Sentencia 207 de junio 26 de 1986 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

EMPLEADOS PÚBLICOS Y TRABAJADORES OFICIALES

Mala fe patronal

Error de hecho

Magistrado Ponente:

Dr. Juan Hernández Sáenz

Ref.: Expediente Nº 207. Acta Nº 21

Bogotá, D.E., veintiséis de junio de mil novecientos ochenta y seis.

El Juez Quinto Laboral de Bogotá, condenó a la Lotería de Cundinamarca a pagarle a doña Ana Sofía Sierra Lancheros indemnizaciones por despido injusto, específica por hallarse en ese trance en situación de maternidad y lactancia y por mora en el pago de las otras indemnizaciones.

La Lotería apeló contra esta decisión y el Tribunal Superior de Bogotá, por sentencia del 18 de octubre de 1985, la modificó, para dejar sin efecto la condena al pago de salarios moratorios y absolver, en cambio a la entidad de ese reclamo de la demandante.

Ella interpuso casación contra la dicha sentencia, para pedir que la Corte la infirme en cuanto revocó la condena al pago de indemnización moratoria, impuesta por el juez a la Lotería, y que, luego, mantenga tal condena.

Para lograr esa finalidad, la señora Sierra propone dos cargos contra el fallo del tribunal en su demanda de casación (fls. 5 a 11 de este cuaderno), a cuyo análisis procede la sala, después de su réplica por la contraparte (fls. 16 a 21 ibídem).

Primer cargo

Dice: “La sentencia de 18 de octubre de 1985, proferida por la Sala Laboral del honorable Tribunal de Bogotá, viola indirectamente en la modalidad de aplicación indebida los artículos 11 de la Ley 6ª de 1945 y 1º del Decreto 797 de 1949 consagratorios del derecho a indemnización moratoria por el no pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones sociales.

La violación de las normas se produjo a consecuencia de errores evidentes de hecho por equivocada apreciación de la confesión contenida en la contestación de la demanda y los documentos auténticos que obran a folios 43 a 56 y 89 a 95 del proceso”.

Los errores evidentes de hecho consisten:

“1. Concluir, contra toda evidencia, “que la buena fe, estuvo determinada por la creencia debidamente probada de considerar a la demandante sin vinculación laboral” cuando es lo cierto que, la naturaleza jurídica de la entidad, nunca jamás fue discutida, sino que se admitió o confesó desde la misma contestación de la demanda.

2. En considerar que la conducta de la empresa al negar el contrato es justificada.

3. Sostener sin ser cierto que está debidamente probado la creencia de que la demandante era empleada pública.

4. En dar por establecido, sin estarlo, que la entidad no se halla en mora injustificada de cancelar el lucro cesante y la indemnización por despido en estado de lactancia.

El juzgador de segunda instancia apreció en forma por demás equivocada la contestación de la demanda, porque las alegaciones que en ella se formulan, obviamente planteando una posible justificación de conducta, se les atribuye mérito probatorio y valor de convicción, que no tienen, ni pueden tener. Ha dicho la Corte reiteradamente que “a menos que el patrono, con razones atendibles, discuta la existencia de la relación laboral dependiente y presente al juicio pruebas atendibles que abone esa creencia, es impropio apelar a la buena fe para librarse de la indemnización moratoria” (Cas. mayo 10 de 1061 (sic) G.J. 2240). “No le basta al patrono negar el contrato laboral para quedar cubierta de la sanción por mora; la negativa debe apoyarse en pruebas que justifiquen su actitud” (Cas. mayo 20/63, Ord. de Arcesio Méndez contra Asbestospary de Colombia).

“La jurisprudencia, para suavizar el rigor de esta sanción, ha admitido, en ciertos casos, que obran circunstancias atenuantes y aun eximentes, como ocurre cuando la parte obligada ha discutido con razones, valederas y plausibles, acreditadas en el juicio, la existencia del contrato de trabajo o de la obligación que se demanda, con fundamentos en el principio de la buena fe, que deben regir en toda relación contractual” (Cas. oct. 31/64, Ord. de Federico Delgado contra ICSS).

Pues bien, en el hecho primero de la demanda se dijo que la entidad Lotería de Cundinamarca es una empresa comercial del departamento reglamentada por el Decreto 3429 de septiembre 30 de 1981 (fl. 4), contestó la demanda (fl. 36). “Es cierto”.

La Lotería de Cundinamarca es una empresa comercial del departamento, reglamentada por los decretos 1830 de 1973 y 3429 de 1981.

Si hubiese apreciado la confesión contenida en el hecho primero que establece la naturaleza jurídica de la demanda como empresa comercial del departamento y por tanto tienen sus trabajadores el carácter oficial vinculados por contrato de trabajo, habría concluido que no es cierto que “la buena fe” “estuvo determinada por la creencia, debidamente probada de considerar a la demandada sin vinculación laboral” tal como contra toda evidencia lo sostiene el tribunal, sino que, desde el momento mismo de la litis contestatio se aceptó la naturaleza de la entidad y por tanto la índole contractual laboral de la demandante. En verdad, su naturaleza jurídica nunca se controvirtió.

También se apreciaron equivocadamente los decretos dictados por el gobernador de Cundinamarca 1830 de 1973 y 3429 de 1981 que aparece a folios 43 a 56 y nuevamente a folios 89 a 95, que definen la naturaleza jurídica de la demandada como empresa comercial del departamento. Si los hubiese apreciado para estos efectos, el tribunal habría evidenciado que aunque el primero de los citados estableció “que los servidores de la Lotería son empleados públicos” (art. 7º, lit. d). El Decreto 3429 de 1981 (art. 22), expresamente sustituyó esta disposición, y que en concordancia del literal f del artículo 16 (fls. 52 y 92) y el artículo 2º, en su análisis y aplicación hace ver la naturaleza de la entidad y la índole laboral consecuente.

Sostener sin ser ciertos, que está probado la creencia de que la demandante no tenía vinculación laboral, sólo era un pretexto inexistente para revocar la condena por salarios caídos, constituye ostensible error.

Pues bien, para apoyar su negativa a admitir la existencia del contrato de trabajo, sólo adujo la empresa una copia del Decreto del gobernador 1830 de 1973, a sabiendas de que estaba derogado por el 3429/8 (sic), que en su artículo 1º no hace otra cosa que relievar la naturaleza jurídica de la entidad y consecuencialmente la relación jurídica que vinculó a las partes, como pudo deducirlo el juez a quo de su simple lectura y lo evidenció también el tribunal.

Si aún para el mismo tribunal las personas que prestan servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales no hay duda de que la relación jurídica fue de naturaleza laboral debiéndose concluir que no hay en el proceso ninguna probanza que justifique la negativa a admitir esa evidencia. Sus alegaciones para negar el contrato carecen de respaldo probatorio atendible. Es evidente el error de hecho consistente en considerar que pudiera haber duda sobre la existencia del contrato, y, más error todavía, concluir contradictoriamente qué normas derogadas, ilegales y no aplicables están demostrando buena fe.

Si estos errores no se hubieran cometido, no se hubieran iningido (sic) indirectamente, por aplicación indebida de los artículos 11 de la Ley 6ª de 1945 y 1º del Decreto 797 de 1949.

Al prosperar este cargo, respetuosamente pido, que la condena por indemnización moratoria se concrete a la suma de setecientos noventa y tres pesos con treinta y tres centavos (793.33) diarios a partir del 31 de enero de 1983, hasta que se cancelen las demás condenas que por lucro cesante e indemnización por despido mediante el estado de lactancia confirmó el tribunal” (las mayúsculas y subrayas son del texto transcrito).

Se considera

La estructura que tenga un ente público, dentro de la clasificación que existe para las organizaciones descentralizadas de la administración, determina en forma precisa y clara cuál es la naturaleza del nexo jurídico que tiene con sus respectivos servidores.

Si de un establecimiento público se trata, sus servidores serán empleados públicos por regla general y sólo por excepción, prevista expresamente en los estatutos, serán trabajadores oficiales. A la inversa, en la empresa comercial o industrial del Estado, genéricamente son trabajadores oficiales quienes laboran en ella, salvo quienes conforme al estatuto de la empresa tengan la calidad de empleados públicos. Así lo enseña el artículo 5º del Decreto-Ley 3135 de 1968, cuyos principios directrices rigen no solamente para la Nación sino también para los departamentos y municipios.

Ninguna entidad pública descentralizada puede pues dudar razonablemente sobre cuál es el vínculo jurídico que la une con las personas físicas a ellas adscritas, porque la ley es clara al respecto y las excepciones que tenga la regla general están previstas en sus propios estatutos, cuyo contenido no puede lícitamente ignorar.

Por tanto, si en el caso sub judice la Lotería de Cundinamarca es empresa comercial de ese departamento, conforme a su estatuto orgánico (fls. 89 a 95, C. 1), ninguna duda legítima podía caberle en cuanto a que su demandante Ana Sofía Sierra Lancheros tuvo la calidad de trabajador oficial. Sólo podía desconocerle ese carácter si en sus estatutos hubiera estado previsto que el cargo ocupado por la señora Sierra Lancheros era propio de un empleado público, lo cual no se demostró.

Entonces, la simple negativa de que hubiese existido contrato de trabajo entre los actuales litigantes no demuestra la buena fe que halló la sentencia recurrida en la conducta de la Lotería con la señora Sierra y, por ende, los errores de hecho acusados en el cargo son manifiestos y brotan con la simple lectura de los documentos en que el recurrente apoya su existencia.

Se configuran así los quebrantos indirectos de textos sustanciales planteados en el ataque, cuyo triunfo conduce a casar el fallo del tribunal en cuanto revocó la condena al pago de indemnización moratoria que el juez le impuso a la Lotería.

Y bastan las reflexiones hechas en casación para que la sala, ya en instancia, confirme aquella condena.

La prosperidad del primer cargo hizo inútil estudiar el segundo.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA el fallo recurrido en cuanto revocó la condena al pago de indemnización moratoria a la señora Ana Sofía Sierra Lancheros, impuesta en la primera instancia a la Lotería de Cundinamarca y, en su lugar CONFIRMA esta condena.

No casa en lo demás la sentencia del tribunal.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Rafael Baquero Herrera—Germán Valdés Sánchez—Juan Hernández Sáenz. 

Bertha Salazar Velasco, Secretaria.

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