Sentencia 20527 de marzo 31 de 2004 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrada Ponente:

Dra. Marina Pulido de Barón

Aprobado Acta 27

Bogotá, D.C., marzo treinta y uno de dos mil cuatro.

EXTRACTOS: «Para resolver se considera

Desde la reforma a la casación adoptada mediante la Ley 553 de 2000, la posterior declaratoria de inexequibilidad de algunas de sus disposiciones y la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000, la Sala ha venido sosteniendo que el recurso extraordinario se debe regir por la ley vigente al momento de proferirse el fallo de segundo grado, pues es esa decisión, la que es objeto de esta clase de impugnación bien por la vía ordinaria ora por la excepcional.

En el caso que concita la atención de la Sala, el fallo de segunda instancia objeto del recurso extraordinario de casación fue proferido bajo la vigencia del actual estatuto procesal penal (L. 600/2000), cuyo artículo 205 lo autoriza “contra las sentencias proferidas en segunda instancia por los tribunales superiores de distrito judicial y el Tribunal Penal Militar, en los procesos que se hubieren adelantado por los delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años, aun cuando la sanción haya sido una medida de seguridad”.

Resulta claro, entonces, que en este caso, no procede la casación común, en consideración a la pena prevista para el delito por el cual fue condenado el procesado, fraude procesal, el cual tenía fijada en el Decreto 100 de 1980 pena de prisión de 1 a 5 años (art. 182).

Por esta razón, para impugnar la sentencia de segunda instancia era necesario acudir a la casación excepcional que consagra el inciso tercero del citado artículo 205 que señala que “De manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente, puede admitir la demanda de casación contra sentencias de segunda instancia distintas a las arriba mencionadas, a solicitud de cualquiera de los sujetos procesales, cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales, siempre que reúna los demás requisitos exigidos por la ley”.

En tal evento, la jurisprudencia de la Sala ha venido sostenido (sic) que se hace necesario que el demandante exponga así sea de manera sucinta, pero clara, qué es lo que pretende con la impugnación excepcional, debiendo señalar el derecho fundamental cuya garantía persigue o el tema jurídico sobre el cual considera se hace indispensable un pronunciamiento de autoridad por parte de esta corporación.

Además, las razones que aduce el demandante para persuadir a la Corte sobre la necesidad de admitir la demanda, deben guardar correspondencia con los cargos que formule contra la sentencia para que se entienda cumplido el requisito de sustentación. De manera que si se reclama el pronunciamiento de la Sala sobre la protección de los derechos fundamentales o un específico tema, es apenas elemental que la censura le permita a esta corporación examinar en concreto uno o los dos puntos que la habilitan. En otras palabras, debe haber perfecta conformidad entre el fundamento de la casación excepcional (desarrollo de la jurisprudencia y/o protección de garantías fundamentales), y el cargo o los cargos que se formulen contra el fallo y, por consiguiente, el desarrollo de los mismos.

En este caso, el libelista plantea la viabilidad de la casación excepcional para que la Corte se pronuncie sobre: i) la garantía de los derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, acceso a la justicia y a la familia y ii) la evolución de la jurisprudencia en relación con la eficacia del derecho de defensa cuando hay carencia temporal del defensor, además, para que desarrollen algunos aspectos relacionados con el incumplimiento de contratos civiles y su incidencia frente al fraude procesal.

A pesar de lo anterior, en torno a la justificación de las censuras, la demanda no desarrolla suficientemente el tema relacionado con el primer punto, limitándose a manifestar que acude a la vía excepcional y en escasas líneas plantea que lo hace para que se garanticen los derechos fundamentales afectados, y de forma escueta los señaló: debido proceso, trabajo, acceso a la justicia, y familia, sin dejar saber a la Corte cuáles fueron las irregularidades con visos de trascendencia que habrían socavado tales garantías fundamentales, pues ninguna sustentación hace el impugnante al respecto.

Frente al segundo motivo, apenas menciona que sería útil para el desarrollo de la jurisprudencia, pero sin demostrar la trascendencia que tendría el punto por dilucidar en el sentido de la sentencia, además, pasa por alto que la jurisprudencia de la corporación se ha ocupado del tema de la carencia temporal de defensor técnico y como marco teórico, en relación al derecho a la defensa técnica, la Corte tiene dicho que tal garantía implica que el inculpado cuente con asistencia profesional durante todo el trámite procesal, con características de continuidad y permanencia, puesto que sin posibilidades de contradicción no es factible concebir el proceso como legítimo.

Pero también se ha establecido que si en un momento determinado el procesado dejó de tenerla, ello no significa que la actuación así cumplida devenga ineficaz por ese solo motivo, pues en virtud del principio de trascendencia que orienta la declaratoria de nulidades, solo si la irregularidad afecta insubsanablemente las garantías de los sujetos procesales, o desconoce las fases fundamentales de la instrucción o el juzgamiento, resulta inevitable su decreto (1) .

También debe señalarse que los temas planteados por el censor para que sean desarrollados por la jurisprudencia de esta Sala, esto es, el negocio jurídico, el incumplimiento en los contratos bilaterales, la resolución de los contratos y la disolución por mutuo disenso tácito, tienen que ver con aspectos meramente civiles que para nada se relacionan con la tipificación del delito de fraude procesal.

Este tipo penal tiene sus propios elementos definidos en anteriores oportunidades por la jurisprudencia de la Sala así: a) sujeto activo indeterminado, b) la conducta se concreta en la inducción en error del servidor público a través de medios fraudulentos idóneos, c) la conducta debe estar orientada a conseguir una decisión injusta favorable a los intereses del autor por medio de sentencia, resolución o acto administrativo (2) .

De manera que los razonamientos del censor no cumplen con los requisitos establecidos, recuérdese que puede acudirse a la casación discrecional para el desarrollo de la jurisprudencia, pero siempre y cuando se demuestre que no existen antecedentes sobre una materia, o porque existiendo hay pronunciamientos enfrentados, o porque es necesario aclarar algún aspecto. El libelista no cumple entonces con la obligación impuesta y para respaldar su petición, cuestiona el material probatorio que se aportó y que sirvió de fundamento a la sentencia de segunda instancia.

Ahora, en cuanto a los cargos formulados en la demanda se tiene que no cumplen con los principios que orientan el recurso, específicamente los de prioridad, autonomía, claridad y precisión.

En primer término, la causal tercera de casación que por su naturaleza y alcances debe ser propuesta de manera prioritaria, en el presente caso es presentada en último lugar y no de forma principal como debió hacerse, si se toma en consideración que se trata de una casación discrecional que pretende la protección de garantías fundamentales, por tal razón, la solicitud de declaración de nulidad del proceso penal debió presentarse como cargo primero y principal, porque de prosperar hacía inoperante entrar a apreciar los demás yerros denunciados.

En segundo lugar, resulta vulnerado el principio de autonomía cargo según el cual cada propuesta de ataque deber presentarse de manera autónoma, para que se pueda establecer el alcance de la impugnación, pues bien, en el caso que concita la atención de la Sala, los diversos errores de hecho por falso juicio de identidad y por falso juicio de existencia son refundidos en los dos primeros ataques, sin diferenciarlos y como resultado de esa falla, sin desarrollar cada uno de ellos, sin demostrar su trascendencia.

Se observa que en los dos primeros cargos, el censor se refiere indistintamente a errores de hecho por falso juicio de identidad y por falso juicio de existencia, sin que los presente en capítulos separados, conforme lo exige la técnica del recurso.

También es claro que en los cargos formulados, los ataques del censor están dirigidos contra las conclusiones expresadas por el sentenciador en la providencia, es decir, que en su sentir son las conclusiones las que adolecen de defectos, no las pruebas, cuando es claro que los hechos probados no pueden ser objeto de reproche, sino las pruebas que los contenían, bien porque fueron tergiversadas o desconocidas, o porque se allegaron al expediente sin el cumplimiento de los requisitos legales establecidos, o porque en el momento de valorar los medios de prueba no se atendieron las reglas de la sana crítica.

Las falencias denunciadas, llevan también a la vulneración de los principios de claridad y precisión contemplados en el numeral 3º del artículo 212 del estatuto procesal penal.

En el segundo cargo, se limita el censor a expresar los temas civiles que deben ser desarrollados por la jurisprudencia, pero no formula ningún cargo concreto contra la sentencia, a pesar de que en el enunciado del mismo afirma que se evidencia una violación indirecta de la ley como consecuencia de errores de hecho por falso juicio de existencia y de identidad.

En cuanto al tercer cargo, no demuestra la vulneración de las garantías fundamentales que señaló al momento de sustentar la solicitud de casación discrecional.

Se refiere únicamente a la vulneración del derecho a la defensa, como tema a desarrollar por la jurisprudencia, a la falta de motivación de la sentencia porque no se atendieron los aspectos civiles planteados en la audiencia pública, pero no hay ninguna referencia a los derechos fundamentales que señaló como vulnerados, ni la demostración de la lesión. Los argumentos planteados por el censor están dirigidos a demostrar la vulneración del derecho a la defensa a la que ya se hizo referencia.

En consecuencia, se debe concluir que el recurrente no cumplió la exigencia especial de sustentar adecuadamente los motivos de procedencia de la impugnación extraordinaria lo que lleva, a la inadmisión de la demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 213 del estatuto procesal penal, bajo cuya vigencia se surtió el trámite, norma que dice que “Si el demandante carece de interés o la demanda no reúne los requisitos, se inadmitirá y se devolverá el expediente al despacho de origen”.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

Inadmitir la demanda de casación excepcional presentada por el defensor del procesado Urbano Vidales Sandoval, por las razones consignadas en precedencia.

Contra esta providencia procede el recurso de reposición.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».

(1) Pueden consultarse entre otras providencias las de 12-06-03, proceso 15469, 26-06-03 proceso 15928, 29-05-03, proceso 15281 con ponencia de quien cumple ese mismo cometido, 19-06-02, proceso 122159 con ponencia del magistrado Lombana Trujillo, 15-03-01, proceso 13530 con ponencia del Magistrado Córdoba Poveda.

(2) Sentencia de 2 de septiembre de 2002, proceso 17703, M.P. Édgar Lombana Trujillo.

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