Sentencia 2085 de noviembre 5 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

INHABILIDAD PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES PÚBLICAS

DE LOS CONDENADOS POR DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO DEL ESTADO

EXTRACTOS: «Los motivos de inconformidad del recurrente con la sentencia proferida por el a quo y que están consignados en escrito de folios 208 a 214 del cuaderno principal, radican en que en opinión, no es aplicable en el presente caso el precepto contenido en el artículo 17 de la Ley 190 de 1995 o artículo 59A del Código Penal, pues considera que es de carácter general y, en esas condiciones, resulta de aplicación prevalente la disposición que hace referencia específica a las inhabilidades de los alcaldes en esa materia, como es el numeral 1º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, de suerte que, concluye, como la pena privativa de la libertad impuesta al alcalde electo no supera los dos años de que trata esta última norma, el fallo se debe revocar, además de que la conducta por la que se le impuso la condena no encaja dentro del concepto de corrupción al cual se contrae la citada Ley 190 de 1995.

Está acreditado en el expediente que al aIcalde del municipio de Buenos Aires, por el período 1998-2000, Clemente Lucumí Golú, se le impuso en sentencia definitiva de segunda instancia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, pena privativa de la libertad consistente en seis meses de arresto, así como una multa de diez mil pesos, y una pena accesoria de interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de un año (fls. 12 a 43 cuaderno principal): y que ese fallo quedó ejecutoriado el 4 de septiembre de 1997 (fl. 18 cuaderno 3). La acción de revisión intentada por su apoderado ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, fue allí rechazada in límine según providencia del 23 de febrero de 1998 (fls. 77 a 85 cuaderno 3). Esto indica que la condena impuesta al afectado y alcalde elegido se encuentra en firme y que estaba vigente para el 2 de diciembre de 1997, cuando se le declaró elegido como tal (fl. 49 vto., cdno. ppal.).

La inhabilidad que ocupa la atención de la Sala, en esta ocasión, proviene del artículo 122 Constitucional, inciso quinto, que dice:

“Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor público que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas”.

No ha señalado el constituyente limitación alguna relacionada con el nomen del punible, salvo que afecte el patrimonio del Estado, ni con las circunstancias de agravación o atenuación punitiva, ni con la pena, ni con los subrogados penales. De la manera más escueta, dice la Constitución que el servidor público que sea sancionado por un delito contra el patrimonio del Estado, también queda inhabilitado a divinis para desempeñar funciones públicas.

Ninguna duda queda respecto de que el delito de peculado lesiona el patrimonio del Estado, en cualquiera de sus modalidades, por apropiación, por uso, por aplicación oficial diferente, por error ajeno, por culpa o por indebida destinación de recursos del tesoro para favorecer declaraciones de comerciantes sobre origen de metales preciosos, contemplados en el capítulo primero, del título tercero del Código Penal (arts. 133 a 139A).

La disposición constitucional tuvo su primera consagración en el artículo 95-11 de la Ley 136 de 1994 en los mismos términos generales respecto de la acción, pero concretada al caso de los aspirantes a alcaldes que quedaron inhabilitados, sin condición ni restricción alguna.

Luego se expidió la Ley 190 de 1995, relacionada con la preservación de la moral en la administración pública y la erradicación de la corrupción administrativa. En el artículo 17, con otra redacción, se acogió el sentido de la prohibición general señalada en el artículo 122 para los servidores públicos comprendidos en el artículo 123 de la Carta. Pero se le agregó el beneficio de la rehabilitación, que contrariaba la ilimitada disposición constitucional que de ninguna manera permite que en adelante el condenado asuma de nuevo el manejo de asuntos oficiales. Por esto fue declarada inexequible esa parte del artículo 17 de la ley antecitada, mediante sentencia del 5 de febrero de 1996 de la Corte Constitucional.

Es cierto que la Ley 200 de 1995, artículo 43-1, considera inhabilidad para desempeñar cargos públicos, haber sido condenado por delito sancionado con pena privativa de la libertad, excepto cuando se trate de delitos políticos o culposos salvo que estos últimos hayan afectado la administración pública. Norma que le permite alegar al defensor, que derogó las anteriores y que, como no fue citada por el demandante, la jurisdicción contencioso administrativa, que es rogada, debe rechazar las pretensiones que en este caso la ocupan.

No comparte la Sala esa respetable apreciación, porque, ya se ha dicho en esta sentencia, que el carácter especialísimo de la Ley 190 de 1995, precisamente llamada estatuto anticorrupción, la coloca en cierta forma en el pináculo moral con que quiso distinguirla el legislador; que la Ley 190 de 1995, con el artículo 17 incrustó un nuevo artículo, el 59A, en el Código Penal, que fue citado por el demandante; que la Ley 200 de 1995, es un estatuto disciplinario, que emana del artículo 124 de la Carta, distinto del artículo 122 que es la base fundamental de la prohibición examinada; que la Corte Constitucional, mediante sentencia posterior a la Ley 200 de 1995, consideró vigente el artículo 17 de la Ley 190 de 1995; que, finalmente, la Ley 136 de 1994 también se halla vigente, porque consagra la inhabilidad especial, para el caso concreto de los alcaldes, en el artículo 95-11.

Entonces, la conclusión es ineludible: tanto la norma constitucional, como las especiales de la ley de modernización de los municipios y el estatuto sobre la preservación de la moral administrativa y erradicación de la corrupción, acogen un sistema general y aconsejable para el caso de los servidores públicos que hubieren maltratado los bienes de la comunidad, cual es el de prohibirles para siempre el regreso al ejercicio de cualquier función pública.

Se confirmará, entonces, la sentencia recurrida conforme a las consideraciones precedentes».

(Sentencia de noviembre 5 de 1998. Expediente 2085. Consejero Ponente: Dr. Roberto Medina López).

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