba en la obligación de remitir el expediente al tribunal para que resuelva la solicitud, pues es la misma interesada quien limitó los motivos objeto de la petición a la ciudad de Popayán, con lo cual deja abierta la posibilidad que el proceso se pueda radicar en otro circuito de ese mismo distrito, solicitud que debe resolver el tribunal de conformidad con el artículo 76, numeral 4º, del Código de Procedimiento Penal.

Así las cosas, la Sala se abstendrá de decidir la solicitud que eleva la procesada y ordenará remitir la actuación a esa corporación para que resuelva lo pertinente.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. Abstenerse de resolver la petición de cambio de radicación formulada por la procesada Laura Lida Idrobo Medina.

2. Remitir la actuación a la Sala de decisión penal del tribunal superior de Popayán para que resuelva la solicitud y disponga lo que estime conveniente dentro del territorio de su competencia.

Cúmplase.

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