Sentencia 20402 de septiembre 24 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 20402

Acta 64

Magistrado Ponente:

Fernando Vásquez Botero

Bogotá, D.C., veinticuatro de septiembre de dos mil tres.

EXTRACTOS: «Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Myriam Gutiérrez Lozano contra la sentencia del 12 de julio de 2002, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en el proceso que la recurrente le promovió al Instituto de Seguros Sociales.

(...)

Se considera

Dispone el numeral 2º del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por la Ley 446 de 1998, y relativo a los requisitos formales de la demanda de casación, lo siguiente: “Si un cargo contiene acusaciones que la Corte estime han debido formularse separadamente, deberá decidir sobre ellas como si se hubieran invocado en distintos cargos”.

Se trae a colación lo anterior porque si bien es cierto que en el caso que se trata, en principio, podría calificarse, como lo hace el opositor, de confusa la acusación, lo que indudablemente es atribuible a que el recurrente plantea dos cargos y los desarrolla en un solo cuerpo, también lo es que en aplicación de la norma antes transcrita, esa circunstancia no impone la desestimación de la impugnación, ya que igualmente es manifiesto que en el escrito de sustentación del recurso se separan los ataques en distintos numerales, y que en una parte del mismo se argumenta, exclusivamente, en derecho, respecto al que se denuncia como motivo de casación “error sustancial de derecho por aplicación indebida de la norma”; y que en otra se desarrolla el cargo que se denomina “por violación indirecta por error sustancial de hecho por falta de apreciación de la prueba”, lo que se hace desde el punto de vista fáctico.

Así mismo, advierte la Sala que el estudio de la acusación lo hará con referencia exclusiva a la demanda que se presentó dentro de la oportunidad legal, lo que no ocurrió con el escrito en el que el censor dice pretende dar “estética” a aquella y colocarle un título “para estructurar más el orden de los requisitos formales, de conformidad con el artículo 90 del Código Procesal de Trabajo”.

Ahora bien, del análisis de la sentencia recurrida, halla la Corte que la argumentación del tribunal para revocar la sentencia de primer grado es eminentemente jurídica. Así es, porque precisado el aspecto fáctico acerca de que la accionante se afilió como trabajadora independiente desde el 23 de agosto de 1993, cuál fue el monto del salario base de cotización de los últimos años, que es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el salario base con el que había cotizado durante el lapso a tener en cuenta para establecer la remuneración con la que se debía tasar el valor de su pensión de vejez al tenor del artículo antes citado, concluyó que como la aludida ley no señaló expresamente un tope máximo válido para los trabajadores independientes, se imponía determinar si lo había, y para ello debía tener en cuenta todas las normas del sistema, y en aras de sus principios de solidaridad, integralidad, universalidad y participación de la seguridad social integral, era pertinente acudir a la aplicación analógica que permite el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo. Y fundado en los artículos 204 y 288 de la Ley 100 y 20 del Decreto 1818 de 1996, dedujo, que el instituto demandado hizo bien en restringir el monto de la base de liquidación de la pensión, concretamente de ceñir su conducta al artículo 20 del citado decreto, del (sic) transcribió el siguiente aparte: “Las variaciones del ingreso base de cotización respecto al promedio de los doce meses inmediatamente anteriores que excedan al 40% no serán tomadas en consideración en la parte que exceda este porcentaje para efectos de liquidación”.

Entendida así la situación por el tribunal, las objeciones que se le hubieran podido plantear tendrían que haberlo sido por la vía directa y no por la indirecta que, sin duda, escogió el censor para el cargo en el que alega la “violación indirecta por error sustancial de hecho por falta de apreciación de prueba”, y el que, como ya se precisó, desarrolla con fundamento en el elemento probatorio.

Por lo tanto, el aludido ataque por ese motivo debe desestimarse; no sin agregar que con respecto al mismo, se omite indicar, como lo exige la técnica del recurso, cuáles fueron los yerros fácticos en que incurrió el juzgador y el precepto sustancial de alcance nacional que se estima violado, como también que la forma de desarrollar el cargo es contradictoria porque con respecto a unas mismas pruebas se afirma que se dejaron de valorar y a la vez que apreciaron erróneamente. Además, cuando el censor alude a que “Dada la evidencia y claridad, esto no necesita mayor estudio ni explicación ni disertación”, incurre en un mayúsculo yerro porque deja de lado que cuando un cargo se fundamenta en la falta de apreciación de una prueba o en su interpretación errónea, es necesario explicar, en forma precisa, de qué manera pudo incidir su falta de valoración en la decisión adoptada, o cuál es el verdadero alcance de las que fueron mal apreciadas, que hubiera podido variar la sentencia.

De otra parte, en lo que debe entenderse como primer cargo y en el que se denuncia la sentencia por “error sustancial de derecho por indebida aplicación de la norma”, que según su desarrollo se orienta por la vía directa, pues la argumentación que se expone con tal fin es integralmente jurídica, se tiene que no presenta las deficiencias técnicas que aduce el opositor porque:

1. Pese a que el censor alude a “error sustancial de derecho por indebida aplicación de la norma”, ello no implica que su intención era la de alegar el “error de derecho” en los términos en que el mismo está previsto para la casación laboral por el artículo 60 del Decreto 528 de 1968, por el contrario, lo que expone, sin lugar a dudas, se opone a ese concepto, pues lo que aduce es que hubo una equivocación de derecho al aplicar unas normas que no regulan el caso, como son el artículo 20 del Decreto 1818 de 1996 y artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo.

2. La mención que en esta ataque de hace de (sic) la vía directa y la indirecta (fl. 10), es para explicar, acudiendo para ello a sentencia de la Corte, cuándo se presenta la “aplicación indebida de la norma”, y no para incurrir en este cargo, como no se hace, en una mixtura al sustentar el mismo.

3. El ataque sí contiene una proposición jurídica suficiente, ya que es sabido que al tenor del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por la Ley 446 de 1998, que para satisfacer tal elemento de la demanda de casación es suficiente con señalar cualquiera de las normas de alcance nacional que “constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada”. Lo que en este caso se cumple ya que, independientemente que se hubiera hecho en el desarrollo de la acusación, se indican como normas infringidas el artículo 36 de Ley 100 de 1993 por una indebida aplicación del artículo 20 del Decreto 1818 de 1996 y artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo.

4. A pesar de ser cierto que para decisión recurrida el tribunal dice acudir “al cotejo o integración de normas que sobre la misma materia tratan el tema”, para lo cual alude además de las antes mencionadas a los artículos 17, 18, 19, 204 y 288 de la Ley 100 de 1993, como también a los principios de solidaridad, integralidad, universalidad y participación de la seguridad social integral, también es verdad que el sustento esencia del fallo es la aplicación del artículo 20 del Decreto 1818 de 1996, que en sentir del juzgador se lo permite el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, y lo que hace para efecto de determinar el ingreso base que para liquidar la pensión de vejez, contiene el inciso 3º del artículo 36 de la citada Ley 100, y ello como consecuencia que la remuneración base de cotización de la demandante, como trabajadora independiente, que en el año de 1996, de abril a junio, era de $ 500.000, pasó a partir del mes de junio a $ 2.800.000, y para 1997 a $ 3.389.000. Y precisamente los mencionados preceptos legales son en los que el censor centra toda su argumentación.

Planteada la situación así, encuentra la Corte que tiene razón el censor al alegar que el tribunal aplicó indebidamente los artículos 20 del Decreto 1818 de 1996 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, lo que implicó a su vez que infringiera el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que en ningún momento desconoció cobijaba a la demandante, pero que no lo hizo en virtud de las dos primeras disposiciones, ya que restringió el salario con que ésta cotizó en el lapso a tener en cuenta para tasar el ingreso base de liquidación de su pensión de vejez.

Así se concluye porque no obstante la altruista finalidad que el juzgador tuvo en cuenta para actuar en la citada forma, en este asunto no había vacío que llenar, y mucho menos acudir a una norma que por su redacción excluye el caso de las pensiones, cuando bien había podido hacerlo al permitírselo el parágrafo segundo del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, y no lo hizo. Esto porque tal norma dispuso: “Para efectos del cálculo de la base de cotización de los trabajadores independientes el Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunciones de ingreso con base en información sobre el nivel de educación, la experiencia laboral, las actividades económicas, la región de operación y el patrimonio de los individuos. Así mismo, la periodicidad de la cotización para estos trabajadores podrá variar dependiendo de la estabilidad y periodicidad de sus ingresos”; y ocurre que el artículo 20 del Decreto 1818 de 1996, que aplicó el tribunal por analogía, dispone: “En el sistema general de seguridad social en salud, las variaciones en el ingreso base de cotizaciones, respecto del promedio de los doce meses inmediatamente anteriores que excedan del 40%, no serán tomadas en consideración en la parte que exceda ese porcentaje para efectos de la liquidación de incapacidades por enfermedad general o licencia de maternidad”.

Por lo tanto, si el decreto antes citado y los que lo modificaron no extendieron la restricción transcrita, cuando, se repite, habían podido hacerlo a las pensiones, y ni tampoco los artículos 18 y 36 de la Ley 100 de 1993 establecieron un límite máximo de salario base de cotización, salvo lo que prevé el inciso 5º de la primera norma aludida, que no es la situación de este asunto, el tribunal incurrió en la vulneración de la ley alegada, por el que el cargo prospera.

Lo anterior implica que en sede de instancia, sin necesidad de consideraciones adicionales, habrá de confirmarse el fallo de primer grado como se solicita en el alcance de la impugnación, ya que al apelarse por parte de la demandada ningún reparo se formuló a la cuantía de la pensión que en el mismo se determinó le corresponde a la demandante.

Como el recurso extraordinario sale avante, no se condenará en costas por el mismo; las de las instancias, al tenor del numeral 4º del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil serán a cargo de la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CASA la sentencia del 12 de julio de 2002, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en el proceso promovido por Myriam Gutiérrez Lozano contra el Instituto de Seguros Sociales.

En sede de instancia CONFIRMA el fallo de primer grado que en este asunto dictó el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá.

Sin costas por el recurso extraordinario; las de ambas instancias a cargo de la parte demandada.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».

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