Sentencia 20489 de agosto 10 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 61

Magistrado Ponente

Dr. Herman Galán Castellanos

Bogotá, D.C., agosto diez de dos mil cinco.

EXTRACTOS: « II. Consideraciones de la Sala

1. Ejercicio de la acción civil en el proceso penal.

1.1. De conformidad con los artículos 103 y 105 del Código Penal de 1980, vigente para la época de los hechos, el hecho punible genera la obligación de reparar los daños materiales y morales que de él provengan, deber que corresponde en forma solidaria a los penalmente responsables y a quienes de conformidad con la ley estén obligados a responder, previsiones que son reiteradas por los artículos 94 y 96 del Código Penal, Ley 599 de 2000.

Disposiciones que guardan coherencia con lo señalado por el artículo 1494 del Código Civil en cuanto contempla el delito como fuente de obligaciones. En virtud de la relación directa entre el origen del daño y la búsqueda de su reparación, el legislador ha previsto la posibilidad de que la acción resarcitoria pueda ser ejercida de manera concomitante con la definición de la responsabilidad penal en el proceso que se adelante contra quien es señalado como autor, coautor, partícipe o interviniente de la conducta punible que ha causado el daño, artículos 43 y siguientes del Código de Procedimiento Penal (D. 2700/91) y 137 y siguientes de la Ley 600 de 2000.

1.2. Si bien inicialmente la intervención de la víctima o del perjudicado en el trámite del proceso penal estaba limitada a la obtención de la reparación de los perjuicios materiales o morales que se hubieren generado con el hecho punible, con la promulgación de la Carta Política de 1991, acorde con las tendencias del derecho comparado y el desarrollo de la teoría de los derechos humanos de las víctimas (1) , han conllevado el reconocimiento de que la intervención de las víctimas o perjudicados con el hecho punible en el proceso penal tiene una nueva perspectiva, la búsqueda de la verdad, de la justicia y la reparación económica, solo de esta manera podrá obtener una protección plena a sus derechos (2) , que no se limitan a los meramente patrimoniales, pues, igualmente, pueden resultar afectados otros, como los derechos a la dignidad, a la honra y al buen nombre, que solo mediante la obtención de la verdad histórica pueden ser restablecidos.

1.3. Lo anterior, conlleva a señalar que la intervención de la parte civil, del perjudicado y de la víctima pueda tener lugar en cualquier estado del proceso penal, desde su inicio hasta su culminación, en la medida en que su interés se encuentra supeditado a la definición de esos tres aspectos, la obtención de la verdad, la realización de la justicia mediante la imposición de una pena justa en el caso de establecerse la responsabilidad de los autores, partícipes o intervinientes en el delito y la determinación de la responsabilidad civil por los daños generados y correspondiente condena para todos los llamados a responder de conformidad con la ley, y posteriormente la ejecución de la sanción pecuniaria impuesta.

En consecuencia, promovida la acción civil dentro del proceso penal, la competencia que ordinariamente le ha sido asignada a la jurisdicción penal, encaminada a determinar la responsabilidad penal de quienes han intervenido o participado en la comisión de conductas previstas como delitos, en virtud de la estrecha relación que existe entre el daño público y el inferido a los particulares, se extiende a la definición de la responsabilidad civil del señalado como autor, partícipe o interviniente del hecho punible, así como la de aquel que sin haber intervenido de manera directa en su comisión, por mandato legal está llamado a responder civilmente por las consecuencias de tal hecho.

1.4. De tal manera, que adelantado el proceso penal, coetáneamente con la definición de la responsabilidad penal mediante sentencia, el juez está obligado a determinar en la misma la responsabilidad de orden civil por los dañosocasionados con la conducta punible no solamente del procesado sino de aquellos que hubieren sido vinculados legalmente, como llamados a responder por los daños generados por la conducta punible, y se les haya comprobado su responsabilidad, como así lo prevé el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal (tanto el anterior como el vigente).

Por consiguiente, la definición de estos dos aspectos en la sentencia se convierten en una cuestión inescindible, de tal suerte que definido el carácter del fallo respecto del procesado deberá corresponder una definición puntual sobre la forma como deben ser reparados los perjuicios, si hay lugar a ello, del mismo modo, que si se advierten motivos que impiden el proferimiento de la sentencia no se podrá resolver mediante sentencia sobre la responsabilidad civil, como quiera que una decisión de tal naturaleza demanda como exigencia previa la existencia de un fallo sobre la responsabilidad penal, si como ha quedado planteado su coexistencia dentro del proceso penal se encuentra supeditada al ejercicio de oficio o mediante querella de la acción penal.

Afirmación esta que se encuentra, por demás, reafirmada en el hecho de que siendo el delito fuente de obligaciones, el afectado o la víctima pueden pretender el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por dos vías, mediante el ejercicio autónomo de la acción civil a través de un proceso de responsabilidad civil extracontractual, o bien, al interior del proceso penal, quedando, entonces, supeditado su ejercicio a las condiciones establecidas en las normas del proceso penal, y en lo que este no regule, se integrarán las normas del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de una acción de carácter accesorio, por lo que corre la suerte en su desarrollo y resultados de la definición de la acción penal.

Es así como, de conformidad con el artículo 57 del Código de Procedimiento Penal, la acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que la conducta causante del perjuicio no tuvo lugar, que el sindicado no la cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa.

2. Definición de la responsabilidad civil en el proceso penal.

2.1. Establecido que por mandato legal que el juez penal al resolver mediante sentencia sobre la responsabilidad del procesado frente al hecho punible que ha generado daños debe igualmente determinar la responsabilidad civil para su resarcimiento, independientemente del ejercicio directo de la acción civil por parte de las víctimas o de los perjudicados, cabe preguntarse, entonces, si ¿el juez penal puede definir mediante sentencia, de manera exclusiva, la responsabilidad civil?

De manera lógica y obvia, que no. Si como se tiene establecido la competencia del juez penal radica en el conocimiento y definición de la responsabilidad de las personas por la presunta comisión de conductas contrarias a la ley penal, no podrá, entonces, desnaturalizar su función, para resolver mediante sentencia asuntos que por su naturaleza se derivan, tienen nacimiento en los comportamientos humanos que transgreden los bienes jurídicos tutelados por la norma, cuyas consecuencias dañinas están obligados a reparar, junto con aquellos que por ley, igualmente, deben responder civilmente, pues en esa medida estaría desbordando su competencia, para asumir la del juez civil, y otorgándole a la acción civil un carácter autónomo del que carece para el caso en cuestión.

2.2. Considerada la estructura del proceso que viene de mencionarse, según la cual la definición de la responsabilidad civil depende de la determinación de la responsabilidad penal, un pronunciamiento como el objeto de análisis por la Sala, en el que anulada la sentencia de carácter penal se absuelve mediante sentencia al llamado a responder civilmente por las consecuencias nocivas del hecho punible, conlleva un trastocamiento de la naturaleza que adquiere el ejercicio de la acción civil dentro del proceso penal, pues como ha quedado señalado, su definición debe ser simultánea, coetánea, subsiguiente y dependiente del fallo de responsabilidad penal.

Una decisión de tales características no solo desconoce la estructura del proceso penal, en la medida en que se anticipa un pronunciamiento para el que el juez penal no tiene competencia, sino que impide el cabal ejercicio de los derechos de las víctimas a la consecución de un fallo justo, del que no solo hace parte la sanción punitiva, sino la encaminada a reparar los daños generados con el hecho delictivo.

Por consiguiente, tal determinación resulta contraria a la ley, no solo, por desconocer su contenido sino sus fines mas elevados, aquel relativo a los derechos que tienen las víctimas o perjudicados con los delitos a obtener la reparación de los daños infligidos, derechos cuya protección compete al Estado por medio de sus jueces. Irregularidad que trasciende la esencia misma del proceso y que no puede ser subsanada sino mediante la declaratoria de nulidad del fallo, como lo ha conceptuado la procuraduría delegada, en cuanto al aspecto del tercero civilmente responsable se refiere, que tuvo sentido y forma de sentencia de segunda instancia.

Comoquiera que la suerte de esta decisión, en cuanto al tercero civilmente responsable se refiere, debe resolverse, como corresponda, conjuntamente con la responsabilidad del procesado, al haberla devuelto el tribunal al juzgado de primera instancia dejando sin validez tal definición, en respeto de la estructura del proceso, quebrantada en la forma ya explicada por la segunda instancia, debe quedar entendido que la nulidad que aquí se declara deja también sin valor el pronunciamiento proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Planeta Rica en cuanto al tercero civilmente concierne, para que al dictar la sentencia de primer grado, involucre, decida y se pronuncie simultáneamente sobre los intereses y derechos de todos los sujetos procesales en conflicto.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Casar oficiosamente la sentencia proferida el 1º de agosto de 2002 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería, en cuanto confirmó el numeral 6º del fallo emitido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Planeta Rica, el 9 de noviembre de 2001. En consecuencia, anular tanto la decisión del ad quem como la del juzgado de primera instancia en lo atinente al tercero civilmente responsable, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Contra esta decisión no procede recurso alguno».

(1) Declaración americana de los derechos y deberes del hombre, artículo 18; Declaración universal de los derechos humanos, artículo 8º; Convención americana sobe derechos humanos, artículos 27.2, 2.5 y 8º; el Pacto de derechos civiles y políticos, artículos 2.1.2, 3º, la Declaración sobre principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 40/34 del 29 de noviembre de 1985. Citados Sentencia C-228 de 2002.

(2) Sentencia C-228 del 3 de abril de 2002, ponentes doctores Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett.

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