Sentencia 2042 de septiembre 27 de 1990 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA PLENA

CASACIÓN PENAL

REQUISITOS DE TÉCNICA

EXTRACTOS: «El artículo 15 del Decreto 1861 de 1989 prescribe en la parte acusada lo siguiente:

“El artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, quedará así:

“Artículo 226. Causales. En materia penal el recurso de casación procede por los siguientes motivos:

1. Cuando la sentencia sea violatoria de una norma cualquiera de derecho sustancial.

Si la violación de la norma sustancial

Si la violación de la norma sustancial proviene de error en la apreciación de determinada prueba, es ne- cesario que así lo alegue el recurrente. Si el error fuere de hecho, éste debe aparecer, además, manifiesto en los autos; cuando sea por violación de normas probatorlas, deberá indicarse éstas y explicarse en qué consiste aquella”.

El recurso de casación en materia penal está concebido como un medio extraordinario de impugnación que procede contra las sentencias de segunda instancia proferidas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial por los delitos que tengan señalada sanción privativa de la libertad cuyo máximo sea o exceda de cinco años. Su finalidad primordial es la defensa de la ley, la unificación de la jurisprudencia nacional y corregir el agravio causado a las partes por virtud de una decisión judicial.

Este recurso se ha caracterizado por ser eminentemente técnico, pues no solo debe reunir los requisitos formales exigidos por la ley, sino que además tiene que adecuarse a la mecánica existente en cuanto a la forma de presentación de los cargos con el fin de no incurrir en contradicciones o incompatibilidades, igualmente en relación con la forma en que se fundamentan los cargos, etc.

La Corte lo ha definido como ''''un juicio técnico jurídico, de puro derecho, sobre la legalidad de la sentencia (errores in iudicando), sobre el proceso en su totalidad o en diversos sectores del mismo (errores in procedendo), y excepcionalmente sobre las bases probatorias que sirvieron de sustentación para dictar la sentencia acusada. De ahí que la casación, como juicio sobre la sentencia que es, no puede entenderse como una instancia adicional, ni como potestad ilimitada para revisar el proceso en su totalidad, en sus diversos aspectos fácticos y normativos, sino como una fase extraordinaria, limitada y excepcional del mismo”. (Sent. marzo 3 de 1975 Sala Casación Penal).

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el estatuto procedimental penal (D. 50/87) artículo 226 numeral 1º antes vigente tal recurso procedía contra las sentencias que fueren violatorias de la ley sustancial, lo que sólo podrá acontecer en tres formas que el mismo precepto contemplaba, a saber: por infracción directa aplicación indebida o interpretación errónea. Estos tres motivos fueron suprimidos por el artículo 15 del Decreto 1861 de 1989, materia de demanda, razón por la cual el demandante considera que se ha violado la Constitución Nacional, pues el Presidente en desarrollo de la facultad contenida en el literal e) del artículo 1º de la Ley 30 de 1987, no podía adoptar esta medida.

Al analizar el primer inciso del numeral 1º del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, como quedó modificado por el 15 del Decreto 1861 de 1989, observa la Corte que ciertamente las tres formas en que podía presentarse la violación de la ley sustancial fueron eliminadas por el legislador extraordinario con fundamento en las facultades citadas por el actor. Sin embargo, cree la corporación que tal hecho no excede el límite material de las autorizaciones fijado en la Ley 30 de 1987.

En efecto, las atribuciones otorgadas por el congreso al gobierno eran para simplificar el trámite de los procesos judiciales y ajustarlo a la informática y a las técnicas modernas”, facultad que como lo sostuvo la Corte en sentencia número 6 de febrero 1º de 1990 entraña la potestad de dictar reglas para determinar la situación de todos aquellos asuntos que compete decidir a los jueces de la República, dentro de los cuales están los actos que deben cumplir no sólo los funcionarios judiciales sino también los auxiliares y las partes, como vía para llegar a un término que entrañe la definición del asunto que como a tales les ha encomendado la ley con base en la Constitución.

Entonces, en desarrollo de tales facultades bien podía el legislador extraordinario eliminar, como en efecto lo hizo, un poco de rigorismo técnico cuando se trata de invocar como causal de casación la violación de una norma de derecho sustancial, pues el casacionista ya no está obligado a señalar en forma textual alguna de las fórmulas sacramentales antes existentes. Sin embargo, quiere aclarar la Corte que este hecho no significa en modo alguno que el demandante en casación esté exonerado de dar cumplimiento a lo prescrito en el numeral 3º del artículo 224 del Código de Procedimiento Penal (Decreto 050 de 1987), el cual no ha sido modificado, en el que se establece como requisito de la demanda la indicación en forma clara y precisa de la causal que se invoca para pedir la información del fallo, los fundamentos en que se basa y la citación de las normas sustanciales que se consideren infringidas.

Y estas causales no pueden ser otras que las que tradicionalmente se han consagrado, es decir, omisión por parte del juzgador en la aplicación de una norma sustancial, aplicación de una norma no vigente, o cuando la norma existe pero el fallador no la aplicó, que corresponde a lo que se denominaba infracción directa; o también se puede aducir que el fallador le dio a la norma que aplicó un sentido o alcance que no tiene, lo que equivale a interpretación errónea; o que el tribunal aplicó una norma que no se adecuaba al caso, que es la misma aplicación indebida.

Lo que ocurre es que el casacionista ya no está obligado, conforme a la nueva disposición (art. 226-l del CPP), al señalar la forma como se violó la norma sustancial, indicar esta con las mismas frases o términos textuales que antes se exigian.

De no entenderse así se desnaturalizaría el recurso de casación tanto en su origen como en su finalidad y éste no podía ser el querer del legislador, pues de aceptarse cualquier motivo de violación de la ley sustancial, tal medio de impugnación se convertiría en una instancia más, en el cual el recurrente puede alegar todos los motivos que tengan para que se modifique la decisión judicial, lo que en pura lógica, no puede admitirse.

Valga anotar que este mismo criterio lo ha venido sosteniendo la corporación por intermedio de su Sala de Casación Penal, como se observa en uno de sus últimos fallos (mayo 4 de 1990) del cual es pertinente transcribir algunos apartes

“...aunque la nueva regulación de las causales de casación, no alude de manera expresa al sentido de la violación de la ley sustancial, ella no exonera de tener que precisarla en la demanda dentro del orden lógico tradicionalmente establecido. Desde luego, ello no entraña que deban se empleadas específicas y convencionales expresiones.

No proceder así, comporta deficiencia técnica y un degradación del recurso a la simple presentación de un alegato de instancia o menos.

...Por tanto, presupuesto para el examen del cargo en los casos de violación a la ley sustancial, sigue siendo la determinación del sentido en que ella se produjo” .

Así las cosas no existe la alegada extralimitación de facultades, motivo por el cual la norma analizada será declarada exequible.

De otra parte, debe anotarse, a pesar de no materia de cargos, que al modificarse en la misl disposición citada, el término “ley sustancial” por el de “norma de derecho sustancial”, ello no pie para que se aduzca como que se hace alusión a alguna otra de las fuentes del derecho, como lo sugirió un demandante en otro proceso, por cuanto la costumbre, los príncipios generales de derecho, la doctrina, la jurisprudencia, etc., son normas sustanciales de naturaleza penal que puedan tener tal carácter en un régimen de derecho legislado en el campo de lo punitivo, en el cual sirven como principios interpretativos del mismo y menos para conformar bases adecuadas independientemente considerados, de un recurso de casación penal.

Además, ha de recordarse que “norma” tiene aquí, esto es, para efectos de la casación penal el significado de ley en sentido material, es decir, la constitución, las leyes, los decretos leyes y todas aquellas disposiciones de carácter general y obligatorio que emanen de la rama ejecutiva y que tienen fuerza de ley, que a veces contribuyen a fijar el tipo penal en delitos como los de especulación, etc.

Este cambio en realidad de verdad no varía el criterio de la Corte al respecto, pues con la disposición antes vigente, esta corporación siempre le dio al término “ley” el significado de la misma en su sentido material, como ahora lo acaba de señalar, con. referencia solamente a las técnicas del recurso de casación penal.

Respecto al segundo inciso del artículo 226 materia de acusación, advierte la Corte que no es cierto que se haya abolido como motivo de casación el error de derecho, basta leer la disposición demandada para llegar a esta conclusión Dice así: “Si la violación de la norma sustancial proviene de error en la apreciación de determinada prueba, es necesario que así lo alegue el recurrente. Si el error fuere de hecho, éste debe aparecer, además, manifiesto en los autos: cuando sea por violación de normas probatorias, deberá indicarse éstas y explicarse en qué consiste aquélla” (resalta la Corte).

Entonces cuando el legislador expresa “violación de normas probatorias”, se está refiriendo indiscutiblemente al error de derecho.

Por tanto, considera la Corte que no hubo exceso en el ejercicio de las facultades concedidas.

RESUELVE:

1. Declarar EXEQUIBLE el numeral 1º del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, como quedó modificado por el artículo 15 del Decreto 1861 de 1989, pero sólo en cuanto no excedió el límite señalado en la ley habilitante (30 de 1987)».

(Sentencia Nº 134, septiembre 27 de 1990. Expediente 2042. Magistrado Ponente: Dr.Jaime Samn Greiffenstein).

___________________________________