Sentencia 20721 de abril 21 de 2004 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

RECLAMOS DEL EMPLEADOR O DE SUS REPRESENTANTES

EL TRABAJADOR NO ESTÁ OBLIGADO A RESPONDER CON OBSECUENCIA

EXTRACTOS: «El demandado recurrente cuestiona de manera principal la conclusión del ad quem de considerar que el despido del actor fue injusto y, de otra parte, que no se haya percatado de la existencia de circunstancias que hacen desaconsejable el reintegro del trabajador.

Sobre el primer aspecto el tribunal empezó por precisar que los motivos invocados por la empresa(*) para dar por terminado el contrato de trabajo del demandante fueron, según se lee en la carta respectiva, la presentación al sitio de labores el día 29 de marzo de 1999 con una vestimenta inadecuada y la forma agresiva y descortés como contestó al señor “Juan Carlos Tobón (sic) M.”, director regional de gestión y seguimiento, manifestada en su rechazo a las críticas de este sobre su forma de vestir, en el reproche por una persecución en su contra y en el énfasis en que no le gustaban ese tipo de reclamos injustificados.

Seguidamente afirmó que no era posible analizar estas conductas a la luz de las normas reglamentarias invocadas en la comunicación de despido, puesto que el reglamento interno de trabajo no fue agregado a los autos en los términos de ley, debiendo mirarse entonces desde la perspectiva de las disposiciones legales, concretamente los numerales 2º y 6º, literal A del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965.

Después de hacer esas precisiones consideró el juez de segundo grado que la concurrencia al lugar de trabajo con una vestimenta inadecuada no está contemplada en la ley como una justa causa para dar por terminado válidamente el contrato de trabajo, ni ese hecho fue calificado como grave en pacto, convención, fallo arbitral, contrato o reglamento. Así mismo, no encontró evidenciado el acto de violencia, injuria, malos tratamientos o la grave indisciplina imputables al trabajador, ya que el propio afectado, el director regional de gestión y seguimiento del banco, manifestó que el demandante no lo agredió, ni lo insultó, ni gritó, sino que simplemente le contestó la mala manera y aunque afirmó textualmente que “puede decirse que me amenazó” ese “puede decirse” denota duda y que por ello la conducta que se le endilga al trabajador no encaja en la causal de despido contemplada en el numeral 2º del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965.

Para rebatir los anteriores razonamientos el recurrente centra la acusación básicamente en la respuesta dada por el actor al requerimiento hecho por su superior sobre la forma de vestir, calificándola como agresiva, grosera, desobligante y constitutiva de maltrato verbal. En orden a demostrar su aserción transcribe segmentos de la carta dirigida por el demandante al señor Juan Carlos Toro el día 13 de abril de 1999 (fls. 74 y 75), que señala no fue apreciada por el tribunal, en la cual, a su juicio, aparece manifiesta la situación antes indicada. Allí dice Echeverry Estrada:

“Siendo las 9 de la mañana del día 29 de marzo de este año, se acerca usted a Luis Fernando Castaño y le dice las siguientes palabras: ¿y a este maestro qué le pasó? ¿Por qué se vino vestido de esa forma? ¿Será que va para una finca? Pasada una hora, vuelve de nuevo con las preguntas, ante lo cual me levanto y con el respeto que me ha caracterizado en el trato a las personas en general, le respondo: ya estoy muy viejo para que alguien me indique la forma en que debo de vestir, si conoce alguna norma que así lo indique, no la conozco, pero si se trata de alguna dificultad de orden personal en mi contra, me la hace saber para solucionarla, ya usted me tiene fastidiado con esa actitud, a lo que usted me responde: si está muy aburrido renuncie, a lo cual le respondo: no lo puedo hacer porque necesito el trabajo”.

Expresiones que se ratifican en la diligencia de descargos donde el demandante procede a dar lectura de nuevo a ese documento.

Para la Corte tales manifestaciones no pueden ser calificadas como agresivas, violentas, injuriosas o groseras, ni constituyen maltrato de palabra del accionante hacia su superior, ni representan tampoco una amenaza en su contra. En efecto, no hay allí ningún asomo de que el actor haya utilizado expresiones excesivamente bruscas o actuado impetuosamente dejándose de llevar por la ira, o haya menoscabado, ultrajado u ofendido la integridad moral del señor Juan Carlos Toro, o se haya referido a él con palabras injustas o descomedidas, o le haya atribuido conductas indecorosas, o dejado deslizar la intención de querer hacerle algún mal o daño en el futuro.

Por el contrario, para la Sala la respuesta del actor, consignada en el aparte que se acaba de reproducir, atendiendo por supuesto en el contexto en que se produjo, aunque enérgica no puede calificarse de irrespetuosa o descomedida. Así entonces, las frases que el demandante acepta haber utilizado, especialmente aquella en que afirma estar muy viejo para que alguien le diga cómo debe vestirse y la de encontrarse fastidiado con el tratamiento de su superior si bien pueden tenerse como no convenientes y salidas de tono no constituyen, en el marco en que fueron dichas, claras manifestaciones de maltrato, violencia verbal o amenazas graves. Es que no puede confundirse, como al parecer lo hace el recurrente, la firmeza y el sentido de la dignidad con la grosería y el insulto. Responder vigorosamente y con carácter al comentario de un superior jerárquico laboral, no puede equipararse a falta de respeto o mal tratamiento. La facultad subordinante del empleador o de sus representantes no puede llegar al extremo de pretender la obsecuencia del trabajador de suerte que este deba guardar silencio o mostrarse pusilánime frente a cualquier requerimiento de su jefe, mucho más cuando el reclamo se presenta con cierto matiz irónico y adicionalmente se hace no dirigiéndose al propio empleado en forma franca y en privado sino de manera indirecta, a manera de comentario hecho a otra persona para que el afectado se sienta aludido.

De suerte que el tribunal no incurrió en los cuatro primeros errores de hecho denunciados derivados, según el recurrente, de no haber apreciado las piezas de folios 74 y 75 y la diligencia de descargos, puesto que de tales documentos no se colige que el actor hubiese desplegado alguna de las conductas señaladas en el numeral 2º literal A del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965.

La falta de demostración con prueba calificada de los errores de hecho denunciados, hace innecesario el examen de la prueba testimonial, aunque es conveniente poner de presente que la decisión del tribunal en torno al punto que se viene tratando la dedujo básicamente de la declaración del señor Juan Carlos Toro, la cual se mantiene intacta, por lo antes dicho, sin que sea posible adentrarse en su examen concreto.

Cabe también dejar en claro que la censura carece de razón cuando imputa al tribunal la apreciación equivocada de la demanda inicial del proceso por no haberse percatado de que en ella se hizo mención a la respuesta agresiva del demandante frente al requerimiento hecho por uno de sus superiores, pues de acuerdo con lo antes discurrido es evidente que no cometió ese error apreciativo.

La otra cuestión que aborda el cargo tiene que ver con la existencia de circunstancias que hacen desaconsejable el reintegro, de las cuales, según el censor, no se percató el tribunal.

En esa dirección dice el recurrente que el banco alegó oportunamente que el reintegro era inconveniente por las incompatibilidades del actor con las políticas de la entidad, reflejada en su reacción frente a una observación hecha por su jefe respecto de una actitud que perjudicaba la imagen institucional teniendo en cuenta el cargo que aquel desempeñaba, lo que demuestra que se trata de una persona voluble y sensible, que puede alterarse con facilidad ante cualquier reclamo de su empleador por sutil que sea; por la conducta preventiva y de conflicto del trabajador por suponer, sin razón alguna, que el hecho de no haberse acogido a la Ley 50 de 1990 era la fuente de sus constantes roces; y por considerar extraño que un servidor de más de 20 años diga desconocer el reglamento interno de trabajo para justificar sus faltas en las actividades cotidianas.

Sobre esos argumentos, que delimitan el marco dentro del cual debe desarrollar la Corte el examen de legalidad del fallo impugnado, debe decirse que en realidad no hay prueba concluyente del carácter “voluble y sensible” del demandante o de que sea propenso a alterarse con facilidad frente a cualquier reclamo del empleador por sutil que sea, por cuanto como se vio antes la reacción que tuvo frente a la protesta de uno de sus superiores puede catalogarse como normal, sin que el uso de expresiones fuertes permita calificarla en los términos en que lo hace la censura, ni constituya grave inconveniente que impida su reintegro del puesto. En segundo lugar, el hecho de que el actor considere que tiene derecho a una nivelación salarial y que el trato diferente en esta materia se deba a que no aceptó acogerse al régimen de cesantía de la Ley 50 de 1990 tampoco es motivo que haga desaconsejable el reintegro, pues sería tanto como admitir que las exigencias del trabajador en orden a obtener mejoras en su remuneración, aunque se basen en razones equivocadas o en meras suposiciones, sean motivo que impidan la continuidad del vínculo laboral.

Por último, hay que anotar que el demandante en modo alguno dijo desconocer el reglamento del banco, simplemente acotó que no sabía si tal documento señala la forma en que deben vestirse los trabajadores; por tal razón no puede alegarse ahora como circunstancia que hace desaconsejable el reintegro el que el trabajador no tuviera presente cuáles son sus obligaciones o ignorara el contenido del reglamento, máxime cuando en el proceso no se estableció con certeza si en verdad el demandante concurrió a laborar en ropa inadecuada, ni se determinó si el reglamento interno de trabajo prohíbe esa conducta o la erige en causal para terminar el contrato.

Tampoco advierte la Sala que el cruce de palabras, por llamarlo de alguna manera, habido entre el demandante y el señor Juan Carlos Toro sea razón que haga imposible el restablecimiento del vínculo, ya que como antes se dijo no alcanzaron a configurar irrespeto, mal tratamiento, violencia o amenazas.

Por lo expuesto, el cargo no prospera».

(*) La empresa demandada es el Banco Santander S.A. (N. del D.).

(Sentencia de casación, 21 de abril de 2004. Radicación 20.721. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Isaac Náder).

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