Sentencia 20764 de octubre 10 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

INDEMNIZACIÓN POR FALTA DE PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES

LAS SOCIEDADES EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA PUEDEN QUEDAR EXONERADAS

EXTRACTOS: «EI cargo acusa básicamente la interpretación errónea del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en cuanto el tribunal simplemente se limitó a decir que las razones de la empresa de estar en mala situación y encontrarse en concordato, no la exonera de manera automática la aplicación de la sanción prevista en la referida disposición.

Dentro de ese entendimiento, es verdad que el ad quem estimó que la mala situación de la empresa y el concordato obligatorio a que se vio sometida, no la exoneraban por sí misma de la indemnización por mora.

Desde ese punto de vista, es indudable que el tribunal incurrió en una aplicación automática del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, pues no puede sentarse como premisa general que las situaciones empresariales puestas de manifiesto por la sentencia recurrida impongan necesariamente la sanción regulada por el citado precepto. Sobre el particular, la Corte ha dicho que los jueces deben valorar previamente, sin esquemas preestablecidos, la conducta del empleador renuente al pago de los salarios y prestaciones adeudados a un trabajador al momento de la terminación del contrato para efectos de determinar si dicha renuencia es o no de buena fe.

Ahora, sobre la situación debatida en el asunto bajo examen y para efectos de resolver el cargo, le basta a la Corte remitirse a las orientaciones señaladas por ella en sentencia del 5 de diciembre de 2002, radicación 18.919, en la que expresó:

“Bajo esta óptica, debe decirse que el tribunal edificó la condena por indemnización moratoria (que es la que cuestiona el censor) en una incorrecta hermenéutica del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, porque, pese a reconocer que la empresa se encontraba en circunstancias de iliquidez e intervenida económicamente por la entidad competente, acorde con las leyes 222 de 1995 y 550 de 1999, le fulminó condena por indemnización moratoria, a sabiendas de que en las sociedades donde el Estado entra a mediar a través de la Superintendencia de Sociedades, conforme al inciso 3º del artículo 116 de la Constitución Nacional, 90, 151 de la Ley 222 de 1995, los representantes legales y los miembros de la junta directiva quedan ipso facto separados de su cargo, entrándose a nombrar por aquella institución a un liquidador conforme a los cánones 162 y 163 ejusdem; que si bien es cierto es el representante de la entidad deudora, debe ceñirse a las funciones y responsabilidad que le señalan los artículos 166 y 167 en armonía con el artículo 157 de la citada ley, observando el orden de prelación establecido en la providencia de graduación y calificación de créditos, y que para disponer de los bienes, debe contar con la autorización previa de la junta asesora, cuyas funciones están en el artículo 178 ibídem o de la Superintendencia de Sociedades.

Lo apuntado indica, que a partir de la providencia de apertura del trámite liquidatorio y hasta el vigésimo día siguiente al vencimiento del término de fijación del edicto, los acreedores, incluyendo a los trabajadores deben hacerse parte en el proceso, presentando prueba siquiera sumaria de la existencia de sus créditos, como se exige en el artículo 158 de la memorada ley. Desde luego que durante el trámite en mención, el liquidador, deberá seguir cumpliendo con las normas que regulan la relación laboral.

Es por lo anterior que el tribunal debió haber efectuado una interpretación sistemática de artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en armonía con las leyes 222 de 1995 y 550 de 1999, para de allí derivar si a la sociedad demandada le era o no imputable la mala fe, que a la postre es la que conduce a la imposición o exoneración de la indemnización moratoria. Entendiéndose por buena fe la conciencia sincera, con sentimiento suficiente de lealtad y honradez del empleador frente al trabajador, que en ningún momento ha querido atropellar sus derechos, de fácil objetivización por el juzgador, valiéndose de todos los elementos de juicio que estén a su disposición.

Sobre el tema debatido ha dicho esta Sala, en sentencia del 31 de mayo de 2001, radicación 15.571, lo siguiente:

“Sin duda el Tribunal Superior no apreció adecuadamente los elementos de juicio a que se refiere el ataque, pues si bien descartó la buena fe de la demandada al no cancelar los salarios y prestaciones sociales debidos a la finalización del contrato de trabajo, con fundamento en que sus dificultades económicas no la excusaban de cumplir con las obligaciones laborales, no se detuvo a analizar las consecuencias de toda índole derivadas del hecho de que la sociedad Quintex se hallara en liquidación obligatoria.

“En efecto, tal situación comporta el reconocimiento estatal, por conducto de la Superintendencia de Sociedades, de una extrema insolvencia que impide la viabilidad de la empresa hasta el punto de concluirse que solo procede la realización de los bienes sociales, para obtener en forma ordenada y con arreglo a la ley el pago de las obligaciones pendientes. Para el caso, ello se desprende en forma manifiesta del documento visible a folios 221 a 226 del expediente, en cuanto contiene el auto 4350 de 3 de septiembre de 1996, mediante el cual la mencionada superintendencia dispuso, entre otras cosas, abrir el trámite de liquidación obligatoria de Quintex, embargar y secuestrar todos sus bienes, haberes y derechos y designar un liquidador.

“De otra parte, con arreglo al documento de folios 137 a 144, el liquidador y representante de la sociedad se dirigió al Ministerio del Trabajo aduciendo en suma que la liquidación obligatoria configura una fuerza mayor que suspende los contratos de trabajo y entre otras razones expuso:

““Se observa entonces que la decisión no es por responder a una manifestación de voluntad de los administradores, ni de los acreedores, accionistas o trabajadores de la empresa, sino un acto de autoridad competente, pues impone la voluntad legal ocurrida la causal para la decisión, sin que ninguna de las anteriores personas (...) tenga la posibilidad de resistirlo.

““La liquidación de la empresa trae implícita la disolución de la persona jurídica, para todos los efectos legales, situación de fuerza mayor que impide el cumplimiento del objeto para el cual fueron contratados los trabajadores...”.

“Desde otro enfoque, es patente que el entendimiento de suspensión del contrato de trabajo ante la liquidación obligatoria, fue responsabilidad del liquidador, así como el no pago de las deudas laborales exigibles a la terminación del nexo. Ello se reconoce en la propia carta de renuncia (ver, fls. 3 y 4), pero igualmente es dable desprenderlo del hecho de la liquidación. Y si bien este funcionario actúa como representante legal, también emerge que su misión fundamental está en lograr una liquidación patrimonial rápida, progresiva y con arreglo a la ley.

“Pues bien de estos elementos de juicio se impone concluir que la actitud del liquidador frente al demandante, obedece exclusivamente al ánimo de ejecutar cabalmente sus atribuciones y no al interés de perjudicarlo, por lo que resulta ostensible la buena fe de la sociedad en liquidación””.

Resulta evidente que el tribunal se apartó de la correcta exégesis del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, razón por la cual el cargo prospera.

VIl. Sentencia de instancia

Para resolver en instancia, además de las expuestas en sede de casación, se tiene:

La situación de liquidación de la sociedad demandada no era inadvertida para el demandante, tanto así que en el poder que le confirió a su mandatario judicial se hace mención a esa circunstancia.

Ese conocimiento está ratificado con la carta de renuncia del trabajador 10 de julio de 1997, dirigida al liquidador de la empresa.

Al contestar la demanda, la accionada aportó copia de la: escritura pública 1862 del 2 de junio de 1998, en la que se observa claramente que ella está en estado de liquidación, lo que se corrobora con el certificado de existencia y representación anexo, en la cual consta dicho estado que viene desde el 3 de septiembre de 1996, de conformidad con el auto Nº 410-4350 de la Superintendencia de Sociedades.

Frente a la anterior situación, debe decirse que de imponerle la indemnización moratoria a un empleador que se encuentra en esas condiciones, es decir en liquidación obligatoria, no tendría razón de ser la expedición de las leyes especiales que permiten la intervención estatal en las empresas, las cuales están destinadas a proteger no solo el capital y la inversión económica, sino también los intereses de los asalariados y por ende el derecho constitucional al empleo consagrado en el artículo 25 del ordenamiento superior, que se orienta a que un agente estatal dirija los destinos de la unidad de explotación económica y pretenda ya la recuperación económica, ora la liquidación de la sociedad, todo, contra la voluntad del empleador y empresario, sin que pueda quedar al libre albedrío del promotor del acuerdo o del liquidador, hacer un uso inadecuado de los recursos destinados, a conservar el equilibrio de la compañía como persona moral y la igualdad entre los acreedores, según la filosofía propia de la liquidación forzada regulada en la ley.

Finalmente, no puede deducirse que una empleadora que fue llamada a liquidación forzada como la sociedad demandada, tuviera interés en desconocer o defraudar los intereses y créditos de los trabajadores demandantes, como para entrar a darle viabilidad al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que como lo ha sostenido esta Sala, no es de aplicación automática.

Habrá de revocarse, en consecuencia, la condena impartida por este concepto, por el juzgador de primer grado.

No hay lugar a costas en el recurso extraordinario ni en la segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2002, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso seguido por Carlos Arturo Rueda Jiménez contra Química Industrial y Textil S.A. —Quintex S.A.—, en cuanto confirmó la condena a la indemnización moratoria proferida por el Juzgado Octavo Laboral de esta ciudad, en fallo de julio 19 de 2002. En sede de instancia, REVOCA la condena por tal concepto y en su lugar ABSUELVE a la demandada de dicha pretensión».

(Sentencia de casación, 10 de octubre de 2003. Expediente 20.764. Magistrado Ponente: Dr. Luis Javier Osorio López).

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