Sentencia 20943 de septiembre 4 de 2003 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

FALSEDAD DE PARTICULAR EN DOCUMENTO PÚBLICO

COMETIDA EN EL RECONOCIMIENTO NOTARIAL DE UN DOCUMENTO PRIVADO

EXTRACTOS: «La Corte se pronuncia de fondo sobre las demandas de casación interpuestas contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá el 24 de septiembre de 2002, por cuyo medio modificó el fallo de primer grado en el sentido de condenar a Miryam Emma Rodríguez Tavera y José Domingo Rodríguez Rozo a la pena principal de 43 meses de prisión y otorgarles la pena sustitutiva de prisión domiciliaria, habida cuenta que el 11 de septiembre de 2000 el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de la misma ciudad, los había condenado a la pena principal de 51 meses de prisión y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso como coautores del concurso homogéneo de delitos de falsedad material de particular en documento público agravada por el uso, también los condenó al pago de los perjuicios ocasionados y les negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta.

El Procurador Cuarto Delegado para la Casación Penal solicita en su concepto no casar la sentencia impugnada en razón de las fallas técnicas y la falta de razón de las demandas.

Hechos

Fueron adecuadamente sintetizados por el ad quem en el fallo de segundo grado, así:

“...el señor Álvaro Puig falleció el 06 de junio de 1991, por lo cual se tramitó el respectivo proceso de sucesión ante el Juzgado Sexto de Familia de esta ciudad a donde concurrieron Miryam Emma Rodríguez Tavera en su condición de cónyuge supérstite y representante de sus tres menores hijos, al igual que Vilma García Celis, en defensa de los intereses del menor hijo extramatrimonial del causante Juan Carlos Puig García. Dentro de la partición de la sucesión se excluyeron bienes del fallecido, aportándolos como pasivos, en razón de una supuesta compraventa entre el causante y el señor José Domingo Rodríguez Rozo, en relación con el inmueble ubicado en la calle 125 A Nº 35-51/61 de Bogotá; así como respecto de las cuotas que poseía en la sociedad “Las Vallas Limitada” que fueron cedidas a favor de José Domingo Rodríguez Rozo mediante escritura pública 1229 del 11 de octubre/91 de la Notaría 28 de Bogotá, con base en el poder conferido a Silvio Alberto Galindo Parra por parte de Álvaro Puig García, estableciéndose que las firmas que figuran en dichos documentos como de este último son apócrifas, al igual que los sellos y firmas notariales”.

(...).

1.3. Tercer cargo: Falso juicio de identidad sobre el carácter público de los documentos.

Postulado como subsidiario bajo la égida de la causal primera de casación, cuerpo segundo, por violación indirecta de la ley sustancial que determinó la aplicación indebida del artículo 220 y el inciso 2º del 222 del derogado estatuto penal, así como la falta de aplicación del artículo 221 del mismo ordenamiento.

El defensor manifiesta que los falladores incurrieron en falso juicio de identidad al apreciar los documentos sobre los que tuvo lugar la falsedad, pues les otorgaron una doble connotación de documentos privados y públicos a la vez, sin detenerse a verificar que la promesa de venta del lote ubicado en la calle 125 A con 35 de esta ciudad y el poder otorgado por Álvaro Puig García a Silvio Galindo Parra para ceder y vender a José Domingo Rodríguez las cuotas de participación en la sociedad Vallas Ltda., son documentos privados, pues fueron suscritos por particulares, no emanaron de servidor público en ejercicio de sus funciones, no fueron producidos con su concurso, y no contienen intervención documentadora de ningún servidor público con ocasión de sus funciones.

Por tanto, si bien se probó que los reconocimientos notariales que sobre tales documentos se realizaron resultaron ser falsos, ello no desvirtúa su condición privada.

Para demostrarlo, el censor señala que según lo ha establecido la doctrina, en Colombia los documentos se dividen en públicos y privados según su origen o procedencia; el reconocimiento de firmas ante notario no cambia la condición del documento privado; las modalidades del documento público y privado son incompatibles, es decir, un documento no puede tener al mismo tiempo ambas condiciones.

En consecuencia, al decirse en el fallo de primer grado que se trata de “documentos formalmente públicos y sustancialmente privados” de manera equivocada se asumieron como públicos documentos de índole privada, yerro que condujo a la inaplicación del artículo 221 del anterior estatuto penal.

De igual manera, al diferenciar el ad quem entre el documento privado que contiene la voluntad de los particulares y otro público que es el atestado del notario, persistió en el error de hecho denunciado, dado que “la firma de un notario, el sello de una notaría, el membrete de una notaría no tienen por sí solos un valor documental alguno. Su sentido deriva de un contenido y ese contenido no puede ser otro que la referencia, en este caso, a la manifestación de voluntad de particulares con trascendencia en las relaciones jurídicas materiales”.

Concluye entonces que lo anotado en la sentencia de segundo grado acerca de la autonomía de los contenidos del contrato de compraventa y del poder para vender las acciones, “es un ejercicio de pura metafísica”, que no se compadece con la noción de antijuridicidad a la luz de la Constitución Política, habida cuenta que nadie falsifica una autenticación si no es en razón de mejorar la capacidad probatoria del documento, pues el objeto de la manipulación es conseguir que de prueba sumaria se convierta en documento auténtico.

Y agrega que resulta absurdo darle valor de documento público a la constancia del notario diferenciándola de lo señalado por los particulares, pues ello conduciría a afirmar que se han cometido dos delitos: uno de falsedad en “documento público por las manifestaciones del notario”, y otro de falsedad “en documento privado por el cambio de su fuerza probatoria”.

Señala como normas instrumentales violadas los artículos 232 y 238 del estatuto procesa penal y 251 del Código de Procedimiento Civil, y como preceptos sustanciales, los artículos 220 y 222 inciso 2º por aplicación indebida, así como el artículo 221 ejusdem por falta de aplicación.

Con fundamento en lo anterior, el censor solicita a la Corte casar el fallo atacado y en su lugar proferir sentencia de reemplazo en la cual se reconozca que la falsedad recayó sobre documento privado y por ello se debe efectuar una nueva adecuación típica de conformidad con el artículo 221 gel Código Penal anterior dejado de aplicar.

(...).

Concepto del Ministerio Público

(...).

3. Respecto del tercer cargo: Falso juicio de identidad sobre el carácter público de los documentos (tercer cargo de la demanda a nombre de Miryam Emma Rodríguez y segundo cargo de la demanda a nombre de José Domingo Rodríguez).

Comienza el procurador delegado por señalar que los demandantes incurren en un “garrafal desacierto”, pues si censuran que los documentos privados fueron tenidos como públicos, se apartan de la argumentación del error de hecho por falso juicio de identidad que es de carácter objetivo y contemplativo en punto de la distorsión de la prueba, “e inopinadamente invaden la órbita de la violación directa, ya que lo alegado por ellos no es más que un error de juicio jurídico frente a los presupuestos de hecho debidamente probados”.

Destaca entonces que tal circunstancia condena la censura al fracaso en virtud del carácter rogado de este trámite, pues la falla no puede ser corregida por la Corte, pese a lo cual considera que tampoco le asiste razón a los actores en el fondo de su pretensión, “ya que no es cierto que los documentos sobre los que recayó la conducta falsaria sean de naturaleza privada”.

En efecto, puntualiza que los falladores de primero y segundo grado dejaron en claro que "uno es el carácter documental de la promesa de compraventa del bien inmueble y del poder para la venta de las acciones, y otro, autónomo y diferente, el de las diligencias de reconocimiento de firmas que se estampó a estos. La promesa y el poder son documentos privados por esencia, en la medida que su elaboración y contenido corresponde a la expresión de voluntad de sujetos particulares; en cambio, las diligencias de reconocimiento de firmas son también, por esencia, documentos públicos porque la atestación de veracidad que en ellas se hace sólo puede ser certificada por un funcionario investido de la facultad de dar fe pública, quien no es otro que el notario”.

Precisa que si las referidas diligencias de reconocimiento de firmas fueron falsificadas por creación integral, ello no les quita la naturaleza de documentos públicos, pues tal discusión se encuentra agotada por la jurisprudencia (3) .

(3) Sentencia del 6 de mayo de 1997. M.P. Carlos Eduardo Mejía Escobar. Rad. 9478. Sentencia del 4 de agosto de 2000. M.P. Jorge Enrique Córdoba Poveda. Rad. 13.668.

Y aduce que en las sentencias no se afirma que los referidos documentos conformen un solo contenido documental con las respectivas diligencias de reconocimiento de firmas, o que simultáneamente deban ser tenidas como privados y públicos, ni que por virtud de las apócrifas diligencias de reconocimiento los documentos hayan adquirido la connotación de públicos, pues claramente el ad quem señaló el carácter documental autónomo de ambos actos.

Concluye el delegado que “el acto notarial de reconocimiento o autenticación de firmas, como actividad exclusiva atribuida a un empleado oficial con potestad certificadora, a quien la ley concede la labor de dar fe pública, indiscutiblemente se materializa como un documento autónomo susceptible de falsificación en todas sus modalidades”.

En consecuencia, expresa que los acusados incurrieron en un concurso homogéneo de falsedad en documento público, agravada por el uso, circunstancia que determina la improsperidad del cargo.

(...).

Consideraciones de la Corte

(...).

3. Tercer cargo: Falso juicio de identidad sobre el carácter público de los documentos (tercer cargo de la demanda a nombre de Miryam Emma Rodríguez y segundo cargo de la demanda a nombre de José Domingo Rodríguez).

Habida cuenta que se advierte similitud en la postulación, desarrollo y exposición argumental de los reproches en los referidos libelos, procede la Sala a resolverlos conjuntamente.

Suficientemente tiene dilucidado la Sala que el error de hecho por falso juicio de identidad tiene lugar cuando el juzgador al considerar el medio de prueba distorsiona su contenido cercenándolo, adicionándolo o tergiversándolo, caso en el cual corresponde al actor, mediante el cotejo objetivo de lo dicho en el medio probatorio y lo asumido en el fallo, expresar sin ambages qué aparte fue omitido o añadido a la prueba, qué efectos se produjeron a partir de ello, y lo más importante, cuál es la trascendencia del yerro en la declaración de justicia contenida en la parte resolutiva de la sentencia atacada, tópico que no puede ser demostrado con la mera exposición subjetiva del criterio del impugnante, pues menester resulta que materialmente acredite que el error condujo a la falta de aplicación o a la aplicación indebida de la ley sustancial en el fallo, esto es, que corregido el yerro, la prueba debidamente valorada en conjunto con las demás modifica sustancialmente el sentido de la decisión reprochada.

En el desarrollo de este reparo es evidente que los demandantes quebrantan las reglas técnicas de la casación, pues no dirigen su actividad a señalar qué apartes de la promesa de compraventa del inmueble o del poder otorgado para la cesión de las cuotas de interés fueron cercenados, adicionados o distorsionados indebidamente por los falladores, sino que su reprobación se orienta a indicar que los referidos documentos son de naturaleza privada, y no pública, como lo asumieron los funcionarios judiciales.

Como fácil puede vislumbrarse, si bien el cargo es formulado por violación indirecta de la ley sustancial determinada por un error de hecho por falso juicio de identidad, su desarrollo y fundamentación se adelantó conforme a la violación directa de la ley sustancial por falta de aplicación, dado que los censores no orientan el reproche hacia la apreciación de las pruebas, sino que aceptan íntegramente los hechos que se estiman acreditados en el fallo atacado, así como la validez de las pruebas y la valoración que de ellas se plasmó en la sentencia, pero centran la censura en un asunto exclusiva y rigurosamente jurídico-conceptual, en punto de la naturaleza pública o privada de los referidos documentos sobre los que recayó la falsedad.

Tal incorrección técnica, que no puede ser suplida de manera alguna por la Corte en virtud del principio de limitación que rige su competencia en este trámite, es suficiente para desestimar la censura, pero además se evidencia, que tampoco asiste razón a los demandantes pues los documentos sobre los cuales recayó el comportamiento falsario sí son de naturaleza pública, por las siguientes razones:

No se trata de que los varias veces citados instrumentos tengan simultáneamente la doble calidad de públicos y privados como lo señalan los casacionistas, sino que la falsedad consiste en hacer aparecer a Álvaro Puig García en la Notaría 23 del Círculo de Bogotá el 22 de marzo de 1991 autenticando su firma ante el Notario Aldo Buenaventura, declarando que el contenido del escrito es cierto y que las firmas que allí aparecen son suyas, todo ello ratificado con su rúbrica por el funcionario notarial, cuando en verdad se acreditó que Puig García no compareció al mencionado despacho público, y que para aquella fecha el titular de la Notaría 23 se encontraba en licencia.

En consecuencia, no hay duda que la constancia notarial, en cuanto emanada de un servidor público que en ejercicio de sus funciones otorga fe pública de un acto, corresponde a un documento público, independiente de la privada declaración de voluntades contenida en el documento.

Sobre lo expuesto, de tiempo atrás ha dicho la Sala que “cuando el notario manifiesta en el escrito que las firmas que allí aparecen junto con las huellas digitales corresponde a las identidades que los mismos manifiestan, no está avalando o modificando el documento del cual hacen parte. Simplemente le está otorgando credibilidad a sus firmas, con independencia del contenido del escrito. Por ello, este texto notarial conserva su total autonomía y por ser suscrito por un funcionario público, adquiere tal carácter pues lo está haciendo en ejercicio de su cargo” (5) .

(5) Sentencias del 3 de octubre de 1994. M.P. Jorge Enrique Valencia; del 13 de marzo de 1997. M.P. Ricardo Calvete Rangel; y del 8 de noviembre de 2000. M.P. Álvaro Pérez Pinzón, entre otras.

En consecuencia, es evidente que acertaron los falladores al proceder por el delito de falsedad de particular en documento público agravada por el uso, pues sin duda alguna, tal es la naturaleza de las conductas objeto del proceso.

El cargo no prospera».

(Sentencia de Casación, 4 de septiembre de 2003. Radicación 20.943. Magistrada Ponente: Dra. Marina Pulido de Barón).

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