Sentencia 20820 de noviembre 14 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

TRABAJADOR QUE PRESENTA DEMANDA JUDICIAL CONTRA SU EMPLEADOR

NO INCURRE EN CAUSAL DE DESPIDO NI EN CONDUCTA QUE IMPIDA EL REINTEGRO

Magistrado Ponente:

Dr. Eduardo López Villegas

Referencia: Expediente Nº 20820

Bogotá, D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil tres (2003).

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por los apoderados de ambas partes contra la sentencia de fecha 4 de octubre de 2002 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso seguido por Miguel Ángel Acosta Gallo, Francisco Javier Duque Pérez, Luis Armando Gómez Giraldo y Jorge Enrique Hincapié Mora contra la Compañía Colombiana de Tabaco S.A.

I. Antecedentes

Los actores mencionados demandaron a la citada compañía, con el fin de que se le condenara a reintegrarlos a igual cargo o a otro de superior categoría al que desempeñaban el día 25 de mayo de 2001. A pagarles los salarios dejados de percibir desde el día del despido hasta cuando se les reintegre, incluidos los aumentos convencionales y legales. Al igual que las prestaciones legales y convencionales, bajo el entendimiento que no ha mediado solución de continuidad en sus contratos. Aportes a la seguridad social (salud y pensiones) en la proporción que corresponda a la compañía. Indexación de todo lo debido. Como petición subsidiaria la indemnización convencional y/o legal debidamente indexada.

Como fundamento de sus pretensiones manifestaron que prestaron sus servicios a la compañía demandada así:

— Miguel Ángel Acosta Gallo, desde el 17 de agosto de 1970 hasta el 27 de mayo de 2001. Último salario mensual promedio: $ 2.233.158.

— Francisco Javier Duque Pérez desde el 2 de mayo de 1972 hasta el 27 de mayo de 2001. Último salario mensual promedio: $ 2.229.076.

— Luis Armando Gómez Giraldo desde el 1 de marzo de 1971 hasta el 27 de mayo de 2001. Último salario mensual promedio: $ 2.345.371.

— Jorge Enrique Hincapié Mora desde el 26 de marzo de 1973 hasta el 27 de mayo de 2001. Último salario mensual promedio: $ 42.241.079.

Todos fueron despedidos sin justa causa en la fecha señalada. Desempeñaron los cargos de supervisores de producción y trabajaron en forma continua en períodos superiores a 10 años, por lo que es procedente la acción de reintegro.

Agregan, que el 29 de enero de 2001 presentaron ante la presidencia de la compañía una petición respetuosa, en atención a que solo recibieron como incremento salarial un 6%, cuando para otros supervisores de igual rango y categoría fue del 12%. El director de relaciones industriales les manifestó que la desigualdad salarial se debió al hecho de no haberse acogido al nuevo régimen de cesantías creado por la Ley 50 de 1990. Ante la negativa de la empresa se vieron obligados a instaurar demanda laboral en su contra y desde el momento de su notificación se ejerció todo tipo de presión contra ellos por parte de los directivos de la compañía, con el fin de que retiraran la demanda. Como así no lo hicieron fueron despedidos, argumentando que se había perdido la confianza y la buena fe que implica la función de supervisar. Con ese proceder se contrarió la Constitución Nacional y el reglamento interno de trabajo, lo que originó una protesta de la organización sindical.

La compañía demandada, aceptó como ciertos los cargos desempeñados, la causa del despido y el cruce de correspondencia entre ellos. Los demás los negó, manifestó no constarle o solicitó su prueba. Se opuso a todas y cada una de las pretensiones y propuso las excepciones de existencia de una justa causa (inexistencia de la obligación de indemnizar), inconveniencia del reintegro, inaplicación de la convención colectiva de trabajo, inexistencia del carácter salarial de los aportes al fondo de trabajadores, compensación, pago y prescripción.

Mediante sentencia del 22 de febrero del 2001 el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín absolvió a la compañía de todas las pretensiones demandadas. Le impuso las costas a los demandantes.

II. Sentencia del tribunal

Al desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en sentencia del 4 de octubre del 2002, revocó la sentencia del juzgado y en su lugar condenó a la demandada a pagar a los demandantes indemnización legal por despido injusto e indexación, respectivamente, las siguientes sumas:

“Miguel Ángel Acosta Gallo: $ 69.847.971.54 y $ 916.180.81.

Francisco Javier Duque Pérez: $ 65.912.288.31 y $ 916.180.81.

Luis Armando Gómez Giraldo: $ 72.094.356.10 y $ 1.002.111.55.

Jorge Enrique Hincapié Mora: $ 64.250.238.01 y $ 893.078.31” (fl. 248).

Le impuso las costas de ambas instancias a la parte demandada.

El tribunal, con fundamento en las cartas de despido, las comunicaciones cruzadas entre las partes y en varios testimonios, consideró que el hecho de que los demandantes hayan solicitado un incremento salarial igual al de los demás supervisores, es decir de un 12%, no constituye justa causa de despido, ni encuadra en una conducta desleal, ya que estaban ejerciendo un derecho. Además, sus peticiones fueron respetuosas, en ningún momento hubo agresividad o violencia. No obstante lo anterior no accedió al reintegro de los demandantes, en atención a que el ambiente empleador-trabajador se tornaría hostil y tenso. Y por ello condenó a las peticiones subsidiarias, de indemnización legal e indexación.

III. Demanda de casación

Inconformes con la anterior determinación, ambas partes interpusieron el recurso de casación, con el siguiente contenido:

Se estudia primero el de la parte demandada.

“VI. Alcance de la impugnación

Pretendo la casación del fallo gravado, en cuanto al revocar el de primera instancia, condenó a la demandada al pago indexado de las indemnizaciones por terminación unilateral del contrato, para que en subsiguiente sede de instancia, se sirva confirmar la decisión absolutoria de primera instancia. Se provea sobre costas como es de rigor.

VII. Motivos de casación

Al amparo de lo normado en el artículo 60 del Decreto 528 de 1964 y el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, llevado a legislación permanente por el 162 de la Ley 446 de 1998, formuló las siguientes acusaciones.

VIII. Cargo primero

Denunció en la sentencia gravada violación directa, en la modalidad de interpretación errónea, de los artículos 55 y 56 del Código Sustantivo del Trabajo; artículo 7º, numeral 6º, letra a del Decreto 2351 de 1965, en relación con los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y concordantes de la Codificación Sustantiva Laboral, y el artículo 1603 del Código Civil” (fl. 51 del cdno. de la Corte).

En el desarrollo del cargo luego de transcribir los apartes pertinentes de la sentencia recurrida, manifiesta que el hecho de instaurar demanda contra el empleador constituye una conducta desleal, en atención a que los supervisores son empleados de confianza. Agrega, que los demandantes violaron ese deber de fidelidad y de buena fe, al pretender un reajuste salarial superior al de los demás supervisores, pues ellos se encontraban en una situación privilegiada frente a sus similares.

Con apoyo en una sentencia de esta Sala, precisa que puede existir diferencia salarial, como consecuencia de los distintos regímenes de cesantías.

Finalmente, anota, que el tribunal interpretó de manera errada los artículos 55 y 56 del Código Sustantivo del Trabajo, pues la causa de terminación de los contratos fue la conducta desleal y vulneración de la buena fe, al haber promovido un proceso judicial contra su empleador.

El opositor sostiene que el hecho de acudir un trabajador a la administración de justicia para solucionar alguna discrepancia jurídica con su empleador no configura una justa causa de despido, ni un acto de deslealtad. Aclara, que la fidelidad y obediencia que la ley exige a los trabajadores frente a su empleador, no puede entenderse como la renuncia a reclamar por la vía judicial sus derechos.

IV . Consideraciones de la Corte

En el cargo se acusa la sentencia de violación directa, en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 55 y 56 del Código Sustantivo del Trabajo, en los que se consagra la obligación de la buena fe en la ejecución de contrato de trabajo, y la de la fidelidad del trabajador para con el empleador.

Si bien estas normas no fueron invocadas expresamente por el tribunal, dilucidar la actuación de los trabajadores a la luz del valor de la lealtad, supone el hacerlas obrar.

Es el argumento central del tribunal el de que la conducta de los demandantes “no constituye justa causa de despido, ni encuadra en conducta desleal, ya que estaban ejerciendo un derecho, que la empleadora accediera o no a sus pretensiones es asunto distinto, que precisamente por la respuesta negativa acudieron a la justicia ordinaria en busca de solución a sus aspiraciones”, subyace un claro planteamiento jurídico sobre el alcance del ejercicio del derecho de acción y en particular, si se ha de entender que queda condicionado por el poder de subordinación del empleador sobre su trabajador.

El derecho de los ciudadanos a poner en funcionamiento la administración de justicia, es un derecho constitucional instituido para que los naturales conflictos que se presentan entre los integrantes de toda comunidad, tengan un cauce de solución institucional; en el mundo del trabajo, en el que algunas de sus esferas los intereses son contrapuestos, cobra especial significado el que se acuda a las autoridades judiciales para resolver las controversias sobre los derechos laborales.

Naturalmente, no basta invocar el ejercicio de un derecho, para justificar cualquier conducta; como toda actuación siempre puede ser juzgada bajo las reglas de razonabilidad y oportunidad.

La obligación de un trabajador de ajustar su actuación a las políticas de la empresa, no supone la de abdicar del derecho a discutirlas, ni a controvertirlas judicialmente si considera que con ellas se comprometen sus derechos.

El artículo 55 dispone que el contrato de trabajo debe ejecutarse de buena fe y el 56 señala para los trabajadores obligaciones de obediencia y fidelidad para con el patrono. Por lo tanto, se puede afirmar que el tribunal las interpretó de manera adecuada, cuando consideró que el solo hecho de instaurar una demanda judicial no constituye de por sí un acto desleal, que vaya en contra de la buena fe que debe imperar en la ejecución de todo contrato, o viole las obligaciones de obediencia y fidelidad del trabajador para con su empleador.

Y el numeral 6º de la letra a del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, consagra como justa causa para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo, cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al trabajador o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. Esta disposición el tribunal no la aplicó al concluir que no existía justa causa de despido, y por ello la modalidad sería infracción directa y no interpretación errónea.

.En cuanto a los artículos 1º (objeto), 2º (aplicación territorial), 3º (relaciones que regula), 4º (servidores públicos), 5º (definición de trabajo) y concordantes de la codificación sustantiva laboral, y el 1603 del Código Civil (buena fe en los contratos) no encuentra la Sala que el juez adquem hubiere hecho ni siquiera una referencia a los mismos. Además, no se trata de normas sustanciales que consagren derechos concretos, exigencia básica en el recurso extraordinario.

Por lo expuesto el cargo no prospera.

El de la parte demandante tiene el siguiente contenido:

“Alcance de la impugnación.

Persigo que la H. Corte case la sentencia recurrida en cuanto denegó las suplicas principales de la demanda, esto es, el reintegro y los demás derechos impetrados en el libelo como principales. A fin de que, en sede de instancia, manteniéndose revocada la decisión la de primer grado, se concedan estas pretensiones y no las subsidiarias que concedió el tribunal.

En subsidio, persigo que se case la sentencia recurrida en cuanto limitó la indexación de las indemnizaciones por despido impuestas, al 31 de diciembre de 2001. A fin de que en sede de instancia, manteniéndose revocada la decisión de primer grado, se actualice la corrección monetaria a la fecha de la sentencia que profiera la honorable Corte como ad quem en este aspecto, con arreglo al artículo 307 del Código de Procedimiento Civil”.

Con tal propósito formula cuatro cargos contra la sentencia del tribunal, para cuyo estudio comenzará la Corte, por razones de método, por el segundo.

Cargo segundo. Acusa la sentencia “de violar indirectamente, en concepto de aplicación indebida, el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965 y por el artículo 6º de la Ley 50 de 1990”.

Alega que la errónea apreciación de la demanda y su contestación, las cartas de despido, las cartas de folios 21-22 y 23-24, la demanda del anterior proceso formulado por los demandantes y los testimonios visibles a folios 93 a 106, condujo al tribunal a incurrir en “error de hecho consistente en dar por establecido sin estarlo en el proceso que de ordenarse el reintegro de los demandantes “el ambiente empleador-trabajador se tornaría hostil y tenso””.

En la demostración del cargo sostiene que las pruebas mencionadas por el tribunal, conforme este mismo lo estableciera con toda claridad, indican que el objeto del litigio que las partes enfrentaran con anterioridad “es muy razonable y usual”, que el conflicto “se desenvolvió con altura, consideración y respeto” y que el hecho de haber llevado su reclamación a la justicia “antes que reprochable resulta loable y civilizado”, por lo que resulta “inexplicable, contradictoria y arbitraria la conclusión final del tribunal cuando pronostica un ambiente hostil y tenso en la relación laboral, que haría desaconsejable el reintegro”.

Alega que la administración de justicia es el medio para la solución pacífica de los conflictos jurídicos y para lograr la concordia y armonía en las relaciones entre las personas, precisa que si el concepto de incompatibilidad a que se refiere el artículo 8º-5 del Decreto 2351 de 1965 comprendiera los procesos judiciales entre las partes, o el hecho de resultar alguna de estas vencedora o vencida en ellos, el reintegro sería imposible pues siempre corresponde a una decisión judicial y concluye textualmente:

“... en este caso ninguna de las pruebas en que sustentó el tribunal su decisión permite colegir que el proceso judicial entre los demandantes y la compañía se haya salido de su cauce normal y razonable o que haya generado divergencias extralitigiosas que impidan una relación de trabajo armónica. Esas pruebas solo indican lo que el propio sentenciador estableció con acierto en la primera parte de sus consideraciones, de modo que la conclusión relativa a que “el ambiente empleador-trabajador se tornaría hostil y tenso, lo que hace desaconsejable la reinstalación de los supervisores”, es una suposición carente de respaldo probatorio en los medios de prueba en que el fallador sustentó su providencia”.

El opositor, por su parte, arguye que el cargo no cumple con las mínimas exigencias técnicas “porque si bien cita un error de hecho y enumera las aludidas pruebas, no se ocupa de construir una argumentación demostrativa con referencia a lo que enseñan los medios de convicción enlistados, en que consistió su equivocada apreciación y la que en realidad se deriva de ellas, así como la trascendencia de esos yerros en la sentencia impugnada” y que, en este orden de ideas, el cargo debe ser desestimado.

V . Consideraciones de la Corte

El tribunal, luego de analizar la prueba documental y testimonial obrante en el proceso concluyó:

“... que la Compañía Colombiana de Tabaco S.A., prescindió de los servicios de los trabajadores aquí demandantes, por el hecho de haber presentado demanda, donde aspiran obtener incremento de un 6% sobre el salario, hasta llegar a un 12% de los restantes supervisores y a quienes se les hiciera este aumento...” (fl. 245).

Y a renglón seguido agregó:

“...no constituye justa causa de despido, ni encuadra en conducta desleal, ya que estaban ejerciendo un derecho, que la empleadora accediera o no a sus pretensiones es asunto distinto, que precisamente por la respuesta negativa acudieron a la justicia ordinaria en busca de solución a sus aspiraciones.

Y se afirma que los hechos en que se apoyó la empresa para prescindir de los servicios de los trabajadores no constituye justa causa...” (fls. 245 y 246).

Es decir, que para el fallador de segunda instancia la causa del despido de los demandantes fue el hecho de haber presentado demanda laboral, con el fin de obtener un aumento salarial igual al de los demás supervisores.

Y en cuanto a la forma como se hicieron dichas reclamaciones, el juez adquem aclara que “las peticiones que presentaron fueron respetuosas, en ningún momento hubo agresividad o violencia, ni mucho menos puede decirse que haya existido insubordinación, porque todo ocurrió dentro de un marco de respeto y legalidad” (fl. 246).

Pero, luego afirma:

“No obstante lo anterior, no se accederá al reintegro de los demandantes, porque de ordenarlo, el ambiente empleador-trabajador se tornaría hostil y tenso, lo que hace desaconsejable la reinstalación de los supervisores” (fl. 246).

Acierta el recurrente, al anotar, que esta conclusión entraña un error manifiesto de hecho.

En efecto, si como lo dispone el numeral 5º del artículo 8º del Decreto-Ley 2351 de 1965, “para decidir entre el reintegro y la indemnización el juez deberá estimar y tomar en cuenta las circunstancias que aparezcan en el juicio”, y si lo que el tribunal encontró fue que el hecho de recurrir a la jurisdicción ordinaria en procura de unos derechos que se consideran vulnerados, no constituye una justa causa de despido, ni encuadra en una conducta desleal, y “que las peticiones que presentaron [los actores] fueron respetuosas, en ningún momento hubo agresividad o violencia”, no puede establecerse una conexión razonable entre estos supuestos y la conclusión del tribunal sobre la desaconsejabilidad del reintegro. Ciertamente, a ella llega pero por una especulación de carácter hipotético, la de que “el ambiente empleador-trabajador se tornaría hostil y tenso”. El juicio de conveniencia de todo reintegro es siempre un juicio sobre eventualidad futura, pero ello no supone que la ley autorice que pueda formarse sobre apreciaciones subjetivas.

Lo que objetivamente dio por establecido el tribunal ha de llevar a concluir que lo acontecido en relación con el despido no puede ser obstáculo para que dicha relación —injustamente fenecida— se restablezca en las mismas condiciones en que se encontraba cuando se produjo su terminación en forma unilateral por parte del empleador.

Por el contrario, la empresa, única culpable en la terminación de los contratos de trabajo, lograría el fin buscado, cual es la desvinculación de los trabajadores, así hubiere cancelado las respectivas indemnizaciones, lo cual resultaría inadmisible en tanto se beneficiaría con su propia culpa.

Por lo dicho, el cargo prospera.

Como consideraciones de instancia basta lo dicho precedentemente en las del recurso.

En atención a que el primer cargo tenía la misma finalidad que el segundo, y los cargos tercero y cuarto perseguían la actualización de las condenas por concepto de indemnización por despido injusto hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia, la Sala no procede a su estudio.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín el 4 de octubre de 2002, en el juicio seguido por Miguel Ángel Acosta Gallo, Francisco Javier Duque Pérez, Luis Armando Gómez Giraldo y Jorge Enrique Hincapié Mora contra la Compañía Colombiana de Tabaco S.A. En sede de instancia se REVOCA la sentencia de fecha 22 de febrero proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, y en su lugar se CONDENA a la Compañía Colombiana de Tabaco, a reintegrar a los demandantes a los cargos de supervisores y a pagarles los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde el 25 de mayo de 2001 hasta cuando se produzca el reintegro, al igual que los aportes a la seguridad social (salud y pensiones) en la proporción que le corresponda a la empresa. Se declara que sus contratos de trabajo no han tenido solución de continuidad.

Sin costas en la segunda instancia, las del recurso extraordinario a cargo de la parte demandada.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal.

Eduardo López Villegas—Carlos Isaac Náder—Luis Javier Osorio López—Germán Valdés Sánchez—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez Botero. 

Laura Margarita Manotas González, secretaria.

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