Sentencia 20766 de octubre 7 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

FUERO CIRCUNSTANCIAL DURANTE EL CONFLICTO COLECTIVO

CASOS EN QUE NO EXISTE PORQUE EL CONFLICTO TERMINÓ DE MANERA ANORMAL

EXTRACTOS: «La protección a la que se refiere el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 se inicia con la presentación del pliego de peticiones al empleador y termina cuando se ha solucionado el conflicto colectivo mediante la firma de la convención o el pacto, o hasta que quede ejecutoriado el laudo arbitral.

De conformidad con el texto anterior, se puede aseverar que en todos los casos y circunstancias en que se presente un pliego de peticiones al empleador, empieza a regir el denominado fuero circunstancial, el cual sólo se extingue, se reitera, cuando se firma la convención o el pacto colectivo, o queda en firme el laudo arbitral, si fuere el caso; según dicho entendimiento, si no se presenta ninguna de estas últimas hipótesis el conflicto sigue latente y la protección foral se perpetúa y continúa surtiendo todos sus efectos.

No obstante, debe tenerse en cuenta que esa exégesis resulta inobjetable únicamente en aquellos trámites en que el conflicto se ha desenvuelto normalmente, con pleno cumplimiento por las partes negociadoras tanto de las etapas respectivas como de los términos y plazos establecidos en la legislación laboral para cada una de ellas. Empero, si hay incumplimiento de alguno de esos pasos y ello por su gravedad hace imposible la continuación del curso ordinario del procedimiento del diferendo, naturalmente no puede suponerse que el conflicto sigue existiendo y de suyo también la protección foral, mucho menos si aquella situación se produjo en virtud de un acto administrativo proferido por la autoridad del trabajo, que se presume legal y válido mientras no sea anulado o suspendido por la jurisdicción contencioso administrativa.

Es precisamente lo ocurrido en el caso que se estudia en el que la organización sindical una vez terminó la etapa del arreglo directo no cumplió, según el Ministerio del Trabajo, con su obligación de optar en correcta forma por la declaratoria de huelga o por la convocatoria a un tribunal de arbitramento, pues el número de trabajadores que escogió esta última opción resultó inferior al requerido legalmente, lo que llevó a que el reseñado organismo público resolviera no convocarlo. En esas condiciones el conflicto llegó a una situación insoluble ya que las disposiciones legales vigentes no permiten seguir adelante con el proceso y pasar a la etapa subsiguiente, ni retrotraer la actuación al momento inicial, así como tampoco realizar de nuevo la asamblea por fuera del término previsto en el artículo 61 de la Ley 50 de 1990, ni pasar por encima del acto administrativo antes indicado.

En efecto, la decisión de la autoridad del trabajo impide que pueda acudirse al mecanismo de heterocomposición en el ámbito del derecho colectivo, como es el tribunal de arbitramento, ni es dable tampoco realizar la huelga y presionar un arreglo por esta vía, porque ello sería abiertamente ilegal. En esas condiciones, el proceso de negociación llegó a un punto, de donde es dable predicar que terminó de manera anormal, por simple sustracción de materia en tanto no es lógico pregonar la existencia de algo que perdió su razón de ser y su esencia.

Lo ideal es que los conflictos colectivos de trabajo alcancen su cabal desarrollo y sean resueltos, bien por las partes directamente ora con la intervención de terceros, y a ello debe prestar el Estado todo su concurso por así mandarlo la Carta Política en su artículo 55; sin embargo, no puede pasar desapercibido que en algunas ocasiones, como aquí ha acontecido, el proceso se trunca irremediablemente sin que quepa ninguna posibilidad de solucionarlo por las vías normales; ahora, cuando a tal situación se llega por causa imputable a los trabajadores debido a que no adoptaron decisiones en los términos y condiciones señaladas en las regulaciones legales, no puede concluirse que el conflicto queda en estado de latencia, con todas las consecuencias que de ello se derivan, como ya se dijo.

Sería realmente absurdo que una situación propiciada por negligencia de los propios trabajadores o de su organización sindical terminara favoreciéndolos con la perpetuación del llamado fuero circunstancial; ello constituye un contrasentido y una violación del viejo principio de derecho que reza que nadie puede beneficiarse de su propia torpeza.

En el sub lite, de la prueba denunciada por el impugnante se desprende que la demandante fue despedida el 30 de octubre de 1998 y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (hoy de la Protección Social) mediante Resolución 02529 de 21 de octubre de 1998 (fls. 85 y 86), no accedió a la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento obligatorio, por cuanto en las asambleas realizadas por la organización sindical en distintas ciudades, participaron 83 de los 168 afilados con los que contaba, luego este número de asistentes no alcanzó la suficiente mayoría que exige el artículo 386 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual, ninguna asamblea puede sesionar válidamente sin el quórum estatutario, que no puede ser inferior a la mitad más uno de los afiliados.

Como puede apreciarse, y no obstante que la culminación del conflicto se produjo de manera anormal, como se dijo ya, la misma fue anterior a la desvinculación de la demandante, luego por esta razón no es válido afirmar, como erradamente lo hizo el ad quem, que aquella estaba protegida por el fuero circunstancial en el momento del despido.

Así las cosas, queda demostrado el primero de los errores de hecho de los que la censura acusa la sentencia del tribunal.

Pero algo más, es que aún de haberse admitido la existencia del fuero en un caso como este, el cargo del mismo modo hubiera salido avante, si se tiene en cuenta que el tribunal igualmente incurrió en los otros dos errores de hecho, relacionados con la inobservancia del estado de disolución y liquidación en que se encontraban las demandadas, para la época en que se produjo el despido de la señora Briñez Quimbayo, según se desprende de la demanda inicial en tanto se afirma en el hecho 13 que el pliego de peticiones fue recibido por el liquidador de la empresa, circunstancia reiterada en los hechos 18 y 19 de la misma pieza procesal y, de los certificados de existencia y representación legal que reposan a folios 61 a 67, repetidos en los folios 104 a 110, aspectos que, como reiteradamente lo ha dicho la jurisprudencia de esta Sala, impiden el reintegro de la demandante al cargo de asistente técnico II en la sucursal corredores.

En esas condiciones, no es dable entonces disponer la reanudación del vínculo laboral del trabajador despedido sin justa causa durante el trámite de un conflicto colectivo de trabajo, cuando la empresa se encuentra en proceso de liquidación, bajo el supuesto de que el contrato de trabajo debe persistir, por lo menos hasta tanto se cumplan las gestiones finales que aquel conlleva, pues ello, en principio resulta inviable cuando la entidad o empresa ha cesado en el cumplimiento de los fines o actividad económica para la cual fue creada».

(Sentencia de casación, 7 de octubre de 2003. Radicación 20.766. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Isaac Náder).

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