Sentencia 20547 de mayo 11 de 2005 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Mauro Solarte Portilla

Aprobado acta 037, mayo 11/2005

Consideraciones de la Corte

1. Cuando se trata de casos en los cuales se invoca la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte ha señalado, con fundamento en la sentencia C-543 de 1992, que ella es en sí misma inaceptable como medio para controvertir la validez de las decisiones que ellas contienen, pues ello sería tanto como invadir el ámbito de su autonomía que también la Constitución consagra como fundamento de la independencia judicial (C.P., arts. 228 y 230). De modo que el hecho de aceptar por excepción que la acción constitucional procede contra vías de hecho judiciales, no significa apartarse de esa línea jurisprudencial, sino acatarla, pues la vía de hecho es justamente la expresión de una ilegalidad ostensible, flagrante y manifiesta, que a lo sumo aparenta ser una decisión judicial, sin que real y materialmente lo sea.

2. La elaboración jurisprudencial acerca de las vías de hecho judiciales distingue tres clases de defectos, que pueden traducirse:

“... en (1) la utilización de un poder concedido al juez por el derecho para un fin no previsto en las disposiciones legales (defecto sustantivo), (2) en el ejercicio de una atribución por un órgano del que no es su titular (defecto orgánico), (3) en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal a partir de pruebas válidas (defecto fáctico), o (4) en la actuación por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental). Esta carencia sustancial de poder o de desviación del otorgado por la ley, revelan (i) una manifiesta desconexión entre lo establecido en el ordenamiento y la voluntad del funcionario judicial (que aparejará su descalificación como acto judicial) y (ii) una clara violación de los derechos fundamentales de quien sufre las consecuencias del acto arbitrario” (1) (resaltado fuera de texto).

3. Advierte la Corte que la acción no puede ser aceptada con relación a la supuesta falta de notificación de la accionante, pues es evidente que el 10 de julio de 2001, ella le confirió poder para actuar al abogado Víctor González Rincón, justo cuando apenas se daba inicio al trámite de extinción del derecho de dominio.

4. A partir de las premisas indicadas, la Corte estima que la decisión de la juez cuarta penal del circuito especializado, como la de la Sala Penal del tribunal de descongestión, contienen defectos fácticos que hacen de ellas una vía de hecho judicial, como enseguida se demostrará.

3.1. En el artículo 2º de la Ley 733 de 2002 (2) , el legislador estableció las causales de procedencia de la acción —que es constitucional, real, autónoma y pública—, texto del cual se debe resaltar el parágrafo primero, según el cual el afectado debe probar a través de los medios idóneos los fundamentos de su oposición.

Este texto de la ley le permitió al juzgado señalar que el principio probatorio que rige dentro de los trámites de extinción de dominio es el que corresponde al de la teoría de la carga dinámica de la prueba, según la cual, “el deber de probar un determinado hecho o circunstancia se impone a la parte que se encuentre en mejores condiciones de hacerlo, aun cuando no la haya alegado o invocado” (3) .

Desde luego que esa temática no fue ignorada por la Corte Constitucional a la hora de pronunciarse en el juicio de exequibilidad de la Ley 793 de 2002, expresando al respecto lo siguiente:

“...practicado el compendio probatorio para que las autoridades infieran, de manera probatoriamente fundada, que el dominio ejercido sobre unos bienes no tiene una explicación razonable en el ejercicio de actividades ilícitas, sino que obedece al ejercicio de actividades ilícitas: el afectado tiene derecho a oponerse a la declaratoria de extinción del derecho de dominio. Esta es una facultad legítima que está llamada a materializar el derecho de defensa del afectado, pues en virtud de ella puede oponerse a pretensión estatal de extinguir el dominio que ejerce sobre los bienes objeto de la acción“.

“No obstante, este derecho de oposición a la procedencia de la declaratoria de extinción implica un comportamiento dinámico del afectado, pues es claro que no puede oponerse con sus solas manifestaciones. Es decir, las negaciones indefinidas, en el sentido de que no es ilícita la procedencia de los bienes, no lo eximen del deber de aportar elementos de convicción que desvirtúen la inferencia, probatoriamente fundada del Estado, en cuanto a esa ilícita procedencia“ (4) .

De lo expuesto se concluye que la Corte Constitucional analizó la teoría de carga de la prueba, sus perfiles y consecuencias, pero sin que ello signifique, como en la misma providencia se advierte, que el Estado se encuentre “legitimado para presumir la ilícita procedencia de los bienes objeto de extinción de dominio”, pues tiene la “obligación ineludible de recaudar un conjunto de elementos de convicción que le permitan concluir que el dominio ejercido sobre unos bienes no tiene una explicación razonable en el ejercicio de actividades legítimas y además obedece al ejercicio de actividades ilícitas” (5) .

Por razón de que toda construcción judicial debe fundarse en reglas legítimas y racionales, el Estado también tiene la carga de probar los supuestos de hecho que invoca, a lo cual no puede ser ajena una acción que es constitucional y pública, pero también real y en la que no se puede romper el equilibrio y la igualdad que un proceso judicial requiere como fuente de su legitimidad. De manera que pensar que solo el particular tiene la carga de probar sus afirmaciones, sería tanto como crear un tratamiento que desconocería la igualdad como regla general y presupuesto de la validez de las decisiones de la jurisdicción.

El proceso judicial en el que se controvierte el derecho de dominio, ciertamente tiene particularidades que lo distancian de otros, como que teniendo origen en una acción real, quienes se ocupan de resolver el conflicto son los jueces penales; sin embargo, eso no significa que, buscando atender la autonomía y especialidad de sus instituciones, se pase por alto que, como todo proceso judicial, esté sujeto a la verificación y refutabilidad de sus decisiones.

Cuando se trata de verificar los supuestos de hecho que le sirven de apoyo a las normas jurídicas cuyo efecto jurídico se persigue, no le es dado a quien soluciona el conflicto suponer la prueba o construirla mediante argumentos de carácter general en los que se confunde inferencia con presunción, presunción con indicio y prueba con suposición, en el marco de una extensa teoría general sobre el alcance de la acción real que no puede suplir la argumentación particular que el caso reclama.

3.2. En el trámite dentro del cual se discutió principalmente la ilicitud del derecho de dominio de los bienes de los señalados narcotraficantes Jaime y María Marilú Lara Nausa, también se decidió vincular además de otros de sus familiares, el de su madre, sobre cuya procedencia ilícita se dijo lo siguiente:

“Teniendo en cuenta que las reglas de la lógica y la experiencia nos enseñan que, si varios miembros de un grupo familiar son prósperos económicamente hablando, éstos no dejarán desamparados al resto de sus parientes, en especial tratándose de la madre, los hermanos, la esposa o los hijos. Por el contrario, todo no indica que los primeros suelen comportarse de una manera bastante generosa con los segundos“.

“Igualmente, si aquellos familiares tan boyantes han obtenido sus ingresos patrimoniales de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, es más común observar que los bienes adquiridos por dichos delincuentes aparezcan a nombre de sus allegados y otras personas de su confianza, para así eludir la acción de las autoridades“ (fl. 63 providencia de primera instancia).

Para concluir ese tema se expresó:

“Ahora bien, aunque no se puede asegurar categóricamente la procedencia ilícita de los bienes en estos casos (y por ende no hay lugar a hablar de la causal del num. 2º del art. 2º de la L. 793/2002), lo cierto es que se ha logrado establecer un muy probable nexo de causalidad entre las actividades delincuenciales realizadas por parte del clan familiar Lara Nausa y los bienes que supuestamente adquirieron aquellos otros integrantes que, por lo que se sabe, no causaron grave deterioro de la moral social“ (fl. 64 ídem, resaltado fuera de texto).

Obsérvese que en el único aparte de la providencia que se refiere al único bien de la señora Lara de Nausa no se expresa un argumento, sino una hipótesis; no una prueba, sino una conjetura; no un indicio, sino una suposición, cuando el Estado, como lo dijo la Corte, para conferirle racionalidad a ese sistema, tiene “la obligación ineludible de recaudar un conjunto de elementos de convicción que le permitan concluir que el dominio ejercido sobre unos bienes no tiene una explicación razonable en el ejercicio de actividades legítimas y además obedece al ejercicio de actividades ilícitas”.

Así el propietario de los bienes guarde silencio y ese comportamiento procesal pueda tomarse como un indicio —tal y como ocurre en el proceso civil con quien no contesta la demanda—, no por ello el Estado queda exonerado del deber de demostrar que la procedencia de los bienes es ilícita, como quiera que de aceptar otra posibilidad se acuñaría una teoría de la carga de la prueba refractaria al principio de igualdad.

El tribunal —como también la fiscalía— no elaboró una construcción mejor e incluso fue más parco, pues en lo que se refiere a la situación del bien de la señora Nausa de Lara se limitó a indicar que aquella no justificó el origen de sus bienes, ante lo cual habría que preguntar ¿de qué manera se demostró su procedencia ilícita?, siendo que juzgado y tribunal siempre hicieron referencia a la obligación de demostrar la procedencia ilegítima de los bienes, en el sentido, cargas y consecuencias procesales indicadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-740 de 2003.

3.3. Cierto es que en el expediente no queda duda acerca de las actividades delictivas de Jaime Lara Nausa y de algunos de sus familiares, lo cual precisamente ameritó que se tomaran las decisiones correspondientes frente a los bienes de ellos, pero lo que no se puede hacer es, con base en un dudoso principio de accesoriedad, extender la ilicitud acerca de la procedencia ilícita de los bienes a su madre, por el solo hecho de serlo, más que por haberse demostrado que ella también derivó su patrimonio de las actividades ilícitas de sus hijos.

Una lógica como la expresada puede ser una lógica de muy buena voluntad, pero no es respetuosa de los principios que hacen de las sentencias de los jueces de un Estado de derecho unas decisiones justas, sobre todo sin están (sic) fundadas en sucedáneos de la prueba y en intuiciones que responden a criterios meramente éticos y no jurídicos.

3.4. Una vía por defectos fácticos lo es cuando en la aplicación del derecho no se cuenta con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal a partir de pruebas válidas, como efectivamente sucede en el asunto denunciado, pues se requería probar que la señora Nausa de Lara derivó su patrimonio de actividades ilícitas o de las de sus hijos, en lugar de suponerlo, lo cual es distinto.

4. Como se trata de una vía de hecho judicial el amparo procede, pues contra las decisiones indicadas no existe otro medio de defensa judicial, en tanto ellos se agotan con la interposición del recurso de apelación.

En consecuencia se tutelará el derecho al debido proceso dejando sin efecto la sentencia de segunda instancia, para que nuevamente la Sala accionada dicte en el término de cinco días la que corresponda de acuerdo a las precisas directrices indicadas en esta decisión.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Tutelar el derecho al debido proceso de la señora María del Socorro Nausa de Lara por las razones expuestas en esta decisión. En consecuencia se deja sin efecto la sentencia de segunda instancia, para que en el término de cinco días la Sala de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá la dicte nuevamente, de acuerdo a las precisas directrices indicadas en esta providencia. De ello informará a la Sala.

Envíese el expediente en su momento a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

(1) Corte Constitucional, sentencia SU-159 de 2002.

(2) PAR. 1º—El afectado deberá probar a través de los medios idóneos, los fundamentos de su oposición.

PAR. 2º—Las actividades ilícitas a que se refiere el presente articulo son:

1. El delito de enriquecimiento ilícito.

2. Las conductas cometidas en perjuicio del tesoro público, y que correspondan a los delitos de peculado, interés ilícito en la celebración de contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales, emisión ilegal de moneda o de efectos o valores equiparados a moneda; ejercicio ilícito de actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico; hurto sobre efectos y enseres destinados a seguridad y defensa nacionales; delitos contra el patrimonio económico que recaigan sobre bienes del Estado; utilización indebida de información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva.

3. Las que impliquen grave deterioro de la moral social. Para los fines de esta norma. Se entiende que son actividades que causan deterioro de la moral social, las que atentan contra la salud pública, el orden económico y social, los recursos naturales y el medio ambiente, seguridad pública, administración pública, el régimen constitucional y legal, el secuestro, secuestro extorsivo, extorsión y proxenetismo. (Esta disposición, según la sent. C-740/2003, gobierna todas las causales previstas en el artículo 2º de la ley).

(3) Folio 33 de la sentencia de primera instancia.

(4) Corle Constitucional. Sentencia C-740 del 28 de agosto de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

(5) Cfr. sentencia citada.

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