Sentencia 20718 de noviembre 26 de 2003

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 20718

Acta 78

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Vásquez Botero

Bogotá, D.C., veintiséis de noviembre de dos mil tres.

Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de Beatriz Mejía Vélez contra la sentencia de fecha 22 de octubre de 2002, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso ordinario laboral promovido por el recurrente al Instituto de Seguros Sociales seccional Antioquia.

Antecedentes

Beatriz Mejía Vélez demandó al Instituto de Seguros Sociales seccional Antioquia, para que, previos los trámites de un proceso ordinario laboral de primera instancia, se le condene al pago de: la pensión de sobrevivientes desde el día 25 de noviembre de 1998, con los incrementos legales de cada año; las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año con retroactividad al mes de diciembre de 1998 y hacia el futuro en forma vitalicia, con los incrementos legales; los intereses moratorios establecidos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; las costas del proceso.

Los hechos expuestos por la demandante en sustento de las anteriores pretensiones, son: que mediante la Resolución 7137 del 13 de diciembre de 1998, el ISS le reconoció pensión de vejez a Eudoro Lucena Bonilla; que el pensionado estuvo casado en primeras nupcias con Alicia Blair de Lucena, quien falleció hace más de 10 años; que el señor Lucena Bonilla contrajo con ella nuevamente matrimonio por los ritos católicos el día 22 de marzo de 1997; que el día 24 de noviembre de 1998 su esposo falleció en la ciudad de Medellín, motivo por el cual se presentó al ISS a reclamar la pensión de sobrevivientes, la cual fue negada mediante Resolución 2934; que el argumento esgrimido para negar la prestación solicitada consistió en el hecho de que no hacía vida marital con el causante desde cuando este último adquirió el derecho a la pensión de vejez que recibía; que posteriormente, el día 4 de agosto de 1999 a través de su hijo y apoderado general, envió un escrito al ISS en el que manifiesta acogerse al inciso final del artículo 48 de la Ley 100 de 1993, es decir, que optaba por la pensión de sobrevivientes equivalente al régimen de pensión de sobrevivientes del ISS, vigente con anterioridad a la fecha de vigencia de la Ley 100 de 1993; que dicho escrito fue contestado por el ISS, en el que manifiesta que el inciso final del artículo 48 de la Ley 100 de 1993 no le es aplicable.

La demanda se contestó con oposición a las pretensiones aun cuando se acepta la condición de pensionado del señor Lucena Bonilla, su muerte y que estuvo unido en primer matrimonio con Alicia Blair de Lucena, pero que debe probarse el segundo vínculo que se sostiene existió con la actora. Como excepciones se formularon las que denominó: “Prescripción”, “Inexistencia de la obligación”, “Falta de causa para pedir” y “Cobro de lo no debido”.

La primera instancia la desató el Juzgado Noveno laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 9 de septiembre de 2002, en la que absolvió a la demandada de todos los cargos. Apelada tal decisión, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, con providencia del 22 de octubre de 2002, la confirmó.

Los fundamentos que tuvo en cuenta el Tribunal para prohijar la decisión del sentenciador del primer grado, son: que está debidamente probado que el señor Eudoro Lucena Bonilla fue pensionado por el Instituto de Seguros Sociales por el riesgo de vejez a partir del 1º de agosto de 1988, según consta en la Resolución 7137 de diciembre de 1988, tal como se aprecia en el folio 18 del expediente, como también que aquel falleció el día 24 de noviembre de 1998. Que igualmente se encuentra acreditado el aludido causante contrajo matrimonio por primera vez con Alicia Blair, que falleció hace diez años, y que, celebró nuevas nupcias con la aquí demandante el 22 de marzo de 1997. Que las versiones testificales de María Victoria Acevedo de Mejía (fls. 48/50), Jorge Enrique Uribe Escobar (fls. 50/51) y Antonio Ramírez González (fls. 51/52), son acordes en afirmar que los esposos fueron novios unos tres años, y luego estuvieron casados desde marzo de 1997 hasta la muerte que le sobrevino al cónyuge en noviembre de 1998.

Así mismo, el tribunal aduce: Que del conjunto de pruebas reseñado en lo fundamental para el caso, se tiene que la actora contrajo matrimonio con el causante el 22 de marzo de 1997, e hicieron vida de pareja como cónyuges hasta la muerte de este el 24 de noviembre de 1998, y que Eudoro Lucena Bonilla adquirió la pensión de vejez por el ISS el 13 de diciembre de 1988. Que resulta incuestionable, que el cónyuge supérstite tiene prelación en la vocación como beneficiario de la pensión de sobrevivientes, dado que la ley protege el núcleo familiar y la convivencia estable entre los contrayentes; pero en casos como el de autos se deben reunir los requisitos exigidos en la norma que se dejó transcrita, esto es, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993. Que al asunto en comento, actúan circunstancias fácticas y principios jurídicos superiores que impiden conceder la pensión a la accionante, como son las normas citadas, porque no se consolidó el derecho a transmitir la pensión que devengaba el causante a favor de su cónyuge supérstite, y siendo ello así, lo legal y pertinente es confirmar la sentencia recurrida, al no reunir la peticionaria los requisitos exigidos para la viabilidad del pretendido derecho, sustento de la demanda que le dio origen a este proceso.

El recurso de casación

Fue interpuesto por el apoderado de la parte demandante, concedido por el Tribunal y admitido por esta corporación, que procede a resolverlo previo el estudio de la demanda que lo sustenta y su réplica.

Al fijar el alcance de la impugnación el recurrente indicó:

“La acusación pretende la casación total del fallo recurrido, en cuanto confirmó la absolución del a quo, para que en instancia revoque la decisión de primera instancia y acceda a las súplicas de la demanda y se provea sobre costas”.

Con fundamento en la causal primera de casación laboral, el impugnante le formula a la sentencia controvertida un solo cargo, no obstante a que lo anuncia como:

Cargo primero

“Denunció en la decisión gravada, interpretación errónea de los artículos 47 de la Ley 100 de 1993, y 9º del Decreto 1889 de 1994, en relación con los artículos 11, 48, 50, 141, 142, 288 y 289 de la citada ley, todo dentro de lo normado por el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, llevado a legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998”.

Demostración del cargo

Para ello expone el censor que el Tribunal consideró no asistirle derecho a la demandante de la pensión porque al momento de pensionarse no hacía vida marital y ni había contraído nupcias con el pensionado, interpretación de los textos legales acusados no se compadece con el fin mismo de la institución de la pensión de sobreviviente, cual es proteger el núcleo familiar, cuando ha desaparecido su soporte moral y económico. Que no tiene razón de ser que la pensión de sobrevivientes se instituya para que la familia, ya fuere formada por vínculos naturales o jurídicos, mantenga unas condiciones de vida dignas, y, al contrario de lo querido por el legislador, se prohíje una interpretación de la norma que termine produciendo efectos nefastos sobre aquellas uniones que se han formado por personas adultas, con el fin de darse ayuda mutua y compañía. Que si bien es cierto el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 procuró acabar con las uniones precarias, fincadas únicamente en el propósito de hacerse beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, no en todos los casos sucede igual, y, so pretexto de evitar aquellas uniones, se termina desprotegiendo a las familias a quienes no solo legal sino constitucionalmente se ordena proteger. Que es tan evidente el querer del legislador de proteger a toda clase de familias, que la Corte Constitucional en Sentencia C-1176 de 2001, declaró inexequible parcialmente el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, decisión que se fundó, entra otras razones, en que se terminaba desprotegiendo a la familia, con lo que queda al descubierto que desde su proceso de formación, el interés del legislador era no dejar desprotegidos ciertos núcleos familiares, por la potísima razón de no haber contraído matrimonio cuando su cónyuge adquirió, por lo menos, el derecho pensional de que disfrutaba.

Réplica

Aclara el opositor, en primer término, que el causante falleció el 24 de noviembre de 1998, de lo que puede inferirse que la normatividad aplicable es la del sistema de seguridad social de la Ley 100 de 1993, máxime si se tiene en cuenta que esta última ya estaba vigente el 22 de marzo de 1997, fecha de la celebración del matrimonio que sirve de fundamento a la presente acción. Que de acuerdo con los literales a) de los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original vigente para el momento del deceso del causante, eran tres los requisitos que debía acreditar el o la cónyuge supérstite para reclamar derecho a la sustitución de la pensión de su esposa o esposo fallecido, si no hubo hijos de unión, así: a) que la unión marital o el matrimonio date de fecha anterior o concomitante a la fecha en la cual el cónyuge reunió los requisitos que originaron su derecho a la pensión; b) haberse hallado conviviendo con el cónyuge en el momento del fallecimiento de este; y c) llevar en esa unión por lo menos dos años continuos. Que en el presente caso, la demandante no tuvo hijos con el causante y solo cumple con uno de los tres requisitos no obstante que son concurrentes, ya que si bien se hallaba conviviendo con el de cujus en el momento de su fallecimiento, la unión no alcanzó los dos años, además que su matrimonio con el causante se celebró muchos años después de que este reunió los requisitos que dieron lugar a la pensión de que se trata. Que en consecuencia, es indudable que la accionante no tiene derecho a la sustitución pensional y que el fallador de segundo grado interpretó correctamente las normas aplicables al caso, conforme a su tenor literal en el momento del fallecimiento del causante.

Así mismo, el opositor expone: Se afirma a su vez, que el principal argumento de la censura es que la demandante no fue compañera permanente del fallecido, sino su esposa legítima, ya que contrajo matrimonio con él por los ritos de la Iglesia Católica; y esos requisitos establecidos en la ley para el derecho a la sustitución pensional, solo son exigibles cuando quien la pretende es la compañera permanente, pero no en el presente caso porque quien reclama la sustitución es la cónyuge. Que para calificar de equivocada la hermenéutica del recurrente, basta con leer los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, así como el 9º del Decreto Reglamentario 1889 de 1994, y no queda duda alguna de que, la ley equipara, para efectos de la sustitución pensional, al o la cónyuge con el compañero o compañera permanente, sin discriminación alguna. Termina exponiendo que el argumento de la censura va en contra de la exigencia legal, de que la unión marital hubiera existido desde el momento en el cual el causante adquirió el derecho a la pensión, y que, aun cuando en fecha posterior a la del fallecimiento del causante, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1176 del 8 de noviembre de 2001 declaró inexequible precisamente ese requisito, ello no convalida la pretensión de la actora, no solo porque los fallos de inexequibilidad producen efectos hacia el futuro, sino, porque a la demandante aun le quedaría faltando la tercera condición, vale decir, haber completado dos años en la unión conyugal.

Se considera

De acuerdo con la vía directa seleccionada para el cargo, no existe discusión alguna sobre los supuestos fácticos que dio por demostrados el Tribunal en la providencia gravada, y que le sirvieron de marco de referencia para no acceder a la pensión de sobrevivientes impetrada, esto es, que Eudoro Lucena Bonilla fue pensionado por el ISS por el riesgo de vejez a partir del 1º de agosto de 1988; que su fallecimiento se produjo el día 24 de noviembre de 1998; que contrajo nupcias con la demandante el 22 de marzo de 1997.

Con base en lo anterior el tema puntual en discusión se circunscribe a si el juzgador, como lo sostiene el censor, al decidir la controversia con referencia a los artículos 47 de la Ley 100 de 1993 y 9º del Decreto 1889 de 1994, interpretó equivocadamente esas normas; advirtiéndose que si bien en la proposición jurídica del ataque se denuncia otros preceptos legales como infringidos, ninguna argumentación sobre ellos se expone en la demostración de la acusación.

Ahora bien, encuentra la Corte que con fundamento en los supuestos de hecho antes precisados se impone concluir que en ningún yerro hermenéutico incurrió el Tribunal al no acceder a la pretensión de la actora, ya que si para la época en que se produjo el fallecimiento del pensionado se encontraba vigente la Ley 100 de 1993 y en especial su artículo 47 y 74, era en virtud a tales normativas, y más concretamente a las precisas exigencias en ellas previstas que debían constatarse si se cumplían los presupuestos que le darían el derecho a la pensión solicitada, lo que en efecto hizo el fallador en la sentencia atacada; por lo que inclusive bien puede afirmarse ninguna interpretación realizó de los aludidos preceptos legales.

Y es que si el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 exige para que se cause el derecho a la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado, el que se acredite por parte de la cónyuge o compañera(o) supérstite, que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y la convivencia con él no menos de dos (2) años continuos con anterioridad a ese suceso, no se ve como pueda acomodarse una eventual interpretación de la norma, para así proceder a reconocer el derecho pretendido, cuando sabido se tiene que la aquí demandante no cumplió con los requerimientos de ley, esto es, no logró con ninguno de tales supuestos.

De otra parte, es de agregar que si bien el presupuesto fáctico que primigeniamente consagraba la mencionado preceptiva, en el sentido de que para causarse el derecho a la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado, la compañera o compañero permanente debía acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante por lo menos desde que este cumplió con los requisitos para tener derecho a una pensión de invalidez o vejez, ya fue retirado del ordenamiento jurídico en virtud a la sentencia de la Corte Constitucional de noviembre 8 de 2001 (C- 1176/2001), también lo es, que tal exigencia es aplicable al sub judice, en atención a que para el momento de la muerte del causante (noviembre de 1998) aún conservaba sus plenos efectos jurídicos, ya que es sabido que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 (estatutaria de la administración de justicia), solo tiene efectos, como regla, hacia el futuro, es decir, desde el momento de su ejecutoria, sin que tenga la virtualidad de modificar situaciones consolidadas antes de dicha declaratoria, salvo que la misma providencia hubiese dicho lo contrario, que no fue lo ocurrido en esta oportunidad.

Así mismo, debe dejar en claro la Sala, que si bien ha aceptado que cuando la condición de pensionado y compañera permanente se consolidan en vigencia en una normativa anterior a la Ley 100 de 1993, los presupuestos que han de examinarse para efectos de determinar si se accede a la pensión de sobrevivientes, son los de la legislación vigente a ese momento, en este asunto no se presenta esa situación, dado que el derecho pensional del causante surgió antes de la Ley 100 de 1993 y la unión marital de él con la actora como la muerte del pensionado, ocurrió en vigencia de tal normatividad.

Por último, advierte la Corte que la cita jurisprudencial que le sirve de fundamento al recurrente para pretender que se extienda el criterio allí expuesto a su caso particular y concreto, esto es, la sentencia radica bajo el número 10406, no guarda similitud con la que es objeto de estudio en esta ocasión, por cuanto al paso que en aquella se dio una convivencia con anterioridad a la fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993, no obstante que la muerte del pensionado se produjo en vigencia de tal normativa, en el sub lite ello no sucedió así; pues tanto la convivencia de la actora con el causante como su matrimonio, se dieron no antes sino en vigencia de la citada ley, lo cual hace diferentes los supuestos fácticos de ambas controversias y, por ende, mal puede pretender el censor que se les trate bajo el mismo marco normativo e interpretativo.

En consecuencia, el Tribunal no incurrió en el yerro hermenéutico que le endilga el impugnante, sino que, por el contrario, le asignó a las normas denunciadas su verdadero alcance para dirimir la controversia sometida a su escrutinio, atendiendo claro está, los especiales supuestos fácticos ya precisados.

El cargo no prospera.

Como el recurso de pierde y fue replicado, las costas por el mismo se le impondrán al impugnante.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 22 de octubre de 2002, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral que Beatriz Mejía Vélez le promovió al Instituto de Seguros Sociales - Seccional Antioquia.

Costas del recurso extraordinario a cargo de la parte demandante.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Fernando Vásquez Botero—Carlos Isaac Nader—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Luis Gonzalo Toro Correa—Isaura Vargas Díaz.

Laura Margarita Manotas González, Secretaria.