Sentencia 2052 de mayo 31 de 2001 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

JUNTA DIRECTIVA DE SINDICATO DE DOCENTES

LOS DIRECTORES DE CONCENTRACIÓN NO PUEDEN FORMAR PARTE DE ELLA

EXTRACTOS: «Los actos acusados son resoluciones Nº 5 de 2 de febrero de 1998 proferida por la inspección de trabajo y seguridad social de Tunja y la Resolución 55 de 27 de abril del mismo año proferida por la división trabajo, inspección y vigilancia regional Boyacá mediante las cuales se revocó el nombramiento de los demandantes como miembros electos a la nueva junta directiva del Sindicato de Maestros de Boyacá.

(...).

A juicio de los demandantes no concurre en ellos inhabilidad por cuanto, si bien, son directores de concentración, las funciones que desempeñan no los denotan como representantes del empleador y, además, no tienen docentes frente a quienes representarlo.

La parte demandante cita como violadas o por errónea interpretación al artículo 389, del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 17 del estatuto de Sindimaestros.

Examinado el expediente no se encuentran aportados los mencionados estatutos, norma que no tiene alcance nacional y por lo cual era necesario, conforme al artículo 141 del Código Contencioso Administrativo acompañarlos junto con la demanda. Como tal exigencia no fue cumplida, el análisis del cargo se hará atendiendo sólo el texto legal invocado.

Dice el artículo 389 del Código Sustantivo del Trabajo:

“Empleados directivos: No pueden formar parte de la junta directiva de un sindicato, ni ser designados funcionarios del mismo, los afiliados que representen al empleador frente a sus trabajadores, ni los altos directivos de las empresas. Es nula la elección que recaiga en uno de tales afiliados, y el que, debidamente efecto, entre después a desempeñar alguno de los empleos referidos, dejará ipso facto vacante su cargo sindical”.

Tal como lo expresan los demandantes, y al tenor de lo previsto en el artículo 2º del Decreto 2277 de 1979, quienes en la estructura educativa ejercen funciones de dirección y coordinación de planteles educativos, se consideran docentes, condición ratificada en el artículo 32 del mismo estatuto.

Sin embargo, la intención del legislador al determinar el carácter docente de estos empleos fue, por una parte, que ellos se proveyeran con educadores escalafonados y, por otra, que quienes fueran designados para desempeñarlos conservaran las prerrogativas de la carrera docente. Pero de las normas citadas por la parte demandante no puede inferirse que los directivos docentes carecen de autoridad jerárquica dentro de la estructura educativa oficial.

Conforme a los artículos 1º y 2º de la Ley 115 de 1994, el servicio público de la educación cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, la familia y la sociedad, y se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación; a su vez el servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, programas curriculares, educación por niveles y grados, educación informal y no formal, establecimientos educativos, instituciones sociales con funciones educativas y recursos, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación.

Así entonces, las instituciones educativas no son parte de un sistema sin coherencia sino, por el contrario, la articulación de cada una de ellas con el todo es lo que permite la prestación adecuada del servicio público de la educación.

Adicionalmente, conforme al título VIII de la ley general de educación en el sistema educativo nacional existe una estructura de dirección, administración y vigilancia que emerge del Gobierno Nacional en desarrollo de los artículos 150 numerales 19 y 23 y 365 de la Constitución Política y continúa en las entidades territoriales que, con sujeción a la Carta Política y a la ley, en coordinación con las autoridades nacionales y de conformidad con las políticas y metas fijadas para el servicio educativo, desarrollan sus funciones a través de las secretarías de educación.

Así pues, desligar las funciones del rector, previstas en el artículo 25 del Decreto 1860 de 1994, del servicio público de la educación, para colocarlo sólo como un servidor que coadyuva el proceso puramente académico, es desconocer la estructura global del mencionado servicio. Obsérvese que el mencionado decreto, reglamenta únicamente los aspectos pedagógicos y organizativos generales, derivados de la ley general de educación. De allí que determine en su artículo 1º:

“Las normas reglamentarias contenidas en el presente decreto se aplican al servicio público de la educación formal que presten los establecimientos educativos del Estado, los privados, los de carácter comunitario, solidario y cooperativo o sin ánimo de lucro. Su interpretación debe favorecer la calidad; continuidad y universalidad del servicio público de la educación, así como el mejor desarrollo del proceso de formación de los educandos.

La interpretación de estas normas deberá tener en cuenta que el educando es el centro del proceso educativo y que el objeto del servicio es lograr el cumplimiento de los fines de la educación, definidos en la Ley 115 de 1994.

Las disposiciones del presente decreto constituyen lineamientos generales para el Ministerio de Educación y las entidades territoriales, con el objeto de orientar el ejercicio de las respectivas competencias, y para los establecimientos educativos en el ejercicio de la autonomía escolar.

En estas condiciones, resulta apenas razonable que las funciones del rector, previstas en la mencionada norma, estén dirigidas fundamentalmente al campo académico, pero en manera alguna puede inferirse que ellas sean las únicas que le corresponden y que, en consecuencia, el cargo directivo docente no conlleva la representación de órganos y autoridades situadas en posiciones jerárquicas superiores, no sólo del sector educativo sino también administrativo.

Además, en la lógica de la función pública, la condición de directivo implica funciones de carácter administrativo respecto de la marcha de la institución y del personal adscrito a ella.

Confirma lo anterior el artículo 130 de la Ley 115 de 1994 cuando prevé:

“Facultades sancionatorias: Los rectores o directores de las instituciones educativas del Estado tienen la facultad de sancionar disciplinariamente a los docentes de su institución de conformidad con el estatuto docente y la presente ley y a los funcionarios administrativos de acuerdo con lo establecido en la carrera administrativa...”.

Así pues, si bien las funciones que a juicio de los demandantes enmarcan su actividad tienen contenido esencialmente académico, no son las únicas. De allí que el Decreto 1246 de 1990 prevea otras que corresponden a los rectores, así:

1) Representar legalmente al plantel.

2) Establecer criterios para dirigir la institución de acuerdo con las normas vigentes.

3) Dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades académicas y administrativas del plantel.

4) Elaborar los anteproyectos de presupuesto ordinario y de fondo de servicios docentes, presentarlos al ministerio o entidad correspondientes para su aprobación y controlar su ejecución.

5) Ordenar el gasto del plantel.

6) Administrar el personal y los bienes de la institución.

7) Hacer cumplir la asignación académica.

8) Expedir los certificados de tiempo de servicios de los docentes para asignación y ascenso en el escalafón, constituyéndose por este hecho, responsable civil, penal y administrativamente (D. 2620/79, art. 2º, inc. 2º; D. 259/81, art. 6º, lit. b).

Sostener que el ejercicio de los cargos directivos docentes no implica representación, sería desconocer la importancia que en la organización del servicio público de la educación conlleva el ejercicio de estos empleos en términos administrativo-jerárquicos; e, igualmente, que los docentes que son llamados a ocupar los empleos previstos en la ley como directivos-docentes, forman parte de cuadros superiores de empleados directivos del servicio público de la educación.

En esas condiciones, a juicio de esta Sala, el hecho de que los demandantes Miriam González Cadena y Germán Morales Castillo, tuvieran la condición de directores de concentración, era suficiente para admitir que se encontraban inmersos en la situación prevista en el artículo 389 del Código Sustantivo del Trabajo y por ello su elección como miembros de la junta directiva del sindicato de maestros era ilegal.

Ahora, las resoluciones 876 y 907 de 14 de junio de 1996 (fls. 229 a 234 c. 4) incorporan a la planta de personal de la Secretaría de Educación de Boyacá a personal directivo docente, docente y administrativo de los municipios de Miraflores y San Miguel de Sema, y no es cierto que allí se haya previsto que no tendrían personal docente a su cargo. Esta es una afirmación de la actora carente de prueba. Pero, en todo caso, si ello fuera así, cree esta Sala que la prohibición contenida en el artículo 389 del Código Sustantivo del Trabajo es aplicable a “los altos directivos de las empresas”, condición innegable en los demandantes.

Dando alcance a la cita que la parte demandante trae para argumentar que los directivos-docentes no tienen representación, cree esta Sala, por el contrario, que se dan los supuestos contemplados por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia pues, a no dudarlo, estos servidores no sólo ejercen funciones de dirección y administración, sino que, además, ocupan una especial jerarquía en la estructura educativa oficial que determina el buen éxito del sector».

(Sentencia de mayo 31 de 2001. Expediente 2052-98. Consejero Ponente: Dr. Alberto Arango Mantilla).

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