Sentencia 20613 de octubre 20 de 2003

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 20613

Acta Nº 68

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Vásquez Botero

Bogotá, D.C., veinte de octubre de dos mil tres.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por Luz Helena Méndez Castillo contra la sentencia del 30 de agosto de 2002, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga –actuando como Tribunal de Descongestión-, en el proceso que a Libardo Salcedo Ortegón le promovió la recurrente.

Antecedentes

Luz Helena Méndez Castillo demandó a Libardo Salcedo Ortegón, en procura de que se declarara, en forma principal, que entre ellos existió un contrato de trabajo a término indefinido a partir del 1º de agosto de 1997; que el despido efectuado por el empleador no surtió efectos por no haber obtenido autorización del Ministerio de Trabajo; que debe ser reintegrada al cargo que ocupaba o a uno superior.

Como consecuencia de lo anterior solicita que se condene al demandado al pago de: los salarios dejados de percibir junto con sus incrementos legales, desde la fecha del despido ilegal hasta el reintegro; las prestaciones sociales a que tenga derecho; los gastos asistenciales derivados de su estado de embarazo, la licencia de maternidad y las demás indemnizaciones previstas en el artículo 239 del C.S.T.; los perjuicios morales causados con la ruptura ilegal del contrato; lo que resulte probado en el proceso, todo ello debidamente indexado.

Como súplica subsidiaria al reintegro, pidió que se condene a la indemnización por despido injusto.

Todo lo anterior lo pretende con fundamento en: que entre ellos existió un contrato de trabajo a término indefinido que empezó a regir el 1º de agosto de 1997, sin solución de continuidad, en ejecución del cual se desempeñó como secretaria con un salario mensual promedio de $280.000,oo; que dicho contrato fue terminado a partir del 6 de agosto de 1998 por parte del demandado en forma ilegal e injusta, conociendo su estado de embarazo; que en escrito que le dirigió al empleador el 23 de julio de 1998, que él se negó a recibir, le respondió la carta de despido y le recordó su estado de embarazo acompañando el certificado correspondiente, aun cuando no era necesario; que tal despido no puede producir efectos porque no se solicitó la autorización previa que ordena el artículo 240 del C.S.T.; que al terminar el contrato de trabajo no le fueron pagadas las prestaciones sociales.

Al responderse la demanda se negaron unos hechos, de otros no se admitió tal connotación y de algunos dijo que no le consta; se opuso a las pretensiones y formuló las excepciones que denominó inexistencia del derecho, falta de causa en las obligaciones demandadas, cobro de lo no debido, pago y carencia del aforamiento invocado por la parte demandante.

La primera instancia la desató el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá D.C., mediante sentencia del 9 de febrero de 2001, en la que declaró la nulidad del despido de la demandante y dispuso su reintegro al cargo de secretaria y el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta su reintegro; autorizó al demandado para descontar las sumas pagadas con ocasión de la terminación del vínculo, declaró no probadas las excepciones y lo condenó en costas.

La anterior decisión fue apelada por ambas partes y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga –como Tribunal de Descongestión- profirió la sentencia del 30 de agosto de 2002, en la que decidió revocar la de primer grado y absolver al demandado de todas las súplicas, imponiendo las costas a la actora.

En lo que concierne al recurso, el Tribunal, expuso: que del análisis de las pruebas quedaba claro que entre las partes existieron dos contratos de trabajo, uno a término indefinido entre el 1º de agosto y el 31 de diciembre de 1997, según se desprende de los documentos de folios 47 y 80, y otro a término fijo entre el 5 de enero y el 5 de agosto de 1998, como se deduce de los documentos de folios 36, 48 y 49; que la causa para terminar el primer contrato fue la voluntad de las partes, en tanto que el segundo terminó por vencimiento del período fijo pactado previo aviso por parte del empleador, con la antelación legal; que, en cuanto al estado de embarazo de la actora, solo el 23 de julio de 1998, cuando ya se le había preavisado la terminación del contrato, le envió al empleador el certificado médico que lo probaba, sin que en el expediente repose prueba diferente que indique que antes de tomar esa determinación el demandado se hubiese enterado de su condición especial; que, en todo caso, la causa de la terminación del contrato fue el vencimiento del término estipulado en el segundo contrato, eventualidad que por no configurar un despido, no exige al empleador pedir la autorización que reclama el artículo 239 del C.S.T., ya que no se trata de una justa causa, sino de una causa legal para finiquitar el vínculo; que, en consecuencia, bajo ninguna perspectiva podía operar el fuero de maternidad.

El recurso de casación

Fue interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte; ahora se procede a resolverlo con fundamento en la demanda y su réplica.

Del siguiente tenor es el alcance de la impugnación:

“Persigue el recurso que la Honorable Corte case totalmente el fallo acusado, para que, en función de instancia, revoque la parte resolutiva del mismo y en su lugar, acceda a las pretensiones del libelo inicial e imponga las costas de las instancias y del recurso extraordinario a la parte demandada, previo análisis de los motivos de la alzada.”

Aunque se refiere a las “causales o cargos” y empieza anunciando un “primer cargo”, en realidad formuló un único ataque, en el que textualmente aduce:

“Invoco la causal primera consagrada en el artículo 60 del Decreto Extraordinario 528 de 1.964, que modificó el artículo 87 del C.P. del T., por cuanto se estima que la decisión impugnada es violatoria de la Ley sustancial.

La sentencia viola indirectamente, por error de hecho en la apreciación de las pruebas que más adelante se singularizan, violación que llevó al ad quem a inaplicar el artículo 43 y el numeral 2º del artículo 47 del C.S.T. y a aplicar, interpretando erróneamente, el 239 del mismo estatuto, subrogado por el 35 de la Ley 50 de 1.990.”.

Cita, entonces, como errores de hecho evidentes, que llevaron a la violación de dichas normas, los siguientes:

• Dar por demostrado, sin estarlo, que la actora laboró para el demandado mediante dos relaciones laborales, la primera a término indefinido y la segunda a término fijo.

• No dar por demostrado, estándolo, que no fueron dos relaciones laborales sino una sola cuyos extremos fueron del 1º de agosto de 1997 al 5 de agosto de 1998, sin solución de continuidad.

• No dar por demostrado, estándolo, que abusando de su posición dominante frente a su trabajador, el empleador, para desconocer los derechos de la actora, desmejoró la situación de la trabajadora al imponerle suscribir un nuevo contrato a término fijo dando por extinguido el inicialmente suscrito a término indefinido. Esta desmejora la prohíbe el artículo 43 del C.S.T., haciendo ineficazel segundo contrato.

• No dar por demostrado, estándolo, que como consecuencia de la ineficacia del segundo contrato, la relación se reguló únicamente a través del primer contrato celebrado, esto es, el pactado a término indefinido.

• No dar por demostrado, estándolo, que por lo anterior, la terminación del contrato no lo fue por la expiración del lapso pactado en el contrato a término fijo, dada su ineficacia jurídica, sino por la propia voluntad injusta e ilegal del empleador.

• No dar por establecido, estándolo, que el despido fue injusto al haberse efectuado cuando la actora estaba en embarazo, con 26 semanas, esto es, casi seis meses de gravidez.

• No dar por demostrado, estándolo, que el estado de embarazo de la actora, con seis meses, era un hecho notorio, razón por la que el demandado sí era conocedor de ello.

• No dar por demostrado, estándolo, que el empleador no solicitó el permiso correspondiente a las autoridades laborales para poder despedir a la trabajadora en estado de embarazo.

Para el censor tales errores provinieron de que el Tribunal valoró erróneamente las pruebas de folios 36 y 47 y no apreció la de folio 75.

El impugnante, en procura de demostrar el cargo, sostiene: que es cierto que entre las partes existieron dos contratos de trabajo, mas, jurídicamente hablando, la relación laboral fue una sola porque el primer contrato fue suscrito a término indefinido a partir del 1º de agosto de 1997 y el empleador, “abusando de su posición dominante frente a la trabajadora le impuso la suscripción de un segundo contrato a término fijo de 7 meses” a partir del 5 de enero de 1998, desmejorando con ello su situación laboral, con lo que resulta ineficaz a la luz del artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo, que no aplicó el ad quem; que eso mismo llevó al juzgador a inaplicar el numeral 2º del artículo 47 ibídem, porque no observó que las causas que le dieron origen al primer contrato subsistían; que la falta de apreciación del documento de folio 75 condujo al error de tener por aceptado por parte de la trabajadora la liquidación del tiempo correspondiente al primer contrato, cuando allí solo se menciona que a le fue reconocido el valor de la prima de servicios de 1998; que la afirmación del Tribunal de que el estado de embarazo de la actora no era un hecho evidente es contraria a la realidad porque este estado se hace notorio desde el segundo mes y de haberlo considerado así su decisión hubiese sido diferente porque el empleador no solicitó autorización para terminar el contrato, de ahí que también interpretó erróneamente el artículo 239 del estatuto laboral que establece que la trabajadora no puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia; termina citando decisiones de la Corte Constitucional en la que se habla de la protección reforzada de la maternidad.

La réplica

La parte opositora se refirió en concreto a cada error de hecho planteado por el recurrente y, en síntesis, expone: que hay pruebas suficientes para establecer la existencia de dos contratos de trabajo; que no hubo vicio del consentimiento alguno en la suscripción del segundo contrato; que la terminación del segundo contrato provino de una causa legal; que la demandante nunca informó antes del 23 de julio de 1998 sobre su estado de embarazo al empleador, por lo que no estaba obligado a obtener permiso para terminar el contrato; y respecto de las pruebas mencionó que no se advierte ineficacia alguna en los dos contratos suscritos por las partes, que la trabajadora no objetó la liquidación del primer contrato y, que las semanas de gestación certificadas, lo fueron con posterioridad a la información de la terminación del contrato de trabajo.

Se considera

Recuerda la Corte el carácter extraordinario, riguroso y formalista del recurso de casación, y reitera que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste razón, pues su labor, siempre que el recurrente sepa plantear la acusación, se limita a enjuiciar la sentencia para así establecer si al dictarla el juez observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente solucionar el conflicto y mantener el imperio de la ley. Por ello se ha dicho que en el recurso de casación se enfrentan la ley y la sentencia, y no quienes actuaron como contrapartes en las instancias.

La demanda de casación debe reunir no solo los requisitos meramente formales que autorizan su admisión, sino que también exige un planteamiento y desarrollo lógicos. Por tal razón, si se acusa al fallo de violar directamente la ley, la argumentación demostrativa debe ser de índole jurídica; en cambio, si el ataque se plantea por errores de hecho o de derecho, los razonamientos pertinentes deberán enderezarse a criticar la valoración probatoria; indicando, en uno y otro caso, los preceptos legales sustantivos del orden nacional que sean pertinentes para estimar el cargo.

Se trae a colación lo anterior porque el único cargo que contiene la demanda adolece de falencias técnicas en su formulación que impiden su análisis de fondo, a saber:

1. Al fijar el alcance de la impugnación, luego de solicitar la casación total del fallo acusado, el recurrente pretende, de manera inapropiada, que la Corte “Revoque la parte resolutiva del mismo y en su lugar, acceda a las pretensiones del libelo inicial...”. En innumerables ocasiones se ha dicho que de prosperar el recurso extraordinario, la Corte como Tribunal de casación, anula o infirma la decisión de segundo grado sin que proceda, por sustracción de materia, revocar, modificar o confirmar al propio tiempo lo resuelto en tal decisión.

Además, no precisa el recurrente cómo debe proceder la Corte como Tribunal de instancia en relación con el fallo de primer grado, cuando por sentado se tiene que luego de solicitar la casación -total o parcial- de la sentencia de segunda instancia, es deber del impugnante manifestar cuál debe ser la decisión en sede de instancia, vale decir, si confirmar, modificar o revocar la sentencia de primer grado y, en los dos últimos eventos, señalar el sentido en que debe reemplazarse; lo que se omitió en el presente caso, como quiera que el censor se limitó a pedir que “se acceda a las pretensiones del libelo inicial”.

2. La senda escogida por el impugnante fue la indirecta; pero los submotivos a que acudió “inaplicar” los artículos 43 y numeral 2 del 47 del C.S.T., e interpretación errónea del artículo 239 del mismo estatuto, resultan incompatibles con la vía seleccionada y con la que pretende que se quiebre el fallo. Esto porque la Corte ha insistido en que la única modalidad de violación indirecta de la ley sustancial por errores de hecho es la aplicación indebida, ya que las otras dos, es decir, la infracción directa y la interpretación errónea, se producen de manera ajena a las circunstancias fácticas y probatorias del proceso, pues impone que el censor las comparta íntegramente y su inconformidad se circunscribe, en el primer caso, que el fallador desconoció o se rebeló contra la norma a la luz de la cual se debe desatar la controversia y, en el segundo, que restringió o amplió el entendimiento de tal disposición legal. Y en ambas situaciones el planteamiento del cargo debe exponerse con independencia del análisis de las pruebas, y la vía adecuada para ello es la de puro derecho, o sea, la directa.

3. Así se entendiera, como lo ha admitido la Sala, que al alegarse, por la vía indirecta, la “inaplicación” de los preceptos legales mencionados, lo que se aduce es su aplicación indebida, se tiene que para definir los extremos de la relación laboral y concluir que entre las partes se desarrollaron dos contratos de trabajo independientes, el primero de los cuales fue a término indefinido entre agosto 1º y diciembre 31 de 1997, el Tribunal tuvo en cuenta el documento de folio 80 de la primera numeración, pues, en la actual se distingue con el número 75 del cuaderno de primera instancia. Y no obstante ello, en la formulación del cargo se omitió impugnar este medio probatorio que le sirvió de base al fallador ad quem para revocar la sentencia de primer grado. Omisión esta de por sí suficiente para que la providencia recurrida permanezca incólume, ya que es sabido que quien acude en casación tiene la obligación ineludible de desquiciar todos los soportes jurídicos, probatorios y fácticos del fallo, pues de no hacerse la presunción de acierto y legalidad que lo cobija frente al recurso extraordinario permanece vigente con base en el inatacado.

Pero es más, aún si se dejaran de lado las anteriores deficiencias, la acusación tampoco estaría llamada a prosperar, porque cuando al sentenciador se le endilgan errores de hecho por causa de la valoración o inapreciación probatoria, como aquí ocurre, estos deben revestir la calidad de ostensibles o evidentes, y es carga del recurrente determinarlos con precisión y demostrarlos, lo que no se logra.

Así se afirma porque ninguna significación diferente a la que tienen, le dio el Tribunal a las pruebas allegadas, pues está claro, como el mismo censor lo reconoce en la demanda de casación, lo que no adujo en la que dio inicio al proceso, que entre las partes se suscribieron dos contratos de trabajo, y la conclusión acerca de que el primero inició el 1º de agosto y terminó el 31 de diciembre de 1997, deriva de la apreciación de las documentales de folios 47 y 80, que contienen el contrato de trabajo y su liquidación definitiva aceptada por la actora, sin que se haya aportado prueba en contrario. La deducción de la existencia de un segundo contrato a término fijo entre el 5 de enero y el 5 de agosto de 1998, corresponde a la valoración que se le dio a los documentos de folios 36 y 48 cuya eficacia no puede ponerse en tela de juicio solo por la afirmación de la actora de que el empleador impuso su suscripción “abusando de su posición dominante frente a la trabajadora”, circunstancia que no aparece acreditada, como lo resaltó el juzgador de segundo grado.

Así mismo, como el Tribunal tampoco encontró prueba de que durante la permanencia de la demandante al servicio del demandado y con anterioridad a que se le avisara la terminación del contrato, la trabajadora le hubiese informado al empleador de su estado de gravidez, lo que no se desvirtúa con los elementos probatorios que son idóneos en casación laboral, razonablemente dedujo que este no estaba obligado a obtener el permiso para ponerle fin al vínculo. 

De otra parte, el fallador ad quem encontró que la terminación del contrato de trabajo por expiración del término pactado no configura un despido sino una forma legal de finiquitar la relación, que tampoco obliga a esa autorización, apreciación jurídica que además de no haber sido atacado por la vía adecuada que es la directa, se ajusta al criterio jurisprudencial que al respecto tiene fijado esta Sala de la Corte.

Se desestima, entonces, el cargo.

En atención a que el recurso se pierde, las costas se le impondrán a la parte actora en beneficio de la opositora.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 30 de agosto de 2002, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en el proceso promovido por Luz Helena Méndez Castillo contra Libardo Salcedo Ortegón.

Costas del recurso extraordinario a cargo de la parte demandante y recurrente.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Fernando Vásquez Botero—Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez—Isaura Vargas Díaz.

Laura Margarita Manotas González, Secretaria.