Sentencia 20429 de mayo 19 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

TERRITORIALIDAD DE LA LEY LABORAL

EMPLEADOS QUE PRESTAN SERVICIOS EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

EXTRACTOS: «Resuelve la Corte el recurso de casación que interpuso María Victoria Monroy Ruiz contra la sentencia del Tribunal de Bogotá, dictada el 30 de julio de 2002 en el juicio ordinario laboral que promovió la recurrente contra la Corporación Andina de Fomento, CAF.

Antecedentes

María Victoria Monroy Ruiz demandó a la Corporación Andina de Fomento para que judicialmente se declare que entre las partes hubo un contrato de trabajo, que ese contrato estuvo regido por la ley colombiana y que, por decisión de la corporación demandada, debía recibir las garantías establecidas por el reglamento de personal en materia de salarios, prestaciones e indemnizaciones.

Basada en esa plural petición, la demandante reclamó estos derechos:

1. El pago de un reajuste de salarios porque la demandada cambió el sistema retributivo convenido;

2. El pago de cesantía, intereses, primas de servicios, compensación de vacaciones y el bono vacacional porque son “... prestaciones sociales que deben totalmente a la trabajadora y/o que se adeudan en parte, según se explicará adelante para cada concepto, por no haberse cubierto nunca y/o por haberse excluido los factores salariales que han debido considerarse en la correspondiente liquidación ...”;

3. Cotizaciones para cubrir el riesgo de vejez;

4. Una participación, parcialmente insoluta, derivada de los beneficios líquidos que obtuvo la entidad demandada;

5. Intereses sobre haberes debidos desde el mes de julio de 1994 hasta la fecha del despido;

6. Intereses sobre depósitos colocados en el fondo de previsión de la entidad demandada;

7. La “diferencia” por indemnización por despido, por cuanto su pago se hizo “... en contra de las previsiones que regulan la materia (L. 50/90, art. 6º), y fuera de esto con exclusión de factores salariales que han debido considerarse en la correspondiente liquidación ...”;

8. El último bono vacacional correspondiente al período final de vacaciones, y

9. La indemnización moratoria.

Pidió también que las condenas se hagan con la moneda convenida en el contrato o que en subsidio de ellas y de la indemnización moratoria se condene por la indexación de los créditos adeudados.

Para fundamentar las pretensiones afirmó (en lo que interesa a la definición del recurso de casación) que la demandada es una persona jurídica de derecho internacional con representación permanente en Colombia; que se vinculó con la demandada el 1º de febrero de 1988 y para ella prestó sus servicios hasta el 6 de septiembre de 1994; que fue despedida sin justa causa; que la relación se formalizó mediante tres contratos de trabajo, suscritos el 15 de marzo, el 15 de septiembre y el 16 de diciembre todos del año 1988, mediando continuidad de servicios; que las partes acordaron que la relación se regiría exclusivamente por la ley colombiana, sin perjuicio de la aplicación de los beneficios de los reglamentos de la corporación; que tiene derecho a todas las garantías del Código Sustantivo del Trabajo, así como a los beneficios del reglamento de personal de la corporación; que su salario fue pactado en dólares americanos y pagado con la moneda nacional mediante la conversión con base en el tipo de cambio oficial, pero que ese sistema fue cambiado unilateralmente por la demandada a partir del 15 de octubre de 1993, mediante la aplicación de la tasa de cambio representativa, con lo cual se redujeron la remuneración y las prestaciones; y que fue despedida sin justificación y le pagaron una indemnización inferior a la que legalmente le corresponde conforme las leyes nacionales.

La corporación se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones compensación, pago, inexistencia de la obligación y prescripción.

El Juzgado 7º Laboral de Bogotá, mediante sentencia del 1º de marzo de 2002, adicionada con la providencia del 7 de marzo siguiente, condenó a la demandada a pagar a la demandante, en dólares, 9.901.80 por concepto de cesantías, 3.564.60 por intereses de cesantía, 9.901.80 por primas de servicios, 4.950.90 por vacaciones y las cotizaciones que corresponden por pensión de vejez desde el momento en que fue desvinculada del Seguro Social hasta la terminación del contrato de trabajo. De lo demás, absolvió.

La sentencia del tribunal

Ambas partes apelaron la anterior providencia y el Tribunal de Bogotá, en la sentencia aquí acusada, la revocó. En su lugar la absolvió de todas las pretensiones.

Tres aspectos contiene la sentencia del tribunal. Con el primero determina que a la relación de servicio que tuvieron las partes se aplica la ley colombiana en virtud del principio de territorialidad consagrado por el artículo 2º del Código Sustantivo del Trabajo. Con el segundo que la corporación demandada no goza de inmunidad frente a la presente acción laboral y que por ello tanto el juez como el tribunal tienen jurisdicción y competencia para decidirla. Y con el tercero que la demandante no tiene derecho a las pretensiones que reclama.

(...).

El recurso de casación

Lo interpuso la parte demandante. Con él pretende que la Corte case la sentencia del tribunal “... en cuanto al revocar el fallo de primer grado absolvió a la demandada de las sumas a que había condenado el a quo por concepto de cesantía, intereses sobre la misma, prima de servicios, la compensación monetaria de las vacaciones y cotizaciones a la seguridad social por pensión de vejez y anule la absolución en cuanto a la indemnización por mora, y en su lugar y en sede de instancia, confirme las condenas impuestas por el juzgado y además revoque la absolución de éste por indemnización moratoria e indexación y condene por la indemnización por falta de pago del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo o en subsidio de ésta a la corrección monetaria o indexación, y se disponga sobre costas como en derecho corresponda”.

(...).

Consideraciones de la Corte

El artículo 2''º del Código Sustantivo del Trabajo dispone que la ley laboral colombiana rige en todo el territorio de la República para todos sus habitantes, sin consideración a la nacionalidad. De acuerdo con esa disposición, todo servicio subordinado queda sometido a la Constitución y a las leyes nacionales, y, al contrario, todo servicio prestado en el exterior está excluido de la aplicación de la ley laboral nacional.

A pesar de que la premisa legal anterior pareciera estar concebida en términos absolutos, la jurisprudencia ha señalado que bajo circunstancias especiales la ley laboral rebasa el ámbito territorial colombiano y puede aplicarse por fuera de él, como también ha aceptado para contratos ejecutados en Colombia, la aplicación de normas extrañas a la ley colombiana en tanto no la contradigan o transgredan.

En ese sentido la jurisprudencia de la Corte ha reconocido que a los trabajadores contratados en Colombia, pero que eventualmente son remitidos por la empresa empleadora a prestar sus servicios en el exterior, es posible aplicarles la ley nacional para garantizar la plenitud de los derechos laborales. Así se pronunció la Corte en la sentencia de casación del 17 de febrero de 1987 y en otras posteriores.

El presente caso presenta una situación fáctica opuesta a la juzgada en el proceso definido judicialmente con la sentencia citada, pero la solución es la misma.

En efecto, el tribunal se basó en jurisprudencia de esta Sala de la Corte conforme a la cual el principio de la territorialidad de la ley no excluye la posibilidad de acoplar su aplicación a situaciones especiales.

Pues bien, cuando la relación contractual laboral, dentro de unas condiciones particulares, se presta en desarrollo de un tratado público o, como aquí ocurre, de un acuerdo subregional concertado por el Estado colombiano, resulta imperativo ajustarla al mismo. El soporte de esta premisa, supone un límite a la aplicación del principio de la territorialidad de la ley laboral colombiana, pero es la propia Constitución Política la que autoriza la celebración de esos tratados y acuerdos subregionales, y surge como una consecuencia natural, la obligación de respetarlos. El juez laboral, por tanto, está sujeto a los tratados y a los acuerdos subregionales, porque tienen soporte constitucional, porque adquieren carta de nacionalidad con la ley que los ratifica y porque a través de ellos se compromete el Estado colombiano como signatario.

El tribunal definió la controversia bajo el presupuesto de que la Corporación Andina de Fomento es una entidad de derecho público internacional, tal como expresamente se consigna en el convenio constitutivo de la misma, teniendo en cuenta además que la Ley 103 de 1968 aprobó el mencionado convenio, y también con base en que el Estado colombiano suscribió con la dicha corporación el Acuerdo del 30 de noviembre de 1979, que desarrolló “... los tratamientos consignados en el convenio constitutivo de la Corporación Andina de Fomento, aprobado por la Ley 103 de 1968...”.

El artículo 18 del Acuerdo del 30 de noviembre de 1979 contiene una previsión en cuanto al régimen laboral y de seguridad y beneficios sociales de la representación permanente. La letra b de ese artículo dice textualmente:

Los funcionarios y empleados contratados localmente que presten sus servicios a la representación estarán sujetos al seguro social colombiano obligatorio y su régimen prestacional y laboral se regirá por el reglamento de personal de la Corporación Andina de Fomento, en el sentido de que sus beneficios no podrán ser inferiores a los que consagra la legislación laboral colombiana”.

En desarrollo del anterior mandato, las partes demandante y demandada suscribieron el contrato del 16 de diciembre de 1989 en el cual se estipuló:

“Este contrato se regirá exclusivamente por la ley colombiana y a voluntad de la Corporación Andina de Fomento podrán aplicarse los beneficios establecidos en el reglamento de la CAF, en el entendido que no serán inferiores a lo establecido por la ley colombiana”.

Esos ordenamientos ponen de presente que el Estado colombiano la Corporación Andina de Fomento garantizaron, mediante un mecanismo convenido, el respeto a la ley laboral colombiana. La previsión estuvo en establecer que la corporación podía aplicar beneficios reglamentarios internos bajo el entendimiento de que no fueran inferiores a los establecidos por la ley colombiana y así lo tuvo por establecido el tribunal que por ello concluyó que la demandada pagó lo estipulado por la ley nacional y más allá de lo previsto por ella, por lo que no desconoció ni mal interpretó el principio de territorialidad de la ley laboral, dio cumplimiento a lo previsto en el acuerdo subregional y no transgredió la ley sustancial laboral.

El cargo, en consecuencia, no prospera.

Segundo cargo

Acusa la sentencia por la aplicación indebida indirecta de los artículos 2º 10, 13, 14, 21, 43, 59, 65, 149, 150, 186, 189, 249, 306, 307 y 308 del Código Sustantivo del Trabajo, 99 de la Ley 50 de 1990, 1º de la Ley 52 de 1975, 1º del Decreto 116 de 1976, 14 y 17 del Decreto 2351 de 1965, 17 y 22 de la Ley 100 de 1993, 26 del Decreto 2665 de 1988, 72 del Acuerdo 44 de 1989 del Seguro Social y 13 y 53 de la Constitución Política.

Afirma que la apuntada trasgresión de la ley fue consecuencia de haber incurrido el tribunal en los siguientes errores de hecho:

“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que a la demandante le fueron pagados el auxilio de cesantía, los intereses, la prima de servicios y la compensación de las vacaciones legales.

2. No dar por demostrado, estándolo, que los pagos hechos por la demandada no corresponden a los anteriores conceptos.

3. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada hizo los descuentos a la trabajadora y pagó las cotizaciones a la seguridad social por concepto de pensión de vejez.

4. Dar por demostrado, sin estarlo, que la demandada procedió de buena fe”.

(...).

Consideraciones de la Corte

Al definir el cargo anterior se precisó que mediante ordenamientos de carácter internacional el Estado colombiano y la Corporación Andina de Fomento garantizaron, mediante un mecanismo convenido, el respeto a la ley laboral colombiana. Ese mecanismo no debía traducirse en el reconocimiento de las mismas prestaciones e indemnizaciones previstas por la ley colombiana, con tal que las reconocidas no fueran inferiores.

Dentro de ese contexto y apoyado complementariamente en el principio de inescindibilidad, el tribunal tuvo por establecido que la demandada, de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo, a la terminación del contrato debía cancelar a la actora por prestaciones sociales la suma de US$ 41.040,56 y que a la postre le pagó US$ 76.472,43, cantidad que consideró “suficientemente superior y mejor” a lo que le correspondía por tales prestaciones sociales, conclusiones que en realidad no están atacadas por el cargo y que por tanto subsisten como sustento de la decisión absolutoria que adoptó el ad quem.

En el fallo acusado en realidad no se dice que la demandada hubiera pagado a la demandante cesantías, intereses, vacaciones y primas de servicios, ni que hubiera hecho descuentos y pagos de cotizaciones a la seguridad social, por lo que mal puede aceptarse que hubiera cometido los tres primeros errores fácticos denunciados. Lo que concluyó, como se dijo, es que frente a la globalidad de los derechos prestacionales pagó a la actora más de lo que le hubiera correspondido según la ley colombiana y para legitimar ese pago se apoyó tanto en el acuerdo celebrado por el Gobierno de Colombia con la CAF como en los reglamentos de personal de la misma (además de la L. 103/68), elementos demostrativos en los cuales realmente aparece que la corporación puede sujetarse a dichos reglamentos en sus pagos laborales siempre que los beneficios derivados de ellos no sean inferiores a lo consagrado en la ley colombiana, por lo que no aparece que frente a tales pruebas haya una distorsión de su contenido y por tanto no encuentra la Sala que de allí se deriven los errores fácticos ostensibles que denuncia el censor.

Un tema subyacente en el planteamiento del cargo es si para que sean aplicables convenios y reglamentos como los que aceptó el tribunal es indispensable que expresamente incluyan los mismos rubros o conceptos laborales diseñados en la ley colombiana mejorándolos, tema que por ser jurídico no puede ser analizado ahora por estar desentrañándose un cargo planteado por la vía indirecta.

En síntesis, como el cargo no discute que lo pagado fue superior a lo debido, sino que asume que no se pagaron los mismos derechos que establece la ley colombiana, no le asiste razón en la impugnación que le formula a la sentencia del tribunal.

El cargo, en consecuencia, no prospera.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal de Bogotá, dictada el 30 de julio de 2002 en el juicio ordinario laboral que promovió María Victoria Monroy Ruiz contra la Corporación Andina de Fomento, CAF».

(Sentencia de casación, 19 de mayo de 2003. Radicación 20.429. Magistrado Ponente: Dr. Germán G. Valdés Sánchez).

_______________________________