SENTENCIA 2058 DE JULIO 17 DE 1992

 

Sentencia 2058 de julio 17 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

INSTRUCCIONES POSTERIORES A UNA VISITA

EXTRACTOS: «Se circunscribe la Sala al análisis de los argumentos esgrimidos por el recurrente, frente a las órdenes e instrucciones dadas por la Superintendencia de Sociedades en las resoluciones acusadas. Así se tiene que:

a) Encontró la Superintendencia de Sociedades en la visita practicada a la sociedad demandante que, al examinar los libros auxiliares, comprobantes de ingreso y comprobantes de pago, en relación con las subcuentas “rezagos” y “ajuste variación precios”, por los años 1983 y 1984, la Nacional de Cigarrillos S. A., efectuó ventas sin facturar a la Comercializadora del Oriente Ltda., con domicilio en la ciudad de Bucaramanga, y que se recaudaron impuestos por $ 145.182.810 distribuidos así:

$ 117.939.449 de impuesto al consumo; $11.793.945 de impuesto al deporte y $ 15.449.416 de impuesto a las ventas (IVA), los cuales no fueron consignados por la sociedad vigilada a Coldeportes, Administración de Impuestos y Rentas Departamentales de Santander.

b) Por lo anterior, en la parte resolutiva de la Resolución 9178 de 4 de octubre de 1985, confirmada por Resolución 10343 de 18 de noviembre de 1985, se ordenó al representante legal de la actora, acreditar:

“1. Que efectúe los ajustes correspondientes a las ventas sin facturar por $ 117.939.449 y contabilice los pasivos a favor de la División de Recaudación de Rentas Departamentales de Santander por $ 117.939.449, de la Administración de Impuestos Nacionales por $ 15.449.416.40 y de Coldeportes Regional Santander por $ 11.793.944.90 y remita copia auténtica de los comprobantes de contabilidad que se elaboren para el efectó''.

c) En relación con este punto, el recurrente aduce en el escrito contentivo del recurso, que no basta afirmar que dicha entidad tiene competencia para examinar y estudiar la contabilidad de las sociedades sujetas a la vigilancia, y deducir que tal competencia se extiende a los efectos administrativos correspondientes como liquidar impuestos y disponer que se contabilicen en favor de determinado fisco. Que la ley señala claramente la competencia de las diversas autoridades en particular en materia de impuestos nacionales, departamentales y municipales, por lo que la Superintendencia de Sociedades no tiene competencia para ordenar el registro contable, y por lo mismo, al llegar al extremo de liquidar un impuesto y disponer su contabilización, hubo desviación de poder.

Al respecto observa la Sala:

Los artículos 266 y siguientes del Código de Comercio le asignan amplias facultades a la Superintendencia de Sociedades para desarrollar la función de inspección y vigilancia de las sociedades sometidas a su control.

Es así como el numeral 4 del artículo 267 le permite practicar visitas e inspeccionar todos los libros y papeles de las sociedades vigiladas.

Así mismo el numeral 8 ibídem la faculta para exigir los balances de ejercicio pudiendo formular observaciones; el numeral 2º del artículo 271 le da la potestad de suspender el permiso de funcionamiento cuando la sociedad vigilada no lleve regularmente los libros de contabilidad, y, el artículo 273 le atribuye la función de, a través de resolución motivada, impartir órdenes e instrucciones del caso, luego de practicada la visita, a los administradores, revisores o liquidadores.

En el caso que nos ocupa, las resoluciones impugnadas (fls. 6 a 24 cuaderno de antecedentes), son el resultado de las irregularidades encontradas en la visita practicada durante los días 10 a 26 de julio de 1985, irregularidades éstas que en lo que atañe al punto en estudio, no han sido desvirtuadas por la actora, y sí por el contrario, encuentran respaldo en el acta de visita 8 de 4 de julio de 1985, en que la Dirección General de Impuestos Nacionales, División de Auditoría (fl. 71 cuaderno de antecedentes), señala que la sociedad Nacional de Cigarrillos S. A. omite facturar algunas ventas las cuales son llevadas a otras cuentas como “otros ingresos, consumo, producción, provisión sobre activos”, y, que a la cuenta de “otros ingresos-aprovechamientos” se llevaron las ventas de cigarrillos efectuadas a varias personas, que no fueron facturadas y menos aún declaradas (fl. 78 cuaderno de antecedentes), dentro de las cuales se hallan las ventas a Comercializadora del Oriente.

De todo lo anterior se deduce:

1. La sociedad demandante no ha llevado regularmente los libros de contabilidad.

2. La Superintendencia de Sociedades, de conformidad con las normas citadas ab initio, tiene plena facultad para inspeccionar y vigilar lo relacionado con la contabilidad de las sociedades sometidas a su control.

3. De acuerdo con el artículo 273 del C. de Co., luego de practicar la visita, levantar el acta respectiva y correr traslado a la sociedad visitada para que formule descargos o aclaraciones, deberá impartir las instrucciones u ordenes del caso.

4. Dichas ordenes o instrucciones necesariamente deben ser una consecuencia lógica de la irregularidad observada y la solución que se le pretenda dar. En otras palabras, si la irregularidad consistió, como en este caso, en la no facturación de unas ventas que generaron impuestos, los cuales fueron recaudados por la demandante y deben ser consignados a las entidades beneficiarias de los mismos, pues obviamente las instrucciones u órdenes que se imparten deberán tender a corregir las citadas anomalías, sin que ello implique que se estén usurpando las funciones de las autoridades de impuestos, toda vez que esto no impide que la administración de impuestos posteriormente verifique el quantum de la obligación tributaria que corresponde a los ingresos obtenidos por las ventas que se omitió facturar.

Si so pretexto de que ordenar un ajuste contable a las prescripciones legales, en materia de impuestos, conduce a invadir el campo de las autoridades de impuestos, entonces ¿para qué se establecen las potestades de inspeccionar los libros de contablidad y de impartir órdenes e instrucciones? No puede pretenderse que dichas facultades sólo puedan entenderse como un mero señalamiento de irregularidades, pues del contexto del artículo 273 del C. de Co. se infiere que tales órdenes e instrucciones tienen como finalidad prevenir las sanciones y dar al administrado la posibilidad de subsanar las fallas oportunamente, lo que implica correlativamente indicar la manera como deben efectuarse las correcciones».

(Sentencia de julio 17 de 1992. Expediente 2058. Consejero Ponente: Dr. Miguel González Rodríguez).

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