Sentencia 20594 de marzo 31 de 2004 

•CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA PENAL

OBLIGACIÓN DE FIJAR EL EDICTO

EXTRACTOS: «El Juzgado Veintinueve Penal del Circuito de Bogotá, el 24 de septiembre de 2001, absolvió a los señores Isabel Martínez Bernal y Abelardo Díaz Otero, quienes habían sido acusados por la fiscalía setenta y seis seccional de la misma ciudad de incurrir en los delitos de peculado por apropiación, falsedad de particular en documento público y uso de documento público falso, en concurso de hechos punibles.

La sentencia fue impugnada por el representante de la parte civil. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 18 de marzo de 2002, al desatar el recurso, la revocó y los condenó como coautores de los delitos, a siete (7) años de prisión, multa equivalente a $ 1.000.000 e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante el mismo lapso establecido para la prisión.

Contra la sentencia, los defensores de los procesados interpusieron el recurso extraordinario de casación. La Sala admitió el libelo presentado respecto de la primera e inadmitió el relacionado con el segundo. Le corresponde ahora pronunciarse sobre la viabilidad del contenido de la demanda.

(...).

La demanda

Cargo único

1. Un solo reproche, dentro del marco de la causal tercera de casación, formula el demandante contra la sentencia. Considera que el juzgador, al proferir el fallo, lo hizo dentro de un proceso viciado de nulidad. En su criterio, por la forma como se notificó la sentencia de primera instancia, se violó el debido proceso.

Así lo sustenta:

El fallo absolutorio del juzgado 29 Penal del Circuito de Bogotá, fue proferido el 24 de septiembre de 2001. El 28 de septiembre siguiente, se le notificó personalmente al fiscal de la causa, al defensor y a la sentenciada detenida domiciliariamente. El agente del Ministerio Público, también de manera personal, el 1º de octubre de 2001. El 28 de septiembre de 2001, esto es, tres (3) días después de dictada la sentencia, debió notificarse la sentencia a los restantes sujetos procesales.

2. El secretario del juzgado, sin embargo, dejó una constancia el 16 de octubre de 2001. En ella indica que, por error, dejó de notificar el fallo mediante edicto.

3. El mismo 16 de octubre de 2001, para rectificar el yerro, el juez ordenó notificar la decisión por medio de edicto. El edicto, finalmente, se publicó el 19 de octubre de 2001 y se desfijó el 23 del mismo mes.

4. Esta notificación habilitó a la parte civil para que ratificara el 22 de octubre, dentro del nuevo término, el recurso de apelación que había interpuesto el 16 de ese mes contra la sentencia absolutoria. Pero esta ratificación, tanto como el recurso original, se interpusieron de manera extemporánea. Los tres (3) días siguientes a la fecha de la sentencia, oportunidad para fijar el edicto, ya habían transcurrido. Así debió disponerlo el tribunal y, sobre esa base, negarse a conocer de la impugnación.

5. En criterio del censor, la sentencia, si se dictó el 24 de septiembre de 2001, debió notificarse por edicto, luego de efectuadas las notificaciones personales del caso, el 28 de septiembre de 2001. El término de ejecutoria, corrió durante los días 3, 4 y 5 de octubre de 2001. Durante ese lapso, ninguno de los sujetos procesales impugnó la sentencia. La parte civil solo se enteró del fallo el 16 de octubre del 2001, es decir, 8 días después de haber alcanzado su ejecutoria.

6. Los términos no pueden ser prorrogados por medio de constancias secretariales o en virtud de concesiones hechas por el servidor judicial a las partes. Esos plazos, como lo tiene establecido la Corte, son legales y no secretariales. Rigen por ministerio de la ley. El 8 de octubre de 2001, quedó ejecutoriada la sentencia. Por tanto, todas las decisiones tomadas a partir de esa fecha, son inválidas.

7. Solicita, por tanto, apoyado en la jurisprudencia de la Sala en ese sentido, que se declare la nulidad de lo actuado a partir del auto mediante el cual se revivió la notificación por edicto de la sentencia absolutoria de primera instancia.

(...).

Consideraciones

Cargo único. Nulidad

1. La secuencia a partir de la decisión absolutoria emanada del juzgado 29 penal del circuito fue la siguiente:

a) El 24 de septiembre de 2001, el juzgado la profirió.

b) El 28 de septiembre de 2001, se les notificó personalmente el fallo a la sentenciada detenida domiciliariamente, al fiscal y al defensor.

c) El 1º de octubre de 2001, también personalmente, se le notificó al agente del Ministerio Público.

d) El 3 de octubre de 2001, la señora Martínez Bernal solicitó al juez le extendiera constancia en el sentido de que había sido absuelta y que la sentencia se hallaba ejecutoriada.

e) El 8 de octubre de 2001, el secretario del juzgado hace constar, según lo pedido por el coprocesado Díaz Otero, que el fallo había sido absolutorio y que había quedado ejecutoriado el cinco (5) de octubre de 2001, a las cuatro (4) de la tarde.

f) El 8 de octubre del mismo año, el juez se dirige a la registraduría de instrumentos públicos para informarle que la señora Martínez había sido absuelta, razón por la cual debía cancelar el contenido de unos oficios, y el 12 siguiente comunica a la fiscalía 76 que como el señor Díaz había sido absuelto se debía ordenar el pago de un título judicial, a su favor.

g) El 16 de octubre de 2001, el apoderado de la parte civil concurre a la secretaría del despacho judicial, presenta un escrito en el cual dice que se notifica de la sentencia, que interpone recurso de apelación, y que “no hay edicto”.

h) El mismo día, el secretario informa al juez que por razón del “gran cúmulo de trabajo” se “olvidó notificar por edicto” la providencia del 24 de septiembre.

i) En la misma fecha, el juez dispone la inmediata notificación por edicto, así como la cancelación de los oficios librados anteriormente.

j) El 19 de octubre del 2001, previa constancia secretarial de que durante los días 17 y 18 de octubre no corrieron términos por una actividad liderada por Asonal judicial, el secretario fija el edicto y dice que vence el 23 siguiente.

k) EL 22 de octubre del 2001, el apoderado de la parte civil ratifica la interposición del recurso de apelación, y el 29 de octubre lo sustenta.

i) El 15 de noviembre del 2001, a pesar de la exposición argumentativa del defensor de la procesada, el juzgado concede la alzada.

2. Según el artículo 180 del Código de Procedimiento Penal, la sentencia se notifica por edicto cuando no es posible hacerlo en forma personal dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.

3. De acuerdo con el artículo 186 ibídem, como regla general, los recursos pueden ser interpuestos desde la fecha en que se ha proferido la sentencia, hasta cuando hayan transcurrido tres (3) días, contados a partir de la última notificación.

4. En materia de transcurso, iniciación y culminación de términos, es evidente que las constancias secretariales no pueden suplir los mandatos legales, como lo ha dicho la Corte en muchas decisiones, v. gr., en las que cita el señor defensor.

Pero, obsérvese, la fijación del edicto, tarea infranqueable para el secretario del despacho judicial, no es un acto equivalente a una constancia ni a una glosa secretarial. Es un comportamiento obligatorio, un deber del secretario. Así lo ha expuesto la Sala, por ejemplo en fallo del 10 de junio del 2003, dentro del asunto de tutela 13.726:

“Ciertamente, como lo destaca el tribunal haciendo eco de la reiterada jurisprudencia de la Corte sobre el tema, las constancias secretariales cumplen una función puramente informativa, sin capacidad alguna para modificar la iniciación o el vencimiento de los términos establecidos por la ley. Así, por ejemplo, una providencia quedará indefectiblemente ejecutoriada tres días después de notificada si no ha sido recurrida, sin importar que el secretario hubiese anotado una fecha distinta a la que legalmente correspondería, porque la firmeza la deriva directamente de la ley y no depende de un acto secretarial.

Bien diferente es la situación que se presenta cuando la ley le manda al secretario que realice un determinado acto en un término específico y él lo hace en oportunidad posterior, pues los sujetos procesales no podrán suponer existente lo que en la realidad no se ha producido. Dicho de otro modo, la notificación es un acto secretarial que no puede ser realizado ni siquiera tácitamente supuesto, por las partes. Y si la ley ordena, además, que un acto de parte como la interposición de un recurso se realice dentro de los tres días siguientes a la notificación de la providencia, es claro que ese plazo deba empezarse a contar cuando la notificación se produzca no cuando deba entenderse hecha.

Nótese cómo el enteramiento a que se contrae este asunto está expresamente regulado en el inciso 2º del artículo 180 del Código de Procedimiento Penal, de la siguiente manera: “El edicto se fijará en lugar visible de la secretaría por tres días y en él anotará el secretario las fechas y horas de su fijación y desfijación...”.

Por idéntica razón, el inciso 3º del mismo artículo expresa que “la notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto”.

No se trata, como se ve, de una simple constancia secretarial, que es a lo que la Corte se refirió en el antecedente citado por el accionado, sino de un requerimiento legal imperativamente impuesto al secretario, para que obre positivamente, es decir haciendo”.

5. Si se tiene en cuenta el procedente transcrito, que ahora es reiterado, la conclusión es sencilla: si en el asunto de autos no hubo notificación por edicto; si cuando el apoderado de la parte civil concurrió al despacho y pidió fuera notificado, a la vez que hizo ver cómo no existía edicto, bien hizo el juzgado cuando restó validez a su actuación anterior y dispuso la comunicación por ese medio.

6. Es cierto que la voluntad de los servidores judiciales no puede ser antepuesta a los mandatos legales, como para que, por ejemplo, el juez o el secretario puedan contabilizar términos desde un momento, mientas la ley ordena una sucesión ininterrumpida. Pero, se repite, un fenómeno es la cuenta de los días para efectos de los términos, y otro el cumplimiento de una orden legal que obliga a hacer algo, por ejemplo, la fijación del edicto por parte del secretario del despacho judicial.

7. Agréguese: en materia de fijación de estados, la ley exige su oposición solamente después de que las “partes” han sido citadas por el medio más eficaz, y no comparecen. Así lo dispone el artículo 179 del Código de Procedimiento Penal.

Sin embargo, con la lectura de la normatividad —art. 180 íd.—, tratándose de la fijación del edicto, no se requiere ese paso previo, de donde puede concluirse, con la gramática, que no es imprescindible comunicar la toma de decisión a los sujetos procesales con el fin de proceder a enterarlos de esta forma accesoria o subsidiaria.

Pero:

a) La ley establece términos dentro de los cuales el poder judicial debe dictar sus providencias. Esos lapsos, salvo causa justificada, tienen que ser cumplidos.

b) Uno de los deberes de los litigantes, más exactamente de sus representantes o apoderados, es estar pendiente de la solución de los conflictos, es decir, hallarse alerta pues el juez, en cualquier momento, dentro de los términos legales, puede tomar su decisión.

c) No obstante, ese deber tiene límites, constituidos por la necesidad de proferir las resoluciones, autos y sentencias dentro de los plazos fijados por la ley. Dicho de otra forma: el deber de la “parte” es correlativo al deber judicial. Por ello le compete estar cerca del despacho judicial, porque este, por ejemplo, puede proferir su sentencia dentro de los 15 días siguientes a la terminación de la audiencia, como dice el artículo 410.2 del Código de Procedimiento Penal. Mas, si el fallo no es dictado dentro de esos días, el deber compulsivo para las “partes” pierde peso.

Consecuente con lo anterior, si la resolución, auto o sentencia, es proferida dentro del marco temporal legal, no es menester oficiar a los sujetos procesales, salvo cuando la misma normatividad compele a ellos. Y lo contrario: si la determinación judicial es posterior a la frontera máxima de tiempo establecida en la ley, nace el deber judicial de comunicar a las “partes”, para que se acerquen a la notificación, así la ley, en el caso concreto, no lo exija.

No es, entonces, problema de reglas legales. Es problema de principios: la equidad y la lealtad procesales fuerzan al funcionario judicial, dada la anormalidad temporal del proferimiento, a buscar la vía más expedita para hacer saber a los involucrados en el proceso, que ha tomado una decisión.

Por eso el artículo 83 de la Constitución Política afirma que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas se deben ceñir a los postulados de la buena fe; por eso el artículo 17.1 del Código de Procedimiento Penal dice que “quienes intervienen en la actuación procesal están en el deber de hacerlo con absoluta lealtad y buena fe”; y por eso la ley estatutaria de la administración de justicia somete a sus servidores el “cumplimiento de los términos” en la atención de los distintos asuntos y diligencias (L. 270/96, art. 153.7), y, a la vez, al deber de desempeñar las funciones con “lealtad e imparcialidad” (L. 270/96, art. 153.2).

El expediente estudiado ahora por la Corte sería un ejemplo de ello: como la sentencia fue dictada después del fenecimiento de los lapsos legales —15 días—, concretamente 29 días con posterioridad a la culminación de la audiencia, el juzgado debía enterar a los sujetos procesales de la existencia de su sentencia, para que, en igualdad de condiciones, equitativamente, se dirigieran al despacho para obtener la notificación.

Lo anterior es suficiente para mantener en pie la sentencia reprochada.

En mérito de lo expuesto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

NO CASAR el fallo impugnado.

No procede ningún recurso. Notifíquese y cúmplase».

(Sentencia de casación, 31 de marzo de 2004. Radicación 20.594. Magistrado Ponente: Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón).

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